La Seguridad Social avisa a Extranjería para expulsar a inmigrantes reagrupados sin tarjeta sanitaria

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A los ascendientes reagrupados por sus familiares, con residencia legal en España, la Seguridad Social les deniega de manera sistemática la tarjeta sanitaria, porque les exige un seguro médico.

Cuando las familias han acudido a los tribunales, la justicia ha fallado contra la Administración y les ha reconocido el derecho a la sanidad pública.

El padre de Flor reclamó la tarjeta y, tras ello, Extranjería extinguió su permiso de residencia: la Seguridad Social confirma a eldiario.es que avisa a Inmigración de estos casos.

Annie y su padre, excluido del sistema de salud pública / Alejandro Navarro Bustamante
Imagen de archivo de un ascendiente reagrupado junto a su hija, que quedó excluido del sistema de salud pública. | Foto: Alejandro Navarro Bustamante.

Laura Olías | El Diario | 03/07/2016

Su ‘error’ fue pedir la tarjeta sanitaria. Los ascendientes, en su mayoría ancianos, reagrupados por sus familiares en España se enfrentan a la siguiente situación: la Seguridad Social les niega la tarjeta sanitaria porque considera que deberían haberles exigido un seguro médico para obtener los papeles. Aunque la justicia (ya en numerosas sentencias) ha fallado a favor de las familias en estos casos, reconociendo el derecho de los afectados a la sanidad pública, la Seguridad Social no ha cambiado de criterio. Además, avisa de manera automática a Extranjería para que revise sus permisos tras denegarles el acceso a la sanidad pública. Es lo que le pasó al padre de Flor, de 82 años, al que han extinguido sus papeles. “No me lo puedo creer”, dice la hija.

Flor Ángela Jaimes, nacida en Colombia, vino a España en 2000 y vive en el país en situación regular. También tiene la nacionalidad española, tras los años pasados aquí. “Mis dos hermanas también la tienen, una vive en Madrid y la otra, en Pamplona. Y mi hermano tiene la nacionalidad en trámite”, explica la mujer. “Los hijos estamos aquí y los abuelitos estaban solos. Me los tenía que traer, mi madre había dejado de comer”. En 2013, presentaron toda la documentación requerida y la Administración española aprobó la reagrupación de los dos ancianos, de 82 y 84 años.

Cuando llegaron los padres, la familia pidió la tarjeta sanitaria para los recién llegados y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) se la denegó con el criterio que mantiene en estos casos: el organismo rechaza su acceso normalizado a la sanidad pública porque considera que los ascendientes reagrupados deben presentar un seguro médico para conseguir los papeles, según establece este trámite sobre el papel. En la práctica, ni a los padres de Flor ni a muchos otros afectados se lo pidieron nunca. Le ocurrió lo mismo al padre de Annie, a la madre de Claudia, y a la suegra de Nuria, entre otros afectados.

Estos rechazos de tarjetas sanitarias comenzaron con la reforma sanitaria de 2012, por la que el Gobierno de Mariano Rajoy modificó el acceso a sistema de salud público. Entre los cientos de miles de personas que perdieron el acceso a la tarjeta sanitaria, destacaron en las denuncias públicas dos grupos: los inmigrantes sin permiso de residencia y los españoles que salen más de 90 días consecutivos del país.

En la estacada se quedaron también, aunque sin tanta visibilidad, los ascendientes reagrupados legalmente, que no trabajan ni cotizan en el país. El Gobierno reitera que para venir a España les deberían haber exigido un seguro sanitario, pero no se lo pidieron y tienen sus papeles, que les deberían garantizar su acceso normalizado a la sanidad pública.

La Justicia da la razón a las familias

Una de las particularidades de este colectivo es que  la Justicia ha dado la razón a las familias que han acudido a los tribunales. “Los casos que he llevado los hemos ganado pero la Administración siempre recurre, hasta el Tribunal Supremo. Ahí ya no presenta recurso, puede que por temor a que se cree jurisprudencia”, explica el abogado Gorka Vellé Bergado, que defiende a los padres de Flor. Los fallos de la Justicia apuntan siempre en el mismo sentido: los afectados tienen derecho a la tarjeta sanitaria mientras estén en vigor sus permisos de residencia. El lNSS no puede excluirlos por un seguro que les deberían haber pedido pero que nadie les requirió.

Hasta el momento, al menos hay sentencias en contra de la Seguridad Social en los Tribunales Superiores de Justicia de Castilla y León, Madrid, Cantabria y Cataluña. Gorka Vellé y el abogado experto en Derecho de Extranjería Francisco Solans afirman que la Administración pública debería modificar su criterio, que mantiene según han confirmado desde el Ministerio a este medio. “Sobre todo si hay sentencias de Tribunales Superiores de Justicia de una Comunidad Autónoma, ahí es vinculante, no se entiende que en esa región sigan sin aplicar lo que ha dicho el tribunal”, critica Solans.

La Seguridad Social ha seguido aplicando su criterio y “además, desde hace un tiempo lo que hemos advertido es que avisa a Extranjería de estos casos para que revise sus expedientes, algo que en casos anteriores no habíamos visto”, afirma Vellé, que ha colaborado con Médicos del Mundo. Uno de los casos que defendió con la organización, el de Estela (argentina de 87 años), la mujer recibió la notificación de la Delegación del Gobierno de Madrid para extinguir su permiso de residencia por no tener seguro. La mujer había recurrido a los tribunales el rechazo de la tarjeta sanitaria y ganó. Todavía sigue envuelta en causas ante los tribunales contra los agentes públicos.

Lo mismo le ha sucedido a los padres de Flor: los dos denunciaron y la Justicia les reconoce el derecho a la sanidad pública. “En el caso de papá nos enteramos de que habían extinguido su permiso de residencia, pero lo estamos intentando solucionar”, sostiene la hija, que no le ha contado nada a sus padres para no preocuparles. El hombre, además, tiene el seguro público creado en la etapa de la ministra de Sanidad Ana Mato, pero no pudo justificarlo ante Extranjería porque les mandaron la carta a su anterior domicilio.

El protocolo de la Seguridad Social descolocó a Flor: “Ya no solo por mis padres, sino por todo el mundo. Yo sentí que no podía ser, que estábamos pidiendo algo a lo que sabemos que tenemos derecho y que por eso nos atropellan de esta manera. Es como un castigo”. Solans es más contundente: “Denota un espíritu de persecución por utilizar la sanidad pública”.

En la Seguridad Social explican a este medio que la comunicación de estos casos a Extranjería es un práctica automática, normal dentro de las obligaciones de la comunicación interministerial si detectan algún posible fallo o fraude. No siempre las autoridades tienen la obligación de delatar a los extranjeros con posibles irregularidades en su situación administrativa. Cuando el Gobierno anunció la creación de un documento especial para el acceso a la atención primaria de los inmigrantes sin papeles,  Sanidad aseguró que no se informaría al Ministerio del Interior sobre el estatus legal de estas personas.

Solans critica por “abusivo” el procedimiento que está aplicando Extranjería para extinguir las tarjetas de residencia a los ancianos reagrupados. “Están utilizando el procedimiento de extinción, que es más corto y menos complejo que el de la declaración de lesividad”, sostiene el especialista.

Vulnerabilidad de las personas mayores

Los ancianos reagrupados se suelen quedar en total desprotección con la respuesta de la Seguridad Social. Las aseguradoras privadas no los aceptan como clientes, dada su avanzada edad, y el convenio que creó el Ministerio de Sanidad como ‘seguro público’ solo se puede solicitar pasado un año de residencia.

Es lo que acabó contratando Flor para sus padres, después de un año en España: “Un seguro de 157 euros al mes en el que no entran los medicamentos. Lo pago con mucho esfuerzo porque no quiero que mis padres se queden desprotegidos, nunca lo han estado. No saben lo que es sentir que les puede pasar algo con la edad que tienen”, dice Flor. Abona antes el seguro de sus padres que el alquiler.

El primer año de los ancianos en España, Flor lo vivió en vilo. Cuenta que en una ocasión tuvo que pagar 3.500 euros por el ingreso de su madre durante unos días en un hospital público. “Menos mal que mi jefe es una buenísima persona, que me ha apoyado mucho y me ayudó, porque no tenía esa cantidad”, dice Flor. Después de tantos esfuerzos económicos y desvelos por la preocupación, la mujer y su familia han logrado ante los tribunales una primera victoria.

El triunfo es agridulce porque tienen que seguir luchando, ahora para solucionar los problemas con la residencia. “Yo estoy aterrorizada. Cada vez que veo la cara a mi padre, me quiero echar a llorar. Yo he seguido todos los cauces, he intentado hacer todo bien y me responden así… Esto en mi tierra se llama ‘pagar para quedar debajo”.

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