Pulsa "Enter" para saltar al contenido

Propensión a la censura

by Justino Sinova

De vez en cuando surgen por algunos de los rincones de España maniobras para imponer silencio a la disidencia. Vivimos en una sociedad en la que la libertad está protegida por las leyes, pero hay quien desearía poder tapar la boca a quienes emiten criterios que consideran inoportunos y a quienes opinan fuera del cauce de lo establecido por una supuesta corriente mayoritaria (eso que se llama lo políticamente correcto y que tantas veces es en realidad lo ideológicamente impuesto). Y hay quien incluso expulsaría de España a los que discrepan. George Orwell acuñó una de las más brillantes definiciones de la libertad política de expresión: “es el derecho a decirles a los demás lo que no quieren oír”. Esos inspectores del pensamiento que se levantan indignados contra los que disienten prohibirían hoy a Orwell entrar en esta España.

Estos días se han destapado dos persecuciones para imponer silencio. La última ha sido la iniciada por el grupo socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, con su portavoz Juan Pablo Durán a la cabeza, para que el pleno del cabildo repruebe los comentarios realizados tras las elecciones autonómicas por siete comentaristas, a quienes proponen declarar “personas non gratas” en la ciudad. Esperarán con ello que los siete cesen de referirse a la política realizada en Andalucía y a los propios andaluces. Una singular amenaza para que guarden silencio. Ignoran los amenazantes, parece ser, que el sistema jurídico español establece procedimientos para perseguir los delitos y faltas hechos con publicidad, esos insultos que, según ellos, han propinado a los andaluces. Pero rechazan los tribunales y prefieren la fuerza de la coacción.

Dejemos constancia de los comentaristas “non gratos”: Fernando Sánchez Gradó ySalvador Sostres, de El MundoGabriel Albiac, de Abc, y  José Javier EsparzaEduardo García SerranoJavier Horcajo y Carmen Tomás, del grupo Intereconomía. No hay que estar de acuerdo con lo que dicen para defender su derecho a decirlo (nadie coincide al cien por cien con las opiniones de otro), simplemente hay que respetar la libertad de expresión y usar los cauces de la ley si se presume una ilegalidad en lo que dicen. Que seguirán diciéndolo, les apuesto lo que quieran, fundamentalmente porque sus opiniones podrán ser discutibles pero no son delito.

Todo lo anotado para el caso de estos siete tiene aplicación para lavehemente persecución emprendida contra el obispo de Alcalá de Henares,Juan Antonio Reig Pla, por su homilía en los oficios del Viernes Santo transmitidos por La 2 de TVE. El prelado habló del aborto, del adulterio, de las relaciones homosexuales, del consumo de drogas, de los empresarios que engañan a los trabajadores, de los trabajadores que sabotean empresas y de los sacerdotes de “doble vida”. ¿Qué dijo sobre ello? Nada que se saliera de lo que predica la Iglesia Católica. Pero hay quien no soporta escuchar lo que desentona con su opinión o su ideología o su comportamiento.

A Reig Pla se le ha insultado y se le ha negado su derecho a expresarse, incluso se ha intentado que dentro de la televisión se le denunciara o se tomaran medidas contra él, cosa que no ha sucedido afortunadamente porque sería una manera escandalosa de aplastar el derecho de todo ciudadano a la libertad de expresión. ¿Qué querían que dijera un obispo en una homilía? ¿Querían que defendiera el laicismo?

La intolerancia de los inspectores del pensamiento es un atentado latente a la libertad personal y revela en algunos una instintiva propensión a la censura.

Sé el Primero en Comentar

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *