Deloitte: un campeón de la evasión fiscal para evaluar a las ONG de cooperación

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A partir de una evaluación realizada por la multinacional Deloitte, Bélgica ha suprimido el acceso a las subvenciones públicas de 20 organizaciones no gubernamentales. Pero esta empresa está acusada de numerosos delitos.

EVA BLUE

Jérôme Duval, es miembro del CADTM | Diagonal | 11/07/16

El 7 de junio, el Gobierno belga fue interpelado por dos diputados federales sobre el reclutamiento de la multinacional Deloitte para hacer una evaluación sobre las organizaciones de cooperación no gubernamental. Sobre la base de esta evaluación, llamada screening y que aplica criterios de la gestión privada, el ministro de Cooperación al Desarrollo, Alexander De Croo, suprimió el acceso a las subvenciones públicas de 20 actores no gubernamentales (esto representa el 20% de las totalidad de las organizaciones evaluadas).

Conocida por los consejos que prodiga a las empresas para que eviten el impuesto, principalmente en África, Deloitte está mal situada para evaluar la “buena gestión” de ONG que trabajan en la cooperación al desarrollo. Es lo que ha recordado el diputado federal Benoît Hellings en su pregunta parlamentaria subrayando que Deloitte “se organiza a nivel mundial para aconsejar a las grandes estructuras y las grandes empresas en su evasión fiscal”. En su respuesta, De Croo afirmó que Deloitte “nunca ha sido condenada en un tribunal”. Y continuó: “Si Deloitte u otra empresa de auditoría hubieran sido condenadas, no tendrían acceso a este mercado”. ¿Y si le tomáramos la palabra al ministro?

Numerosos embrollos

En el corazón del caso LuxLeaks, Deloitte se enfrenta a numerosas inculpaciones judiciales. Esto cuando no llega a acuerdos “amistosos” a través de transacciones financieras. Así, por ejemplo, dos empleados de la rama de Deloitte en Italia han sido demandados por divulgar informaciones falsas y por manipulación del mercado, mientras que Deloitte estaba acusada de complicidad cuando auditaba el grupo agroalimentario italiano Parmalat en 2003, implicada en el mayor escándalo financiero de la posguerra en Europa. Más recientemente, en enero de 2016, el expresidente en Quebec de la firma Deloitte, Luc Villeneuve, recibió varias denuncias por financiación ilegal de la que se habría beneficiado en 11 ocasiones el Partido Liberal de Quebec (PLQ). Otro hecho: el 4 de febrero de 2016, un tribunal de Luxemburgo condenó a tres meses de prisión y 10.000 euros de multa a cada uno de los cuatro exasociados de la firma Deloitte Luxemburgo por haber firmado y antedatado documentos en 2002 por cuenta de clientes italianos.

En el banco de los acusados

En España, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), dependiente del Ministerio de Economía, impuso una multa de 12,4 millones de euros a Deloitte por haber avalado los resultados financieros presentados por Rodrigo Rato, entonces presidente del grupo financiero Bankia y actualmente juzgado por blanqueo de capitales y corrupción. Deloitte, en un claro conflicto de intereses, se convertía en juez y parte siendo a la vez la sociedad responsable de auditar a la banca y el consultor encargado de certificar las cuentas. Según el ICAC, que impuso la multa, Deloitte es “responsable de una infracción continuada muy grave al haber incurrido en un incumplimiento del deber de independencia”. El pasado 20 de junio, dos directivos de Deloitte se sentaron en el banquillo de los acusados para responder a los abogados del 15MpaRato, plataforma ciudadana que lanzó el caso Bankia y que los acusa de “responsabilidad directa” de “fraude masivo”. En aplicación de la respuesta del ministro, Deloitte debería lógicamente ser excluida de los contratos públicos lanzados por el Gobierno teniendo en cuenta las condenas judiciales.

Despilfarro de dinero público

Mientras que las subvenciones para las organizaciones belgas de cooperación caerán un 8,5% en los próximos cinco años, agravando así los recortes presupuestarios sucesivos registrados desde 2010, Deloitte, a pesar de sus actuaciones fraudulentas, ha sido generosamente remunerado a costa del contribuyente belga para participar en la selección de las organizaciones de cooperación no gubernamentales aptas para recibir las subvenciones del Estado. El coste de esta auditoría, según los datos presupuestarios de las licitaciones públicas, se sitúa entre 550.000 y 650.000 euros (para Deloitte y la otra empresa de auditoría, BDO). A esto hay que añadir los costes indirectos en el sector de las ONG en contratos de personal suplementario indispensable para responder a las exigencias del screening. Más que el despilfarro de dinero público (mientras se pide a los ciudadanos que se aprieten el cinturón), sería evidentemente más útil redirigir esas sumas hacia la ayuda al desarrollo, que en Bélgica alcanza sólo el 0,45% del PIB, mientras que hay un compromiso de alcanzar el 0,7%.

Flujos financieros ilícitos

Si el Gobierno quiere ser coherente, debe también luchar eficazmente contra la evasión fiscal dejando de colaborar con las empresas que la promueven, como Deloitte y Price WaterHouseCoopers, y que hacen perder cada año varios cientos de miles de millones a los Estados. En su informe, el experto independiente de la ONU sobre la deuda, Juan Pablo Bohoslavsky, insiste en la necesidad de combatir los flujos financieros considerados ilícitos, que “contribuyen asimismo a la acumulación de deuda insostenible al privar a los gobiernos de ingresos fiscales internos, lo que puede obligarlos a recurrir a empréstitos externos”. Al publicarse este informe, una resolución relativa a la evasión fiscal y sobre la necesidad de devolver los haberes desviados a los países llamados “en vías de desarrollo” fue adoptada el 24 de marzo de 2016 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Pero durante el voto Bélgica se abstuvo…

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