Las otras represiones: El franquismo expedientó en Galicia a 14 mil personas hasta 1945

Julio Prada, profesor de la Facultad de Historia de Ourense, publica Marcharon con todo, un análisis de la represión económica ejercida por los golpistas.

265
Prada revisó los expedientes conservados en archivos, además de boletines oficiales y prensa de la época
Prada revisó los expedientes conservados en archivos, además de boletines oficiales y prensa de la época

Marcos Pérez Pena | El Diario | 01/07/2016

Multas gobernativas, incautaciones, sanciones por responsabilidades civiles y políticas, suscripciones patrióticas… El franquismo empleó numerosos instrumentos de represión económica, que se unieron a los restantes mecanismos represores, desde el asesinato a la prisión, para castigar a los opositores al golpe de Estado y para, a la vez, intimidar al resto de la población. Un complejo sistema de control social que se inició el mismo 18 de julio de 1936 y que, con distintas formas, continuó en los cuarenta años de dictadura.

En los últimos años se ha avanzado mucho en la investigación sobre la violencia directa ejercida por los sublevados franquistas, restaurando la memoria de los paseados y encarcelados. Sin embargo, la represión afectó a muchas más personas y tuvo formas diversas. Julio Prada, profesor de la Facultad de Historia de Ourense, publica Marcharon con todo. La represión económica en Galicia durante el primer franquismo (Biblioteca Nueva), un análisis de la represión económica ejercida por los golpistas, desde las multas gubernativas a las incautaciones, pasando por las obligatorias suscripciones patrióticas.

Las cifras, necesariamente incompletas dada la dificultad de contar con datos exactos avalados por documentación, hablan de la dimensión y de la extensión de estas prácticas. Según la información proporcionada por la obra de Julio Prada, hasta 1945 el régimen abrió expediente civil o político en Galicia a 14.492 personas sospechosas de ser izquierdistas o de no tener un comportamiento “acorde con las nuevas circunstancias”.

Como curiosidad, la sanción más alta fue para Manuel Portela Valladares, presidente del gobierno entre diciembre de 1935 y febrero de 1936, que ascendió a 15 millones de pesetas y que no se llegó a pagar por imposibilidad de hacerle frente. Además, entre 1936 y 1939 las autoridades impusieron un total de 5.537 multas gobernativas, equivalentes a casi 3,5 millones de pesetas y una media de 619 pesetas de sanción por multa.

Junto a estas multas, en los primeros meses de conflicto también se ejerció la represión con incautaciones “regulares” e “irregulares” de toda clase de bienes. El libro toma, de hecho, su título de una de estas incautaciones, recordada por el guerrillero Camilo Dios, que asistió siendo niño al momento en el que los falangistas entraron en su casa y “marcharon con todo y nos dejaron sin nada”. La “maquinaria burocrática” de la represión económica del franquismo, explica Prada, comienza a funcionar en enero de 1937 con la aplicación “del principio de derecho de responsabilidad civil”, segundo el cual quien causa un daño está obligado a repararlo, siendo en este caso los “izquierdistas” los considerados responsables de la Guerra Civil. De este modo, resume Prada, “se le da apariencia de respeto por la legalidad a todo el sistema”.

El otro instrumento de represión económica fueron las llamadas suscripciones patrióticas, empleadas primero para financiar las campañas bélicas de losnacionales, y que sólo hasta abril de 1937 ascendieron en Galicia a más de 16 millones de pesetas y a casi 700 kilos de oro. “Las responsabilidades políticas incidieron sobre una población psicológicamente desarmada, desmovilizada, que precisaba concentrar todas sus energías en la hercúlea tarea de sobrevivir en las difíciles condiciones de posguerra mientras los vencedores permanecían en alerta para aplastar la más pequeña muestra de desviación”, destaca Prada.

Los asesinados y asesinadas y las personas enviadas a los cárcel sufrieron una represión muy dura, evidentemente, pero hubo otros mecanismos de castigo y de control social que afectaron a cantidades muy grandes de población y que ayudan a explicar la forma en que se conformó el sistema franquista. ¿Es importante profundizar en estas cuestiones para entender la represión en su totalidad?

Es importante completar el cuadro con estos aspectos de la represión, seguramente menos espectaculares, pero mucho más extendidos. Esta represión económica tenía una doble finalidad, económica y política. La económica, para recaudar todo el posible durante la guerra y así sostener las campañas bélicas. Y la política, tanto para castigar los enemigos como para reforzar la solidez de la coalición reaccionaria que da el golpe de Estado, pues estos mecanismos de represión económica son gestionados por comisiones en las que en cada localidad participan los integrantes de cada grupo.

¿A qué fuentes has recurrido para obtener estos datos?

Para el análisis de las suscripciones patrióticas echo mano de la prensa de la época, porque se publicaban todas las listas de contribuyentes, y también de otras informaciones parciales, que podían aparecer en informes militares y policiales o en expedientes de responsabilidades políticas. Para las multas tuve que consultar la documentación de los antiguos Gobiernos Civiles y las delegaciones militares. Por último, está el tema de las responsabilidades civiles y de las responsabilidades políticas, que aparecen en expedientes que se conservan muy dispersos.

La primera dificultad procede de que no hay demasiados estudios previos que abordaran las dimensiones de la represión económica. Había que previamente distinguir las diferentes modalidades de represión, para evitar, por ejemplo, mezclar temas de requisas e incautaciones, que no tienen que ver una con la otra. Yo, por ejemplo, no estudio las requisas, que se basaban en una normativa que venía del siglo XIX que les permitía a los ejércitos incautar temporalmente ganado u otras propiedades que después eran reintegradas a sus dueños, que incluso eran indemnizados.

Al igual que los asesinatos buscaban castigar a una persona concreta, pero también generar miedo en el resto de los vecinos y vecinas, ¿también estas fórmulas de represión económica tenían como objeto incrementar el control de la población, fuera o no multada o expedientada?

Conviene distinguir muy bien cada una de estas modalidades represivas porque su finalidad no era exactamente coincidente, pero la intención coercitiva está clara. Por ejemplo, las suscripciones patrióticas en teoría se disfrazan de voluntarias y por lo tanto tienen un enorme efecto propagandístico para generar lealtades sociales. Pero la realidad es que esas suscripciones eran todo menos voluntarias, pues quien no contribuía según sus posibilidades económicas era multado. Esas multas también se publican en la prensa y tienen un efecto claramente intimidatorio.

En el caso de las multas gubernativas se busca en primer lugar castigar a la gente más significada por su carácter izquierdista. En los primeros meses de represión estas multas son muy frecuentes en las zonas de A Coruña, Ferrol y Lugo, castigándose el compromiso social y político anterior al golpe de Estado. También se emplean estas multas para castigar una serie de conductas, en un proceso de creación de un imaginario y de un sistema nuevo: desde blasfemar o injuriar a los curas hasta actividades relacionadas con el contrabando. Finalmente, están las sanciones de responsabilidades civiles y políticas que unen un objetivo recaudatorio y una clara finalidad política.

¿El grado de dureza de la represión económica iba ligado a la fuerza de los apoyos al Frente Popular en cada zona?

No exactamente. En el caso de las multas gubernativas dependía mucho de la actitud de cada comandante militar. Más adelante, cuando se comienzan a imponer las sanciones de responsabilidades civiles y políticas, sí que su intensidad se identifica con la fortaleza previa de los apoyos al Frente Popular o con la fuerza de la resistencia al golpe de Estado, lo que es lógico, porque las dos razones principales para las sanciones eran el hecho de haber sido encausado por un tribunal militar y el hecho de haber desempeñado un cargo político o administrativo en la República.

¿Podemos establecer una periodización para estos instrumentos de represión? ¿Cuándo comienzan y terminan en cada caso?

Hay una secuencia muy clara. Desde julio de 1936 hasta 1937 claramente dominan esas multas gubernativas por comportamientos contrarios al Movimiento o por simplemente blasfemar. A partir de enero de 1937 comienzan a aplicarse con más frecuencia las sanciones de responsabilidades civiles, que en febrero de 1939 son sustituidas por las sanciones de responsabilidades políticas, que llegan hasta 1945. En el caso de las suscripciones patrióticas, se extienden en el tiempo desde el mismo golpe de Estado hasta el final de la Guerra Civil e incluso después continúan, reconvertidas con otro nombre: por ejemplo el auxilio de invierno, gestionada por Falange, en el que si no contribuías, eras multado.

¿Entran en tu estudio las depuraciones profesionales: de funcionarios, maestros…?

No, eso ya no lo estudiamos como represión económica, sino como represión administrativa. Lo que pasa es que las sanciones que entre 1939 y 1945 imponían los tribunales de responsabilidades políticas podían ir acompañadas de una inhabilitación para el desempeño de cargo público o de la expulsión del puesto de trabajo. Este tipo de represión administrativa sigue un camino distinto a la económica, aunque muchas veces van en paralelo, y para cada profesión (maestros, jueces, fiscales…) se rige por una normativa específica.

Hablamos de cifras muy importantes, por ejemplo de 14 mil expedientes, una muestra de que esta represión económica directa afectó a mucha gente, mostrando el peso de los opositores al golpe de Estado en Galicia…

Y esa es la cantidad de la que tenemos noticia a través de la documentación con la que contamos, pueden ser bastantes más. Además, hace falta destacar que no hubo tiempo material para encausar a todos los sujetos pasivos de la propia ley. A partir de 1942 se ordena que no se incoen más expedientes porque esta jurisdicción especial está absolutamente colapsada y la gente que teóricamente está pendiente de ser juzgada es gente con muy pocos recursos económicos, que no justifica ya el esfuerzo, más allá de su finalidad política. A esos 14 mil hay que sumar varios miles que fueron multados gubernativamente y cientos o miles que sufrieron incautaciones irregulares por falangistas de las que no quedó más que testimonio oral. Números que multiplican las muertes producidas por la represión.

Comentar con Facebook ()

Comentar (0)

DEJA UNA RESPUESTA