Alrededor de media docena de plataformas han obtenido, o lo harán en breve, la autorización de la CNMV para funcionar.

Si tocan el dinero, las plataformas necesitan también un sello del Banco de España.

Los consumidores tienen que saber que invertir en este tipo de productos conlleva riesgo.

Marta Garijo | El Diario | 24/07/2016

Poner en contacto virtual a empresas y particulares para conseguir préstamos que no pasen por los bancos. Esto es lo que hacen las plataformas decrowdlending, que también tienen una variante conocida como crowdfunding equity para quienes prefieren la inversión en empresas sin cotizar. En este último mes, la CNMV ha aprobado -o está a punto de hacerlo- alrededor de media docena de estas plataformas. Son negocios con riesgo para los inversores, que aunque pueden ver cómo rentabilizan su apuesta también pueden perderla en esta forma alternativa para las empresas de buscar financiación. La Ley de Financiación Empresarial aprobada el año pasado regula a este subsector dentro de las fintech, aunque el proceso de aprobación no ha sido precisamente ágil.

Una de las conclusiones del sector ‘fintech’, que engloba la digitalización con las finanzas, es que la tecnología avanza más rápido que la regulación. Hace unos días la Asociación Española de Fintech presentaba su proyecto de Libro Blanco para pedir normas más dinámicas para este sector, una petición que surge cuando  Londres se tambalea como polo de tracción mundial para este tipo de empresas –algo que consiguió regulando muy pronto un sector que no estaba reconocido en otros sitios–  y otras ciudades europeas quieren hacerse con su hueco. La normativa, dicen los expertos, es clave para llevarse el gato al agua de un sector que cada vez mueve más dinero y se convierte en una alternativa a la banca tradicional.

En el registro de la CNMV, por ahora, solo aparece La Bolsa Social dentro del apartado donde se listan las plataforma de financiación participativa registradas. Un portavoz del regulador explica que aunque hay empresas que ya están aprobadas por la CNMV al no haber pasado la fase de registro todavía no están incluidas en este listado y, por tanto, no puede consultarse de forma pública las empresas que han pasado esta fase y que ya están operando en España en virtud de este periodo de transición.

Las plataformas ya autorizadas

José Moncada, consejero delegado de La Bolsa Social que solo promueve inversiones en proyectos con impacto social, apunta que para ellos conseguir la autorización era muy importante. “Apostamos desde el principio porque porque nos importaba mucho el rigor y la seguridad jurídica”, señala. Ellos desarrollaron su empresa en función de la normativa aunque hubo algunas que ya operaban que lo que tuvieron que hacer fue un proceso más farragoso de adaptar sus procesos.

“La ley que se publicó nos permitió seguir operando a las plataformas que ya estábamos funcionando en el mercado antes de que estuviera en vigor la norma”, explica Pepe Borrell, director de Crowcube en España, una plataforma de crowdfunding equity cuyo origen está en Reino Unido, donde está autorizada por el regulador allí, y que ha obtenido ahora la licencia de CNMV para operar en España. Desde julio de 2014, la compañía está operando en España, un tiempo en el que la plataforma ha canalizado cerca de 4,8 millones de euros para 28 empresas. Comparando con su país de origen, Borrell señala que en España se ha hecho al revés y en vez de entender el modelo y luego regular, como hizo Londres, aquí primero se ha ido a la regulación sin entender el modelo.

Otra de las plataformas que han recibido la aprobación es Funding Circle, que comenzó a operar en Reino Unido en 2010, entró en España en 2014 con la fusión con Zencap y ahora funciona en cinco mercados. En España, ha financiado a más de 230 pymes por un valor superior a los 16 millones de euros y tiene a 3.100 inversores registrados en su plataforma. Francisco Sierra, director general de la compañía en España, explica que “desde el punto de financiación alternativa sí que estamos muy avanzados en España, solo por delante estaría Reino Unido”. Aunque Sierra señala que “no existe una alineación con Europa y no existe un pasaporte europeo” que permita operar a estas plataformas en todos los mercados. Así, apunta que en Alemania están obligados a operar como banco, en Reino Unido la FCA otorga una licencia, en Holanda no piden nada y en España es necesaria la autorización de la CNMV. El otro reto regulatorio que destaca es el de “un posicionamiento más dinámico” que permita que las normas vayan al ritmo de la tecnología. Serra también señala que la conversación con el regulador siempre ha sido “fluida”.

En este lío regulatorio aparece otro factor. Si las compañías van a ser algo más que intermediarios con el dinero, es decir, que no van a utilizar los servicios de una banco o de una agente para gestionar los movimientos de capital de los préstamos, necesitan además una licencia de entidad de pago, que en este caso la otorga el Banco de España. Dos reguladores para el proceso de poner en funcionamiento la compañía.

Funding Circle está inmersa el proceso de obtener este segundo sello. Quien ya lo tiene es My Triple A, una fintech enfocada también al crowdlending, que comenzó su andadura en Soria. “Recién publicada la normativa [la relativa a las plataformas], teníamos ya la licencia de entidad de pago porque no operábamos con bancos”, apunta Jorge Antón, cofundador de la compañía, que asegura que por el momento, es la única en España que cuenta con las dos autorizaciones.

¿Cómo está protegido el inversor?

La normativa establece los requisitos mínimos que tiene que tener la plataforma para poder ejercer la actividad entre los que se encuentran un capital mínimo de 60.000 euros y un seguro de responsabilidad civil profesional, un aval u otra garantía equivalente que permita hacer frente a la responsabilidad por negligencia en el ejercicio de su actividad profesional, con una cobertura mínima de 300.000 euros por reclamación de daños, y un total de 400.000 euros anuales para todas las reclamaciones.

La ley regula los límites de inversión que puede realizar un particular no institucional. Así, en el artículo 82 de la ley se establece que las plataformas se asegurarán Las plataformas de financiación participativa se asegurarán de que ningún inversor no acreditado invierta a través de ellas más de 3.000 euros en el mismo proyecto y además, limita la cantidad total que puede invertir en un periodo de un año en 10.000 euros.

El particular debe saber que las operaciones suponen riesgos, al igual que conlleva invertir en bolsa en una empresa cotizada o realizar inversiones en otros productos, es decir, hay que tener claro que no son depósitos. En el caso de los préstamos participativos esto se compensa con unas rentabilidades que superan los tipos mínimos que dan los productos de ahorro seguros y que dan una idea del riesgo. En el caso de My Triple A, la rentabilidad media ronda el 7% y la de los proyectos de Funding Circle se encuentra entre el 3,79% y el 20,78%.

El camino para conseguir las licencias ha sido largo para esta tanda de compañías. Falta por ver si es la falta de agilidad es por ser las primeras compañías o si se debe a los propios procesos de la regulación.

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