Pulsa "Enter" para saltar al contenido

25S. El derecho fundamental de resistencia a la opresión y el artículo 10 de la Constitución Española

Jesús Díaz Formoso | Iniciativa Debate | 21/09/2012

Algunos apuntes en relación al escrito de la Comisión legal de Sol.

En realidad se trata de Delitos contra la Libertad (coacción). En este caso, contra la Libertad del Legislador, que no debe ser violentado en el ejercicio de su función pública. Eso es lo que hacen las Corporaciones, si bien no mediante convocatorias ciudadanas, sino mediante el ofrecimiento de fondos por medio de “Lobbys”. El Lobbing es la forma más sutil de coacción. Pero se acepta que tales acciones resulten impunes.

Pero nosotros no vamos a coaccionar a nadie. No somos un Lobby corporativo (que por definición carece de Derechos Fundamentales, pues no se trata de una Persona Física) Somos ciudadanos, Seres Humanos, titulares de derechos Fundamentales, que en lugar de repartir dinero, reclamamos del legislador el cumplimiento de la Constitución, así como de sus compromisos electorales.

Vamos a pedir cuentas a una pandilla de Sediciosos (vid http://www.definicionlegal.com/definicionde/Sedicion.htm ) que se ha apropiado mediante la violencia y la intimidación, de nuestras instituciones, pervirtiendo el orden constitucional mediante la constante vulneración de nuestros Sagrados Derechos Fundamentales, lo que pone en juego el ejercicio de nuestro DERECHO FUNDAMENTAL DE RESISTENCIA A LA OPRESIÓN:

El Derecho de Resistencia a la Opresión fue incluido de forma expresa en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, que en su Segundo Parágrafo establece:

“La finalidad de todas las asociaciones políticas es la protección de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre; y esos derechos son libertad, propiedad, seguridad y resistencia a la opresión”.

También podemos encontrarlo en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776, que en su párrafo más famoso declara:

“Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad”.

El Derecho de Resistencia a la Opresión encuentra también expresión en la vigente Constitución Española de 1978, así su Artículo 10, 1º declara:

“La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”.

Recalco el inciso final: SON FUNDAMENTO DEL ORDEN POLÍTICO Y DE LA PAZ SOCIAL.

Es decir, al manifestarnos frente al Congreso estamos ejercitando un derecho; precisamente el derecho a resistir las agresiones que a nuestros derechos humanos se realizan por parte de los sediciosos, sediciosos que no son solo los legisladores, las autoridades o el gobierno, sino que en la autoría de este delito han de ser incluidos también banqueros, periodistas, representante sindicales, y cualquier otra persona que colabora activamente a la destrucción de nuestro Estado de Derecho mediante esta derogación delictiva del catálogo de nuestros derechos fundamentales, que constituyen la esencia y el fundamento de nuestro orden constitucional. LOS DELINCUENTES SON ELLOS.

Saludos

Jesús Díaz Formoso
Abogado

Desde la “Comisión Legal Sol” consideramosquelas asambleas del 15-M han de tener cierta información jurídica de cara a la convocatoria del próximo día 25 de septiembre, cuyo ámbito espacial de desarrollo tendrá lugar en los alrededores del Congreso de los Diputados.

Partimos del hecho deque todo acto dedesobediencia civil implica el pleno conocimiento delas consecuencias del mismo por parte de los que lo lleven a cabo, por tanto, el objetivo deeste informe no es elde fomentar la desmovilización, ni elde entrar a valorar la oportunidad o la dinámica del proceso que ha llevado a la convocatoria del 25-S, sino tan sólo informar a las asambleas, desde un punto de vista estrictamente técnico-jurídico, sobre lo queel Código Penal del Estado español dice a cerca de los aspectos concretos que pueden afectar a dicha convocatoria:

Partimos a su vez de la premisa deque, independientemente de cómo se acabe perfilando la acción del 25s, esta tendrá en todo casoun carácter noviolento. De esta manera quedaría descartada toda referencia a los delitos de Rebelión (art. 472 y ss. del Código Penal) que requieren deun “alzamiento público y violento” que no se da en esta convocatoria además que parece especificamente pensado para un golpe decaracter militar
Tal y comose plantea la convocatoria, podría implicar la comisión de alguno de los delitos contra lasinstitucionesdel Estado:

* El artículo 494 del Código Penal sanciona con pena de prisión de 6 meses a 1 año, o multa de 12 a 24 meses a quienes promuevan, dirijan, o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones ante las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o deuna Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, cuando estén reunidos, alterando su normal funcionamiento.

Sin duda entendemos que éste es uno de los artículos que refleja más fielmente la protesta que viene planteada para el próximo día 25 de septiembre, puesto quese dan los siguientes elementos:

1.Se trata de una manifestación o reunión ante la sede del Congreso.

2. El 25S las Cortes estarán reunidas, pues en dicha fecha hay reunión plenaria.

A lo que habría que añadir, para la comisión del delito que:

1) La manifestación o concentración debe alterar el normal funcionamientodelas cortes.

2) Se castiga únicamente a quienes promuevan, dirijan o presidan dichos actos. Quedando excluidos los ciudadanosque simplemente acudan y participen en dicha convocatoria pacíficamente.

Para quese cometa el delito han de darse simultáneamentelas cuatro circunstancias anteriormente señaladas, y no sólo las dos primeras, por lo que bastaría que la convocatoria discurriese de manera pacifica y sin obstaculizar el acceso de los diputados a la sede del Congreso o perturbar el normal discurrir de la sesión del pleno para que no pudiera imputarse este delito a quienes promuevan, dirijan o presidan dichos actos, insistimos.

Y en cualquier caso, debe advertirse quelas penas privativas de libertad señaladas para este delito no supondrían, en principio, ingreso en prisión conforme a lo dispuesto en elart. 81 del Código Penal.

* En segundo lugar, debemos aludir al artículo 495, que castiga con penas de prisión de 4 a 5 años a quienes, sin alzarse públicamente, y portando armas u otros instrumentos peligrosos, intentasen penetrar en las sedes del Congreso, para presentar en persona o colectivamente peticiones.

Este delito, sólo se cometería utilizando instrumentos y actos violentos (armas u otros instrumentos peligrosos). No cometerían dicho delito, por tanto, quienes en persona o colectivamente presentasen deforma pacífica sus peticiones porescrito, en el Congreso.

* En tercer lugar, el artículo 497 sanciona con pena de prisión de 6 meses a 1 año, a aquellos ciudadanosque perturben gravemente elórdendelas sesiones del Congreso de los Diputados.Si la perturbación no fuese grave, la pena se reduce a multa de seis a doce meses.

De este artículo tenemos que destacar dos cosas:

1) A diferencia de lo que veíamos con el tipo del artículo 494, este tipo penal se dirige ya no contra los convocantes, sino contra cualquier persona no miembro del Congreso, es decir, que en él podríamos incluir a los ciudadanosque acudan y participen en los actos del 25S.

2) No obstante, el tipo se está refiriendo a unaperturbacióndel orden que ha de darse dentro del hemiciclo, dado quese refiere al orden de sesiones.

Entendemos, por tanto, quedifícilmente sería causa deperturbacióndel orden delas sesiones una protesta pacífica en el exterior.

* Por último, hemos de reseñar queelart. 498 CP castiga con penas de prisión de 3 a 5 años, a quienes empleen fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave para impedir a un miembro del Congreso asistir a sus reuniones, o por los mismos medios, coarten la libre manifestación desus opiniones o la emisión desu voto.

En este caso, las penas previstas para los responsables de tales actos sí que son graves, siendo la mínima de 3 años de prisión, no pudiendo en caso de condena accederse a su suspensión.

Entendemos que éste es otro de los artículos que afecta directamente a la protesta convocada para el próximo día 25 de septiembre, dado que afecta a las acciones a practicar antes del inicio de sesiones en el Congreso. Sin embargo, no se comete el delito si no se emplea fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave para impedir la entrada al recinto.

En todo caso, desde la Comisión Legal consideramos que todo ejercicio de un derecho fundamental como es el de reunión, llevado a cabo de manera noviolenta y responsable, y sin que implique la comisión de delito alguno, debe ser no sólo respetado, sino también protegido por las propias Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de un Estado que se presupone democrático.

Fuente: http://madrid.tomalaplaza.net/2012/09/19/breve-informe-sobre-aspectos-legales-de-la-convocatoria-del-25-s/comment-page-1/#comment-33815

Imagen de portada: google images

Sé el Primero en Comentar

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *