Pensionista, no vayas a la farmacia con ocho euros, o no tendrás medicamentos

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Creo que todos estamos confusos con lo del repago sanitario. Sirva este artículo para aclarar un poco las cosas.

Para evitar equívocos, hay que decir que los servicios y medicamentos tendrán que ser abonados en el porcentaje que corresponda (porcentaje no es cantidad), y lo que exceda del aporte establecido, será reembolsado en un plazo máximo de seis meses.

Esto quiere decir por poner un ejemplo, que si un pensionista tiene que adquirir medicamentos por valor de 2.000 euros en un semestre, deberá pagar en la farmacia 200 y el Estado le reembolsará cuando haga el cálculo, 140 de los 200, si por ingresos le corresponde un pago máximo de 10 euros mensuales.

Pero para que nos entendamos, hay que ir con el dinero por delante. En la farmacia habrá que pagar el 10% del precio de lo que ese pensionista se lleve (siempre que sus rentas, ahorros o ingresos estén declarados por debajo de 100.000 euros anuales).

P.B.

Los pensionistas tendrán que adelantar en la farmacia el coste de sus medicinas

Madrid 25/04/2012, Lucía Argos

Rueda de prensa tras el Consejo de Ministros
Rueda de prensa tras el Consejo de Ministros

El Real Decreto ‘de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones’ (que se adjunta) recoge en más de 30 páginas una amplia batería de medidas, desde la reforma de la prestación farmacéutica, la condición de asegurado, la capacitación profesional de los sanitarios o los trasplantes.

Perfiles de aportación

En el primero de los casos, establece tres niveles de aportación para pensionistas, según sus ingresos; tres niveles para los activos, y la exención de copago para ciudadanos con rentas mínimas de inserción, pensiones no contributivas, afectados de síndrome tóxico y ciertas discapacidades, parados sin prestación de desempleo así como los tratamientos derivados de accidente de trabajo y enfermedad profesional. Para los enfermos crónicos se prevé el copago de un 10% del PVP en los medicamentos pertenecientes a los grupos ATC de aportación reducida, con una aportación máxima para el 2012, expresada en euros, resultante de la aplicación de la actualización del IPC a la aportación máxima vigente. El nivel de aportación de los mutualistas y clases pasivas de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, del Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad General Judicial se mantiene en el 30%.

Siete tipos de recetas

La normativa contempla que el Gobierno revise periódicamente la participación en el pago a satisfacer por los ciudadanos por la prestación farmacéutica “incluida en la cartera común suplementaria del Sistema Nacional de Salud, y los supuestos de financiación íntegra con cargo a fondos públicos”. De la misma forma, estipula que “el importe de las aportaciones que excedan estos montos [entre 8 y 18 euros para los pensionistas] será objeto de reintegro por la comunidad autónoma correspondiente, con una periodicidad máxima semestral“.

En base a estos nuevos perfiles de contribuyentes, el Ejecutivo ha previsto siete modalidades distintas de recetas que incluirán un código de clasificación en la base de datos de la tarjeta sanitaria individual y que figurarán impresos alfanuméricamente o codificados en la parte superior derecha de las recetas. Serán la Seguridad Social y la Agencia Tributaria las que proporcionará el nivel de participación de cada usuario, manteniendo la privacidad sobre la cuantía concreta de las rentas.

Informe de gasto a médicos y pacientes
Ana Mato
Ana Mato

La financiación pública de medicamentos estará sometida al sistema de precios de referencia. El precio de referencia será la cuantía máxima con la que se financiarán las presentaciones de medicamentos incluidas en cada uno de los conjuntos que se determinen, siempre que se prescriban y dispensen con cargo a fondos públicos.Los médicos seguirán obligados, en la gran mayoría de los casos, a prescribir medicamentos por principio activo y para ellos se prevé un sistema de soporte tecnológico mediante el que reciban toda la información relativa a las medicinas así la posibilidad de hacer un cálculo del importe económico de sus decisiones terapéuticas. Ellos, a su vez, deberán incorporar en los informes de prescripción y terapéutica al paciente, información sobre el coste del tratamiento, con diferenciación del porcentaje asumido por el Sistema Nacional de Salud.Las administraciones públicas competentes deberán adoptar, con anterioridad al 30 de junio de 2012, todas las medidas que sean necesarias para la aplicación efectiva de este paquete de medidas, dice el decreto.

Asistencia a extranjeros

Tal y como ha venido anunciando la Ministra Ana Mato desde el Consejo Interterritorial del 18 de abril, el decreto también redefine los derechos a la asistencia sanitaria pública para comunitarios u otro tipo de ciudadanos extranjeros.En el primero de los casos, refuerza los instrumentos para cobrar la asistencia en España a ciudadanos de la UE -también a terceros, como aseguradoras privadas- y establece que “las personas de nacionalidad española o de algún Estado miembro de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza que residan en España y los extranjeros titulares de una autorización para residir en territorio español, podrán ostentar la condición de asegurado siempre que acrediten que no superan el límite de ingresos determinado reglamentariamente”.En el segundo, “los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España, recibirán asistencia sanitaria de urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, hasta la situación de alta médica; de asistencia al embarazo, parto y postparto. En todo caso, los extranjeros menores de dieciocho años recibirán asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles. En esta situación podrían estar actualmente hasta medio millón de ‘sin papeles’. El límite para ellos es el 31 de agosto, fecha en la que se decreta la caducidad de sus tarjetas sanitarias.

Cartera farmacéutica blindada

La cartera de servicios del SNS que actualmente elabora una comisión del Consejo Interterritorial prevé que las comunidades puedan ampliarla con la financiación correspondiente y justificada. No así con la prestación farmacéutica, que frente a la posibilidad de autonomías díscolas, el Real Decreto blinda las competencias del Gobierno con esta frase: “Con el fin de garantizar el derecho de todas las personas que gocen de la condición de asegurado y beneficiario en el Sistema de un acceso a la prestación farmacéutica en condiciones de igualdad en todo el Sistema Nacional de Salud, las comunidades autónomas no podrán establecer, de forma unilateral, reservas singulares específicas de prescripción, dispensación y financiación de fármacos o productos sanitarios”.

Consejo Interterritorial del Sistama Nacional de Salud
Consejo Interterritorial del Sistama Nacional de Salud

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Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de abril.

5. Con carácter general, el porcentaje de aportación del usuario seguirá el siguiente esquema:

a) Un 60 % del PVP para los usuarios y sus beneficiarios cuya renta sea igual o superior a 100.000 euros consignada en la casilla de base liquidable general y del ahorro de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

b) Un 50 % del PVP para las personas que ostenten la condición de asegurado activo y sus beneficiarios cuya renta sea igual o superior a 18.000 euros e inferior a 100.000 euros consignada en la casilla de base liquidable general y del ahorro de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

c) Un 40 % para las personas que ostenten la condición de asegurado activo y sus beneficiarios y no se encuentren incluidos en los apartados a) o b) anteriores.

d) Un 10 % del PVP para las personas que ostenten la condición de asegurado como pensionistas de la Seguridad Social, con excepción de las personas incluidas en el apartado a).

6. Con el fin de garantizar la continuidad de los tratamientos de carácter crónico y asegurar un alto nivel de equidad a los pacientes pensionistas con tratamientos de larga duración, los porcentajes generales estarán sujetos a topes máximos de aportación en los siguientes supuestos:

a) A un 10 % del PVP en los medicamentos pertenecientes a los grupos ATC de aportación reducida, con una aportación máxima para el 2012, expresada en euros, resultante de la aplicación de la actualización del IPC a la aportación máxima vigente. Dicha aportación máxima se actualizará, de forma automática cada mes de enero de acuerdo con la evolución del IPC. La actualización se formalizará por resolución de la unidad responsable de farmacia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

b) Para las personas que ostenten la condición de asegurado como pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios cuya renta sea inferior a 18.000 euros consignada en la casilla de base liquidable general y del ahorro de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o que no estén incluidos en los siguientes apartados c) o d), hasta un limite máximo de aportación mensual de 8 euros.

c) Para las personas que ostenten la condición de asegurado como pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios cuya renta sea igual o superior a 18.000 euros e inferior a 100.000 consignada en la casilla de base liquidable general y del ahorro de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, hasta un límite máximo de aportación mensual de 18 euros.

d) Para las personas que ostenten la condición de asegurado como pensionista de la Seguridad Social y sus beneficiarios cuya renta sea superior a 100.000 euros consignada en la casilla de base liquidable general y del ahorro de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, hasta un límite máximo de aportación mensual de 60 euros.

7. El importe de las aportaciones que excedan estos montos será objeto de reintegro por la comunidad autónoma correspondiente, con una periodicidad máxima semestral.

8. Estarán exentos de aportación, los usuarios y sus beneficiarios que pertenezcan a una de las siguientes categorías:

a) Afectados de síndrome tóxico y personas con discapacidad en los supuestos contemplados en su normativa específica.

b) Personas perceptoras de rentas de integración social.

c) Persona perceptoras de pensiones no contributivas. cve: BOE-A-2012-5403BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 98 Martes 24 de abril de 2012 Sec. I. Pág. 31298

d) Parados que han perdido el derecho a percibir el subsidio de desempleo en tanto subsista su situación.

e) Los tratamientos derivados de accidente de trabajo y enfermedad profesional.

9. El nivel de aportación de los mutualistas y clases pasivas de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, del Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad General Judicial será del 30 %.»

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