Montoro a las empresas municipales: “liquídese”

AFECTADOS LOS AUTOBUSES URBANOS EN VALENCIA, GIJÓN Y MIERES, ENTRE OTROS SERVICIOS

646

El envío de cartas por parte de Hacienda pidiendo el cierre de empresas municipales deficitarias indigna a los ayuntamientos.

Montoro junto con alcaldes del PP en un acto sobre los ayuntamientos como “garantes de la cohesión”. / PARTIDO POPULAR

Diego Sanz Paratcha | Diagonal | 05/08/16

Si su gobierno municipal se ha marchado de vacaciones y no revisa el correo, podría tener una sorpresa: una carta, no precisamente de amor, sino de Hacienda reclamando el cierre de la empresa municipal de autobuses o de cualquier otra empresa municipal deficitaria. Esto ha pasado y tiene revolucionados a un puñado de ayuntamientos valencianos, incluido el de la capital y el de Alicante. También Gijón y Mieres, en Asturies, o Mijas, en Málaga, han recibido la misiva.

La alarma saltó cuando el Ayuntamiento de Valencia hizo pública el pasado martes la misiva del ministerio encabezado por Cristóbal Montoro, en la que Hacienda pedía al consistorio de Joan Ribó (Compromís) la liquidación “inmediata” de la Empresa Municipal de Transportes (encargada del servicio de autobuses) y del Consell Agrari, por ser ambas empresas municipales deficitarias y, por lo tanto, incumplir una disposición (la novena) de la ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), conocida como Ley Montoro. Esta disposición daba de plazo hasta el día 1 de diciembre de 2015 para que los ayuntamientos cerrasen aquellas empresas municipales que presentaban pérdidas. Según el diario Levante, al menos otros 10 municipios valencianos de las comarca de Horta y Ribera han recibido la carta.

Otras empresas afectadas han sido el servicio de autobús de la localidad asturiana de Mieres, y hasta tres entidades del Ayuntamiento de Gijón: la empresa municipal de vivienda, la de transportes y la de festejos. En Paterna (Valencia), se ve afectada una entidad municipal para la educación de 0 a 3 años, y en Burjassot, también en la periferia de Valencia, Hacienda quiere que el consistorio cierre el Instituto Municipal de Cultura y Juventud, además de la Fundación Estellés. Las cartas no se andan con contemplaciones y piden la liquidación “inmediata” en todos los casos. Fuentes de los ayuntamientos de Madrid y Barcelona han negado a Diagonal haber recibido la carta.

Las reacciones de indignación han ido desde la presidencia de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), encabezada por el alcalde de Vigo (Abel Caballero, PSOE), hasta el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig (PSPV), IU Xixón y la federación de administraciones públicas de CC OO. Caballero calificó esas misivas de “temerarias” e “imprudentes” y pide a Montoro que aclare cuál es el objetivo, por tratarse de sociedades que prestan servicios públicos como depuración de agua, tratamiento de residuos o transporte urbano. El regidor de Vigo aprovechó para pedir al ministerio una moratoria en la aplicación de la ley de sostenibilidad del Régimen Local.

La carta ha sentado especialmente mal porque, de las tres patas de la administración pública, precisamente son los ayuntamientos los únicos en cumplir los criterios de la otra gran ley austeritaria de Montoro, la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que establece los límites de endeudamiento y déficit, así como un techo de gasto para el Estado, las autonomías y las corporaciones locales. Para CC OO, la misiva supone “un paso más en el recorte y privatización de los servicios públicos”.

Ante el aluvión de críticas, Montoro matizó que la liquidación no puede ser inmediata, dado que existe un periodo de alegaciones. La propia ley establece un límite más amplio, hasta el 1 de diciembre de este año, “cuando las entidades en desequilibrio estén prestando alguno de los siguientes servicios esenciales: abastecimiento domiciliario y depuración de aguas, recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos, y transporte público de viajeros”.

Además, la LRSAL, al contrario que su hermana gemela la Ley de Estabilidad Presupuestaria, no dispone en su articulado de ningún mecanismo coercitivo concreto que obligue a los ayuntamientos, ni referencia alguna en la disposición novena –la que estarían incumpliendo la empresa de autobuses valenciana o la empresa municipal de vivienda en Gijón- que vincule estos incumplimientos con las sanciones que sí define claramente la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Pero “Montoro sí tiene la llave de las transferencias del Estado a los ayuntamientos”, matiza a Diagonal Joan Gasull, de la federación de administraciones públicas de CC OO. Cualquier uso de esta varita mágica por parte de Hacienda terminaría, probablemente, en la larga lista de litigios que acumula ya el Tribunal Constitucional. En septiembre, cuando se fije un nuevo techo de gasto para todas las administraciones, más.

Comentar con Facebook ()

Comentar (0)

DEJA UNA RESPUESTA