Documentados 388 casos de exclusión sanitaria en cuatro meses

ONG y asociaciones médicas contrarias al Real Decreto que excluyó de la sanidad a 'sin papeles' y otros colectivos documentan hasta 2.500 casos de consultas no atendidas desde 2012 por discriminación legal o por arbitrariedad administrativa.

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INFORME ‘LA SALUD EN LOS MÁRGENES DEL SISTEMA’

Desde su aprobación en 2012, se calcula que el RD 16/2012 ha dejado sin tarjeta sanitaria a aproximadamente 800.000 personas en el Estado español. / OLMO CALVO

Diagonal | 07/09/16

La Red de denuncia y resistencia al RDL 16/2012 (REDER), formada por diferentes ONG y asociaciones profesionales médicas, ha documentado 388 casos de exclusión en atención sanitaria entre abril y julio de este año. Todos los casos son consecuencia del Real Decreto (llamado de medidas para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud) aprobado en 2012 por el Gobierno de Rajoy y apoyado a día de hoy por Ciudadanos, que estableció diversas barreras para el acceso a los diferentes niveles del sistema de salud a personas sin permiso de residencia, menores descendientes de inmigrantes, a emigrantes españoles en el extranjero y personas con otras situaciones sociolaborales atípicas.

Según destaca la Red en su informe La salud en los márgenes del sistema: cuatro años sin tarjeta sanitaria, entre los casos registrados se encontraban “tres de cáncer, 4 de enfermedades cardiovasculares, 13 de diabetes, 7 de hipertensión, 8 de VIH, 4 de enfermedades degenerativas, 6 de enfermedades potencialmente mortales o 5 de enfermedades mentales graves”. Desde septiembre de 2012, cuando comenzó a aplicarse el Real Decreto –cuyos efectos han sido comparados con un ‘apartheid sanitario’, la Red ha documentado 2.496 casos de exclusión.

Tal y como han denunciado repetidas veces tanto Reder como otros colectivos –caso de la campaña Yo Sí Sanidad Universal-, los efectos del real Decreto van más allá de la literalidad de la norma, y han impuesto un clima de desinformación y desestimiento de derechos tanto entre los profesionales de la sanidad como entre los usuarios. Así, una quinta parte de los casos registrados por Reder son incumplimientos del propio RD, que prevé excepciones a la exclusión para mujeres embarazadas y menores, así como para los casos de urgencias.

“En un corto periodo de cuatro meses tenemos constancia de 14 casos de mujeres embarazadas (120 desde 2014), 35 casos de menores de edad (180 desde 2014) y 3 personas solicitantes de asilo (13 desde 2014) a quienes se les ha negado acceso al sistema sanitario. Igualmente, contabilizamos 20 incidencias en urgencias (299 desde 2014) que van desde la denegación de asistencia a la facturación” del servicio, señalan.  Se llega al caso de que incluso personas con tarjeta de residencia válida se les ha denegado la atención sanitaria, como es el caso de 14 personas que obtuvieron la tarjeta por reagrupación familiar y cuyas peticiones de asistencia fueron denegadas. Reder destaca la especial vulnerabilidad de la mayoría de estos casos, en gran parte personas de edad avanzada.

Según los responsables del informe, la falta de información proporcionada por los profesionales es el motivo de un 57% de las incidencias. Reder destaca que, pese a que la mayoría de Comunidades Autónomas se han mostrado contrarias al RD 16/2012 e incluso han aplicado medidas dentro de sus competencias que limitan el alcance de la exclusión, tan sólo el Ayuntamiento de Madrid y la Comunitat Valenciana han puesto en marcha campañas específicas de información dirigidas a los usuarios afectados por el Real Decreto. El informe destaca además que, en el caso de Madrid, esa iniciativa la tendría que haber llevado el Gobierno regional de Cristina Cifuentes (PP).

Precisamente sobre el alcance de las medidas paliativas desarrolladas por las autonomías –con la excepción de La Rioja, Castilla y León y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla-, Reder destaca que su impacto es “positivo”, pero matiza que los diferentes requisitos de acceso establecidos por las Comunidades Autónomas son responsables de hasta un cuarto de las incidencias. Entre los requisitos señalados por Reder se encuentran la exigencia de empadronamiento –especialmente el tiempo mínimo de hasta un año como inscrito en el padrón- o ciertos certificados que se obtienen en los consulados del país de origen y cuyo trámite es costoso y lento.

Reder dedica un epígrafe entero a la situación en Melilla, ciudad donde se produce “un apogeo en la exclusión”. El hecho de que el Gobierno de esta ciudad-frontera haya decidido aplicar íntegramente el Real Decreto (y en la práctica, llevarlo más allá) ha provocado un gran número de incidencias en esta ciudad con un alto porcentaje de población inmigrante y con un Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).

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