maría dice:

YPF-Repsol y la guerra de los tahúres

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YPF fue para los argentinos algo más que la principal empresa nacional y un símbolo de soberanía en materia de explotación de hidrocarburos. Como bien señaló Gustavo Callejas (ex secretario de Combustibles y animador junto a Fernando “Pino” Solanas y Félix Herrero del Grupo Moreno que dio una batalla consecuente contra las privatizaciones), la renta petrolera permitió en Argentina crear, desde 1934 hasta 1989, toda la infraestructura viaria nacional y provincial, construir la red troncal y expandir las redes domiciliarias de gas. Esos fondos fueron también determinantes para la construcción de todas las represas hidroeléctricas, aportaron a las cajas de previsión y financiaron a otras empresas del Estado. YPF creó pueblos, escuelas técnicas, redes de comunicación. Hasta su privatización, se contabilizaban reservas de gas para 36 años y de petróleo, para 23 años. Pero desde 1989 no se construyó un solo gasoducto o poliducto destinado al mercado interno. Ahora nadie sabe con certeza cuáles son las reservas argentinas de petróleo y de gas. Durante el gobierno de Menem, se construyeron gasoductos para exportar gas a Chile, un gran negocio para las transnacionales, mientras el 40 por ciento de los hogares argentinos carecían de él.

En esa historia tan intensa de YPF, y todo lo que ha significado para la política energética del país, no estuvieron ausentes los intentos de vaciamiento o liquidación, que finalmente tuvieron éxito en los años ´90.

El mismísimo general Perón, en su segundo mandato y frente a las dificultades que se advertían en la economía mundial tras el fin de la guerra de Corea, apuntó a un acuerdo con una de las Siete Hermanas, a la que ofreció un contrato de explotación de los yacimientos de la Patagonia, considerada ya entonces la región más prometedora en cuanto a reservas estimadas. Pese disponer de una mayoría absoluta en el Congreso, una parte de los diputados peronistas enfrentó a su jefe, una confrontación que fue finalmente interrumpida por el golpe de 1955 que derrocó a Perón.

Luego vino Arturo Frondizi, que había transitado toda su vida política agitando la defensa del petróleo como una herramienta estratégica para el desarrollo nacional, pero que al llegar al gobierno en 1958 dio un giro de 180 grados, haciendo todo lo contrario de lo prometido en campaña. Para imponer su plan de concesiones, tuvo que derrotar una huelga general de los trabajadores petroleros, movilizándolos con el Ejército, y aplicando el Plan Conintes (Conmoción Interna del Estado). La Federación de los petroleros, dirigida entonces por combativos dirigentes como Marcelo Alvarado y Ricardo Frigerio (nada que ver con Rogelio Frigerio, ideólogo y uno de los hombres más cercanos a Frondizi), pudo sostener la huelga en algunas zonas, aun desde la clandestinidad o movilizados militarmente. Entre los trabajadores petroleros se recordaba por décadas la hazaña de la destilería de Luján de Cuyo, que estuvo paralizada más de un mes después de que el movimiento a escala nacional hubiera sido derrotado. Ni los técnicos italianos, que la habían construido y puesto en marcha -y a los que trajeron para quebrar la huelga-, pudieron vencer la resistencia y sabotaje de los trabajadores y poner en funcionamiento la planta.

Finalmente, los contratos de Frondizi fueron anulados por Arturo Illia, en un nuevo intento de restablecer el carácter estratégico de YPF en el sector energético, lo que duró hasta el golpe militar de Juan Carlos Onganía (1966). En el breve período de Cámpora-Perón de 1973-1974, con José Gelbard al frente de la Economía, otra vez se intentó corregir el rumbo. Durante la Dictadura Militar de 1976-1983, YPF fue un botín de guerra codiciado por los mandos castrenses y sus socios empresarios y tecnócratas, como plataforma de grandes operaciones financieras y negociados. La patria contratista, que había nacido con Onganía en 1966, vivía con la dictadura de Videla su momento de gloria. Entre las operaciones financieras se computaron el apalancamiento de préstamos para la compra de armamentos y otros mercadeos conexos, que dejaban grandes comisiones, de las que participaban eufóricos los nuevos ricos de la “patria contratista”.

Vaciamiento y privatización irregular de YPF

Como una muestra de las grandes paradojas de la historia política argentina, fue un abogado peronista riojano, un personaje distinguido en ese tiempo por su facha Siglo XIX -cara chiquita entre el paréntesis de la melena y unas enormes patillas- quien denunció en 1982, ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 3, de la Capital Federal (Expediente 41.545), el endeudamiento fraudulento y vaciamiento de YPF cometido por el régimen militar ya agonizante.

Pero esa no sería la última de las paradojas, casi una comedia de enredos, si no fuese por la tragedia que siempre acompañó a esas prácticas políticas. Precisamente es el mismo Menem quien, al asumir el gobierno en 1989, renuncia al discurso de campaña, en una versión aumentada y corregida de la voltereta de Frondizi, para asumir plenamente la política económica neoliberal. Esta vez, la hiperinflación, el contexto internacional y el pasado todavía latente del terrorismo de Estado, contribuyeron a que se lograra destruir todo plan energético nacional. Sin embargo, esos vientos, con toda su fuerza, no eran suficientemente destructivos por sí solos. Había que quebrar a los trabajadores de las empresas públicas de energía y de servicios públicos.

Se concibió para ello una estrategia muy eficaz, tejida de complicidades y maniobras. Uno de los instrumentos fue el programa de propiedad participada (PPP), por el que los trabajadores supuestamente se quedaban con el 10 por ciento de las acciones: unas acciones que, en realidad, iban a manejar los dirigentes sindicales corruptos en cumplida connivencia con los empresarios, los bancos y el ministerio de Economía dirigido por Domingo Cavallo. Otro de los medios fue el reparto de las satrapías entre los gobernadores de las provincias petroleras, virtuales señores feudales con una participación decisiva en el negocio petrolero. El “chamullo” técnico, por usar lenguaje tanguero, fue que el petróleo y el gas ya no eran más recursos naturales estratégicos, sino que, a causa de la “globalización”, del “fin de los Estados-nación (sic)”, etc., etc., eran bienes transables, commodities, con un comportamiento en el mercado igual que el maíz, el café, la soja, el azúcar, etc. Un concepto que no resistió la menor prueba, ya que apenas se dio vuelta la página, continuaron por doquiera las guerras geopolíticas por el dominio de las regiones ricas en hidrocarburos.

Consumada la privatización, la nómina de personal de YPF pasó de 37.000 a 5.500 trabajadores. Numerosas actividades fueron o tercerizadas o desguazadas. Entre ellas, la poderosa flota petrolera de la empresa estatal. Varias de esas naves fueron vendidas, entre los amigos, sin registros contables; y a muchas, se las puede hoy ver abandonadas en cementerios flotantes sobre el río Paraná. Con todo descaro, algunas de las empresas contratistas que manejan resortes fundamentales de la operatoria de YPF figuran con domicilio legal en la sede de la Federación del SUPE, el mismo edificio que en 1958 ocupaban aquellos luchadores infatigables –tan penetrados de consciencia de clase— elegidos por el voto libre de sus afiliados y que murieron casi en la pobreza.

Todo este proceso de privatización de YPF estuvo viciado de ilegalidad desde su origen. Entre las numerosas denuncias formuladas en los tribunales, con el patrocinio del ex juez Salvador María Lozada, Pino Solanas presentó en su momento un recurso de inconstitucionalidad muy bien fundamentado. La respuesta fue un atentado: nueve balazos en una plaza de estacionamiento; varios tiros que, afortunadamente, sólo encontraron sus piernas, ya fuese por milagro o porque en realidad quienes dispararon eran sicarios profesionales que sólo tenían ordenes de intimidar.

Dada la muchedumbre de antecedentes irregulares de la privatización de YPF y del gas (hasta el punto de que se llamó a la bancada parlamentaria a un diputado “trucho”, a fin alcanzar el número necesario de votos), resulta ahora cuando menos jocoso escuchar las apelaciones a la “seguridad jurídica”. Entre otras aberraciones legales o procedimentales, YPF fue vendida sin tasación previa, según prescribía la Ley de Reforma del Estado diseñada a propósito por el “genio” jurídico de las privatizaciones, Roberto Dromi, ahora rehabilitado como asesor del ministro de Planificación, Julio de Vido, y –¡oh ironía de las ironías!— posible director técnico de la ahora pretendida renacionalización.