¿Dónde vive la justicia? Si alguien lo sabe que nos lo diga. Caso 25-S y Cristina Cifuentes

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Paco Bello | Iniciativa Debate | 19/11/2012

Somos plenamente conscientes de la imposibilidad, aún agotando todas las vías legales, de alcanzar nuestro objetivo principal que no es otro que la justa imputación de la delegada del gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, por los hechos que ya expusimos en su momento. Sin embargo sí aspiramos a que al menos muchas personas consigan entender con la misma claridad que nosotros, que este sistema está absolutamente podrido y blindado ante la razón y contra el pueblo.

Perder la esperanza por ver argumentado y documentado el desamparo y la desigualdad no es negativo, siempre que activemos alternativas que impriman nuevos motivos para merecerla. Lo importante es pensar que cuando una puerta se cierra, si no tenemos más remedio que pasar, el ingenio y la necesidad abrirán otras puertas más grandes y más directas.

Todo llegará, è così. Entretanto, os expongo lo que ha ocurrido con el recurso que presentamos al auto de archivo de la causa del 25-S.

Parece que el instructor de dicha causa; ese que parecía tan majo y sensato: Santiago Pedraz, ha sufrido una curiosa mutación, y ya no es tan justo, majo o sensato. Y del nuevo auto se infieren cosas tan bonitas como que, en definitiva, somos unos clientes advenedizos intentando formar parte de una justicia a la que no hemos sido invitados.

Nosotros le hablamos de flores y él nos habla de la sustanciación del alma. Nosotros pedimos que se impute a un cargo público presentando algo más que indicios, y él nos dice que ya estamos exonerados… ¡joder! ¿qué parte no habrá entendido el Sr. Juez? ¿Por qué nos lleva a este diálogo de besugos? ¿De verdad creerá que así nos confunde?

Vamos a ver, Santiago… si nosotros (repito por si no lo entiendes) no queremos que nos re-imputen, sino que te decimos que si admitiste a trámite la investigación de un presunto delito por un tipo penal que además exigía hechos consumados (“alterar el normal funcionamiento” era algo imposible cuando tú lo admitiste a trámite) y por tanto contra toda lógica, y estando porque así lo quisiste el caso en tus manos, debes continuarlo, pero con mucha mayor razón, porque ahora sí existen motivos reales y no hipotéticos como aquellos por los que debiste (y que tú sabrás cuáles son) aceptar el caso. Pero, repito: no contra nosotros, sino contra otras personas que por su cargo y responsabilidad sí merecen ahora la atención de alguien que de verdad tuviera vocación de juez.

Con todo, y sabiendo que seguro lo entiendes incluso mejor que cualquiera, lo que es de lo más insultante es el hecho de espetarnos sin rubor que el proceso era, en pocas palabras, para juzgarnos a nosotros y no el hecho en sí (o algo peor). Y yo toda la vida pensando que lo que se juzgaban eran delitos sin importar quién era el acusado… pobre ingenuo.

Todo esto me da mucho que pensar. Si escribiera ahora una novela, sin duda versaría sobre el poder monolítico de un sistema que cuenta con un magnífico elenco de actores que cubren todo el espectro interpretativo y cuya versatilidad, les permite pasar de protagonista a extra o especialista dependiendo de las necesidades de su dinámico guión. Igual me animo a hacerlo algún día.

Esto es la consideración que merece para Pedraz la justicia que exigimos:

Sin perjuicio de que como señala el Ministerio Fiscal el recurso no debería sustanciarse, dado que los recurrentes no dejan de ser sino imputados pretendiendo ahora convertirse en acusación y respecto de otros no hechos no competencia de esta Audiencia Nacional, pervirtiendo de esta forma el proceso, pues, en definitiva, la causa respecto de los mismos ha sido archivada, por lo que resulta incoherente pretender otra cosa que no sea su exculpación. Y ello sin perjuicio de que si lo estiman, ejerciendo las correspondiente acción ante los juzgados oportunos, puedan denunciar esos “otros” hechos ante ellos”, resuelvo no haber lugar a reformar el auto de fecha bla, bla, bla.

No entraré en más detalles, ni a valorar los argumentos de un ministerio fiscal que olvidó su cometido hace mucho tiempo y hoy no es otra cosa que el fiel cancerbero del poder establecido. Pero sí quiero dejar claro que no nos vamos a rendir, pero con el único objetivo de desenmascararos ante esa parte de la opinión pública que aún cree en vosotros.

Dicho esto, quiero pediros a todos que nos ayudéis, tanto en la difusión de lo que vaya ocurriendo, como en aquello que sea de utilidad para darle mayor peso a la demanda. Sin esto todo el esfuerzo que hagamos no servirá de nada.

Quisiera comentaros también a las personas que ya os sumasteis a la denuncia, que vamos a necesitar seguir contando con vuestro apoyo, y de nuevo os pediremos que hagáis papeleos. Lo aclararemos en un artículo aparte.

Os dejo el documento del nuevo recurso de apelación, porque no tiene desperdicio. Si alguien tiene dudas, seguro que los abogados podrán aclarárselas aquí mismo en los comentarios. [Texto]

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53 Comentarios

  1. Jose Ignacio Compañeros tertulianos aunque hasta ahora es como si nadie me hubiera leido aquí o contestado Voy a intentar agregar algo al tema de la justicia y las tasas y la ruina para los abogados y como funciona los financiadores de pleitos en USA que planteaas ya que en parte soy ciudadana de allí. La mayoria de las veces al leer los posts, que se ponen, me vienen frases de la sabiduria popular española como “marear la perdiz” el que mucho abarca nada recoje, “no te andes por las ramas” “por los frutos los conocereis…. Posteamos quejándonos de que Tenemos los frutos envenenados y corruptos” ponemos acciones legales para parchear esos frutos y no investigamos y DEBATIMOS, al ver lo enfermo que esta el arbol, en las razones que han posibilitado para que la raiz este podrida y su tierra envenenada por demasiadas larvas o gusanos.

    Ante muchos arboles con frutos enfermos, lo que cualquier jardinero haría es UTILIZAR HERRAMIENTAS, para airear la tierra e implantar los depredadores naturales LOS CONTRAPESOS. Los españoles hemos consentido que esas herramientas y esos contrapesos para mantener LIMPIA LA TIERRA, no esten en nuestras manos, !y eso que los compramos hace ya mas de 2 decadas! Pidamosnos y pongamosnos a aplicar las herramientas. Corrijamos el SISTEMA JUDICIAL, quitemos todas las larvas que lo estan pudriendo, !Tengamos un vigilante activo y no preocupado por sus propias impunidades.

    Y volviendo a lo de las tasas y USA. Allí, a nivel ciudadano o cuando esta en juego 200 millones o así, no hay juez, fiscal, que se atreva a dejarse manejar NI POR NINGUN TRAFICO DE INFLUENCIAS, CON LLAMADITAS, NI POR NINGUN SOBORNO, porque cuando un ciudadano tiene una sentencia prevaricadora simplemente va a los contrapesos existentes para que investiguen y fiscalicen ese juez y al final si hay corrupcion se tendra que enfrentar a un jurado popular. Y así cuando llevas a un abogado pequeño o grande un caso con pruebas o sea CLARO TE LO COJE AUNQUE SEA A TANTO POR CIENTO, porque sabe que ningun juez se va a atrever a IR CONTRA LAS PRUEBAS O MENTIR PARA FUNDAMENTAR SU ARGUMENTACION arbitraria sobre los datos facticos que lee en esas pruebas. En España, ningun abogado te cojera nada a tanto por ciento aunque este tu caso probado por pruebas, porque SABEN QUE SE DARAN CONTRA LA PARED, sobre todo si hay millones en juego. Las tasas es lo de menos y en eso tiene razon Jesus, lo DE MAS SON LAS COSTAS. Aqui en España con el negocio de la corrupcion judicial (por cierto necesaria para el libre desarrollo de la Politica) cuando un ciudadano es estafado por muchos millones no va ya al juzgado porque sabe que como hay tanto en juego, facilmente e impunemente puede pasar demasiado frecuentemente que la resolucion del juez contraria a las pruebas le haraá perder y entonces ademas de los millones que pierda, tendra que pagar las costas que pueden ser de mas de 70000 euros.

    Mi consejo a los abogados es que copien el sistema de otras democracias que EXIJAN YA la implementacion de LOS CONTRAPESOS (si no los sabeis me los podeis preguntar) y que tal como hacen en USA cuando vean una resolucion prevaricadora EN CIA DE SU ASOCIACION DE ABOGADOS, obliguen a “la fiscalización independinete” su investigacion e instrucción y así mantienen LIMPIO EL SISTEMA JUDICIAL, para siempre TENER TRABAJO porque el ciudadano confía en la justicia.

  2. Estimados contertulios, si alguno tenéis contactos en el extranjero y os parece bien, me gustaría que difundierais esto, para que por ahí se sepa lo que de verdad está pasando en España.

    Gracias,

    JI

    The protests and subsequent riots that took place in front of the Spanish Parliament on the 25th of September are still echoing.
    The “Occupy Congress” protest came as the annual State Budget for 2013 was being debated in Parliament. After some scuffles, the riot police scattered the protesters and chased some of them into the nearby Atocha railway station, where they recklessly hit both protesters and commuters waiting for their trains at platforms and even fired rubber bullets at them.
    But the police action was not controversial only on the grounds of the indiscriminate violence displayed at such a dangerous place as a railway station. Right after the incidents, the images taken by some journalists and amateur photographers raised suspicions that plain-clothes police officers might have staged attacks on the riot police to spark the incidents that led the police forces to split up the crowd (see links below).

    http://www.youtube.com/watch?v=h2jlOQqaf6k

    The authorities were quick to react to those suspicions, as the day after a Government official suggested that, for security reasons, taking photographs at demonstrations should be banned. However, the reaction from journalists associations, civil-rights activists and the legal professions was so hard – this is not the first hint from the Spanish Government that some rights in connection with public protests might be restricted – that the Government seem to have discarded that idea. At least officially so.
    However, some amateur photographers and professional journalists have recently received summons indicating that administrative proceedings have started which could lead to 300€ fines being imposed on them. The charges are obstructing the police action and refusing to provide their ID documents at the request of the riot police, whose action they were recording at Atocha railway station during the incidents.
    “If I failed to identify myself, how is it that I have received a summon?” claims the journalist Alejandro López de Miguel, commenting on one of the videos below:
    http://www.revistapensamientocritico.es/search/label/Opini%C3%B3n
    http://www.revistapensamientocritico.es/2012/11/lo-unico-que-yo-estaba-haciendo-alli.html
    Actually, if you look at them you will hear the police officers’ voices insistently ordering the camera-holders to turn them off. As one of them politely asks a policeman to identify himself – “will you please give me your ID details?” – the officer threateningly retorts: “I’m going to give you something else…!” Notably, Spanish riot police don’t bear their ID plates in a visible place, as opposed to their colleagues in many other European countries.
    On the other hand, trade union representatives have complained that the administrative-sanction proceedings initiated in connection with demonstrations over the last six months largely outnumber all those implemented since Franco’s death, back in 1975.
    By the looks of it, the Spanish Government want to give foreign lenders and investors the message that our laws will give them a beneficial position (see http://escritodesdelastripas.wordpress.com/2012/11/23/message-in-a-bottle-spain-watch-more-on-a-dwindling-state-of-law/) and that their interests will be “fiercely” – a truer word was never said – protected.
    Probably, international human rights organizations should consider closely monitoring further developments in Spain, before it is too late.

    José Ignacio Andolz Munuera

    Fuente: http://escritodesdelastripas.wordpress.com/2012/11/29/message-in-a-bottle-spain-watch-no-photographs-please/

  3. Estimados contertulios, os pido que inundéis al Consejo General de la Abogacía con correos electrónicos con el mensaje que figura a continuación, basado en otro que ha preparado la abogada Verónica del Carpio.

    Se trata de que el CGAE inste a los Colegios de Abogados que aún no lo han hecho a rebelarse contra este golpe de estado legal que son las tasas.

    Gracias,

    JI

    D. CARLOS CARNICER – Presidente del Consejo General de la Abogacía Española: presidencia@abogacia.es

    Asunto: Proyecto de Orden de HAP por el que se aprueba el nuevo modelo 696 de tasa judicial.

    Estimado Sr.,
    Adjunto enlace al proyecto de la Orden de aprobación del modelo de autoliquidación de la nueva tasa judicial. La Orden Ministerial que la apruebe será publicada en unos días, para su inmediata entrada en vigor:
    http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Normativa/Normas_en_tramitacion/Proyecto_de_Orden_por_la_que_se_aprueba_el_modelo_696__/Proyecto_de_Orden_por_la_que_se_aprueba_el_modelo_696.shtml

    Como ciudadano, y en aras al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que la institución que Vd. representa debe defender, le pido que el Consejo General de la Abogacía interponga recurso contencioso-administrativo contra dicha Orden y solicite la suspensión cautelar de la ejecutividad de la misma, tan pronto como ésta sea publicada.

    Asimismo, aprovecho para pedirle que el CGAE aúne voluntades para que todos los Colegios de Abogados de España que no lo han hecho todavía lleven a cabo las siguientes actuaciones, que ya han puesto en práctica varios Colegios:

    • Que, como han hecho todos los Colegios de Abogados de Cataluña, se pida formal e institucionalmente por todos los demás Colegios la dimisión del Sr. Ministro de Justicia.

    • Que, como ya han hecho todos los Colegios de Abogados de Canarias y, al parecer, van a hacer otros de inmediato, se proceda formal e institucionalmente por todos los demás Colegios a declarar Sr. Ministro de Justicia ”persona non grata”.

    • Que, como el Colegio de Ourense, todos los Colegios cuelguen una pancarta alusiva en su sede y que, como tantos otros Colegios han hecho ya, convoquen a los colegiados a una manifestación inmediata.

    Atentamente,

    Fdo.: NOMBRE, DOS APELLIDOS Y DNI

    • No te preocupes, José Ignacio, los niños están durmiendo…
      Algún calificativo habrá que dar a este comportamiento indecente y, por otro lado, un desahogo, que es lo poco que nos queda: derecho al pataleo.

    • Lo más probable es que sea una tontería que se me ocurre (las tonterías de la persona que opina sobre algo que desconoce); a pesar de todo la expongo:
      Supongamos que los bancos se asustaron cuando Europa, por fin, dio el visto bueno al rescate financiero español (me refiero a los los bancos con problemas).
      En estas entidades aparecen pequeñas o grandes cantidades colocadas en bonos preferentes (parece que se llaman) y otro tipo de bonos de alto riesgo. Al parecer, no solo el banco, sino también los clientes, propietarios de dichos bonos, resultarán perjudicados (no podrán rescatar la totalidad de sus depósitos).
      ¿Qué hubiera pasado si, los clientes que se sienten ‘estafados’ (muchos miles, tal vez), hubieran presentado un recurso ante el juez para recuperar su dinero?
      Seguramente hubieran producido un cataclismo ¿financiero? Ante eso, se adelanta y establece la ley de tasas. Pudo pensar el gobierno, presionado por los bancos, que este mecanismo disuadiría a muchos pequeños impositores-ahorradores presentar recursos, con lo que se ahorrarían un montón de dinero.

      • No es ninguna tontería, Braulio. Sin duda uno de los efectos que el Gobierno busca con las tasas es el de disuadir de posibles demandas contra bancos y una fuente potencial de ellas son las preferentes. De hecho ya hay varias sentencias señeras que han anulado los contratos de preferentes por vicios del consentimiento de los clientes (es decir, engaño a los mismos por falsa información o desinformación). La única duda que me plantea lo que dices es lo de el “cataclismo financiero”: realmente no sé si el montante que representan las preferentes contratadas por pequeños ahorradores puede suponer un riesgo para los bancos.

        En cualquier caso, como dice la Biblia: “Por sus hechos los conoceréis”. ¿A quien benefician las tasas?: pues está claro, a grandes empresas de todo tipo incluyendo, por supuesto, a los bancos.

        Un abrazo,

        JI

      • Me refiero al cataclismo financiero de la banca española (y al pueblo español, porque si es este, en definitiva, el que tiene que hacer frente al rescate con más recortes, me dirás):
        Si, además de las pérdidas que supone devolver el rescate con sus intereses, más el negocio fallido que hicieron, tienen que devolver el importe íntegro de los depósitos en preferentes, les supondrá a los bancos un desembolso importante, digo yo.
        Meses pasados, saltó a los medios de comunicación el movimiento de asociaciones de indignados por estafas y engaños a que habían sido sometidos; títulos expedidos con fecha de rescate de los depósitos para el año 2250, o algo parecido.
        Como muy bien dices, ya ha habidos sentencias al respecto que favorecen al cliente. Me imagino que tratarán de cortar esa sangría.
        Y, como esta, otras situaciones parecidas.

  4. Ya que “el personal” se está aficionando a los temas jurídicos – ¡qué remedio!, ¿no? – me permito sugerir la lectura de este extraordinario artículo.

    Un abrazo,

    JI

    http://veronicadelcarpio.wordpress.com/2012/11/26/por-que-las-tasas-judiciales-perjudican-directamente-a-los-desahuciados/
    Por qué las tasas judiciales perjudican directamente a los desahuciados
    26 de noviembre de 2012 in Sin categoría | Etiquetas: Administración de Justicia, bancos, cuánto cuesta un pleito, Derecho del Consumo, desahucio, ejecución hipotecaria, ley de tasas, tasas judiciales

    Este post tiene por objeto poner de manifiesto la inadmisible incoherencia del Ministerio de Justicia en un punto concreto: la protección de los deudores hipotecarios; de los “desahuciados“. Utilizaré la terminología de “desahuciados” y “desahucios”, incorrecta jurídicamente, pensando en el lego en Derecho. Denominación correcta: deudor hipotecario (aquel a quien le ejecutan la hipoteca por no pagar un préstamo hipotecario), procedimiento de ejecución hipotecaria (el pleito que interpone la entidad bancaria para “ejecutar la hipoteca”) y lanzamiento (el desahucio, el desalojo del inmueble hipotecado previa subasta o adjudicación del inmueble al banco).
    En dos normas dictadas en las mismas fechas, con planteamientos absolutamente divergentes
    • en una, el Real Decreto 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios se pretende proteger a los “desahuciados”
    • y en la otra ley, la Ley 10/2012 de Tasas judiciales, aprobada el día anterior,
    o se sigue manteniendo que esos mismos “desahuciados” paguen vía condena en costas las tasas judiciales abonadas por el banco al demandar, incluso con un pequeño aumento
    o y además, como impactante novedad, se les impide defenderse en el otro pleito posterior que la vigente ley obliga a plantear el ejecutado, incluso ya tras ser desahuciado, si su contrato es abusivo y quiere evitar que la deuda quede ya definitiva
    Aquí se impone una brevísima explicación de cómo es el procedimiento de ejecución hipotecaria. El banco demanda (ejecuta la hipoteca) ante el impago del crédito. El procedimiento es muy rígido y expeditivo. El ejecutado puede oponerse solo por motivos muy concretos; cualquier otro motivo de oposición no puede discutirse en este procedimiento. El ejecutado deudor del préstamo no puede, antes de la ejecución, impugnar la cuantía exigida por vía ejecutiva, o alegar que el crédito hipotecario prevea intereses abusivos, o que el contrato establezca cláusulas contrarias al Derecho del Consumo.
    Por tanto, la ley obliga a que haya un SEGUNDO pleito que tendrá que interponer contra la entidad bancaria el ejecutado que desee discutir algo eso, y por tanto reducir la deuda: un “procedimiento declarativo” que sí permite plantear si el préstamo es o no acomodado al Derecho del Consumo; si bien el “procedimiento declarativo” no impide que prosiga el procedimiento ejecutivo, por lo que el deudor habrá perdido el bien gravado con la hipoteca, su piso, para cuando recaiga la resolución en el procedimiento declarativo. Está en estos momento en discusión en el Tribunal de Justicia Europeo si esa limitación de defensa que impide al ejecutado alegar en el procedimiento hipotecario y obliga a un pleito distinto que sin embargo no paraliza el “desahucio” contradice la normativa europea.
    Pero aunque hay indicios de que en efecto el procedimiento ejecutivo español no se acomoda a la normativa europea, lo cierto es que éste es el sistema actual, y lo seguirá siendo hasta que en su caso sea declarado contrario a la normativa europea por el Tribunal de Justicia Europeo, o lo modifique el legislador español. No todo desahuciado interpone ese procedimiento, por la sencilla razón de que no todos los contratos de préstamos hipotecarios son abusivos, y sobre todo porque demandar cuando ya no se va a recuperar la casa, aunque se tenga derecho a una deuda inferior o haya otros motivos, es muy duro.
    En definitiva, el ejecutado que quiera defenderse, y no conformarse con la deuda si es, por ejemplo, resultado de intereses abusivos, sigue necesitando un segundo pleito, interpuesto por él, además de sufrir el pleito que formula el banco contra él y que acaba de todas formas con él en la calle.
    Y ahora explico qué medidas de protección a los deudores hipotecarios, “desahuciados”, acaba de aprobar el Gobierno.
    En el Real Decreto 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, el Gobierno establece una serie de medidas extraordinarias y de urgente necesidad de protección a los deudores hipotecarios en atención a la grave situación económica por la que atraviesa nuestro país. El Real Decreto ha sido calificado de insuficiente; no se va a entrar aquí en ello. En lo que aquí interesa, se establece una moratoria en el lanzamiento por dos años, en ciertos caso; es decir, una suspensión inmediata y por un plazo de dos años de los desahucios de las familias (“unidad familiar”) en una situación de especial riesgo de exclusión. Simplificando,
    • se concede tal posibilidad a familias numerosas, monoparentales con dos hijos a cargo, que tengan a su cargo un menor de tres años o algún miembro discapacitado o dependiente; familias en las que el deudor hipotecario se encuentre en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones sociales, o, víctimas de violencia de género.
    • para tener derecho a esa moratoria han de cumplirse determinados requisitos, incluyendo que se trate de la vivienda familiar y tener ingresos que no superen el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, IPREM. El IPREM est para 2012 de 532,51 €/mes.
    • y hace falta además que la cuota hipotecaria resulte superior al 50% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar, o que se trate de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca que recaiga sobre la única vivienda en propiedad del actor y que se haya concedido para la adquisición de ésta.
    Pues bien, se da la paradoja de que el ejecutado que reúna los requisitos para verse beneficiado por este Real Decreto
    • antes de la Ley de Tasas tenía que reembolsar vía costas unas tasas procesales al banco, que ahora incluso han subido, y eso se mantiene porque NO ha sido eliminado por el Real Decreto de protección de deudores hipotecarios
    • y antes de la Ley de Tasas el ejecutado no tenía que pagar tasas en cualquier otro pleito que interpusiera, pues estaban exentas las persona físicas, y ahora tiene que pagarlas por cualquier pleito que interponga, incluyendo el “declarativo” que presente contra el mismo banco para discutir si la deuda era la correcta, si los intereses eran abusivos o si había otras cláusulas contrarias al Derecho del Consumo.
    Tendrá que pagar las tasas, digo, si puede; porque si no puede, y difícilmente podrá alguien en tan precarias circunstancias, se queda definitivamente sin ese pleito segundo, y por tanto sin el derecho a discutir si su deuda estaba correcta.
    Y, por cierto, sin ningún otro pleito, como por ejemplo el que podría interponer para reclamar sus propios créditos contra, por ejemplo, el Ayuntamiento o la constructora que le ha causado la ruina con sus impagos.
    Porque ¿quién tiene que pagar tasa judicial? En caso de personas físicas, TODAS, excepto quienes tengan derecho a justicia gratuita.
    ¿Y quién tiene derecho a justicia gratuita? Exclusivamente, los que ganen más de dos veces el IPREM, en el conjunto de su unidad familiar, por todos los conceptos. Hablamos solo de ingresos; no de gastos, ni de cargas familiares. Si una persona gana en el conjunto de su unidad familiar, más del doble del IPREM, aprox. 1.100€/mes, paga la tasa judicial en igual importe que un millonario o que una multanacional, y ello aunque tenga hijos menores o discapacitados a cargo, sus ingreso provengan de cobrar el paro, o esté asfixiado por la hipoteca.
    ¿Tienen derecho a justicia gratuita, y por tanto a no pagar tasas en este tema o en cualqueii otro si demandan, los que estén en paro? NO ¿Las víctimas de violencia doméstica? NO. ¿Las familias numerosas? NO. ¿Las familias que tienen algún miembro discapacitado o dependiente? NO. ¿Los que tenga una cuota hipotecaria superior al 50% de sus ingresos? NO. ¿Los que tienen hijos menores de tres años? NO. ¿Los que ganan entre el doble y el triple del IPREM? NO.
    Resumiendo, ¿pagan tasas los que se podrian beneficiar del nuevo mecanimo de protección a desahuciados? SÍ pagan la tasa judicial todos ellos, salvo que en el conjunto de su unidad familiar ganen menos del doble del IPREM, 1.100€/mes aprox.
    ¿Y qué paga exactamente un ejecutado en un procedimiento hipotecario?
    Qué sorpresa, que tiene la mala suerte de que paga DOS tasas diferentes, no solo una:
    • una por ser desahuciado, cosa que ya sucedía antes de la Ley de Tasas, con la única diferencia de que pagaba por eso una tasa de importe inferior
    • y otra distinta por demandar él a su vez al banco en el pleito “declarativo ordinario” posterior, es decir, para defenderse, si es que decide hacerlo.
    ¿Qué el desahuciado no tiene dinero para pagar la tasa por defenderse, es decir, para presentar ese segundo pleito? Qué se le va a hacer; se quedará sin defensa.
    ¿Que el desahuciado es desalojado cuando pierde el procedimiento ejecutivo como sucede siempre, porque el procedimiento no permite discutir muchas cuestiones? La tasa que pagó el banco por demandar se le repercutirá al ejecutado en costas. Porque el banco paga tasa por demandarle; aunque, qué curioso, esas tasas son gastos fiscalmente deducibles para el banco, cuando no lo son para los particulares, y a pesar de ello son repercutibles al ejecutado. Ya es mala suerte que hay una cantidad INGENTE de pleitos de todo tipo, en todos los órdenes jurisdiccionales, en los que el que pierde el pleito NO tiene que reembolsar al que gana las tasas pagadas; pero aquí, precisamente, sí es repercutible. Vaya.
    ¿Y de cuánto dinero estamos hablando?
    Supongamos un caso en el que la casa estuviera tasada en su día en 300.000€, valor de tasación. Como el importe de la tasa se calcula por la suma de un fijo que se establece para cada actuación sujeta a tributo, más un variable que depende de la “cuantía procesal” (el valor económico de lo que está en discusión, tal y como lo definen las leyes procesales), el importe de la tasa tiene que ser calculado caso por caso; se escoge el caso de un piso medio, con la valoración del valor de tasación, que es la que dice la ley que ha de tomarse en cuenta.
    • Pleito interpuesto por el banco contra el particular, el que acaba con el desahuciado en la calle (o no, si el desahuciado encajara en los supuestos excepcionales de moratoria por dos años de las nuevas medidas de protección). El banco tiene que pagar por demandar; ya tenía que hacerlo antes de la Ley de Tasas, porque había una ley de tasas anterior que imponía el pago de tasas a empresas de facturación superior a 8M€/año, y la Ley de Tasas que acaba de aprobarse lo que ha hecho ha sido generalizar el pago a todos, personas fisicas y jurídicas, y a todos igual, con independencia de la capacidad contributiva, además de subir las cuantías preexistentes.
    • El banco paga de tasa por demandar: 1.700€.
    • El ejecutado pierde el pleito, que es lo único que puede suceder
    • Su deuda se engrosa con esos mismso 1.700€ que el banco le repercute vía condena en costas
    • Y ello sucede así tanto si encaja en los supuestos excepcionales que permiten que le sea aplicable la moratoria de dos años, como si no encaja y va a la calle de inmediato
    • Pleito interpuesto por el particular contra el banco, “procedimiento declarativo”, para intentar conseguir que se declare que hay claúsulas abusiva, intereses excesivos, etc. Demanda que formularía el particular, y que se quedaría sin interponer si éste no tiene dinero para pagar tasa, quedando por tanto su deuda con el banco firme y definitiva, ya indiscutible:
    • Demanda: 1.800€
    • Suponiendo que pierda y tenga que recurrir en apelación: otros 2.300€; y van 4.100€. El importe de tasa abonado para apelar no es nunca reintegrable vía costas, o sea, que es a fondo perdido
    • Suponiendo que pierda y tenga que recurrir en casación: otros otros 2.700€. El importe de tasa abonado para recurrir en casación no es nunca reintegrable vía costas, o sea, que es a fondo perdido. Total tres instancias: 6.800€
    • Si sumamos estos dos pleitos, el ejecutado que tuviera una casa valorada en 300.000e tendrá que pagar de tasas repercutida en costas 1.700e por el pleito que le pone en la calle; y si además quiere defenderse tendrá que pagar por el otro pleito hasta otros 6.600€.
    O sea, que en total un desahuciado que tuviera un piso valorado en 300.000€ puede llegar a pagar de tasa en total hasta OCHO MIL SEISCIENTOS EUROS.
    Si después de esto les queda alguna duda de la incoherencia del planteamiento, y de la barbaridad que significa la inconstitucional Ley de Tasas, yo ya no sé qué más decirles.
    Y obsérvese que todas las propuestas que últimamente se oyen consistentes en que paguen tasas altas los bancos, que son, como es notorio, los grandes usuarios de la Administración de Justicia, han de tener en cuenta que el banco paga, porque dispone de dinero para hacerlo sin problemas, pero luego repercute en costas en este tipo de pleitos. El particular, y muy especialmente el deudor hipotecario, al final resulta perjudicado por una subida de tasa a los bancos, si es que se sigue manteniendo el mecanismo de la repercusión en costas en este tipo de asuntos.
    Verónica del Carpio Fiestas http://www.delcarpio.es

    • Tus autorizados comentarios son bienvenidos en espacios como este, porque tú sabes poner los puntos sobre las íes; ya te lo dije. El problema será tu disponibilidad; el tiempo que puedas dedicar al foro, sobre todo, cuando ocurren acontecimientos que merecen ser tratados por manos expertas, más allá de las meras opiniones.

    • José Ignacio, tu calentón -creo- era inevitable. Ninguna disculpa debes.

      Sin embargo, tienes también razón respecto a las formas. Añadiría que respecto a las formas que nos dicta el ego.

      Llevo días buscando el estado de ánimo desde el que comentar tu planteamiento respecto del asunto de la Ley de Tasas Judiciales -y el de Verónica del Carpio, a la que aprovecho para felicitar, no solo por su labor respecto de las tasas judiciales, sino especialmente por lo cabal de sus críticas, sinceras y desapasionadas a la vez.

      Sin olvidar cuanto señalas al respecto, que comparto plenamente, mi preocupación discurre por otros derroteros.

      Empezando por la realidad de la desvinculación de la ciudadanía respecto de las protestas sonoras de abogados, procuradores y jueces, he de confesar que no ha sido sorpresiva para mi. Los ciudadanos saben -o intuyen- que la medida no tiene el sentido que le hemos dado en nuestro “gremio”. No va -directamente- contra los ciudadanos, sino contra la abogacía.

      En efecto, pese a la realidad de cuanto apuntas, los efectos que tardaremos más en sentir resultan de muy superior importancia.

      Un asunto “interesante” es un asunto interesante. Y las tasas no cambiarán esta realidad. Si has tenido unas lesiones graves, y el causante está asegurado, no faltarán abogados interesados en llevar el asunto a los tribunales. Incluso si para ello han de anticipar el pago de las tasas. Ninguna novedad hasta aquí.

      Sin embargo, debemos preguntarnos: ¿cuantos despachos están en situación de anticipar tales desembolsos de manera generalizada? La respuesta es obvia: muy pocos.

      Y, ¿cuales son tales despachos? Evidentemente despachos grandes, cuya clientela está formada por “grandes cuentas”.

      He aquí el primer efecto diferido de esta perversa Ley. Barrer del mapa a la mayor parte de los abogados en ejercicio, que bien habrán de buscar “cobijo” en aquéllos “grandes despachos”, por salarios “no Honorarios”, sino miserables. Esto representará el fin de la independencia del abogado en su ejercicio profesional. Sometidos a otros intereses mercantiles/empresariales bien diferentes a los propios de los clientes.

      De ello, inexorablemente, se ha de seguir otro efecto, mucho más perverso. Una vez transformada la independencia del Abogado en dependencia y sumisión a intereses diferentes de los de sus clientes, la realidad habrá de imponerse.

      Y la realidad que nos amenaza si afectará a toda la sociedad. Una vez establecido el “cuasi-monopolio” del ejercicio de la abogacía por parte de unos pocos “Grandes Despachos” (que por lo demás se irán reduciendo en número mediante fusiones o absorciones), una vez sometido el ejercicio de la abogacía a las inflexibles reglas del capitalismo financiero, el desamparo de los ciudadanos ante las injusticias será absoluto. Tal situación tardará en producirse, pero llegará, necesariamente. El camino está iniciado.

      Como quiera que los intereses de las “Grandes Cuentas” serán siempre prioritarios para los Despachos subsistentes, no serán entonces los intereses de los clientes “plebeyos” los que regirán el trabajo mercenario en esta nueva forma de ejercicio de la abogacía, a la que nos conduce la desgraciada Ley de Tasas Judiciales.

      Muerto el perro, se acabó la rabia. Sin una abogacía independiente, en nuestros tribunales imperará la Ley de la Selva. La Ley del más fuerte. La Justicia estará al servicio del poder económico. Fin de la fiesta.

      Hay soluciones, pero difícilmente podremos implementarlas antes de que el nuevo “sistema” se consolide. Sin embargo las soluciones son difícilmente trasladables a los justiciables, por su carácter técnico. En otro comentario intentaré esbozar algunas estrategias posibles para impedir el fin de la independencia de la abogacía, que como las meigas, haberlas, haylas.

      Un abrazo.
      Chus

      • Hola Chus. La verdad es que no había pensado en lo que dices.

        Así, “a vuelapluma”, te comento: yo creo que los grandes despachos tienen su nicho profesional en otro lado: grandes operaciones mercantiles, derecho penal económico, asesoramientos fiscal y administrativo en grandes temas de concesiones administrativas. Creo que los temas “pequeños” – y una reclamación de 1 M€ derivada de un accidente de tráfico para ellos es “el aperitivo” – no los quieren, entre otras cosas porque sus honorarios serían inasumibles para el particular, al margen ya de la tasa. Tampoco suelen defender a las compañías de seguros o a los bancos en este tipo de temas tan “rutinarios”; para eso aquéllos suelen utilizar a sus propios abogados internos o a despachos medianos a través de una iguala.

        Quizás, ahora que lo dices, el negociazo de la tasa venga para “financiadores de pleitos” que, naturalmente, te impondrían como condición llevar ellos la defensa. Bueno, en el fondo es lo que tú dices, aunque yo creo que se llegará a eso a través de entidades especializadas en defender y financiar la defensa – ¿existe en Estados Unidos algo así? ¿Algún contertulio lo sabe? -, más que a través de grandes despachos, que están a otra cosa. Supongo que ahí las comisiones de deontología de los Colegios tendrían que estar al acecho.

        Por otro lado, la tasa se ha presentado desde el principio, torticeramente, como un recurso para financiar la justicia gratuita. Es como decir: “no tenemos más remedio que cobraros para alimentar a estos insaciables abogados de pleitos pobres”. Tal planteamiento no sólo es inmoral, sino que es ilegal, ya que, como sabes, una tasa sólo puede financiar el servicio prestado por la cual aquélla se paga. Nada más. ¿Es que tiene uno que pagar para que el Juez dicte sentencia? Como dice la compañera Verónica del Carpio: cuidado, a ver si de cada vez que el Parlamento dicta una ley nos van a cobrar una “tasa legislativa”. Para colmo, la propia ley dice que la tasa sólo se destinará a financiar la justicia gratuita a partir de enero – con lo cual el propio Gallardón se desenmascara; no es ese el propósito de la ley – y, para más “inri”, LA TASA NO SE PUEDE COBRAR PORQUE SE LES HA OLVIDADO FABRICAR LOS IMPRESOS.

        Esto es una mezcla de chapuza, envilecimiento y horterada que la lengua española, o por lo menos la mía, carece de recursos para expresar.

        Un abrazo, compañero.

        JI

      • Lo más probable es que sea una tontería que se me ocurre (las tonterías de la persona que opina sobre algo que desconoce); a pesar de todo la expongo:
        Supongamos que los bancos se asustaron cuando Europa, por fin, dio el visto bueno al rescate financiero español (me refiero a los los bancos con problemas).
        En estas entidades aparecen pequeñas o grandes cantidades colocadas en bonos preferentes (parece que se llaman) y otro tipo de bonos de alto riesgo. Al parecer, no solo el banco, sino también los clientes, propietarios de dichos bonos, resultarán perjudicados (no podrán rescatar la totalidad de sus depósitos).
        ¿Qué hubiera pasado si, los clientes que se sienten ‘estafados’ (muchos miles, tal vez), hubieran presentado un recurso ante el juez para recuperar su dinero?
        Seguramente hubieran producido un cataclismo ¿financiero? Ante eso, se adelanta y establece la ley de tasas. Pudo pensar el gobierno, presionado por los bancos, que este mecanismo disuadiría a muchos pequeños impositores-ahorradores presentar recursos, con lo que se ahorrarían un montón de dinero.

      • Estimado José Ignacio,

        Pese a compartir la mayor parte de tus comentario, he de remitirme a mi experiencia personal para contrastar esa ausencia de interés de los grandes despachos por asuntos “medianos”.

        Te podría dar multitud de ejemplos, pero bastará uno: Responsabilidad Sanitaria, ámbito en el que estoy especializado. Es habitual que los “supuestos” lesionados por actos médicos sean representados por Despachos como Garrigues & Anderson, que asumen no solo el coste de la defensa, sino los gastos (peritos sustancialmente, bastante más elevados por lo general que las tasas).

        En Procedimientos Contencioso Administrativos relativos a grandes obras públicas (en los que también estoy especializado … y “experimentado”), la realidad es que raramente te encuentras con nadie más que la Abogacía del Estado o la Comunidad Autónoma respectiva. Son procesos multimillonarios en los que hace unos meses se han volcado algunos “grandes Despachos”: en mi caso, tratando de captar a clientes “potentes” con ocasión de procesos de fusión en que intervenían como asesores “externos”.

        Llevo años trabajando en Derecho Tributario “ambiental”, para corporaciones multinacionales también, no sin éxitos. Precisamente hace unos 15 años, yo era el único abogado que trabajaba para empresas multinacionales (en ese campo del Derecho Administrativo/tributario) fuera de tales despachos (entre ellos el del “cuñado real”). Como mi actividad se ceñía -y se ciñe en cuanto a dichos clientes- exclusivamente a ese ámbito, tras negarme a venderles mi despacho, consitieron en que lo siguiese haciendo (es curioso como tales decisiones acaban siendo tomadas no por el cliente, sino por “su” Gran Despacho). Hasta hoy. Sin embargo en algunos casos me he comenzado a encontrar incómodo. Pese a que suelo ganar esos asuntos.

        En fin, compañero, que las cosas también se mueven rápido en nuestra profesión, antaño tan imbuída de las tradiciones “mágicas y rituales” del Derecho.

        Un abrazo.
        Chus

  5. GALLARDÓN, DIMISIÓN

    Este es el grito más proclamado en las manifestaciones celebradas a las puertas de los juzgados al día siguiente de conocerse las nuevas tasas establecidas por el Gobierno de Rajoy a instancias del Ministro de Justicia.

    Es la primera vez que fiscales y abogados, jueces y procuradores y además de forma espontánea manifiestan su disconformidad con una Ley que prácticamente desmantela el derecho de los españoles a una Justicia gratuita (Digamos mejor “sin costes adicionales”, porque gratuita no es. El funcionamiento del ministerio y de todo el aparato judicial ya lo pagamos con nuestros impuestos).

    Efectívamente, a partir de ahora, todo el que quiera iniciar un proceso, tendrá que pagar en primera instancia un mínimo de 100,00. Si quiere recurrir, tendrá que pagar otros 200,00 más y si quiere apelar a una instancia superior, se le pone ya en un mínimo de 1200,00 euros.

    El asunto me parece tan grave, que yo creo que ni en los tiempos de la dictadura los españoles estuvimos tan desamparados. (Por favor, que nadie se confunda, no estoy defendiendo a la Justicia de entonces. La Justicia fascista no puede ser tomada como ejemplo, pero en algunos aspectos, la impronta de Gallardón se le aproxima mucho e incluso puede llegar a superarla).

    En este punto me gustaría apelar a los varios compañeros de foro, expertos en estos temas, para que rectificaran o ampliaran mis observaciones ya que yo soy absolútamente lego en el asunto. Yo solo soy uno de los millones de españoles que a partir de ahora tendrá que conformarse con la ley que los poderosos nos quieran imponer.

    En efecto, cuando, por ejemplo, la compañía de electricidad o de gas o de telefonía etc. me envíe una factura errónea y quiera reclamar, tendré que desembolsar, si necesito llevarla a juicio, mis primeros 100,00. ¿De dónde los saco si, como millones de españoles, entran en mi casa 400,00 al mes?. Cuando me impongan una multa injusta, cuando el patrono me despida sin, razón, cuando el Ayuntamiento se niegue a pagarme los 500,00 de la última reparación, cuando mi marido se “olvide” de enviarme el dinero de la alimentación de nuestros hijos, cuando… hay tantas ocasiones en las que necesitamos a la Justicia…

    ¿Que pasará cuando los “listos” se den cuenta de nuestra indefensión? Confiemos en que las compañías antes citadas y otros “listos” que puedan nacer a partir de ahora, sean compasivos.

    ¿Qué va a pasar con los miles de bufetes de abogados que van a ver desaparecer sus clientes porque en estas condiciones nadie se va a atrever a exigir justicia?. Esto es precísamente lo que pretende hacer el Ministerio de Justicia para desatascar el funcionamiento del ministerio.

    ¿Qué ocurre cuando en un país no existe la Justicia?

    Yo quiero pedir perdón a nuestros queridos amigos latinoamericanos por comparar la falta de Justicia de algunos de sus hermosos países, con la deriva a la que nos quiere arrastrar nuestro Ministro de Injusticia, pero ellos saben desgraciadamente mejor que nadie la contestación a mi pregunta. Cuando en un país no existe Justicia, ésta se la toma el pueblo de propia mano. La inseguridad se hace insoportable y los asesinatos están al cabo de la calle. Se implanta la “ley de le selva”. Es lo más lógico. A veces la única salida.

    ¿Es ahí adonde nos quiere usted llevar, señor Gallardón?

    Usted ha dejado a mas de 20 millones de españoles sin Justicia. Si, 20 millones. Saque la cuenta de cuántos millones de españoles ya no van a poder hacer frente a la capacidad de comprar justicia de los mas poderosos.

    Usted no tiene perdón. Usted se merece, no ya la dimisión, si no, se merece ser juzgado, condenado y encerrado en la cárcel. Usted ha traicionado a su partido, a su gobierno y al pueblo español. Su partido y su gobierno lo asumen porque son iguales que usted pero el pueblo español no se lo va a perdonar. Un día va usted a sentir la Justicia Popular muy cerca de usted, no lo dude.

    Yo le deseo una serenata diaria bajo su ventana (autorizada, por supuesto), donde el pueblo español pueda cantarle su desacuerdo con su ley, hasta que se decida a revocarla. Así sentiría el odio y el desprecio de las gentes por toda su actuación especiálmente desde que tuvimos la desgracia de que Rajoy le nombrara ministro.

    A los que lean esto me gustaría decirles que no conseguiremos sacar a esta gentuza u otra parecida de nuestras vidas si no cambiamos la Constitución. Por eso os pido:

    ¡VOTAD SOLO A UN PARTIDO QUE EN SU PROGRAMA LLEVE EL COMPROMISO DE EXIGIR UNA NUEVA CONSTITUCIÓN!

    • Me sumo a tu indignación, Fernando 2º. Si esto es así, como lo describen, y no me cabe ninguna duda, pues lo explica muy bien José Ignacio, estamos ante una manada de depravados que han perdido lo último que les quedaba de decencia, si es que algún día la tuvieron.
      Abiertamente, descaradamente, insolentemente sus acciones de gobierno van encaminadas a favorecer a los ricos y poderosos para que no vean mermadas sus haciendas con pleitos interpuestos por algún ciudadano atrevido (aunque haya sido vilmente atropellado).
      A ver quién se atreve a recurrir cuando la “eléctrica” o “telefónica” le presente al cobro un recibo de 500 Euros (que los ha habido)y, encima, tiene que depositar 200 más de tasas judiciales.
      En el caso de los bancos, tema aparte, sea el cliente, sea el banco el que recurra, siempre paga el cliente.
      Nos refugiaremos en el código de buenas prácticas de Rajoy

      • La explicación sobre las tasas no es mía, sino de una abogada muy combativa que se está dejando el alma en este tema. Si queréis informaros bien de lo que suponen las tasas, sugiero que acudáis a su blog:http://veronicadelcarpio.wordpress.com/.

        La tasa se compone de un importe fijo y otro variable en función de la cuantía del pleito, con un máximo de 10.000€ de variable – ponen máximo y todo, ¿eh?, para que luego vayamos diciendo por ahí que no tienen corazón -.

        El importe fijo de la interposición de demanda oscila entre 150€ y 300€, el fijo de la apelación es de 800€ (normalmente no repercutible en las costas del contrario aunque ganes, es decir: al bolsillo de Gallardón), el fijo del recurso de casación ante el TS es de 1.200€ (también al bolsillo del ex-alcalde electo y fugitivo).

        Eso sí, “para que el diablo no se ría de la mentira” diré que las demandas civiles de juicio verbal y monitorio (muy frecuentes por ser, en general, los de cuantías más bajas) están exentas de tasa hasta los 2.000€, con lo que es cierto que muchas demandas contra eléctricas, telefónica, etc por facturación estarían exentas.

        Las demandas laborales están exentas EN PRIMERA INSTANCIA, pero los recursos sí que devengan tasa, si bien, en el caso de los trabajadores por cuenta ajena y de los autónomos, hay una exención del 60% de la tasa correspondiente a la interposición de recursos.

        Ahora bien, no hay exención en los procesos contencioso-administrativos, con lo cual olvídate de recurrir multas y piénsatelo antes de recurrir, por ejemplo, una expropiación, o de reclamar unos daños sufridos por actuaciones de la Administración – entre ellas la negligencia médica -.

        En el caso de procedimientos civiles de elevadas cuantías – accidentes de tráfico, negligencias profesionales – tal vez no puedas afrontar una demanda y los previsibles recursos, ya que las tasas pueden suponer un importe total de unos 20.000€ y, además, el perjudicado, por definición, suele estar en una posición muy débil. Eso sí, que nadie diga que estás indefenso; siempre te queda someterte a la caridad de las aseguradoras y aceptar mansamente lo que éstas tengan a bien escupirte.

        En algunos casos, tu defensa frente a una demanda pasa por demandar a su vez – por ejemplo, la nulidad del contrato por el que te están demandando a ti -. Pues sí, en ese caso también tienes que pagar. Ese es el caso cuando el banco te ejecuta la hipoteca y te echa de tu casa; si quieres discutir en profundidad los términos de tu contrato de préstamo – que pueden ser ilegales – entonces tienes que ser tú quien reclame al banco en un procedimiento aparte Y TIENES QUE PAGAR LA TASA EN FUNCIÓN DEL IMPORTE DEL PRÉSTAMO. Son miles de Euros.

        ¿Y en el caso de tantos y tantos engañados por las preferentes? Pues también, son miles de euros si el banco no te hace caso y tienes que acudir a la justicia para que declare nulo tu contrato porque tu voluntad negocial ha sido torcida a base de falta de información y/o engaños. De todas formas, si queréis informaros más a fondo, acudid al blog de mi compañera, que ella sí que sabe de esto.

        No hay palabras, o a mí no se me ocurren, para calificar tamaño atropello.

        Ahora, la nota “colorida”. Estos hijos de la gran puta, porque no tienen otro nombre – y ahora saco yo la vehemencia y el maniqueísmo que hace poco he criticado en este foro – en su incontenible afán de hacer el mal a los demás han corrido tanto para aprobar la ley que no se han dado cuenta de que esta es inaplicable de momento PORQUE SE LES HA OLVIDADO CREAR LOS FORMULARIOS PARA PAGAR LA TASA.

        Un abrazo,

        JI

    • Fernando, tienes toda la razón, este país se está convirtiendo en un “estado bananero” donde la justicia brilla por su ausencia. Ahora, si nos comparamos con algunos países latinoamericanos, nos damos cuenta de lo terrible que resulta el desamparo ante el acceso a la justicia y lo que se avecina (reclamaciones de todo tipo: por desahucios, divorcios, facturas abusivas…) es la indefensión por carencia. Y eso, no es cualquier cosa, es un retroceso de décadas en la adquisición de derechos.

      Cada vez nos atornillan más, cada vez la vuelta de rosca requiere un tanto más de fuerza para penetrar. Creo que me sumaré definitivamente a tu petición y votaré
      ¡SOLO A UN PARTIDO QUE EN SU PROGRAMA LLEVE EL COMPROMISO DE EXIGIR UNA NUEVA CONSTITUCIÓN!

      • Creo que es desastroso lo que esta ocurriendo. Esa era la prisa que tenían por llegar al poder: para recuperar las pequeñas parcelas que habían perdido; que les suponía una merma de poder y de migajas en su insolente patrimonio (con frecuencia, de dudosa honradez).
        Y el cabreo que me queda es que nosotros los hemos aupado al poder con nuestro voto (los que le votaron, claro), con mayoría absoluta. Toma!! Cheque en blanco!!
        Espero que la ley tenga reversibilidad, quiero decir que, si por los lazos bienaventurados del destino, dentro de cuatro años accede al poder un grupo de políticos honestos pueda derogar semejante engendro de ley por injusta y antisocial.
        Pues a esperar cuatro años y que no se den situaciones por las que tengamos que recurrir a su justicia.

  6. Si alguno tiene contactos en el extranjero, y le parece conveniente, sugiero que haga circular este artículo en inglés explicando el ataque al
    Estado de Derecho que suponen las nuevas tasas judiciales. Creo que es importante que fuera de nuestras fronteras sean conscientes de lo que está pasando aquí.

    Un cordial saludo,

    José Ignacio Andolz Munuera

    MESSAGE IN A BOTTLE (Spain Watch): More on a dwindling state of law

    After its publication in the State’s Official Gazette (Boletín Oficial del Estado) on November the 21st, the new law on court fees – see http://escritodesdelastripas.wordpress.com/2012/11/08/to-whom-this-may-concern-spain-watch-the-end-of-the-due-process-of-law-in-spain/ – came into force yesterday. This means that, as from yesterday, anyone earning more than 1.100€ gross per month would become the subject of the new fee system if they were to take any dispute to court, which, of course many will have to think twice before doing. Indeed, according to the new system, if it is a small amount in dispute, the court fee will be roughly twice as much as the amount at stake, but what if the kind of money at stake is much higher, such as that usually involved in road accidents, medical malpractice cases, legacies, compulsory purchase or real state disputes? Then the court fee can soar to thousands of Euros. Needless to say, this development is very likely to put many people, already in a distressed situation, in even deeper trouble: imagine your only alternatives are seeking funding to institute legal proceedings to assert your rights, thus making your financial situation even more burdensome, or foregoing your claim, so being bound to negotiate with a much stronger opponent, namely a bank, a real estate agency or an insurance company. By the way, in some cases you may have to pay the court fee even as a defendant if you are sued. For instance, if it were challenging the foreclosure of a mortgage, even though you would be in the defending position, you would be subject to the applicable fee. It’s no great surprise this is the precise scenario where banks are always involved!

    It should be kept in mind that this scheme has been put to work in a country which is being stricken by a financial crisis, where a worker’s average salary was about 25.000€ gross a year a few months ago – who knows how much it is now? -. Not to be forgotten either that there is an ever increasing number of families where one or both of its senior members are unemployed, which in its turn has led to a widespread housing crisis in Spain.

    Last week, people as rarely prone to be rowdy as the Chairman of the General Council of the Legal Profession took to the streets, loudspeaker in hand, to cry out in protest over the impending approval of the new court fee system and today unprecedented protests from Judges and Public Prosecutors have taken place in front of the Ministry of Justice in Madrid and all Provincial Courts in Spain. Right after its approval, the main opposing party (Partido Socialista Obrero Español or “PSOE” for short) has announced that they will lodge an appeal of unconstitutionality against the new law, which will never be decided by the Spanish Constitutional Court before many a large company has taken a great deal of advantage of it.

    Now, to lighten a little bit the gloomy tone of this brief account, the anecdote: after rushing so much in order to have their bill approved in the shortest possible term, the Government has just found out that the new fee cannot be levied in the few coming weeks because the official payment forms are not available yet.

    However, foreign investors can feel comfortable here, as they are well protected by our equitable laws. And so can Spanish citizens, as we are under a Government of true philosophers. No doubt they are prominent disciples of Voltaire’s character Dr. Pangloss, whose ever accompanying motto was: “We live in the best of all possible worlds. Collective wellbeing stems from individual misfortunes. Hence, the more individual misfortunes take place, the more collective wellbeing will be attained”.

    Oh God, keep us safe from those who promote evil and seek to harm!

    NOT YET THE END

    http://escritodesdelastripas.wordpress.com/2012/11/23/message-in-a-bottle-spain-watch-more-on-a-dwindling-state-of-law/

  7. siguiendo con el comentario anterior donde cometí ciertos errores de redacciñon, ahora comparto lo que he leido en el msm en el link que os dejo abajo, porque explica un poco lo que se pregunta aki ¿donde vive la justicia?:
    (..) El juez dice…. más allá del que le remitió el pasado mes de mayo, que señalaba que CDC recibió presuntamente comisiones de empresas adjudicatarias de obra pública de la Generalitat a través del Palau.

    ¿COMOOOOOOOOOO QUE RECIBIO EN MAYO UN INFORME DE “COMISIONES” (VAMOS A VER NINGUN POLITICO PUEDE RECIBIR “COMISIONES” ESO EN LA LEY ESPAÑOLA, EUROPEA, E INTERNACIONAL SE LLAMA S O B O R N O Y ES UN DELITO GRAVISIMO PENAL. ¿Y NO HA HECHO NADA DESDE MAYO?
    Y LUEGO PARA TERMINAR ARREGLARLO. SE LO ENVIA AL TRIBUNAL DE CUENTAS PARA QUE PASE EL TIEMPO Y MIENTRAS TANTO, MAS PUEDE COGER MAS PODER Y CONSEGUIR LA INDEPENDENCIA ¿Independencia? ¿de quien? ¿del tribunal Supremo, por prevaricacion, del Tribunal Europeo, o a la accion legal que como ciudadanos de un pais que ha firmado y ratificado los arts contra la corrupcion del UNCAC podemos tomar? obligandoles a todos los corruptos avergonzados dejar nuestros congresos? Decidme Juristas de este foro por favor en cualquier pais democratico de la UE y del mundo un escandalo como este, hubiera suspendido una eleccion, ¿en este pais legalmente no se puede?
    http://noticias.es.msn.com/nacional/el-juez-y-los-fiscales-boicotearon-la-investigaci%C3%B3n-a-ciu-que-ped%C3%ADa-la-polic%C3%ADa#image=12

  8. SEÑORES EXTRAORDINARIA ACCION QUE REQUIERE EXTRAORDINARIA ACCION: He LEIDO el informe policial NO TIENE DESPERDICIO sobre LAS COMISIONES (SOBORNOS DIRIGIDOS A LAS CUENTAS PRIVADAS Y A LA FINANCIACION DE CIU, DURANTE TODOS ESTOS AÑOS) hay testigos que llevan años esperando que les llamen !QUE VERGUENZA! parado por el sistema judicial en CATALUÑA, Este informe es lo mas importante que a los ciudadanos indignados nos puede pasar, para demostrar que tipo de politicos nos han estado gobernando, EN OTROS PAISES CON DEMOCRACIA YA SE HUBIERA PARADO LAS ELECCIONES HASTA EXCLARECER LOS HECHOS URGENTEMENTE, Y LLEVAR A LOS CANDIDATOS a JUICIO ANTE UN JURADO POPULAR. SINO HACEMOS ALGO ES QUE NO SOMOS CIUDADANOS DE UN PAIS DEMOCRATICO SINO UNOS BORREGOS QUE NOS MERECEMOS LA CORRUPCION QUE TENEMOS CON LA RUINA QUE ESTA ACARREA, SIN SANIDAD, SIN DERECHOS, sin nada http://www.hartos.org/corrupcion/CIU/corrupcion_ciu_informe_policial_231112.htm

  9. MUCHAS GRACIAS JOSÉ IGNACIO., POR TODO LO QUE ME DICES.NO TIENE MÉRITO, LO QUE YO HAGO O DIGO, PORQUE HE VIVIDO TANTO HORROR, QUE SI DIGO ESTO, ES PORQUE PIENSO LO CONTRARIO DE LO QUE HE VISTO. TÚ, NOMBRAS A EICHMAN, AL QUE AL FIN DIERON SU MERECIDO. YO EN MENGELE, QUE DESAPARECIÓ, SIN RECIBIR EL CASTIGO QUE LE CORRESPONDÍA.Y MUCHOS OTROS, QUE HAN VIVIDO AQUÍ EN ESPAÑA, YA QUE MÁLAGA, HA ALBERGADO A MUCHOS DE ELLOS.PERO TE AGRADEZCO MUCHO TUS EXPLICACIONES, PORQUE AHORA, SIN VERTE LA CARA, CREO, QUE TE CONOZCO UN POCO MÁS….Y ME GUSTA. Y TIENES RAZÓN, QUIZÁS DIGAMOS COSAS QUE TE PAREZCAN QUE CON TANTO ODIO, NO SE PUEDE VIVIR , SIN APLICAR LA LEY DE TALIÓN, Y NO ES CIERTO. YO, POR LO MENOS NO. PUES SIEMPRE QUE ALGO ME MOLESTA DE LOS DEMÁS, INTENTO POR TODOS LOS MEDIOS, IRME AL LADO CONTRARIO. Y LO ÚNICO, QUE PIDO, DESPUÉS DE TODO LO VISTO EN ESTE CASI SIGLO DE VIDA, ES NO PARECERME EN NADA, A NINGUNO DE ESTOS SERES, QUE ESTÁN AQUÍ, PORQUE TIENE QUE HABER DE TODO. LO ÚNICO QUE PIDO, ES JUSTICIA DE LA BUENA, SIN ADULTERAR, NO VENGANZA. POR ESO LUCHO Y FIRMO DONDE SEA, PARA ERRADICAR LA PENA DE MUERTE EN EL MUNDO, AUNQUE SEA DE FORMA ASÉPTICA, CÓMO EN EEUU.AHORA VEO EN TÍ, A OTRA PERSONA, A LA QUE PUEDO DECIRLA ESTAS COSAS.PERO, NO QUIERO MÁS DICTADURAS NI ROBOS, NI PALOS, NI LA JUSTICIA, HECHA A MEDIDA, DE LOS QUE NOS GOBIERNAN.GRACIAS JOSÉ IGNACIO, POR TU SINCERIDAD. UN ABRAZO. AURORA.

  10. JOSÉ IGNACIO: HE LEÍDO TU COMENTARIO A ESTE POST, Y NO PUEDO CONTESTARTE CON SINCERIDAD, PORQUE NO TE CONOZCO. AQUÍ, CONFIAMOS EN CASI TODOS, PORQUE ESTO NO ES UN DEBATE VIÉNDONOS LAS CARAS. VIVIMOS CADA UNO EN UN SITIO DISTINTO, Y TENEMOS QUE FIARNOS, UNOS DE OTROS, CREYENDO QUE TODOS, O CASI TODOS(DE VEZ EN CUANDO HAY ALGÚN MAL INTENCIONADO QUE DICE COSAS A LAS QUE HAY QUE CONTESTAR) DECIMOS HONRADAMENTE LO QUE SENTIMOS. EN LO QUE SÍ, ESTOY DE ACUERDO CONTIGO, ES, EN LOS SEUDÓNIMOS, PORQUE JAMÁS LOS HE USADO, CUANDO TENGO QUE ENFRENTARME A ALGUIEN, QUE NO ME AGRADA DEMASIADO. YO, YA VES, SOY UNA MUJER, DE 86 AÑOS, Y TÚ, UN ABOGADO QUE SE SABE LAS LEYES, AUNQUE NO EJERZA. PUES TAL VEZ TENGAS RAZÓN, EN LO DEL JUEZ PEDRAZ, PERO CÓMO ESTAMOS TAN QUEMADOS, DESDE HACE TANTOS AÑOS, CON UNOS Y CON OPTROS, QUE MIENTEN SIN PARAR, Y NO DICEN NADA DE LO QUE DE VERDAD OCURRE, Y DE CARA AL EXTRANJERO, PARECE QUE ESTAMOS MEJOR QUE QUEREMOS, CON ESO DE : ¡¡ME GUSTA ESPAÑA!! ¡¡ESPAÑA ES DEMOCRACIA!!, HOY MISMO EN LA TELE, SIEMPRE INTENTANDO ENGAÑAR A LOS DE DENTRO, Y A LOS DE FUERA,QUE YA NO SABEMOS, NI QUIENES SOMOS. YO, NO TENGO NADA MÁS, QUE EL GRADUADO ESCOLAR, PERO, HE VIVIDO Y VISTO TANTO, QUE YA NO SABRÍA QUE PENSAR, SI NO ESTUVIESE TAN CUERDA. Y LO QUE VEO, ES QUE LA GENTE QUE NOS GOBIERNA, NO HACE MÁS QUE MENTIR, UNA Y OTRA VEZ, Y NO TIENEN MÁS CREDO, QUE EL DINERO, SALGA DE DONDE SALGA. Y LO MISMO DA UN JUEZ, QUE EL YERNO DEL REY, O SU HIJA. EN RESÚMEN, QUE NOS ESTÁN VOLVIENDO LOCOS DE ATAR, Y NOS ESTÁN QUITANDO TODOS LOS DERECHOS, SIN PIEDAD, DE NIÑOS ANCIANOS, PARO REBAJA DE SUELDOS, PARA PAGAR LO QUE ELLOS GASTAN A DIARIO, SIN DEBER, Y SIN PRIVARSE DE NADA, MIENTRAS SACAN A RASTRAS A UNA FAMILIA, DE SUS CASAS, Y TODO, LO QUE PIDEN, LO INYECTAN A LA BANCA, PARA SUS FINES, Y LO PAGAMOS TODA LA NACIÓN, DE NUESTROS EXIGUOS BOLSILLOS. Y ELLOS SIGUEN CON SUS SUELDOS Y SUS DIETAS. POR ESO, NO TE EXTRAÑE, QUE DIGAMOS AQUÍ, LO QUE SENTIMOS. TÚ, PUEDES DECIR LO QUE QUIERAS AQUÍ, PUES SI ES JUSTO, NO TE LO DISCUTIREMOS. Y MIRA LAS COSAS, CÓMO TE LAS DIGO, PORQUE SON VERDAD PARA NOSOTROS, Y ASESORA, A LOS QUE NO ESTAMOS PUESTOS.YA QUE NO ESTAMOS EN UNA ASMBLEA, NI EN LAS CORTES, VIÉNDONOS LAS CARAS.ESTA ES LA VERDAD NUESTRA. QUIZÁS LA TUYA, SEA MEJOR, DESDE TU PUNTO DE VISTA. SALUDOS.

    • Muchas gracias por su comentario. Enhorabuena por seguir comprometida y en la brecha.

      A mí también me “indigna” – un vocablo que ya está casi desgastado – mucho todo lo que vd. comenta y se me ocurren verdaderas barbaridades, lo que pasa es que, cuando me pongo delante del teclado, la bestia se queda en la jaula, pero sí no, no se puede Vd. imaginar lo que soltaría en el papel.

      Creo que todos nos sentimos rabiosos, no sólo por la situación en sí, sino por el desprecio con que se nos trata desde el poder. Cuando el Congreso aprobó los primeros recortes los secuaces de Rajoy aplaudían, bramaban, aullaban de placer como animales… Es el triunfo, ni siquiera de la ideología, sino de la “casta”, de la “estirpe”, a costa de la carne y la sangre de los demás, al más puro estilo de “El Mercader de Venecia”.

      En España el poder nunca ha respondido de nada. Ellos deciden, ellos yerran y nosotros pagamos. Se cagan en el Estado, insultan a los funcionarios, privatizan para organizar servicios menos eficaces y mucho más costosos, a mayor beneficio de los grandes empresarios, generan una brecha social que no es una brecha, es una sima y luego se dan golpes en el pecho apelando a la inquebrantable unidad de España cuando en los agujeros que ellos mismos han hecho en los cimientos del Estado intentan asentarse “Estadillos”. ¿Pero qué legitimidad tienen ellos para apelar a una unidad que día a día se empeñan en destruir? Quieren desregulación, pero, eso sí, cuando las cosas se ponen feas llaman a sus antidisturbios. Se agarran a la Iglesia y a la tradición de toros, peineta y mantilla como la mejor dieta de engorde de su irresponsabilidad: como lo que manda es la religión, el pasado, la tradición, como “no puede hacerse otra cosa”, las reclamaciones “al maestro armero” – es decir, a sus antidisturbios -; que paguen los ciudadanos. Es vil, es canalla, es repugnante, las palabras se quedan cortas… Creo que siento lo mismo que Vd., aunque sin duda aún no he vivido lo bastante como para tener mi paciencia tan colmada.

      Pero, precisamente por todo eso, me preocupa que la rabia nos lleve a la rigidez mental – y moral -, a perder la capacidad de ponernos en el lugar del otro – que es, para mí, el auténtico tesoro del ser humano -, de apreciar los matices, porque entonces lo que sentimos se quedará en letra muerta, el ansia de justicia en moralina y acabaremos por no distinguirnos de aquello que rechazamos.

      A propósito de la detención y juicio del nazi Eichmann, el psicoanalista y filósofo Erich Fromm – que se encontraba en las antípodas de cualquier pensamiento autoritario – dijo que el no podía afirmar, como hacían otros con santa indignación, que dentro de él no hubiera un poco de Eichmann, porque, si no, él no tendría la capacidad de entenderlo también a un Eichmann.

      Pues eso, que todos tenemos muchos “muertos en el armario” y que entender no significa dar la razón.

      Ha sido un placer disfrutar de la dignidad que hay en su comentario, Dª Aurora.

      Un abrazo,

      JI

  11. Buenos días. La sensación de no ser escuchado viene porque he planteado esto en varias ocasiones y sólo obtuve una breve respuesta de otro tertuliano. Igualmente, en una moción para recoger firmas, sugerí la conveniencia – por no decir necesidad – de incluir el DNI y tampoco respondió nadie. Por tanto, os agradezco la atención y la respuesta tan detallada de Belén y Jesús.

    Yo hace muchos años que dejé la abogacía de toga y, por supuesto, ni remotamente tengo el conocimiento de causa – nunca mejor aplicado – que los profesionales que participáis directamente en este caso; por tanto, os ruego que toméis mis observaciones como de quien vienen: alguien que ve el tema desde la distancia y que cuenta únicamente con la buena voluntad de intentar aplicar el sentido común.

    Pienso que vuestro planteamiento es ambicioso, pero, para mi gusto, le pasa lo que alguien dijo, hace ya muchos años, de la entonces naciente teoría cuántica: que es más fácil de entender que de creer. Por eso, desde un punto de vista práctico, siempre he “abogado” por la vía del Juzgado de Guardia, que con eso habría más que suficiente; en un primer vistazo probablemente: simulación de delito (por la patética representación teatral de los polis atacando a otros polis), lesiones (causadas por los antidisturbios)y desórdenes públicos (causados por la propia policía y por quien dio órdenes a ésta).

    Al hilo de esto aprovecho para hacer un par de comentarios sobre este foro, que, aclaro, van sin acritud y que, en atención a las limitaciones que el lenguaje escrito impone, quisiera que fueran interpretadas de la mejor manera posible.

    En general, tengo la sensación – aunque la respuesta que he recibido, en este caso la desmienta – de que en este foro no hay verdadero diálogo con todos, sólo con algunas personas que, quizás, estén vinculadas entre sí por lazos externos al mismo.

    Por otra parte, detecto también una tendencia en colaboradores habituales y contertulios a hacer gala de una “santa indignación” sin matices, que no es buena para nadie, empezando por la causa que, entiendo, desean promover el o los creadores del foro.

    Por ejemplo, no entiendo cómo se denigró a ciertos “intelectuales” que, hace no mucho, firmaron un manifiesto. Vale, no estaban poniendo el 100% de la carne que quizás nos gustaría A NOSOTROS que se pusiera en el asador, pero si pusieron, aunque fuera, un 5%, pues ya es más de lo que había hecho nadie hasta entonces. Queridos contertulios y colaboradores, cada uno da de sí lo que puede. Aquí hay mucha gente que firma con un nick y nadie les dice nada por no querer identificarse. ¿Por qué? Porque cada cual conoce su vida y sus posibilidades y da hasta donde puede. Y juzgar eso, sobre todo cuando se hace en unos casos sí y en otros no, es la antesala del nazismo.

    Otro ejemplo mucho más cercano: el Juez Pedraz. Conste que no lo conozco de nada, que no tengo opinión sobre él, sólo que que ha hecho algo bueno con el archivo del 25-S. ¿Vosotros creéis de verdad que el tema de la denuncia a la Cifuentes, introducida a través de una diligencia de prueba de unos imputados que han dejado de serlo y ante un órgano que podría no ser competente para conocer de los hechos imputados, tiene unos perfiles tan nítidos como para cargar contra él como algunos lo han hecho por no haberlo visto claro y no haberle dado trámite? ¿Lo creéis de verdad? ¿Los que sois abogados, empujaríais a un cliente a querellarse contra él por prevaricación por algo así? Por favor, un poco de prudencia y “humanidad” en el sentido más amplio de la palabra, que incluye el derecho a equivocarse y la propia valoración de los riesgos. Apuntemos en su haber lo bueno que ha hecho, que muchos no lo esperaban.

    La arrogancia del que se siente inocente y puro es juzgadora, es persecutoria, es inquisitorial, es profundamente dañina y, sobre todo, es INSOPORTABLE para el que la padece de continuo.

    No quiero terminar sin dejar claro que, con sus luces y sus sombras, me gusta este foro, que es valiente, que enseña sentido crítico y que, ya en lo personal, me quito el sombrero ante Paco Bello que, con pareja y un hijo, se ha puesto el mundo por montera y ha hecho algo que hace poco resultaba impensable en esta sociedad donde todos tendemos a vendernos por un plato de lentejas.

    José Ignacio Andolz Munuera

    • Cada vez se está poniendo más interesante vuestra discusión sobre el tema, tan complicado y difícil de entender para nosotros los legos, del Derecho y la Justicia, sobre todo si, como estáis haciendo en los últimos escritos, utilizáis palabras y lenguaje bien asequible para todos.

      Yo no voy a intentar participar en la discusión, si no simplemente dar mi opinión desde fuera. Como ciudadano que ve que también en este asunto le están robando sus derechos de disponer de una Justicia a la que nunca debiéramos de renunciar.

      Soy de la opinión de que la delegada del Gobierno Sra. Cifuentes sí cometió un delito y se la debe de perseguir, juzgar y castigar como a todo delincuente. Creo que existen datos suficientes como para conseguir por lo menos complicarle la vida a ella y a l@s delegad@s de gobierno venider@s. Ya es suficiente que tengamos que tragarnos a un ciudadano que esté por encima de la Ley (y bajo cuyo paraguas puedan resguardarse otros miembros de su familia que, de no serlo, ya estarían en la cárcel).

      Quisiera aprovechar mi escrito para agradecerte tus impresiones sobre nuestro foro. Las considero serias y algunas de ellas dignas de tener muy en cuenta.

      Yo creo que antes de encontrarnos aquí, ninguno nos conocíamos, sin embargo hemos llegado a un punto en que, por lo menos los habituales, casi parecemos familia y esto, puedo asegurarte es muy agradable y en algunos casos muy confortable.

      Tu afirmación de que el juzgar unos comportamientos de diferente forma según de quien se trate sea la “antesala del nazismo” me parece un poco fuerte. Quizá no sea muy ecuánime el juicio pero esa palabreja… ¿no te parece un poco exagerada?.

      Un saludo.

      Perdona que aproveche para lanzar mi consigna

      ¡SOLO VOTARÉ A UN PARTIDO QUE EN SU PROGRAMA LLEVE EL COMPROMISO DE EXIGIR UNA NUEVA CONSTITUCIÓN!

      • Buenos días, querido contertulio.

        No era mi intención convertir esto en una discusión jurídica, ni estoy en condiciones de hacerlo, ya que desconozco los pormenores del caso. Yo creo que todos nosotros estamos de acuerdo en lo principal: que los hechos tienen que ser investigados.

        Me dices lo siguiente:

        “Tu afirmación de que el juzgar unos comportamientos de diferente forma según de quien se trate sea la “antesala del nazismo” me parece un poco fuerte.”

        No lo creas, volviendo a temas jurídicos, los nazis inventaron el llamado “Derecho penal de autor”, que es una auténtica salvajada y consiste en castigar, no en función de los hechos, sino de la “personalidad” del autor de los mismos. Es decir, no se castigaría lo mismo por unas lesiones a dos brokers de bolsa que se enzarzan tratando de pisarse una operación, que a dos tíos con piercings y camisetas de Iron Maiden, porque hay un juicio distinto que se proyecta, no ya sobre los hechos objetivos, sino sobre la “peligrosidad” de las personas que lo llevan a cabo. A eso es a lo que yo apuntaba: nos parece muy bien el miedo o la prudencia de unos, que les lleva a no identificarse, pero nos parece muy mal la de otros, a los que exigimos ser los héroes que nosotros decidimos que deberían ser – como Francisco García de Zepeda -. Naturalmente, esta comparación que hago es también un poco extrema, porque la función social que han elegido desempeñar ciertas personas, como jueces o profesores universitarios, implica, en coherencia, una exigencia extra para ellos.

        En resumen, yo lo que quería transmitir es que a veces las posiciones que leo aquí, empezando por las de Paco Bello, me parecen tan rígidas, tan inquisitoriales, que me temo que llegan a distorsionar la realidad.

        De verdad, así como en el caso Urdangarín, por ejemplo, veo una clara cobardía por parte de la justicia, en el tema de la denuncia a la Sra. Cifuentes, por la vía elegida, no veo las cosas tan claras como para cargar, sólo por ello, contra Pedraz. Nunca he sido juez, pero sé que juzgar es muy difícil, que hay que conjugar los derechos de todas las partes, que hay un derecho a la presunción de inocencia, que los jueces tratan de evitar ser usados como peones de maniobras políticas.

        De verdad, si todos procuramos ponernos en el lugar del otro – que no significa darle la razón – el mensaje llegará mejor.

        Un abrazo,

        JI

      • Muy interesante tu información sobre esa forma jurídica de los nazis. No la conocía. Bueno, en todo caso creo que “por aquí” no hemos llegado tan lejos.

        Un saludo, amigo.

    • Estimado José Ignacio, desde luego que no creemos en una eventual responsabilidad penal por parte del Juez Pedraz. Nunca podría recomendar querellarse contr él.

      Sin embargo, si creo que hemos de exigirle la debida motivación de sus resoluciones, lo que e nuestra respetuosa opinión, no entendemos haya hecho en el caso que nos ocupa. A lo ya referido en escritos y comentarios anteriores me remito.

      En cuanto Jueces que puedan resultar fundadas sospechas de amparar la tortura policial, desde luego que hay que expulsarlos de la carrera, si tras un juicio justo tales hechos resultaren probados.

      Recibe un cordial saludo.
      Chus

    • Amigo José Ignacio,(permíteme esta cercanía, aunque no nos conozcamos de nada)Me alegra tu intervención en el foro porque le añade un valor del que estábamos escasos. Me refiero al toque profesional que le has dado con tus comentarios jurídicos. Si bien parece que no ejerces en estos momentos, al menos tu competencia es muy superior a la de la mayoría de los contertulios en cuanto a aspectos legales se refiere(si exceptuamos a Jesús Formoso, me parece que es, y algún otro, no sé ahora).
      Es muy interesante contar con intelectuales competentes en las diferentes ramas de la Ciencia. Será una buena manera de que, el resto de contertulios menos aventajados, podamos avanzar en estas lides.
      Agradecemos sinceramente que, de vez en cuando al menos, se asomen a estas páginas y dejen su autorizada opinión. Estoy seguro que la mayoría de contertulios son de esta misma opinión.
      Tengo que decir que llevo algún tiempo como observador de este foro y me considero un gran admirador por la seriedad con que los organizadores del mismo intentan sacarlo adelante. He aprendido muchas cosas con los informes, opiniones y comentarios de cada uno de los participantes, que leo con verdadero interés. Por ello, pienso que serán de gran utilidad aportaciones de expertos, como las tuyas que, sin duda, nos enriquecerán cultural y humanamente a todos un poco más.
      Gracias

      • Amigo Braulio, te agradezco la cercanía. Soy abogado en ejercicio, aunque ya hace muchos años que no ante los tribunales. Ahora bien, quiero aclarar que, en el caso de la denuncia a la Cifuentes, opino desde la distancia y nunca pretendo suplantar la opinión de los profesionales que llevan el tema.

        Aunque no siempre coincido con lo que se dice, yo también estoy aprendiendo mucho del foro, que me parece una fuente muy rica de pensamiento crítico. También es de destacar el respeto mostrado por todos los contertulios. Resulta sobrecogedor ver las cosas que en algunos foros llegan a decirse, amparándose en el anonimato.

        Un abrazo,

        JI

  12. Tal vez no sea el sitio más adecuado, pero no me resisto a citaros este relato. Me da a mi que tiene connotaciones muy actuales:

    Nos situamos entre 1755 y 1773. Estamos en plena era de la Ilustración y pocos años antes, en 1752, el famoso Catastro del Marqués de la Ensenada había catalogado como unas 110.000 hectáreas de montes y dehesas estaban a nombre del común de los vecinos, es decir, a nombre del pueblo de Requena. Pero, hete aquí, que toda una serie de propietarios estaban durante esos años apropiándose de gran parte de estas tierras.

    Diremos ya el nombre del héroe olvidado o más bien ignorado: Francisco García de Zepeda (o Cepeda como gusten). Este guarda de campos observaba con estupor como determinados requenenses estaban incorporando a su patrimonio tierras que antes eran de común disfrute de los vecinos de Requena. Estos usurpadores aprovechaban una antigua práctica agrícola basada en la quema de la tierra no laborizada para poder cultivarla. Estas quemas estaban amparadas por la ley ya que se basaban en el sistema de cultivo de la artiga que permitía roturar tierras antes pobladas de monte y además aprovechaban el beneficio del abono natural de la ceniza. El fuego ha sido utilizado históricamente como elemento estratégico regenerador de tierras. Pero lo que hacían estos personajes era aprovechar la cercanía de sus cultivos a la propiedad comunal del pueblo para extender el fuego y roturar las tierras de todos, apropiándoselas. Además, corrían los mojones que delimitaban las tierras comunales.

    García de Cepeda denuncia hasta las más altas instancias cómo se estaban quemando millones de pinos con esta táctica y laborizando tierras que pertenecían a todos los requenenses. En estos llamados montes blancos era donde el pueblo sacaba recursos como leña, madera para construcción de casas, pasto y sombra para el ganado, caza, bellota, cal, frutos silvestres, esparto, etc. Eran complementos importantes para sustentar la economía familiar. Incluso nuestro Francisco García de Cepeda los acusaba de que aprovechaban cuando el viento era más recio para quemar y que se extendiera el incendio.

    Y ¿quiénes eran los que se estaban apropiando de los bienes del pueblo de una forma tan torticera? Ahí emerge el gran García de Cepeda y con su dedo acusador señala a grandes propietarios y prácticamente a todo el Ayuntamiento en pleno. Alonso Valentín Ferrer de Plegamans, el Conde de Torrellano, el Conde de Cirat, Moral de la Torre, Tenreiro Montenegro, Enríquez de Navarra, Los “Pedrón”, etc., etc. eran señalados como los máximos beneficiarios de estas prácticas. Pero ¿quién era el peor? García de Cepeda no se arredra y en sus propias palabras dice: “El Theniente de Corregidor es uno de los hacendados que tiene apropiadas tierras concejiles y apenas habrá Regidor que no esté intruso en semejante exceso”. Y sigue nuestro Cepeda: “que tienen apropiadas varias porciones de tierras de los Montes Comunes y Concejiles, en perjuicio de la causa publica, y como tienen manejo de coligación y mando, procuran obscurecer la verdad, hacer pruebas entre sí y mantenerse en la detentación en lo que es ageno, sin manifestar títulos legítimos de pertenencia…como que estos son los que tienen hechas las referidas usurpaciones prevalidos de su poder, manejo y amistad con que han preocupado a los Jueces, siendo la detentación de tierras y posesiones de tanta monta que excede de trescientos veinte mil Almudes”.

    Todo un ayuntamiento corrupto repartiéndose los bienes que eran de todos. Nicolás Ruiz Alfaro, el teniente corregidor, agrandó una finca de unos 400 almudes a ¡más de 4.000!. El Conde de Cirat pasó de 1.200 almudes en el Cabriel a ¡40.000!. Imagínense el panorama: un guarda de campos enfrentándose a toda la oligarquía local y los terratenientes y labradores acomodados. La lucha es titánica y se suceden las denuncias y contradenuncias. García de Cepeda no ceja en su defensa del bien público de los requenenses, de la gente común. Los poderosos intentan de todas las formas deshacerse del incómodo guarda de campos e intentan que no sea renovado en su cargo, incluso difamándole personalmente y metiendo a la Inquisición de por medio.

    Y ¿cómo acaba el asunto? La política borbónica del momento era el fomento de la agricultura a costa de lo que fuera (la agricultura suponía riqueza y crecimiento demográfico frente a la ganadería extensiva que se practicaba) y se le da la razón a los acaparadores a la par que se suspende de oficio a García de Cepeda como guarda de campos.

    García de Cepeda así lo siente y declara: “el amaño y poderío de dichos intrusos, cuio numero esta reducido a veinte o treinta individuos conspirados contra dicha mi parte en venganza de que cumpliendo con su empleo fomenta esta justa causa que coadiubará mas de quinientos vecinos que componen la maior y más sana parte de dicha villa”.

    ¿El resultado? En unos 20 años, los 325.000 almudes que se habían catastrado a nombre del común de los vecinos en 1752 se lo fagocitan los terratenientes, colonos y gentes del Concejo sin títulos de propiedad (sólo la Serratilla se salvó). Cuando en 1780 se revisa la propiedad de las tierras, prácticamente todos dicen que no disponen de títulos, que los cultivaban desde tiempos inmemoriales, etc. Excusas. En la actualidad, el Ayuntamiento de Requena, a pesar de su enorme extensión territorial, no posee ni una hectárea de monte público propio (“de aquellos barros…”).

    Casi 240 años después, varios historiadores hicieron justicia a García de Cepeda al desempolvar las viejas actas del Concejo de Requena. Siempre habrá quijotes y García de Cepedas (esperemos).

    • Qué texto rescatas de la Historia, amigo Fergar!!!
      Y ese latrocinio se sigue produciendo en el siglo XXI, con las mismas artimañas; los mismos silencios judiciales; los mismos ladrones que han venido adiestrando a sus hijos y a los hijos de sus hijos…
      Imagínate lo que ha llovido desde entonces; han tenido tiempo para mejorar las técnicas de apropiación indebida, y aquí no pasa nada.
      Vamos que si tiene que ver con el tema que se está tratando.

      Algunos contertulios amigos han tenido la gentileza de contestar a mis “ingenuas” preguntas, lo que agradezco sinceramente. Desde luego, ya “sospechaba” que los comportamientos de algunos profesionales de la justicia no fueran todo lo honesto que cabría esperar, ni mucho menos; pero siempre me quedaba la duda, cuando critico una actuación judicial, si no estaría haciendo demagogia.
      Por supuesto, seguiré equivocándome, pero dejaré de ser el “ingenuo” que he sido; al menos, no tanto…
      Gracias!

  13. YO NO SÉ SI EL CASO SE CERRÓ AL DICTAR SENTENCIA. YO, EN ESTO, NO ESTOY DUCHA, PERO TENÍA ENTENDIDO, QUE UN CASO YA RESUELTO, NO PUEDE VOLVER A ABRIRSE, Y MÁS SI NO HAY NUEVAS PRUEBAS.LO QUE SI SÉ, ES QUE ESTE SEÑOR, O ESTÁ EN LAS NUBES, Y LE HAN PRESIONADO, PARA QUE DIGA ESTAS COSAS, LO CÚAL NO ME EXTRAÑARÍA, YA QUE UN JUEZ, QUE DICE LO QUE ÉL DIJO, Y QUE GRANJEÓ MIS SIMPATÍAS, DONDE DIJO DIGO, AHORA DICE DIEGO. LO CÚAL, ME REAFIRMA EN MI POSICIÓN, DE QUE ESTO, ESTÁ SIENDO UNA DICTADURA, Y UNA INQUISICIÓN, QUE HA DADO AL TRASTE CON TODOS LOS DERECHOS HUMANOS, Y YA, HAY POCA GENTE QUE CREA, NADA DE LO QUE DICEN EN EL MÁS AMPLIO SENTIDO DE LA PALABRA. PORQUE: ¿ HAY ALGO MAS ABSURDO Y CONTROVERTIDO, QUE LAS FOTOS MOSTRANDO LAS PALIZAS CALLEJERAS ANTE TODAS LAS CÁMARAS DEL MUNDO MUNDIAL, CON ENCAPUCHADOS INCLUÍDOS TIPO KU KLUS KLAN,Y AL DÍA SIGUIENTE VER LA HUELGA DE LOS MISMOS POLICÍAS, PIDIENDO JUSTICIA Y DEMANDANDO AL GOBIERNO, SU PAGA NAVIDEÑA, Y SU RECORTE DE SALARIO, EN UNA MANIFESTACIÓN?. EN EL EXTRANJERO, NO SABRÁN QUE ES LO CIERTO, NI QUE PENSAMOS LOS ESPAÑOLES. LOS QUE ORDENAN MULTAN, CASTIGAN, NOS QUITAN LO QUE NOS PERTENECE POR DERECHOP, Y LOS QUE PEDIMOS JUSTICIA, Y QUE NO PRIVATICEN, LO QUE ES NUESTRO POR DERECHO, Y LOS QUE LES OBEDECEN, CASTIGÁNDONOS, Y LUEGO PIDEN JUSTICIA PARA ELLOS MISMOS, CON LOS QUE DESPUES DE SER SUS ESBIRROS CON PORRAS, VAN EN MANIFESTACIÓN, PIDIENDO, LO MISMO QUE NOSOTROS. PALABRAS, PALABRAS Y PALABRAS. ESTO ME RECUERDA A UNA PELÍCULA QUE VI HACE MUCHOS AÑOS, EN QUE CONDENAN A UN HOMBRE HONRADO , POR MATAR AL AMANTE DE SU MUJER,A 20 AÑOS, Y POR MÁS QUE APORTA PRUEBAS, NO LE HACEN CASO. CUANDO SALE, SE DEDICA A BUSCAR AL “MUERTO”, Y CUANDO LO ENCUENTRA, LO MATA. Y SE PRESENTA, CÓMO SI NADA, A LOS JUECES, DICIÉNDOLES, QUE VIENE DE MATAR , A SU VÍCTIMA. LOS JUECES SE QUEDAN DE PIEDRA, PERO TIENEN QUE DEJARLE MARCHAR PORQUE YA HABÍA CUMPLIDO LA CONDENA. Y NO SE PUEDE CONDENAR DOS VECES, POREL MISMO CASO.LA PELI, SE LLAMABA: UN CRÍMEN, PARA UNA SENTENCIA. EN FIN, ESTE SEÑOR TIENE UNA FALTA MUY GRANDE PARA MÍ. NO TIENE ÉTICA PROFESIONAL, O TIENE MUCHAS PRESIONES. UN ABRAZO PARA LOS ERUDITOS EN LEYES, QUE SOIS TODOS.¡¡AH!! Y LA JUSTICIA, SIEMPRE ESTÁ DE VACACIONES, O TRABAJANDO PARA EL MEJOR POSTOR.

  14. Paco Bello pregunta: ¿Dónde vive la justicia? Si alguien lo sabe que nos lo diga. Paco la justicia, en Ëspaña, y sobre todo en lugares de mucho dinero como enCataluña, esta raptada y por lo tanto en paradero desconocido. Pero nos dejó un mapa jeroglífico para rescatarla, que yo en mi humilde opinion quizas lo haya descifrado. No me importa compartirlo bajo peticion de autenticos Guerreros, entrenados en la Espada de la Justicia. La llave para abrir el zulo del rapto pesa mucho y solo la union de los guerreros de la Justicia, puede levantarla. Tal como dice Braulio, concentrarnos en liberarnos de la Gran Corrupcion (que ha raptado nuestra Justicia) es prioritario.

    La Inquisicion hasta hace un poco mas de 100 años dominaba en España.
    Anoche vi un documental sobre como terminó. Documentaba como un padre al cual La Inquisición le habia en 1850 raptado, legalmente, su hijo, hizo una cruzada contra los poderes facticos, que segun su forma de ver habian realizado esa injusticia. Se movió internacionalmente desde Bolonia al mundo. En su movida reclamó la atencion de personas que le apoyaron, hasta el new york times publicó sobre el tema, y muchos más hablaron del caso del caso, mandando cartas al Papa, El escandalo que se politizo en gran parte favoreció la union de los italianos en la creaccion de la Union de los Estados Italianos, y así le quitaron casi todos al Papa. Gracias a esta cruzada, y porque habia llegado el momento, se acabo con la Gran Inquisición. Una injusticia a una persona, cuando esta se une a su conciencia civica, puede provocar cambios contra la corrupción de la justicia que permite las otras corrupciones.

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  15. Hola a todos,
    José Ignacio, tus observaciones son escuchadas, valoradas y agradecidas, aunque no del todo compartidas. La cuestión es que, acertadamente o no, para nosotros, el hecho de la perturbación de la libertad de conciencia de cuatro Diputados por parte de la policía y de la Delegada del Gobierno no se produce con el ánimo de protegerlos, sino que tal perturbación se produce con dolo eventual –no les preocupó que ocurriese- ante la promoción por parte de la autoridad y sus agentes de una manifestación en la que las alteraciones las provocan y causan los propios agentes y sus infiltrados, siendo que con ello lo buscado directamente es lesionar y torturar, es cercenar los Derechos Fundamentales de los ciudadanos y, a la postre, buscado también es justificar una reforma penal anunciada en la que se criminalice la protesta ciudadana, por pacífica que sea. No existe ánimo de protección de los Diputados, sino voluntad de exclusión y sometimiento de los ciudadanos.
    Ante esto, desde luego, creemos que, con independencia de posiciones doctrinales en torno a la posibilidad o no de que un imputado mantenga la doble condición de imputado y de perjudicado/denunciante (lo que en este supuesto concreto estrictamente no sucede y que en cualquier caso tal doble condición sí vemos en la practica en determinados delitos), es absolutamente necesario que se produzca la investigación y que se produzca en ese mismo procedimiento. Ya veremos después qué es lo que hace, si se ha de plantear denuncias ulteriores e independientes, pero mientras se decide sobre nuestras pretensiones, lo que intentamos es que se investiguen hechos, luego vendrán las calificaciones jurídicas. Y para eso está la fase de instrucción. Y eso es lo que pedimos, pues lo que no podemos compartir es que abierto un procedimiento en el que se imputan a una serie de ciudadanos –con independencia de la opinión que merezca dicha imputación-, si en el seno de dicha investigación se aportan evidencias de que los autores y partícipes de los hechos que se investigan no son esos ciudadanos inicialmente imputados sino que pueden ser otros sujetos, en este caso autoridades y sus agentes, se nos cierre la posibilidad de investigar; y entendemos que esto se produce cuando el Instructor no acoge ninguna de las posibilidades procesales que tenía a su alcance y opta por una derivación (“presenten denuncia”) sin motivación suficiente. Lo relevante es que no ha habido reparo en investigar, incluso sin que, creemos, existiera el delito (la manifestación no se había producido y, por ende, tampoco la alteración), a ciudadanos libres, en aras a respetar sus garantías se nos ha llegado a decir, pero existen todos los problemas del mundo y el mayor desinterés cuando por los mismos hechos estos ciudadanos pretenden que, igualmente en respeto de sus garantías, se investigue e impute a los responsables políticos y policiales del “desatino” y farsa habido con ocasión del 25-S.
    Por otro lado, no creemos ser crédulos por pelear en los tribunales. También lo hacemos fuera de ellos. Somos conscientes de la perversión del sistema, pero la solución no la vemos en actuaciones encuadrables en un Estado paralelo. Creemos en la unión y que esa unión englobe efectivamente a todos. Justamente si queremos recuperar -que ya no mantener- nuestra condición de ciudadanos, es exigiendo nuestros Derechos Fundamentales. Y uno de los sitios, no el único, donde debemos hacerlo son los Tribunales, aunque sea para evidenciar sus deficiencias y su propia perversión. El único camino pacífico que nos resta para que el contrapeso exista es utilizar los mecanismos de actuación que todavía conservamos y las propias grietas que el sistema ofrece para su crítica. Es el único camino hacia la consciencia. De lo individual a lo colectivo. De lo concreto, a lo general.

    Saludos cordiales,

    Belén

  16. Estimado Juan Ignacio,

    En realidad, si entendemos que los Hechos incluyen, presuntamente, conductas tipificadas de cuyo conocimiento es competente el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional.

    Ciertamente el Acuerdo No Jurisdiccional del TS parece entender que los imputados no pueden tener más opción procesal que la dirigida a su exculpación. Sin embargo no estamos de acuerdo con tal posición; entendemos, al contrario, que los procedimientos penales se determinan a la finalidad del esclarecimiento de los hechos supuestamente delicitivos. Por tanto, como quiera que Paco está personado, y que tras su exculpación formuló recurso de Reforma contra el Archivo de las Diligencias -fundado en no ser, los hechos, delictivos-; siendo que tal recurso fue admitido a trámite y resuelto (precisamente por medio del Auto ahora impugnado en Apelación), tal cuestión constituye una de las pretensiones a resolver por la Sala de lo Penal, junto a las restantes obrantes en nuestra Apelación.

    En efecto, la Jurisprudencia (y un Acuerdo no jurisdiccional no lo es) no es inmutable. Sino, que se lo pregunten a Botín o a “los Albertos”.

    Los hechos, decía, en nuestra opinión, constituyen presuntos Delitos del 494, y por tanto competencia de la Audiencia Nacional. Pero no por los Hechos de Paco y los demás inicialmente imputados, sino por los Hechos de la Delegada del Gobierno y la Policía Judicial, dado que al menos cuatro diputados así lo han manifestado reiteradamente.

    Pretender que Paco no pueda ejercitar la Acción Popular en esta causa por el mero hecho de haber sido temeraria y maliciosamente acusado (imputado) por la Policía Judicial, que ha actuado en dependencia de la Delegada del Gobierno (pese a su adscripción orgánica a los órganos jurisdiccionales, a quienes corresponde tal dirección por imperativo legal), es algo que rechazamos, y que entendemos, en cualquier caso habrá de ser objeto de la correspondiente Decisión Jurisdiccional, que en su adopción habrá de ser debidamente motivada (argumentada).

    Por otra parte, de los hechos introducidos por Paco en el proceso, se desprenden -en nuestra opinión- nuevas conductas típicas, cuya investigación también sería competencia de la Audiencia Nacional. Me refiero al Delito de Sedición; no es objeto de nuestro Recurso, pues se trata de una importante modificación de la imputación que no queremos llevar a efecto sin antes intentar fortalecerla, lo que entendemos será el fruto de la investigación Judicial sobre los Hechos a los que nos estamos refiriendo (hechos, no calificaciones, pues no es el momento procesal oportuno el trámite de Instrucción).

    Por lo demás, en cuanto a la nueva formulación de Denuncia por los Hechos a que te refieres (que no coinciden con los que son objeto de las Diligencias de la Audiencia Nacional), se encuentra pendiente de resolución nuestro recurso (presentado no en nombre de Paco, sino en nombre de otra persona detenida ilegalmente y torturada en dependencias policiales, al igual que otras 35) formulado ante el Juzgado de Instrucción nº 8 (Plaza de Castilla), al efecto de la decisión acerca de nuestra solicitud de ofrecimiento de acciones a los Detenidos lesionados, que no se ha producido.

    Y respecto de esos mismos hechos, por su evidente conexidad con los que son objeto de las actuaciones de la AN, hemos solicitado también su enjuiciamiento en el seno de las Diligencias del Juzgado Central de Instrucción (Audiencia Nacional). Cuestión constitutiva de verdadera pretensión que no ha sido oportunamente resuelta, por lo que es también objeto del Recurso de Apelación de Paco ante la Sala de lo Penal de la AN.

    Evidentemente, en último término, nos plantearemos ejercitar otras acciones penales en relación a todo ello. Entre ellas, señaladamente, la nueva denuncia que propones, aunque antes conviene esperar a la resolución del recurso de Apelación de Paco, así como a la sustanciación y decisión de la inhibición planteada por el Juzgado de Instrucción nº 8 de Madrid a favor de Pedraz, que aún no ha sido resuelta por éste, al igual que esperaremos a la decisión del recurso formulado ante el mismo Juzgado de Instrucción 8, a que me he referido. Después será el momento de trazar el rumbo definitivo de la estrategia procesal, que entiendo ha de ser siempre flexible y abierta a las nuevas opciones que se puedan presentar.

    Por otra parte, y para finalizar, entre las acciones que podrían ser ejercitadas, no descartamos en absoluto que éstas se puedan formular contra los Jueces que han dejado -si así ocurriese- de perseguir los presuntos Delitos de Torturas y conexos.

    Gracias por tus sugerencias, que sí leemos (escuchamos).
    Chus

  17. Hola jose Ignacio. Cada proceso es separado y cada acusación es distinta de las otras. Los movimientos reinvindicativos vienen reuniendo multitud de firmas y pruebas contra sus represores pero se implican poco y mal en procesos de denuncias personalizadas en parte porquea priori es difícil contar con la independencia de criterio del poder judicial.

  18. No sería la primera vez y en todo caso no será la ultima que un titular de la magistratura vuelva sobre sus propios pasos después de una salva de presiones reconviniéndolo para actuar no como se debe a derecho sino como se debe a la praxis de la judicatura se haya encontrado con el ultimátum de: o defiendes incondicionalmente a la política del estado contra el pueblo o si cambias de bando se te augura una carrera profesional deplorable falta de éxitos por no decir llena de condicionamientos, presiones y hasta moobing. Evidentemente los ultimatums no se presentan así, entre otras razones porque seria demasiado largo de exponer pero en el fondo buscan doblegar la voluntad de un espíritu libre y su supeditación a lo establecido, no por establecido como ley escrita, sino establecido por inercia con arreglo a los intereses de los poderes.
    . Las leyes, como todo, son interpretables y no tiene una sola visión. Solo desde la ingenuidad (en la que en distintos momentos biográficos de nuestras vidas todos caemos o hemos caído) se puede pensar en que la justicia pasa por una administración y que en esta hay profesionales tan justos que obedezcan a la objetividad y no intereses de clase, de rango o de casta. Un país como las Españas con tanto infractor público, desfalcador, corrupto, mentiroso e injuriante, con tanta gente dedicada al odio ideológico, con tantos individuos imputados por fraudes y corrupciones y tan pocos condenados, solo en el despliegue de esas cifras se puede inferir que la judicatura no funciona, perdón funciona para contener y enlaberintar procesos y agotar a sus actores y protagonistas militantes no para impartir justicia. Que un juez presuponga que la denuncia a una persona es la vendetta legal de otra que a su vez ha sido denunciado por aquella sin evaluar los hechos conductuales de la una y de la otra es ¿que tiene algo de juez aun habiendo ganado su plaza de oposiciones?
    En fin, que sigan los crédulos procesos de los laberintos de las judicaturas quienes quieran seguir jugando a la lotería y tengan tiempo personal para ello. A parte de la resonancia mediática que esos procesos pudieran tener llegado el momento y de hacer un ensayo más o menos provechoso para las artes escénicas y repartir una octavilla por la calle a modo de invitación para el evento no se me ocurre de que otra cosa pudiera servir, El solo hecho (piensa en esa imagen) de sentar en un proceso judicial (en el llamado banquillo que parece que ha evolucionado a butaca más confortable por razones de clase) a un gobernador o a un ministro del gabinete en curso o a uno de los altos capos de la policía por imputable y culpable que fueran sería el indicativo de una crisis institucional del estado en su conjunto y eso no sucederá porque hay un orgullo de estado que impide el menor reconocimiento de sus errores y falsedades.
    ¿Eso dónde nos sitúa? En el puesto del apuntador que está oculto bajo la tarima del escenario, conocemos el guión y lo soplamos. Podemos predecir incluso el proceso histórico, el reparto de roles entre los muchos actores de las coyunturas. A las víctimas nos toca seguir atestiguando nuestra perpetuación como tales. La justicia nos la harán los documentos circulantes y las pruebas videográficas que permitirán que cada cual saque sus conclusiones ante los pugilistas de este curioso macro ring llamado sociedad.

  19. Hola Paco. Este tipo de observaciones siempre es desagradable, pero ya te lo dije: si eres imputado y pides una diligencia de prueba, cuando dejas de ser imputado – como, afortunadamente, ha sido el caso – se te cae esa prueba. Ya comenté que era mejor presentar la denuncia aparte y, probablemente, en el Juzgado de Guardia, no ante la AN, porque existen muchos indicios de que fue la propia policía, a través de sus infiltrados, quien proporcionó el pretexto para las cargas de los antidisturbios, con resultado de lesiones graves en muchos casos, pero no parece que haya delitos competencia de la AN, o yo no los sé ver. En cualquier molestia causada por la policía a cualquier diputado para acceder a la sesión no hay ánimo de perturbar el desarrollo de la sesión, sino de protegerlo. Si no hay dolo, no hay delito.

    En general los que escribís esta página sois brillantes y valientes, pero creo que escucháis poco.

    Saludos,

    José Ignacio Andolz Munuera

    • Por eso es conveniente que los técnicos en la materia (letrados) asesoren a los clientes objetiva y honestamente.
      ¿Es posible que la ley tenga más de una interpretación, o el que hizo la ley, hizo la trampa?
      ¿Hay una ley para ricos y otra para pobres, o es la misma para todos?
      A veces da la sensación de que, si puedes pagar un buen abogado, tienes una sentencia más favorable que si no puedes pagarlo. ¿Es eso así, o es demagogia?
      Con sinceridad, me gustaría que algún profesional indicara si la justicia en España funciona. Habrán podido cometerse errores, pero que estos no son intencionados; que cuando se dicta una sentencia es la que el juez, en conciencia, cree que es la correcta. ¿De verdad, esto es así?
      Necesitamos, al menos yo lo necesito, que algunos profesionales, de vez en cuando, pongan los puntos sobre las íes sobre cuestiones judiciales, en las que no somos competentes, para no estar diciendo chorradas cuando discutimos con los amigos de estos contenidos.
      Hoy me tocó jugar a ingenuo, pero, en cualquier caso, quedaré muy agradecido al que se digne aclararme estos temas.

      • Estimado Braulio, como en cualquier otro campo, si te defiende un profesional más capacitado que otro, todo debería ir mejor; y eso suele tener un coste mayor, claro está.

        Pero los recovecos de los caminos judiciales son muchos y variados. Por eso te dejo el Preámbulo de los Estatutos de nuestra Asociación, que te pueden aportar razones para responderte alas cuestiones que has planteado, y que espero sean de vuestro interés. Un abrazo. Chus

        ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA “LA JUSTICIA EMANA DEL PUEBLO” (AUSAJ).

        PREÁMBULO
        “Sólo me encuentro Indefenso cuando me siento solo”

        -I-
        “Una injusticia hecha al individuo es una amenaza hecha a toda la sociedad” (Montesquieu)

        La JUSTICIA, valor superior de nuestro ordenamiento jurídico (Constitución – Art. 1, 1º), es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo, basándose en los principios del arte del derecho, sin discriminación o preferencia alguna.

        “LA JUSTICIA EMANA DEL PUEBLO y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley” (Constitución – Art. 117, 1º).

        Sin embargo, el PODER JUDICIAL constituye el único de los tres Poderes clásicos del Estado NO SUJETO AL PRINCIPIO DEMOCRÁTICO, pues sus miembros no son elegidos por los ciudadanos. Ni siquiera por sus representantes políticos. Por ello, la necesidad de su especial sujeción a RESPONSABILIDAD alcanza rango constitucional.

        El ejercicio de un poder sin control solo puede conducir a la ARBITRARIEDAD y, luego, a la CORRUPCIÓN, que sólo podrá mantenerse mediante la INTIMIDACIÓN.

        Más aún cuando se trata del Poder Estatal que controla y dirige el APARATO COACTIVO DEL ESTADO, y ese Poder es ejercitado con carácter VITALICIO por un pequeño grupo de ciudadanos no elegidos democráticamente.

        Las consecuencias de tal situación para la efectividad del Estado de Derecho resultan demoledoras, pues la solución de los conflictos producidos entre los ciudadanos, o entre estos y las administraciones públicas, se encuentra a cargo de un pequeño grupo de ciudadanos, fuertemente cohesionado que, en la práctica, se define como IRRESPONSABLE, lo que los sitúa al margen, o incluso por encima, de la Ley.

        -II-
        “Muchos jueces son absolutamente incorruptibles; nadie puede inducirles a hacer justicia” (Bertolt Brecht)

        Una Sociedad en la que un número significativo de personas se encuentran constantemente atemorizadas por el miedo a perder sus medios de vida, su vivienda, sus propiedades, su familia u honor, no es una Sociedad Libre, sino una Sociedad Oprimida.

        Y, hoy por hoy, esa es la situación en la que se encuentran cientos de miles, quizás millones, de personas y familias. Y su número crece exponencialmente.

        A esta dramática situación se ha llegado, no por mera tolerancia del Poder Judicial, sino gracias a su activa colaboración. Con la complacencia de la clase política.

        Desde siempre, pese a su enorme gravedad, las Penas con que las Leyes, dictadas por el Poder Legislativo, castigan los Delitos cometidos en el ejercicio de la Función Judicial, han sido extremadamente leves.

        Y lo que es peor, las dificultades prácticas para obtener la condena de esta envilecida categoría de Delincuentes, han conducido a una situación que ha sido calificada como “IMPUNIDAD ENMASCARADA” de la judicatura (Fassone).

        En tan favorables condiciones “ambientales”, los casos de CORRUPCIÓN JUDICIAL solo podían tener un vigoroso crecimiento. Y, efectivamente, así ha sido, por lo que en los últimos años estas situaciones de IMPUNIDAD se han generalizado.

        La situación actual de la Administración de Justicia produce vértigo. Si existen lugares donde está ausente toda idea de Justicia, esos lugares son los Juzgados. Hasta el punto de que son muchos los ciudadanos que solo pueden actuar dentro del margen de la Ley actuando al margen de la Administración de Justicia.

        Desde luego, ni todos los Jueces son corruptos, ni todos son honestos. Sin embargo, la honestidad no es, hoy por hoy, una virtud apreciada por la jerarquía judicial. Y mucho menos por los “Comisarios Políticos” que los partidos han venido nombrando como miembros del Consejo General del Poder Judicial, Órgano de Gobierno de los Jueces.

        Aún sin haber perdido su honestidad, muchos Jueces se ven obligados, por muy variadas razones, a actuar sus funciones de manera deshonesta, en contra de sus convicciones. Esto no se debe perder de vista.

        Los incentivos que favorecen la Corrupción, tales como el lucro económico, los ascensos o el acceso a mejores destinos, no son la única fuerza que empuja a formar parte de la estructura de la corrupción judicial.

        También entran en liza la Intimidación y la Coacción. No está de más recordar aquí el reciente ASESINATO de un Magistrado del Tribunal Constitucional, hecho que se intentó ocultar a la opinión pública; y hecho de extraordinaria gravedad, acerca del que ninguna aclaración o mera hipótesis relativa a su autoría o motivación se ha ofrecido a la ciudadanía.

        Cada Juez ha de elegir entre comportarse como un Policía al servicio de oscuros intereses, o ser un Ilustrísimo Señor, al servicio de la Justicia.

        Y la sociedad debe poder castigar con el máximo rigor a aquéllos que han elegido la corrupción, a la vez que ha de honrar debidamente a quienes han optado por la senda de la Justicia.

        -III-
        “La justicia sin la fuerza es irrisoria; la fuerza sin justicia es tiranía” (Blaise Pascal)

        Toda Resolución Judicial se estructura en tres partes: RELACIÓN DE HECHOS (exposición de los hechos cuya realidad se considera probada), FUNDAMENTOS DE DERECHO (argumentación que precede a la decisión, que proporciona a la resolución judicial la fuerza de la razón), y FALLO (parte dispositiva o decisión, que lleva dentro el poder de ser impuesta coactivamente a sus destinatarios).

        La primera (Relación de Hechos probados), no es de naturaleza jurídica; por ello es una función que puede ser ejercitada, no por Jueces, sino por JURADOS POPULARES, compuestos por ciudadanos sin conocimientos jurídicos. Y ello es así respecto de los Delitos que, en cada momento, determinen las Leyes aprobadas por el Parlamento.

        Será el Juez quien decida las consecuencias jurídicas de tales hechos (Fallo), y para ello, antes habrá de razonar -“motivar”- el como y el porque de la aplicación de determinadas normas jurídicas a aquéllos Hechos (Fundamentos de Derecho).

        La exigencia de MOTIVACIÓN (razonamiento) suficiente es una GARANTÍA ESENCIAL del justiciable, que le permite comprobar que la solución dada al caso es fruto de una interpretación racional del ordenamiento jurídico y no de la arbitrariedad.

        Salvo en los muy escasos supuestos en que la Ley exige la intervención del Jurado Popular, los medios con los que cuenta el Juez para tomar una decisión arbitraria resultan extraordinarios: Así, podrá manipular la relación de Hechos probados a fin de adaptarlos a la Fundamentación Jurídica de la decisión injusta que, previamente, ya habría decidido adoptar.

        Así, resulta verdaderamente ilustrativo acerca de la generalizada corrupción imperante en nuestros Órganos Judiciales el hecho de que, disponiendo de tales exorbitantes posibilidades, sin embargo resulte USUAL que este tipo de Delincuentes actúen con la mayor DESFACHATEZ, por medio de Resoluciones con razonamientos carentes de la menor lógica, incluso sin ningún tipo de motivación, lo que, en una situación de legitimidad en el ejercicio de las funciones judiciales, habrían de significar inexorablemente su condena o, en los supuestos de menor gravedad, su sanción disciplinaria.

        Ello no puede sino significar que actúan con la absoluta SEGURIDAD de que sus gravísimos actos delictivos resultarán IMPUNES.

        En todos estos supuestos de Vicio de Motivación de Resoluciones Judiciales, desde el punto de vista de la Psicología, se afirma que estamos ante un resultado judicial presentado con una “INDEPENDENCIA DE RESPUESTA” (Seligman, 1975), donde la decisión judicial de estas características termina siendo percibida como un acontecimiento ajeno, incontrolable y generador de indefensión.

        -IV-
        “No existe tiranía peor que la ejercida a la sombra de las leyes y con apariencias de justicia” (Montesquieu)

        El Artículo 24, 1º de la Constitución, establece: “Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, SIN QUE, EN NINGÚN CASO, PUEDA PRODUCIRSE INDEFENSIÓN”.

        Las consecuencias de la Indefensión pueden suponer la imposibilidad de hacer valer un derecho o la alteración injustificada de la igualdad de armas entre las partes, otorgando a una de ellas ventajas procesales arbitrarias.

        Dentro de la Psicología de la Personalidad, la Indefensión se estudia en el contexto de la Teoría de los Dos Procesos de Mowrer, que considera que el comportamiento se aprende mediante procesos de condicionamiento clásico y se mantiene a través del condicionamiento operante.

        Mowrer estudiaba el efecto de las descargas eléctricas sobre el desarrollo de conductas de escape. Los perros aprendían la conducta con relativa facilidad. En algunos experimentos el animal no se intentaba escapar sino que soportaba las descargas. Esto llevó al estudio de la Indefensión.

        La INDEFENSIÓN APRENDIDA, o adquirida, es una condición psicológica en la que un sujeto aprende a creer que está indefenso, que no tiene ningún control sobre la situación en la que se encuentra y que cualquier cosa que haga es inútil.

        Como resultado, el sujeto permanece pasivo frente a una situación displacentera o dañina, incluso cuando dispone de la posibilidad real de cambiar estas circunstancias. Así, cuando los organismos son sometidos a situaciones de incontrolabilidad, éstos, posteriormente, mostrarán una serie de déficits en la adquisición de respuestas exitosas (Overmier, Seligman y Maier – 1.967).

        De la misma manera, cuando el Ser Humano nace dentro de un estado de derecho, dispone de dos tipos de defensas: La Defensa Personal, tanto física como intelectual y la Defensa Jurídica.

        La sociedad va educando al ciudadano a que deje de lado su defensa personal, especialmente la física, para que la defensa jurídica, “más civilizada”, ocupe su lugar en la protección de la persona del ciudadano, de su familia y de su patrimonio. Así, el ciudadano va olvidando cómo defenderse fuera del marco de La Justicia.

        Es entonces cuando surge en la Persona Real la enorme duda e incertidumbre de qué hacer cuando es violentada y agredida y el aparato de defensa jurídica no funciona, y lo que es aún peor, qué hacer cuando tampoco funciona el aparato de protección y seguridad pública.

        Por ello, la teoría de la Indefensión Aprendida ha sido utilizada para explicar el mecanismo de la DEPRESIÓN: cuando estamos deprimidos, percibimos que nuestra situación vital es dolorosa, y no distinguimos ninguna solución ni ninguna posible vía de escape a nuestro alcance; nos sentimos mal y no podemos hacer nada para cambiarlo, lo que produce un incremento de la ansiedad y el miedo, seguido por Depresión.

        -V-
        “En cuanto alguien comprende que obedecer leyes injustas es contrario a su dignidad de hombre, ninguna tiranía puede dominarle” (Goethe)

        Si nuestra Constitución aspira a “consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular”, a “garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo” y a “proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos” (Constitución – Preámbulo), tales aspiraciones podrán ser alcanzadas solo en la medida en que, en ese determinado momento histórico, la regulación de la convivencia social realizada por el Derecho resulte acorde con los valores constitucionales de Justicia en que se fundamenta el orden político y la paz social (Constitución – Art. 10, 1º).

        Los Derechos Fundamentales no son una “Graciosa Concesión” del Poder Judicial a los Ciudadanos, sino que son Previos a éste, y constituyen “los principios de dignidad de la persona y libre desarrollo de su personalidad, a cuya luz ha de interpretarse cualquier norma de Derecho” (Tribunal Constitucional).

        La defensa a ultranza de la efectividad del ejercicio de los Derechos Fundamentales de la Persona constituye una obligación de cuyo cumplimiento depende la afirmación de la propia Dignidad. No es sino el precio exigido para disfrutar de la condición de Ciudadano, Libre y Responsable.

        De ahí la absoluta convicción que los Fundadores de esta Asociación poseen acerca de que, en la defensa de las Libertades Públicas y de las Garantías Constitucionales de los Derechos Fundamentales, no cabe dar ni un solo paso atrás, sino que es preciso aguantar con firmeza los ataques, amparados en la seguridad del castigo al agresor, a nivel preventivo, y en la solidaridad ciudadana para con los agredidos. No existe aquí margen para la impunidad.

        “Cada vez que un hombre defiende un ideal, actúa para mejorar la suerte de otros, o lucha contra una injusticia, transmite una onda diminuta de esperanza. Esas ondas se cruzan con otras desde un millón de centros de energía distintos y se atreven a crear una corriente que puede derribar los muros más poderosos de la opresión y la intransigencia” (Robert Kennedy).

      • Estimado Braulio,

        Tu pregunta sobre si la Justicia existe no es unívoca, la respuesta es sí y es no.

        Es SÍ, porque existen profesionales a los que realmente les preocupa el asunto que le es encomendado y hay jueces que deciden en conciencia sobre ese asunto, estén acertados o errados en su decisión. Y de vez en cuando la conjunción de ambos elementos se produce.

        Pero es NO, porque si el sistema está corrupto, esa corrupcion alcanza todas sus esferas. Las desviaciones son muchas: Existen los compañeros que realizan su trabajo con automatismo y alejamiento insano. Existen las decisiones judiciales injustas, y las politizadas, llegándose incluso al extremo de dictarse pronunciamientos jurisprudenciales ad hoc, es decir, se saca una determinada interpertración legal para un caso concreto, cambiando la hasta entonces existente en favor de intereses espurios(véase caso “los Albertos”, etc).

        La cuestión es que todos, aunque sea en nuestro propio interés, debemos hacer que el concepto JUSTICIA exista. Y que esa Justicia exista en cada Juzgado, en cada Tribunal, en cada decisión.Los errores no perjudican al valor justicia, las desviaciones sí, impiden su existencia misma. Es un arduo trabajo, pero no una quimera; un trabajo que debemos realizar todos y cada uno de nosotros, ya que es nuestra última garantía.

        Por lo demás, no puedo sino remitirme al preámbulo de la Asociación de usuarios de la administracion de justicia que el compañero Jesús ha publicado en el comentario anterior. Justas palabras las suyas.

        Un abrazo,

        Belén Luján

      • Querido contertulio, un poco tarde, pero intentaré contestarte como mejor pueda, dado que, aunque soy abogado, hace ya mucho que dejé el mundo de los tribunales.

        Pienso que no hay que confundir el Derecho con la Justicia. Son dos cosas distintas. La justicia es un elevado ideal y el derecho es sólo una pobre y limitada técnica de control social. Es injusto ser desagradecidos con quien nos ha ayudado, pero, salvo que hayan nacido obligaciones legales, ni el Derecho ni la Administración de Justicia pueden entrar en esa esfera tan personal, y sería horrible que lo hicieran. ¿Te imaginas toda tu vida sometida a un “Tribunal Moral”? Vaya esto por delante, porque creo que, a vecs, pedimos a la Justicia más de lo que puede dar.

        Fromalmente todos somos iguales ante la ley . el Sr. Borbón dixit -. Los Jueces pueden y debe aplicar de oficio todas las garantías, pero, evidentemente, cuanto más talento y experiencia tengan tus asesores jurídicos y más puedas gastarte en peritos, pues mejor para ti. Por otra parte la ley, por definición, está redactada en términos genéricos y, a veces, aplicarla al caso concreto es muy difícil y hasta puede producir la sensación de despropósito e injusticia.

        De mi experiencia de llevar casos “normales” te diré que, en mi opinión, la justicia es exasperantemente lenta en la toma de decisiones y en la ejecución de las mismas. Ahora bien, creo que, por lo general, los jueces son buenos profesionales, están bien preparados y, aunque suele dar la impresión de que van muy “acelarados” y que atienden los casos de forma mecánica, casi siempre te das cuenta de que su experiencia y su “radar” les permite ir corriendo y, a la vez, enterarse y tomar en consideración todos los pormenores del caso. Eso sí, también tienen días malos y mucha exposición mediática cuando, como todos nosotros hacemos a veces, ponen un despropósito por escrito.

        Sugiero que, el que tenga tiempo y ganas, consulte en el BOE las primeras sentencias del Tribunal Constitucional – ente el 81 y el 84 – y prodrá comprobar cuánto se ha ganado en garantías respecto de lo que había antes. De verdad, es demagógico desacreditar globalmente al Poder Judicial y a la Constitución.

        Cuando se trata de casos políticos, según todas mis informaciones, la cosa varía mucho; parece ser que hay mucha influencia política. Además, cuanto más subes en la jerarquía judicial, más influencia de las Cortes hay en los nombramientos, por lo que, al final, los altos órganos judiales se convierten en una correa de transmisión de la composición del Parlamento en casos políticos.

        No sé si te he aclarado algo o te he líado más.

        Un abrazo,

        José Ignacio Andolz Munuera

    • Estimado José Ignacio,

      A cuanto antes señalé -aunque más arriba, en comentario independiente de este, al que me remito-, he de añadir algunas consideraciones adicionales.

      En primer lugar, disculpa por el tono de mi anterior respuesta, marcado por la prisa y no por ninguna animadversión. Al contrario, aprovecho para dejar claro nuestro agradecimiento por habernos hecho llegar tus reflexiones, por lo demás, de alto interés.

      Por otra parte, al margen de las solicitudes de diligencias formuladas por Paco y Antonio, existen varias decenas de Denuncias formuladas por particulares en estos mismos autos, cuyos hechos coinciden plenamente con los aportados al proceso por Paco y Antonio. Otros denunciantes que nunca han sido imputados, he de aclarar. Por ello, entiendo que el Auto de 4 de octubre, así como el posterior de 10 de noviembre recurrido en Apelación, habrían debido pronunciarse acerca de tales hechos y denuncias, lo que también es objeto de la Alegación Séptima de nuestro Recurso de Apelación.

      De mayor enjundia consideramos tu referencia al Dolo, que asumes como inexistente respecto de los Hechos imputados a la Policía Judicial y, en especial, a la Delegada del Gobierno en Madrid.

      Discrepamos de tal consideración (y en todo caso, ello sería objeto de otro tipo de resolución, y con fundamentación propia y relativa a esta cuestión, lo que no ha tenido lugar). Entendemos que la existencia de voluntad y aceptación del resultado de tan voluntario actuar, no llenan el elemento intencional de la Delegada del Gobierno, según los hechos que imputamos, cometidos presuntamente, por la misma.

      En efecto, en nuestra Solicitud de Prueba, y en nuestro -finalmente desestimado- Recurso de Reforma, presentamos detalladamente como la Delegada del Gobierno habría instrumentalizado, tanto a la Policía Judicial, como a los distintos Juzgados de Instrucción intervinientes -a “requerimiento” siempre de la Policía Judicial- en la farsa de 25S.

      Farsa porque sin la fastuosa colaboración de la Sra Cifuentes a su difusión, habría quedado, casi con seguridad, en un brindis al sol, sin potencial “delictivo”, ni siquiera perturbador del orden constitucional, ni de la función legislativa.

      Pero no olvidemos que Paco (y los otros 7) fueron imputados, precisamente por no haber considerado el Instructor, ni el Ministerio Fiscal, ni la propia Policía Judicial, que el subtipo “promover” del art. 494 del Código Penal exija un resultado (alterar el orden de las sesiones del congreso, en este caso).

      No acogemos tal anticipación del resultado, por contraria a la literalidad clara del precepto. Pero el Juez -y el Fiscal- sí lo acogieron así, imputando a Paco y a los demás antes de suceder los hechos del día 25S.

      Y la perturbación de la Libertad de Conciencia del Legislador (diputado) en el ejercicio de su función legislativa, que es el Bien Jurídico protegido por dicha norma penal, tuvo efectivamente lugar, según declaraciones de, al menos, cuatro diputados. Y su responsabilidad se achaca a la actuación policial.

      José Ignacio, si la Delegada del Gobierno en Madrid, Sra. Cifuentes, “promovió”, como nosotros afirmamos, las manifestaciones del 25S ante el Congreso, y si con ello se dio lugar a tener que “proteger” policialmente (1.400 antidisturbios fuertemente armados) a los Diputados, y si al menos 4 de esos diputados declaran públicamente haber sido perturbados por los hechos, incluso sin otra consideración ulterior (y ello no es así, pues nuestras “otras” consideraciones son muchas más), tales hechos no excluyen, antes al contrario, la existencia del Dolo penalmente relevante.

      En cualquier caso, no existe Jurisprudencia sobre este tipo delictivo, lo que hace más necesaria la fundamentación de decisiones de archivo como la que mediante el Recurso de Apelación ahora combatimos (por ejemplo, el carácter delictivo o no de los hechos atribuídos presuntamente a la Sra. Cifuentes a título de Tentativa, respecto a este tipo delictivo, también resulta necesario razonarlo expresamente, en mi opinión; y no es ni mucho menos la única cuestión precisada de fundamentación que no la ha tenido en la adopción de la decisión de archivo por no ser los hechos delictivos).

      Recibe un fuerte abrazo, junto a nuestro más claro agradecimiento por tus relevantes observaciones.

      Jesús Díaz Formoso
      Abogado

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