La Fiscalía pide 11 años al secretario de CGT de Catalunya por la ocupación del rectorado de la UAB

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CGT denuncia la revancha ideológica de la Universidad Autónoma de Barcelona, que se ha personado como acusación contra sus propios estudiantes y la delirante y grave petición de la Fiscalía, que llega hasta los once años en el caso del secretario general de la organización.

UAB, precariedad
Pancarta contra la precariedad en la UAB. / UABPRECARIETAT

Diagonal | 06/07/16

La Fiscalía ha pedido penas de prisión para 27 personas por la ocupación del edificio del rectorado de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) durante la primavera de 2013. Entre ellas está el secretario general del sindicato CGT de Catalunya, Ermengol Gassiot, un trabajador del personal de administración y servicios de la Universidad y 25 estudiantes.

Los hechos tuvieron lugar en la primavera de 2013. Durante un mes, los estudiantes de la UAB ocuparon el rectorado para pedir que la UAB no aplicase la subida de tasas impuesta por el Ministerio, mejoras de las condiciones económicas del personal docente y administrativo, y criterios de transparencia a la presencia de empresas privadas en los campus.

Ermengol Gassiot, “como delegado de la Confederación General del Trabajo en la UAB y miembro del comité de empresa, apoyó a los estudiantes que ocuparon el rectorado en 2013, que posteriormente se convirtió en una ocupación de todos los colectivos en lucha de la UAB”, señala CGT en un comunicado en el que califica de “grave y delirante” la imputación de 27 personas en el escrito de la Fiscalía que el sindicato ha recibido hoy.

“Esta brutal represión y peticiones fiscales basadas en la revancha ideológica tienen como objetivo amedrentar al estudiantado, la comunidad universitaria y la población en general”, afirma la CGT en su comunicado.

La Universidad se ha personado como acusación particular en el caso, algo poco habitual, como recuerda el sindicato: “Se trata de la primera vez desde el franquismo que una universidad pública denuncia penalmente a un profesor y un miembro del PAS por su práctica político-sindical. Y también es una situación casi inédita el hecho que una universidad pública haya denunciado penalmente sus propios estudiantes”.

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