El primer curso 100% LOMCE comienza pendiente de la parálisis institucional

Alumnado y profesorado de secundaria y bachillerato comienzan el curso sin saber cómo se implantarán las reválidas aprobadas por el Gobierno.

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LA POLÉMICA ‘LEY WERT’ ESTRENA LAS REVÁLIDAS DE ESO Y BACHILLERATO SIN UN DISEÑO CLARO

Protesta frente al Ministerio de Educación en Madrid / DAVID FERNÁNDEZ

Diego Sanz Paratcha | Diagonal | 05/09/16

El curso que comienza esta semana en la mayoría de Comunidades Autónomas es el primero en que se aplica en todas las etapas educativas la polémica Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). 2º y 4º de la ESO y 2º de bachillerato se suman a las indicaciones previstas en la norma en un curso que nace marcado por la incertidumbre política y por la entrada en vigor de la reválida que sustituirá a la Selectividad.

La norma no gusta en las autonomías, no gusta a la oposición –su paralización ha sido eje sobre el que han pivotado los acuerdos sucesivos de PSOE-Ciudadanos e incluso Ciudadanos-PP; otras mayorías posibles hablan de su derogación-, no gusta a sindicatos de docentes ni a organizaciones de estudiantes, pero su implantación sigue inexorable tras 8 meses de Gobierno en funciones. Pese a las dos proposiciones no de Ley (PNL) presentadas en el nuevo Congreso, respectivamente de IU (derogación) y PSOE (paralización), pese a los recursos en el Supremo presentados por las Autonomías, la LOMCE sigue viva también años después de la dimisión de su principal impulsor, José Ignacio Wert.

Estamos en 2016/2017 y el alumnado y el profesorado de 2º de bachillerato comienza el curso sin saber cómo va a ser la prueba de evaluación que sustituye a las pruebas de acceso a la Universidad: el Real Decreto aprobado el 29 de julio por el Gobierno del PP  (RD 310/2016) sólo prevé un acuerdo con la Conferencia de Rectores (CRUE), pero para pasmo de la comunidad educativa y de la oposición, la prueba no está diseñada todavía.

“Sólo sabemos que este curso no será eliminatoria todavía”, señala Beatriz Quirós, del Sindicato Unitario de Trebayadores de la Enseñanza d’ Asturies (Suatea). Es decir, el alumnado que no la apruebe en el curso 2016/2017 no perdería el título de Bachillerato. Pero la incertidumbre es alta: según Quirós, nada se sabe sobre si la prueba será igual en todo el Estado, o sobre si las notas obtenidas servirán para obtener plaza en centros situados en otras autonomías.

El Real decreto sí da libertad a las universidades para elaborar además sus propias pruebas de acceso. Un comunicado emitido en agosto por la mayoría de organizaciones sindicales presentes en la enseñanza, y por la Confederación de Asociaciones de Madres y Padres (CEAPA) concluía con respecto al Real Decreto que “la reforma de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) no se puede pactar con unas pocas medidas superficiales realizadas con prisas para formar gobierno cuando la comunidad educativa y la mayoría de fuerzas políticas están pidiendo su derogación”.

A las prisas con las que se ha elaborado la normativa –reflejada en un acuerdo del Congreso el pasado 5 de abril, que aprobó por mayoría de 186 votos una proposición no de Ley que preveía la paralización de la LOMCE mientras no hubiera un Gobierno estable- se suman, según Quirós, dos condicionantes más: “el encorsetamiento curricular impuesto por la LOMCE a las Comunidades Autónomas”, y el efecto acumulado de seis años de recortes. Como ejemplo, Quirós menciona el caso de una alumna que comienza 2º de bachillerato en un instituto asturiano sin poder matricularse en una de las asignaturas que ella había elegido.

Según relata Quirós, el comienzo del curso de bachillerato en esta autonomía es el 15, y las únicas opciones que le da su centro a esta alumna son matricularse en otro instituto o estudiar a distancia la asignatura. “La falta de personal es una constante y el número mínimo de alumnado por clase para poder hacer los desdobles es de 12 personas”, señala Quirós. “Los recortes hacen que una cosa sea el impreso de matrícula y otra cosa la realidad”, concluye.

A la desazón provocada por los recortes y por la propia LOMCE se añade la incertidumbre política. Los giros de la política de pactos hacen que los posicionamientos se vayan matizando y perdiendo contundencia: el PSOE de Pedro Sánchez habló de derogación antes del 20D, pactó con Ciudadanos la “paralización de la LOMCE” antes del 26J; con el resultado de junio y un nuevo real decreto aprobado por el Gobierno del PP en funciones la iniciativa pasaba al lado de Rajoy; fracasada su investidura, el acuerdo con Ciudadanos al respecto puede darse por caducado. Dicho acuerdo, no obstante, fue recibido con escepticismo por CC OO y USTEA dado que hablaba de paralización de la LOMCE cuando la norma se encontraba ya plenamente implantada tras el Real Decreto.

Una mayoría alternativa a la formada en torno a Rajoy cuenta ya con un Pacto por Otra política educativa, firmado por PSOE, Podemos, IU y ERC, las confederaciones de sindicatos de trabajadores de la enseñanza (STES), CC OO y CGT. Las medidas incluyen el fin de los recortes y la derogación de la LOMCE para abrir paso a una nueva Ley de Educación, pero a partir de ahí la casuística es gigantesca: a nivel autonómico el gobierno procesista de CiU y ERC ha impedido que se formalizara una ILP (Iniciativa Legislativa Popular) por la educación pública que iba en la misma dirección, los Gobiernos autonómicos del PSOE han ido adoptando una variedad de posiciones que han ido desde la desobediencia a aspectos de la LOMCE (caso de Aragón) y la presentación de recursos al Supremo en contra de las pruebas de reválida hasta el conflicto abierto con la comunidad educativa en Andalucía, que estos días vive su propia versión multitudinaria de la marea verde contra el gobierno autonómico de Susana Díaz.

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