RT | 15 sep 2016

Una nueva filtración de WikiLeaks a la que el diario español Público ha accedido en exclusiva revela que el acuerdo internacional sobre comercio de servicios (TiSA, por sus siglas en inglés) –conocido como el ‘TTIP de los servicios’– permitirá imponer sanciones económicas a los países que no cumplan sus exigencias.

Según el diario, los documentos filtrados demuestran que el TiSA daría un enorme poder sobre los Estados firmantes a los paneles de arbitraje, de manera que incluso podrían “decidir de facto si los gobernantes deben cambiar sus leyes”.

En concreto, estos paneles podrían dictaminar resoluciones vinculantes sobre las disputas entre los Estados firmantes relacionadas con uno de los aspectos de la “interpretación y la aplicación” del pacto, y obligar a un país a compensar a otro económicamente.

Según detalla Jane Kelsey, experta en este tipo de acuerdos comerciales, “estos paneles pueden decidir de facto que los gobernantes deben cambiar sus leyes, políticas o decisiones en relación con un enorme rango de servicios e imponer penalizaciones económicas hasta que lo hagan”.

Las propuestas para el mecanismo de resolución de disputas se recogen en el documento titulado ‘Institutional and Dispute Settlement Provisions (non papers)’, redactado por la Comisión Europea y fechado el 4 de julio de 2016. Este documento de 30 páginas contiene 37 artículos que pretenden servir “como base para la discusión” de este mecanismo, que no podrá ser “bloqueado” por los Estados firmantes.

¿Qué es el Acuerdo de Comercio de Servicios (TiSA)?

El acuerdo internacional sobre el comercio de servicios (TiSA, por sus siglas en inglés) está siendo elaborado entre medio centenar de países. Según reveló Wikileaks en 2015, este tratado secreto “impondrá a todos los firmantes cláusulas que benefician a las grandes corporaciones multinacionales en detrimento de la soberanía y de los intereses públicos de cada país”.

El TiSA pretende regular de manera supranacional servicios de salud, agua, financieros, telecomunicaciones y transporte, entre otros. Además, exige que haya “transparencia”, lo que, en realidad, se traduce en la obligación de los países de presentar proyectos de ley internos antes de que sean aprobados para determinar su viabilidad. EE.UU. y la UE son los principales impulsores de este pacto que afecta a 50 países y a un 68,2% del comercio mundial de servicios.

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