Reino de España: ¡Sé fuerte, Mariano!

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G. Buster | sinpermiso.info | 21/08/2016

Dos meses después de las elecciones del 26-J y trescientos días desde las del 20-D, Mariano Rajoy –Presidente en funciones del gobierno- cree haber establecido el escenario para ser reelegido al frente de un gobierno minoritario que contaría, en el mejor de los casos, con el apoyo de 170 diputados y una mayoría de bloqueo en el Senado.

Todavía le queda lo más difícil para evitar la convocatoria de terceras elecciones –convertidas en un castigo colectivo el día de Navidad-: quebrar el “No” de la actual dirección del PSOE y hacerla co-responsable de su elección y de su política presupuestaria, garantizando así la estabilidad de su gobierno minoritario durante los dos años del ajuste fiscal que ha pactado con la UE.

Para ello cuenta con una victoria del PP en las elecciones autonómicas en Galicia y con el posible apoyo del PP a un gobierno del PNV tras las elecciones vascas tras el 25 de septiembre.

Mientras tanto, el 30 de agosto, se someterá forzado –incapaz de ganar más tiempo, a pesar de la descarada manipulación del reglamento de la presidenta del Congreso- a una sesión de investidura en la que, a pesar de su derrota, podrá escenificar el apoyo de los diputados de Ciudadanos y de Coalición Canaria y la falta de una alternativa de gobierno de sus críticos.

En los dos meses y 54 días restantes establecidos hasta las terceras elecciones el 25 de diciembre espera poder:

1) estirar los plazos reglamentarios para la presentación del techo de gasto y del presupuesto de 2017, sorteando la ampliación del presupuesto de 2016 el 30 de septiembre, con un recorte estimado ya de 16.000 millones de euros (una reducción cercana al 5% en relación al presupuesto aprobado de 2016);

2) orquestar, con la ayuda de los “poderes fácticos”, la prensa, y la Unión Europea tal presión sobre el PSOE que vuelque la actual mayoría del “No” a favor de la minoría pro-abstención en su comité federal, y tras asumir Pedro Sánchez su “responsabilidad”, el liderazgo de la oposición pase en un Congreso convocado tras la formación del gobierno a Susana Díaz o a Edu Madina.

Esta cadena de acontecimientos -más que probable, posible- se quiere presentar como inevitable, con argumentos tautológicos que se pretenden revestir de moralina pública, por parte de un partido imputado por corrupción: “España necesita un gobierno” y “las terceras elecciones serían hacer el ridículo en Europa”.

Pero lejos de ser “inevitable”, se trata de un plan de batalla político para romper a favor de la derecha el “empate estratégico” provocado por los resultados electorales del 20-D y que, a pesar de más del millón de votos de Unidos Podemos que pasaron a la abstención el 26-J, se sigue manteniendo como expresión de la crisis profunda del régimen del 78.

La prueba de que se trata de un proyecto político “reaccionario” es que, para tener el éxito de las profecías, necesita retrotraer la situación y las sensibilidades a antes del 15-M y reforzar las peores características que permitieron la estabilidad del régimen del 78: la despolitización, la desmovilización social, el consenso de las clases dominantes y una hegemonía sobre las clases populares basada en la falta de alternativa propia y la cooptación de la izquierda institucional (G. Morán, El precio de la Transición, cap. 4)

Lo que quiere decir, a su vez, que las izquierdas –en un proceso de reconstrucción que no puede ser sino contradictorio- tienen la posibilidad no solo de bloquear con su resistencia el plan de batalla de la derecha, sino construir paso a paso su propia estrategia alternativa, basada en la re-movilización de las clases populares tanto en el terreno electoral como en el social.

Ajuste fiscal

El acuerdo alcanzado por el gobierno Rajoy en funciones en el Consejo europeo del 8 de agosto -para evitar la sanción por el incumplimiento del déficit fiscal-, implica una política brutal de ajuste presupuestario en tres años: -4,6% en 2016, -3,1% en 2017 y -2,2% en 2018. No ha habido ninguna explicación pública de dicha negociación, por parte de un gobierno en funciones que se niega anti-constitucionalmente a ser controlado por el Congreso de los Diputados y que viene violando sistemáticamente las sentencias del Tribunal Constitucional sobre las capacidades de los “gobiernos en funciones”.

A pesar de un crecimiento del PIB en 2015 del 3,2 % y  de 2,7% previsto en 2016, el déficit fiscal fue 0,9% superior en 2015 y se prevé –tras la ola de recortes anunciados- que de 1,8% en 2016 con respecto a los objetivos pactados inicialmente con la Comisión. Ello parece establecer un efecto directo entre el aumento del gasto público y una tasa de crecimiento del PIB superior en cerca de un punto con respecto al resto de las grandes economías de la zona euro. Pero además, hay que sumar a este escenario la contrarreforma fiscal del PP (Ley 26/2014), que supuso una merma de recaudación de 6.000 millones de euros en 2015 y que pretendía otra reducción de 3.000 millones en 2016.

La primera consecuencia tras el acuerdo de agosto con la UE ha sido la congelación ordenada por el ministro de Hacienda en funciones, Montoro, con fecha de 31 de julio en la asignación de los gastos no comprometidos de los distintos ministerios del presupuesto aprobado por el Congreso de los Diputados de 2016. La segunda, el aumento de los tipos del impuesto de sociedades, para alcanzar una recaudación comprometida con la UE de 6.000 millones de euros. Así se espera alcanzar a final de año el objetivo del déficit del -4,6%.

Pero no bastaría con ello para fijar el techo de gasto de 2017, con un crecimiento del PIB estimado del 2,3% (en el que esta por ver como afectarán todos estos recortes del gasto público). Hay que recordar que el techo de gasto se ha reducido de 133.259 millones aprobado en 2015, primero en un -3,2% en 2015, y después en otro -4,4% en 2016. El recorte exigido ahora seria de -4,5% en 2017 (0,5% del PIB según la Comisión europea) y de una cifra igual o superior –dependiendo del crecimiento del PIB- en 2018, pasando así a 117.894 primero y después a 112.394 millones de euros. En cuatro años de Gobierno Rajoy el presupuesto general del estado habría caído -16,6%.

Estas cifras suponen empujar a la economía española a una recesión, con un aumento del paro, por encima del 25% de nuevo, cuando solo el 40% de los parados reciben prestaciones o ayudas. Con un gasto social que es casi tres puntos del PIB inferior a la media de la zona euro, esta caída supone el desmantelamiento del carácter universal del estado del bienestar y sus derechos sociales. Este es el verdadero programa de cualquier gobierno que se someta a las imposiciones económicas austeritarias de la UE y no lleve a cabo una profunda reforma fiscal progresista que permita mantener el gasto social con un aumento de la imposición sobre las rentas del capital.

Despolitización

No ha habido hasta ahora el menor debate sobre el ajuste fiscal que el gobierno en funciones de Rajoy pretende presentar como un asunto “técnico”, parte de las “reformas imprescindibles” que estaría retrasando la falta de un gobierno constitucional por el bloqueo del PSOE.

Es muy ilustrativo que en las 6 condiciones de Ciudadanos para su negociación con el PP, el ajuste fiscal y sus consecuencias este ausente. No es necesario perder mucho tiempo con este tema, porque el paso de la “abstención” al “si” de Ciudadanos en la investidura de Rajoy ha confirmado las peores opiniones sobre su naturaleza dependiente del Ibex 35. Finalmente, Rivera solo puede mostrar un “pacto anti-corrupción” con un partido imputado como tal, que no esta dispuesto a (o no puede) ni sacrificar a Rita Barberá – a pesar de la red de comisiones puesta al descubierto por el sumario que la afecta-, y sobre el que pende la espada de Damócles de su financiación paralela en B (casos Gürtel y Barcenas).

Esta lectura liberal de los problemas de fondo de la crisis del régimen del 78 (las distorsiones de la ley electoral, la corrupción, la crisis territorial…) vuelve una y otra vez a atribuirla a la falta de igualdad de jure o a la perversión individual de los mecanismos del sistema. La despolitización parte de un rechazo de plano de cualquier existencia organizada de intereses sociales. Cuando emergen en las clases populares, por la presión y los ataques generalizados, son denunciados como “populistas” por no aceptar los limites sociales o políticos del régimen del 78.

El 15-M comenzó rechazando el consenso de la Transición que implicaba la reducción de la res pública a una mera gestión de los aparatos de los partidos políticos. Y ello ha forzado, en el contexto de la Gran Recesión, una repolitización de los intereses sociales –tanto a derecha como a izquierda- que ha sido determinante en las distintas elecciones habidas en los dos últimos años. Pero el ciclo social de movilización de las izquierdas, iniciado en 2011, comienza a declinar en 2013 y se encauza a partir de ese año casi exclusivamente en términos electorales. Hasta la perdida del millón amplio de votos de Unidos Podemos en las elecciones del 26-J.

Para poder recuperar la movilización social, las izquierdas –sociales y políticas- necesitan ante todo su repolitización, en su sentido originario de debate y defensa de los intereses sociales de la mayoría en la gestión de la res pública. En términos concretos, pasa por el debate y la propuesta alternativa en relación con el ajuste fiscal “técnico” que se nos quiere imponer. Ese ajuste fiscal, que erosiona hasta colapsar el gasto social y el estado del bienestar –que están transferidos en buena parte a las comunidades autónomas- ha sido la causa principal de la ruptura del consenso territorial y de la necesidad de un nuevo pacto, que ya solo puede ser entre iguales a partir del ejercicio del derecho autodeterminación (Ver el reciente debate entre Jordi Muñoz y Gerardo Pisarello).

En las próximas semanas va a haber elementos importantes que permitan este trabajo de repolitización y movilización de las izquierdas: el debate de investidura de Rajoy el 30 de agosto, las campañas electorales de Galicia y la Comunidad Autónoma Vasca del 9 al 25 de septiembre…También existen los instrumentos: las propias organizaciones sociales y sindicales, las candidaturas electorales y los partidos. La cuestión es como coordinar y multiplicar su actividad unitaria, como la Plataforma por la Justicia Fiscal o los foros sociales, las Marchas por la Dignidad o la PAH.

Las izquierdas cuentan ahora con su gestión de grandes ciudades. Pero las diferencias de actitud ante el problema de la movilización social, evidentes en los ayuntamientos de Barcelona y Madrid, reflejan esta disyuntiva entre la repolitización o la búsqueda de la reconstrucción de consensos basados en la desmovilización.  Lo mismo ocurre con CCOO y UGT, las dos organizaciones más importantes de la izquierda, en el debate de cómo impulsar tácticamente la Plataforma de las 20 medidas urgentes, que constituye en la práctica el programa de mínimos de las izquierdas. ¿Basta con esperar a negociarlo con el próximo gobierno o se trata de alentar la formación de un gobierno capaz de llevarlas a cabo?

Alternativa

Una salida por la izquierda del “empate estratégico” de las elecciones del 20-D y del 26-J exige, para poder alentar la movilización social y electoral, la posibilidad de una alternativa política.

Gran parte de la fuerza argumental del discurso de la “inevitabilidad” de la reelección de Rajoy reside en la falta de esa alternativa. Se resume en la fórmula de Felipe González: “si no se puede gobernar, no se puede bloquear”, cuyo objetivo es forzar a la dirección del PSOE a pasar del “No” a la “abstención”.

Con la actual aritmética parlamentaria surgida del 26-J, esa alternativa implica un acuerdo de coalición del PSOE y de Unidos Podemos con el apoyo de las izquierdas nacionalistas. Una alternativa que, como la “abstención” ante Rajoy, esta bloqueada por las líneas rojas del acuerdo del comité federal del PSOE de diciembre de 2015, que ratificó de hecho el de julio de 2016. Todo el pulso de la actual situación política se concentra, por lo tanto, en el PSOE.

La dirección de Pedro Sánchez ha ido ganando apoyos frente a la minoría sostenida por los barones territoriales de Andalucía, Extremadura, Asturias y Aragón en un espacio común que se va estrechando: la reconstrucción del PSOE en la oposición como alternancia al PP y fuerza hegemónica de la izquierda frente a Unidos Podemos. Esa ha sido su respuesta, entre otros al giro de alianzas de Ciudadanos, que ha acabado con las ilusiones del “gran centro”, convirtiendo la investidura de Rajoy en el otro lado del espejo de la fallida de Sánchez tras el 20-D.  Pero desde el 20-D y tras el 26-J se ha ido haciendo evidente que el PSOE solo podrá alcanzar ambos objetivos si construye una alternativa frente a la derecha con Unidos Podemos y abre un diálogo con las fuerzas nacionalistas. Es decir, si quienes están hoy por el “no” contra la “abstención” son capaces de reforzar su mayoría en el PSOE;  y ganar el margen de maniobra suficiente para desplegar una política que sea consecuencia lógica de ese “no” a Rajoy y al rechazo de los ajustes fiscales.

También para Pedro Sánchez será fundamental el resultado de las elecciones gallegas y la posibilidad de formar un gobierno conjunto con Mareas galegas. Así como sus resultados en Euskadi en comparación con el PP. Blindado por los estatutos del PSOE, Sánchez puede postergar la reunión del comité federal hasta octubre -y la posible convocatoria del Congreso del partido- para mantener su actual posición o plantear un cambio de las “líneas rojas” para construir una alternativa de gobierno con Unidos Podemos.

Sin las limitaciones de un debate estratégico como el que divide al PSOE, Unidos Podemos tiene la oportunidad de relanzar su actividad parlamentaria, su movilización electoral en Galicia y Euskadi y su actividad social en todos el reino. Puede reforzar el giro ya iniciado hacia la construcción de una alternativa común de todas las izquierdas frente a la derecha del ajuste fiscal y centralista. Alentando la repolitización, frente a la “inevitabilidad” de la derecha, puede ser determinante tanto en el debate interno en el PSOE como en la construcción de la alternativa de las izquierdas. Puede construir hegemonía.

En cualquier caso, aun en el peor -pero no el menos probable- de los escenarios, que Rajoy y la derecha consigan la “abstención” del PSOE, no serían muy distintos los objetivos estratégicos de construir una alternativa de las izquierdas. La crisis del PSOE reforzaría el atractivo electoral de Unidos Podemos en un proceso de acumulación de fuerzas en la resistencia a los ajustes fiscales y las políticas centralistas de Rajoy, más largo y doloroso en sus consecuencias sociales. Pero no alteraría en lo fundamental las tareas tácticas. Por eso, cuanto antes se empiece, mejor.

Aunque sea teniendo que escuchar el eco amenazante de la derecha social y política, que sabe que su mayor aliado es la división de las izquierdas y que se juega mantener su poder corrupto: ¡Se fuerte, Mariano!

Miembro del comité de redacción de Sin Permiso.

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