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El presidente del Tribunal Supremo denunciado por presunta malversación

José Yoldi. El País. 9.5.2012.

El vocal del Poder Judicial José Manuel Gómez Benítez denunció ayer ante la Fiscalía General del Estado a Carlos Dívar, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, por considerar que ha podido cometer un delito de malversación de caudales públicos al cargar a los presupuestos de este último organismo gastos de viajes privados, siempre coincidiendo con fines de semana, muchos de ellos ampliados a cuatro días, en hoteles de lujo de Puerto Banús (Marbella, Málaga) y restaurantes caros.

El citado vocal, que ya propuso hace varias semanas un plan de austeridad para evitar despilfarros del organismo en los viajes, presentó ayer un escrito ante el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, en el que explica que el presidente Carlos Dívar endosó al Consejo las facturas de al menos seis viajes no oficiales, todos ellos realizados en fines de semana entre septiembre de 2010 y noviembre de 2011 por importe de 5.658,88 euros y todos con el mismo destino: uno de los hoteles de lujo de Puerto Banús.

Gómez Benítez recuerda en su denuncia que el presidente Dívar “no tiene su domicilio en Málaga, sino en Madrid, y no consta en los expedientes [cuyos datos ha puesto a disposición de la Fiscalía] actividad oficial alguna que los motive, y que estas actividades no suelen tener lugar los fines de semana”.

Señala también Gómez Benítez que los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención de los escoltas del presidente del Consejo General del Poder Judicial (entre cinco y siete agentes) por estos viajes ascendieron a 26.741,85 euros y que, aunque “deben legalmente ser cargados al presupuesto del Consejo, se incluyen en el escrito porque son indicativos del gran costo que estos desplazamientos de fines de semana con tan elevado número de escoltas suponen para la Hacienda Pública”.

El escrito de Gómez Benítez precisa que la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado solo abarca a estos seis viajes, no porque no haya más desplazamientos de fin de semana a la ciudad de Marbella entre septiembre de 2008 y septiembre de 2010 y posteriores a noviembre de 2011, sino porque, a pesar de que el vocal solicitó formalmente a los órganos del Consejo la documentación correspondiente, todavía no le ha sido proporcionada.

Si el fiscal general del Estado considera que los hechos denunciados son constitutivos de delito, deberá presentar una querella ante la Sala Segunda del Supremo, que es la competente para instruir un proceso contra el presidente del propio Supremo y del Consejo del Poder Judicial.

Los hechos descritos podrían constituir un delito del artículo 433 del Código Penal, que sanciona con multa de 6 a 12 meses y suspensión de empleo o cargo público entre 6 meses y 3 años a la autoridad que destinare a usos ajenos a la función pública los caudales o efectos puestos a su cargo por razón de sus funciones.

Los viajes a los que hace referencia la denuncia se efectuaron entre abril de 2010 y noviembre de 2011. Las estancias lo son por al menos cuatro días, esos amplios fines de semana que en el Consejo del Poder Judicial se conocen ya como “semana caribeña” y alguno de sus vocales ya ha denunciado antes.

Además, llama la atención que aunque Carlos Dívar se desplaza en AVE, clase club, de Madrid a Málaga y de nuevo regreso a Madrid, luego llega a emplear en su séquito hasta tres coches oficiales en Marbella, que obviamente se habían desplazado previamente por carretera.

También es muy llamativo que prácticamente todas las noches durante esos fines de semana, Dívar tiene cenas protocolarias o de representación y que siempre son únicamente para dos personas en restaurantes de lujo.

Aunque desde Presidencia se incorporó al expediente una nota con los supuestos motivos de los viajes, Gómez Benítez señala en el escrito que tanto la nota como los justificantes de esos gastos han sido retirados.

El vocal hace constar que “tan solo la imposición de la Cruz de San Raimundo de Peñafort al entonces presidente de la Audiencia de Málaga, que tuvo lugar el viernes 25 de marzo de 2011, y la III Ronda de Talleres de la Cumbre Judicial Iberoamericana, que inauguró el presidente el lunes 14 de noviembre de 2011, responden a actos oficiales acreditados. Las Jornadas Jurídicas Malacitanas, que tuvieron lugar el jueves y viernes 10 y 11 de noviembre, son un evento privado, cuyos gastos fueron costeados, según consta en la nota, por la entidad patrocinadora”.

Este periódico preguntó a Gómez Benítez la razón de que presentase ahora esta denuncia. “Lo he puesto en conocimiento del fiscal general del Estado porque tengo la obligación legal de hacerlo”, respondió. “Y no quiero que nadie sospeche que estoy encubriendo este tipo de conductas una vez que se sabe que tengo conocimiento de las mismas”, precisó.

El vocal aseguró: “En mi denuncia hay datos que ponen de relieve conductas más propias de personajes de una monarquía bananera que de un país moderno que se encuentra además en serias dificultades económicas”.

Ahora, la función de investigación le corresponde al fiscal general del Estado y él deberá decidir si los indicios son suficientes para iniciar una causa penal. El caso podría llegar a provocar el cese de Dívar, bien por renuncia o por decisión de tres quintos de los miembros del Consejo.

Gómez Benítez es vocal del Poder Judicial elegido a propuesta del PSOE. Dívar es presidente del Consejo y del Supremo a propuesta del Gobierno socialista que presidía José Luis Rodríguez Zapatero previo acuerdo con el Partido Popular.

El cese de un presidente del Supremo y del Poder Judicial se puede producir, según establece el artículo 126 de la ley que regula el funcionamiento de este organismo, “a propuesta del pleno del Consejo, por causa de notoria incapacidad, o incumplimiento grave de los deberes del cargo, apreciada por tres quintos de sus miembros”.

“Tengo los recibos”

J. Y.

“Tengo los recibos y los puedo presentar”. Así de tajante se mostró el presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, cuando EL PAÍS le llamó para que ofreciera su versión de los hechos sobre la denuncia presentada por el vocal José Manuel Gómez Benítez de que cargó a los presupuestos del Consejo los gastos de viajes privados que había realizado a hoteles de lujo de Puerto Banús.

Dívar indicó que no conocía la existencia de la denuncia, ni el fiscal general del Estado le había llamado para comunicarle su presentación, pero aseguró que las facturas de sus gastos por viajes privados las había pagado él.

Cuando se le expuso que no se refería a viajes oficiales, sino a desplazamientos privados realizados en fines de semana de cuatro días a Marbella, el presidente del Tribunal Supremo afirmó: “No es cierto que haya cargado gastos privados al Consejo. Los he pagado yo. Tengo los recibos y los puedo presentar”.

Carlos Dívar señaló que “los actos oficiales son distintos, lo otro lo he presentado perfectísimamente”.

Cuando este periódico quiso precisar si él consideraba privados u oficiales los seis viajes cuyos gastos se denuncia que se han cargado al Consejo, Dívar dijo: “En este momento no tengo la lista, pero se podría mirar”.

Fuentes del Consejo añadieron ayer que esos gastos “fueron fiscalizados por la interventora del Estado”. El fiscal deberá ahora comprobarlo.

Fuente: El País

Imagen de portada: Google Images

5 Comments

  1. MaríaDinamita
    MaríaDinamita 9 mayo, 2012

    Ya empezamos a divisar la corruptela que se mueve por las altas instancias del Poder Judicial. Ahora entiendo las ridículas condenas impuestas a la corrupta casta política. Se aprueban leyes que apenas penalizan estos actos a los que son tan aficionados nuestros políticos (malversación de fondos, falsedad documental, apropiación indebida…) y, por contra, se hiper-penalizan a los que roban la barra de pan o despeinan al politicucho de turno. Ahora les ha tocado a la casta judicial de sumarse al clan de los corruptos. Gente con gente…

  2. asun
    asun 9 mayo, 2012

    Cada vez que sale a la luz un caso de este tipo por altos cargos, políticos, amiguetes y rey y/o familia, etc. me coge un cabreo, porque es que veo que este país no va a salir de lo que és “país bananero” porque no se castiga para nada, más bien los premian y al pueblo llano cada vez menos derechos y más vigilados para que nadie se pase ni un pelo. Cuánto corrupto…..Iba a decir si esto no lo ven los de Bruselas, pero que van a decir si ellos están haciéndolo peor. Expolian al 99% para enriquecer al 1%.

  3. Fernando 2º
    Fernando 2º 9 mayo, 2012

    Santas palabras las de Sánchez Gordillo ya hace unos años: “En España la Justicia es un cachondeo”.

    Un saludo amig@s

    POR UNA NUEVA CONSTITUCIÓN, YA

    • Carlos
      Carlos 9 mayo, 2012

      Si no recuerdo mal, el padre de la frase fue el alcalde de Jerez, Pedro Pacheco.

      Y visto lo visto, se quedó corto.

  4. Indignado
    Indignado 10 mayo, 2012

    Estamos manteniendo una oligarquía de politicuchos, jueces, reyezuelos y cualquier mamón o mamona con carnet de partido.
    A saber los “arreglitos” que habrá hecho este juez ladrón y otros como el del poder judicial, con la cantidad de delitos políticos y no hay ni uno en la cárcel.
    País bananero, hay que dar la vuelta al calcetín, con medio millón de políticos en nomina más los amiguetes metidos en las miles de empresas públicas, con sueldos de menistros, es como si nos hubiera invadido en todos los hogares de España una bandada de cucos insaciables, y el rey matando osos borrachos o elefantes en África, con la de animales invasores chupasangres que hay por aquí sueltos.

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