Los abusos más flagrantes del fondo buitre al que Ana Botella vendió 1.860 viviendas sociales

La expulsión de su casa de la presidenta de afectados por la venta de la EMVS, pese a que tiene los pagos al día, se suma a la lista.

242

Pancartas colgadas en la urbanización de Julia y Paloma el día de su desahucio. \ C.
Pancartas colgadas en la urbanización de Julia y Paloma el día de su desahucio. \ C.

eldiario.es | 05/09/2016

Los inquilinos de las 18 promociones de casas que el equipo de Ana Botella vendió al fondo buitre Magic Real Estate-Blackstone por 120 millones de euros han visto cómo sus viviendas, de origen social, se han convertido en pisos sometidos a las exigencias del libre mercado más feroz, en el que se mueven sus nuevos caseros: los fondos de inversión.

A Arancha Mejías, presidenta de la plataforma de afectados por la venta, el trabajo de destapar los comportamientos del fondo buitre y las  dudosas condiciones del proceso de venta –cercadas ahora por un informe de la Cámara de Cuentas– le ha costado caro. Le ha costado su casa. Fidere (filial de Blackstone) le ha remitido un burofax en el que le informa de que no le renueva el contrato. Recopilamos algunas de las situaciones denunciadas por los afectados en estos años.

Desahucios sin alternativa

José se fue antes de que lo echaran. Julia resistió y consiguió frenar su desahucio, pero al final tuvo que irse, igual que Mari Carmen. Todos ellos fueron desahuciados de su casa por Blackstone. Los precios del alquiler los asfixiaron y el fondo buitre los expulsó sin ofrecerles una alternativa habitacional.

Ahora, José, que empezó a pagar el alquiler con opción a compra de la empresa municipal de la vivienda (EMVS) pensando que esa vivienda algún día sería suya, vive en casa de sus padres. A Julia, de 80 años, el Ayuntamiento de Madrid le adjudicó una vivienda de una red solidaria en la que tuvo que ir realojando a los desahuciados de los fondos a los que vendió sus casas. Perdió a su hija, enferma, en el proceso.

Este modus operandi de realojo era habitual y se llevaba a cabo para e vitar el ruido mediático que supone un desahucio de este tipo. Blackstone se ahorraba así “asumir el coste social” de echar a las familias de sus casas con la ayuda del consistorio, a quien pasaban listas con los futuros desahuciados.

Subidas del 40% en los alquileres

Las condiciones de venta obligaron a Fidere, filial de Blackstone en España, a subrogar el precio del alquiler a las familias cuyo contrato con la EMVS aún estuviera vigente. Pero solo hasta la siguiente renovación. A partir de ese momento, el fondo es libre de subir las cuotas mensuales de sus inquilinos, con aumentos progresivos de hasta el 43% acumulado en tres años.

Recordamos que el perfil de los adjudicatarios de estas viviendas es el de personas que, por sus condiciones económicas y/o familiares, no pueden permitirse una vivienda en el mercado libre.

Precios del agua disparados

Fidere no solo tiene en propiedad pisos de la EMVS. Durante estos años ha ampliado su cartera comprando viviendas públicas en otras zonas de la Comunidad, como en Torrejón de Ardoz. En esta localidad, el fondo adquirió al Banco Popular unos 200 pisos de alquiler público procedentes del Plan de Vivienda de la Comunidad de Madrid que la entidad había ganado por sorteo y aplicó a sus inquilinos subidas en los suministros de más del 100%.

El cambio de la empresa contratada por Fidere para la gestión energética del edificio  cargó a las familias con subidas de precio por metro cúbico de agua caliente (de 0,9 a 3,25 euros) y de la calefacción (de 0,04 a 0,07 euros por Kw/h). Además, en el caso del agua los inquilinos tienen que asumir dos nuevos importes extra: un “depósito de garantía” de 50 euros y una cuota de 8,55 euros a cada vivienda.

Miles de inquilinos en sus manos

Desde 2014, Blackstone se ha ido haciendo  con un buen puñado de promocionesinfiltrándose en las empresas que recibieron –en el marco de planes públicos de vivienda– el encargo de sacar adelante los bloques de pisos. La cartera del fondo se compone hoy  por más de 1.900 casas distribuidas por toda la Comunidad de Madrid en las que viven miles de inquilinos sujetos a sus condiciones.

La situación en los tribunales

El Ayuntamiento de Madrid quería sanear sus endeudadas arcas públicas y para ello se embarcó en una macrooperación inmobiliaria sobre la que hoy planean indicios de ilegalidad por saltarse la ley de concursos públicos en el proceso de adjudicación, según un informe de la Cámara de Cuentas. Este informe, que reveló en exclusiva este medio, sostiene que el consistorio vulneró las “más elementales reglas de buena gestión” al facilitar información privilegiada a cuatro empresas –una de ellas la adjudicataria final– sobre las condiciones de la venta antes de anunciar el proceso públicamente.

Los afectados se querellaron sin éxito contra el Ayuntamiento por este proceso, que permitió comprar a Blackstone 18 promociones de vivienda a un precio más que atractivo. También lo hizo el PSOE, aunque ambas causas se archivaron. Ahora, el actual consistorio de Ahora Madrid, tras explorar la vía de iniciar una comisión de investigación sobre la deuda del Ayuntamiento, quiere intentar reabrir la causa como querellante avalado por los argumentos del citado documento de la Cámara de Cuentas y el informe jurídico de un despacho de abogados.

Comentar con Facebook ()

Comentar (0)

DEJA UNA RESPUESTA