¿11 años de cárcel por defender la universidad pública?

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Francisco González Tejera | 16/09/2016

La deriva autoritaria del régimen monárquico español, heredero del franquismo, está llegando a extremos de pre-dictadura en la persecución generalizada de las voces discordantes con sus vergonzosas políticas, ahora le toca el turno a Ermengol Gassiot, secretario general de la CGT Catalunya, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), a un trabajador de Administración y Servicios (PAS) de la misma universidad, que era delegado de los Colectivos Asamblearios (CAU-IAC) de dicho centro educativo y a 25 estudiantes.

Las desproporcionadas condenas que pide la Fiscalía son de 11 años y 5 meses de prisión para todas y todos, una petición relacionada con los hechos ocurridos en los años 2012 y 2013, cuando se produjeron movilizaciones estudiantiles en la UAB que culminaron con la ocupación del rectorado.

En aquellos días Gassiot era delegado sindical, miembro del comité de empresa de la universidad y profesor de Arqueología, posteriormente elegido secretario general de la CGT, además entre los estudiantes procesados está Eudald Calvo, actual alcalde de Argentona de la Candidatura d´Unitat Popular (CUP).

Un grupo de estudiantes y algunos profesores ocuparon durante un mes en 2013 el rectorado, Ermengol Gassiot lo hizo como delegado y miembro del comité de empresa, la acción se convirtió posteriormente en una ocupación protagonizada por los colectivos en lucha de la UAB, durante esas horas se manifestó la oposición política de los estudiantes, profesores y PAS en el interior del equipo de gobierno de la institución universitaria, varios profesores y personal de administración mostraron su solidaridad con su presencia en el edificio, llevando a cabo sus clases en el rectorado.

La Fiscalía acusa y pide condenas genéricas de más de 11 años de cárcel a Gassiot y resto de personas que participaron en las movilizaciones. En el caso del actual secretario general de la CGT, se le piden esos años de prisión por un delito continuado de desorden público y otro de coacciones, entre otros. Además incluye 5 años de alejamiento de la UAB para el conjunto de los 27 acusados y 385.000 euros para compensar lo que consideran daños ocasionados en dichas dependencias universitarias.

También y para remachar el clavo de esta inmundicia la vicerrectora de estudiantes de la UAB Silvia Carrasco, militante de Iniciativa per Catalunya (ICV) por Sabadell, se persona como acusación particular contra estudiantes y sus propios compañeros profesores.

Desde el franquismo y su criminal de lesa humanidad, Tribunal de Orden Público (TOP), no se producían denuncias penales que pidan prisión a estudiantes y profesores, lo que viene a demostrar los niveles de degradación de la actual justicia española, en manos de un régimen que progresivamente va destruyendo los derechos civiles de la ciudadanía, protegiendo a policías que por ejemplo revientan un ojo a un manifestante o inflan a palos a cualquier familia desahuciada con menores o personas enfermas entre sus miembros, dejando en la calle a toda una fauna de políticos corruptos que son indultados, vergonzosamente condenados a ridículas condenas tras haber saqueado millones de euros de las arcas públicas.

La vara de medir de este régimen se inclina como casi siempre por el lado más sucio y putrefacto, se persigue y se trata de encarcelar la solidaridad, la sensibilidad, la complicidad y la empatía de profesores con sus alumnos en demanda de una educación pública de calidad, para que las hijas y los hijos de la clase trabajadora tengan derecho a una universidad asequible, abierta y fraterna.

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