Una jueza considera que agredir al grito de “maricones de mierda” no es homofobia

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Una sentencia da por probados los hechos, pero no aprecia un delito de odio por homofobia y concluye que el agresor ha cometido cuatro faltas de lesiones. El Juzgado de Instrucción Nº 39 de Madrid le ha condenado a pagar 250 euros a cada uno de los cuatro jóvenes a los que agredió en abril de 2015. El colectivo LGTBI Arcópoli ha contabilizado en lo que va de año 149 agresiones por homofobia o transfobia solo en la Comunidad de Madrid

Marta Borraz | eldiario.es | 17/08/2016

El agresor tendrá que indemnizar con 250 euros a cada uno de los jóvenes a los que atacó el 26 de abril de 2015 en Madrid al grito de “maricones de mierda”. Es la condena que impone el Juzgado de Instrucción Nº39 por una agresión homófoba en una sentencia en la que reconoce probados los hechos que cuentan las víctimas, pero no lo considera delito de odio por homofobia, tal y como adelantó Cadena Ser.

Ocurrió en el centro de la capital hace casi cuatro meses, cuando Gerardo y otros tres amigos recorrían la calle Montera en dirección a un bar. Fue entonces cuando se cruzaron con dos individuos y uno de ellos “dio un puñetazo a uno de mis compañeros” mientras les increpaban. “Volvimos a encontrárnoslos y comenzaron a darnos puñetazos a otros dos. La última fue camino de comisaría, en la que dieron patadas al otro que todavía no habían tocado”, cuenta el joven.

Como consecuencia sufrieron lesiones en la nariz, las piernas y las cervicales, como prueban los informes médicos aportados al juzgado. Todo entre insultos y gritos de “maricones de mierda”. Pero a pesar de que la jueza Belén Sánchez considera probado este relato no se refiere en ningún momento a un posible delito de odio ni aplica el agravante por homofobia. La sentencia concluye que el acusado ha cometido cuatro faltas de lesiones contempladas en el artículo 617 del Código Penal.

Sobre la expresión “maricones de mierda” la jueza afirma que “podría ser en su caso constitutiva de una falta de vejaciones injustas o injurias, que ha quedado despenalizada con la reforma operada en el Código Penal, pero no es constitutiva de una falta de amenazas”. Por otro lado, no se refiere en ningún momento a la motivación homófoba del insulto.

“Da la sensación de que la homofobia merece solo una sanción administrativa leve”, afirma Gerardo, que muestra su indignación por una condena que, dice, “lanza un mensaje a la sociedad de que es barato pegar a un homosexual”. El joven de 22 años compara la sanción con las aplicadas por infracciones “como beber una lata de cerveza en la calle, que está multado con el doble”, afirma.

Para Rubén López, vocal de delitos de odio de Arcópoli, la sentencia “demuestra que la justicia debe profundizar en los delitos de odio porque condenas de este tipo no alientan a las víctimas a denunciar, sino todo lo contrario”. De hecho, la baja cifra de víctimas que lo hacen es una de las cuestiones que más preocupan a expertos y organizaciones LGTBI.    La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea –FRA– elaboró en 2013 un estudio que cuantificaba en un 80% el número de víctimas de discriminación que viven las agresiones en el ámbito privado

Entre otros, identifica la desconfianza en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como uno de los motivos para no denunciar. “Cuando avisamos a la Policía Municipal sentí que no se tomaban en serio la gravedad del asunto”, recuerda Gerardo, pero “luego declarando ante la Policía Nacional fue genial”. La formación de todos los agentes implicados en la lucha contra los delitos de odio, incluidos jueces y fiscales, es otra de las reivindicaciones tradicionales de los colectivos.

“Es muy complejo demostrar la homofobia en una agresión y cuando ocurre, el resultado es muy pobre”, critica López. “Por mucho que no sea una agresión grave, la homofobia también se da a estos niveles”, concluye Gerardo. Arcópoli ha contabilizado en lo que va de año 149 agresiones por homofobia o transfobia solo en la Comunidad de Madrid.

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