El agujero español del primer banco portugués

La Seda, Reyal Urbis y Pescanova son tres operaciones que han lastrado decisivamente a La Caixa Geral de Depósitos portuguesa, un banco en riesgo, cuya capitalización por parte del país vecino puede suponer hasta un 3% de su PIB.

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Portugal cc
Caixa Geral de Depósitos en Coímbra. / IG8

Daniel Toledo | Diagonal | 27/08/16

La Caixa Geral de Depósitos –el banco público portugués y el mayor del país– se enfrenta, desde el pasado 2 de agosto, a una “auditoría forense”. La finalidad es saber por qué y cómo se emitieron los créditos envenenados que incurrieron en pérdidas mil millonarias para La Caixa portuguesa.

Según informa Filipe Paiva Cardoso, periodista de economía, “entre el 2009 y finales de 2015 la Caixa reconoció casi 7.500 millones de euros en imparidades (pérdidas de valor en los activos dados como garantía a los préstamos) y participaciones financieras”.

Según Paiva Cardoso, “todo indica que el valor de la capitalización podrá oscilar entre el 1,5% y el 3% del PIB portugués. Si Bruselas decide que la capitalización debe contar para el déficit (del Estado), va a presionar aún más las cuentas públicas y su débil recuperación”. Este miércoles la Unión Europea dio luz verde a la recapitalización con un valor de 4.600 millones de euros.

La Caixa Geral de Depositos (CGD) se embarcó, desde 2005, en un proceso de internacionalización que le llevó a estar presente en 23 países y a contar con 22.000 empleados. Cuando la Caixa comenzó este proceso, empresas y entidades bancarias cruzaban fronteras sin miedo, muchas de ellas con el mero objetivo de salvar unos resultados en casa poco satisfactorios.

El problema surgió cuando la Caixa se metió de lleno en lo que Paiva Cardoso denomina, no exento de caballerosidad, “créditos con garantías más frágiles”. La auditoría tendrá que hurgar bien profundo en cientos de operaciones ejecutadas en diferentes países, lo que implicará una drástica reducción de sucursales y de plantilla. Sin embargo, un país en concreto abanderará el proceso de auditoría por el volumen de pérdidas que le generó a la entidad pública: España.

El banco que la Caixa creó en España, el Banco Caixa Geral, con sede en Vigo, parece haber sorteado las dificultades iniciales y hoy muestra unas cuentas envidiables. Eso sí, hizo falta crear un “banco malo” en 2005 para absorber las pérdidas multimillonarias de la filial de Vigo –cuando pocos habíamos oído eso de “banco malo”–.

Si el Banco Caixa Geral pudo diluir sus pérdidas en el complicado entramado de la CGD, el desatino de tres operaciones en particular resonó y sigue resonando en las cuatro esquinas de Portugal.

La Seda de Barcelona

El más importante batacazo en España de la Caixa Geral fue su entrada, en 2006, en la empresa de químicos catalana La Seda. Según Ignacio González, accionista minoritario de La Seda y envuelto, junto a otros accionistas, en una larga lucha por esclarecer qué fue lo que hundió a La Seda, para esta operación, la “Caixa Geral entró como accionista comprando un 4% de acciones de La Seda, y apoyó al grupo Imatosgil, que “ya tenía un 8,4%, con opciones de compra de un 14,96% más”.

Por aquel entonces presidía La Seda Rafael Español Navarro, amigo íntimo de Jordi Puyol Ferrusola y muy acostumbrado a formar parte de operaciones societarias fuertemente politizadas –por la administración de La Seda pasaron personalidades como Artur Mas, el propio Puyol Ferrusola o el ex ministro Joan Majó–.

Con esta operación, la CGD quería impulsar la creación de una fábrica de PTA –un químico usado en la fabricación de embalajes plásticos–en la ciudad de Sines, a unos 150 kilómetros al sur de Lisboa. Con una inversión de 400 millones de euros, que prestaría la Caixa, fue uno de los proyectos estrella del por entonces primer ministro portugués, el socialista José Sócrates, y fue catalogado por el Gobierno como Proyecto de Interés Nacional (PIN). La vicepresidencia de La Seda estaba ocupada por el portugués Fernando Freire de Sousa, actual gerente de varios fondos públicos para el desarrollo en el norte de Portugal (CCDR-N) y marido de la europarlamentaria socialista Elisa Freire, hoy vicegobernadora del Banco de Portugal.

El chapuzón que la CGD se dio en aguas de La Seda no pudo haber terminado peor. parte de la financiación de la fábrica de Sines fue “con el dinero de miles de accionistas minoritarios españoles estafados”.

Según González, Manuel Matos, dueño de Imatosgil, “recompró a precios ridículos algunas plantas de su propiedad previamente vendidas” a La Seda “ a precios de burbuja”.

Rafael Español, presidente de La Seda entre 1994 y 2009, acabó desfalcando 12 millones de euros a los pequeños accionistas y tuvo que aceptar un acuerdo de un año y medio de cárcel —acusación y fiscalía pedían 27 años— y 700.000 euros de multa por fraude contra la Hacienda Pública y apropiación indebida. La CNMV aplicó en 2010 un expediente administrativo a la cúpula directiva, incluida la Caixa, por información engañosa, y La Seda fue troceada y vendida a otras empresas químicas.

Reyal Urbis

La Caixa Geral aparece como uno de los principales acreedores de la que fue la mayor inmobiliaria de España, Reyal Urbis. En el informe de cuentas de 2007 de la Caixa –referente a las operaciones del año anterior–, aparece la participación de la entidad en la compra por parte de Reyal, compañía propiedad de Rafael Santamaría, de la enorme Urbis, del banco Banesto. Reyal compraba Urbis y el pez pequeño se comía al grande. Urbis tenía el doble de facturación que Reyal, y por supuesto la adquisición se basaba en la sorprendente premisa de que el precio del suelo no podía sino subir y subir hasta que un puñado de polvo de obra se cotizara como el oro.

En el informe de 2007 aparece la operación como “Financiamiento (crédito) sindicado de 4.012 millones de euros para adquisición de Urbis”. Éste fue el principio del fin de Reyal, sentó las bases del segundo mayor concurso de acreedores de la historia de España y dejaría a la Caixa con un lastre de 166 millones en préstamos y 133 millones en imparidades.

Dos años después de comprar Urbis llegaría la crisis del ladrillo, los 6,8 millones de metros cuadrados edificables de la empresa comenzaron a perder valor y su presidente, Rafael Santamaría, inició un frenético y agónico proceso de refinanciación para hacer frente a la compra de Urbis.

La estocada que acabó por hundir a la empresa llegó de la mano de uno de los pelotazos estrella de la época dorada del ladrillo española. Reyal Urbis invirtió más de 1.000 millones de euros en la macro urbanización Valdeluz, en Guadalajara, que pensaba albergar a más de 30.000 personas y que hoy sólo cuenta con 3.000. Reyal protagonizó uno de esos casos del que el Aeropuerto de Castellón o la macro urbanización de Seseña fueron paradigmas mediáticos, y actualmente permanece en un limbo jurídico entre el concurso de acreedores y la liquidación, mientras que la Caixa Geral ha perdido toda esperanza de recuperar el préstamo de 166 millones.

Leer: La banca extranjera pasa la factura del ladrillazo

Pescanova

Con Pescanova, la Caixa Geral se metió de lleno en la construcción del mayor complejo de acuicultura del mundo, al norte de Portugal. Seis años después, la entidad pública portuguesa también se vería metida en el tercer mayor concurso de acreedores de la historia de España –por detrás de Reyal Urbis–.

En 2007 abría Acuinova en Mira, Coímbra, una piscifactoría que sólo pudo existir por el préstamo de 160 millones que le concedió la Caixa. Por aquel entonces, el presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, ya se había hecho experto en crear una red de filiales en todo el mundo –además de empresas off shore en paraísos fiscales, como este año demostraron los papeles de Panamá– con los que, tan sólo cuatro años después, iba a disfrazar las enormes pérdidas de las matriz de la compañía pesquera.

Pero de todo esto los gestores de la Caixa, previsiblemente, y las autoridades portuguesas no se enteraron hasta que el caso saltó a los diarios españoles. El hecho de que José Sócrates, una vez más, hubiera declarado el proyecto como PIN quizá también hizo a los gestores mirar hacia otro lado con el problema de la piscifactoría.

Hoy Pescanova pertenece a los bancos acreedores, que hacen y deshacen después de que toda la cúpula directiva fuera apartada de sus sillas y metida en innumerables procesos judiciales. Fernández de Sousa ha visto embargado todo su patrimonio personal, y la piscifactoría de Mira, si bien está funcionando gracias a un insólito crédito de 58 millones –el primer crédito en toda la historia societaria española que se da a una empresa en concurso de acreedores–, sigue buscando un comprador que alivie el descomunal pasivo de 3664 millones que tiene Pescanova, unos 60 millones con Caixa Geral de Depósitos.

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