• El exalcalde de Leganés Rafael Gómez Montoya pide seis y dos años de cárcel a dos empleados de la fábrica de la multinacional en Fuenlabrada que interrumpieron con protestas y “palabras inadecuadas” un pleno municipal.
  • Montoya y otros cuatro ediles socialistas se abstuvieron en la votación que permitió ampliar un polígono, aunque se habían comprometido a no hacerlo con la plantilla de la empresa.
  • El parlamentario en la Asamblea de Madrid, entonces concejal, ha aceptado retirar la acusación si los trabajadores le abonan los honorarios de su abogado, aunque la defensa asegura que es una cantidad superior.
  • Pedro Sánchez se ha desmarcado de la actuación del diputado pero los trabajadores de la multinacional insisten en que se trata de un “asunto político”.

Ana Requena Aguilar | El Diario | 22/06/2016

El diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid y exalcalde de Leganés entre 2007 y 2011, Rafael Gómez Montoya, pide cárcel para dos trabajadores de Coca-Cola en Fuenlabrada que protestaron en un pleno en 2015 por un proyecto que podía perjudicar su causa contra la empresa. El PSOE, que se ha desmarcado de la querella, presionó a Gómez Montoya para que la retirara, algo que no ha sucedido. El entorno del diputado, que en aquel momento era concejal en Leganés, asegura que está dispuesto a desistir si la otra parte se hace cargo de las costas que le ha supuesto el caso. Sin embargo, fuentes cercanas a la defensa de los trabajadores señalan que el abogado de Gómez Montoya ha pedido una cantidad que excede de estas costas por retirar la demanda.

El suceso tuvo lugar en enero de 2015. Los trabajadores de Coca-Cola habían pedido a los concejales de todos los grupos políticos de Leganés que se opusieran a la ampliación del polígono Legatec. La operación suponía que la multinacional ampliara a su vez su centro logístico en el municipio en un momento en el que el futuro de la fábrica de Fuenlabrada era aún incierto. Su apertura, por tanto, podía influir en la causa que los trabajadores de Coca-Cola estaban impulsando. Los concejales de todos los grupos, excepto el PP (que entonces gobernaba el municipio y de quien partía la iniciativa), se comprometieron entonces a no apoyar el proyecto, al menos hasta que se resolviera el conflicto.

Sin embargo, durante el pleno que votó la operación varios concejales socialistas, entre ellos Rafael Gómez Montoya, se abstuvieron y permitieron así que el proyecto saliera adelante. En el pleno se encontraban varias decenas de trabajadores de Coca-Cola en Fuenlabrada, que habían acudido como invitados. “Íbamos tranquilos porque teníamos la seguridad del apoyo”, relata Juan Carlos Asenjo, el portavoz de los trabajadores de Coca-Cola en Fuenlabrada y una de las caras más visibles de sus reivindicaciones.

Cuando se produjo la votación, los trabajadores de Coca-Cola se levantaron para protestar con dureza. La policía les desalojó e identificó a dos de ellos, que habían iniciado la protesta: el propio Asenjo y Alberto Pérez. “Nos enfadamos y puede que hubiera palabras inadecuadas y no tenemos problemas en pedir disculpas. Pero desde luego no hubo ni agresiones ni amenazas a nadie”, dice Asenjo.

El entonces concejal de Leganés presentó una querella contra los dos trabajadores y pidió ocho y cuatro años de cárcel, respectivamente, para ellos por delitos de amenazas, coacciones, e injurias. El juzgado de Leganés rebajó posteriormente las penas: seis años para Asenjo y dos para Pérez.

Dinero a cambio de retirar la querella

A pesar de que Rafael Gómez Montoya mostró su disposición a retirar la querella a finales del año pasado, eso no ha sucedido. Su entorno asegura que si los acusados se retractan de sus palabras y se hacen cargo de las costas judiciales que ha desembolsado para llevar la querella adelante se retiraría “ipso facto”. “Él no quiere ver un duro”, dicen.

La defensa, sin embargo, tiene una versión muy diferente. “No se va a retirar si no se le paga a él y a su abogado. Si al principio exigía unos 15.000 euros ahora pide cerca de 9.000”, dicen fuentes conocedoras de las negociaciones con el letrado de Gómez Montoya.

La vista oral está fijada para el 8 de septiembre. Mientras, el conflicto ha entrado en campaña: los trabajadores de Coca-Cola están presionando al PSOE porque entienden que es “un asunto político”. El partido de Pedro Sánchez, sin embargo, se desmarca de un asunto que, insisten, es individual. El propio Sánchez, en visita a Fuenlabrada el pasado martes, fue interpelado por varios trabajadores de la multinacional e insistió en que cuentan con el apoyo de su partido. Para Juan Carlos Asenjo, la respuesta no es satisfactoria: “Esos concejales rompieron la disciplina de voto que impuso el PSM. Claro que es un asunto político”.

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