Pulsa "Enter" para saltar al contenido

Atado y bien atado

Europa Press | 09/01/20132

REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL

Expertos proponen impedir ejercer la acción popular a partidos, sindicatos y asociaciones

Sólo se podrá ejercer si se presenta con anterioridad a la acusación de la Fiscalía y se limita para una serie de delitos determinados

   MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) –

   La nueva regulación de la acción popular podría excluir su ejercicio para partidos políticos, sindicatos y personas jurídicas públicas o privadas, exceptuando a los colectivos de víctimas en casos de terrorismo, y además estaría limitada a una lista de delitos relacionada con la Administración Pública, la discriminación o el terrorismo.

   Así figura en la propuesta de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a la que ha tenido acceso Europa Press, que el Ministerio de Justicia ha recibido por parte de la comisión de expertos que designó el pasado marzo para la redacción de la nueva norma que debe regular el proceso penal.

   Precisamente, muchos de los asuntos que ahora mismo están investigando los tribunales se iniciaron gracias a la acción popular ejercida por partidos políticos, sindicatos o asociaciones. Así ha ocurrido en los casos de Bankia o Novacaixagalicia que investiga la Audiencia Nacional o el ‘caso de los trajes’ contra el expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps.

   El informe sobre la futura ley, denominada ‘Código Procesal Penal’ en sustitución de su actual denominación –Ley de Enjuiciamiento Criminal–, establece una serie de requisitos para ejercer la acción penal cuando el interesado no sea perjudicado por el delito.

   Así, se introduce la novedad de que no puedan ejercer la acusación popular los fiscales, los jueces ni los magistrados y que tampoco puedan hacerlo aquellas personas que hayan sido condenadas por delitos contra la Administración de Justicia, como son falsas denuncias, falso testimonio o encubrimiento, entre otros.

   Las personas que no estén obligadas a declarar como testigos contra el encausado por un vínculo familiar o análogo –como son cónyuges o algunos familiares– también quedarán privadas para ejercer la acusación popular, al igual que ocurre con partidos políticos, sindicatos y personas jurídicas públicas o privadas, como son asociaciones, fundaciones o corporaciones.

   La prohibición prevista para las personas jurídicas no será aplicable para aquellas constituidas para la defensa de las víctimas del terrorismo en los procesos iniciados por delitos de esta naturaleza. De esta forma, sólo podrían ejercer la acción popular los españoles a título individual.

   La actual legislación sólo establece alguna limitación para el ejercicio de la acción penal –no específicamente la popular– a jueces o magistrados, personas que no gocen de todos sus derechos civiles o quienes hayan sido condenados dos veces por un delito de denuncia o querella calumniosa.

LIMITACIÓN EN DELITOS Y REQUISITOS

   Además, el borrador contempla otra limitación relativa a los delitos perseguibles mediante esta acusación. Hasta ahora, se puede interponer en cualquier delito de naturaleza pública, lo cual incluye también a los delitos económicos que, según el informe, quedarían excluidos.

   De salir adelante la propuesta, que no es vinculante, la norma establecería restricciones que afectarían a los sujetos y a los delitos sobre los que giraría la acusación popular.

   Así, sólo podría interponerse en la persecución de delitos de prevaricación judicial, cohecho, tráfico de influencias o aquellos que hayan sido cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y por particulares partícipes en los mismos.

   La acción popular también se podrá ejercer ante delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, el medio ambiente, delitos electorales, terrorismo o provocación a la discriminación, al odio o a la violencia contra asociaciones o la difusión de información injuriosa sobre estos grupos, según el texto.

   Entre los nuevos requisitos, se introduce la previsión de que la acción popular sólo pueda ser admitida si presenta su querella “con anterioridad a la formulación del escrito de acusación por el Ministerio Fiscal”.

   La nueva figura del tribunal de garantías, a instancias del Ministerio Fiscal o del resto de partes, fijará la caución que habrá de prestar el actor popular para responder de las costas que le puedan ser impuestas en sentencia y que podrá prestar de cualquiera de las formas previstas por la Ley de Enjuciamiento Civil.

   El ministro Alberto Ruiz-Gallardón ha apostado por incrementar el protagonismo de los representantes del Ministerio Público en la investigación en el proceso penal, pero también por incorporar la figura de un juez de garantías que tutele los derechos de los ciudadanos y al que se puedan recurrir las decisiones del fiscal.

Fuente: http://www.europapress.es/nacional/noticia-expertos-entregan-justicia-reforma-impide-ejercer-accion-popular-partidos-sindicatos-asociaciones-20130109193609.html

3 Comments

  1. Aurora Figuero Yustas
    Aurora Figuero Yustas 10 enero, 2013

    ESTAMOS HABLANDO DE FRANCO, DEL REY, DE TODO EL PP, Y CON MUCHA RAZÓN, PERO SE ESTÁ OLVIDANDO UN POCO, AL NUEVO OPRESOR QUE ES EL MINISTRO DE JUSTICIA. HA IDO, CÓMO UN SAPO, DE SALTO EN SALTO, SIN PARAR DE UN SITIO A OTRO. PARA (DE MOMENTO) ESTAR EN UN PUESTO DE MÁXIMA RESPONSABILIDAD, CÓMO ES, JUSTICIA. Y DESDE AHÍ PLANIFICA TODO LO CONCERNIENTE , AL TERCER PODER, QUE ES MUY PODEROSO. QUIZÁS TANTO CÓMO EL PRIMERO. NO DAN UNA EN LA DIANA.PORQUE ESTE HOMBRE AMBICIOSO, REESTRUCTURA LA JUSTICIA CÓMO LE DA LA GANA. ASÍ, SIN MÁS CÓMO HACÍA, CON PASOS SUBTERRÁNEOS TUNELADORAS TÚNELES PUENTES , Y TODO LO QUE FUESE DEJAR AL AYUNTAMIENTO SIN UN EURO Y EMPEÑADO HASTA LAS CEJAS. AHORA LA QUE DEJÓ EN SU PUESTO A LA SEÑORA DEL EXPRESI, QUE CON EL MADRID ARENA SE HA LUCIDO. ESO SÍ. HA TOMADO UNA CABEZA DE TURCO EN EL “VICE” Y NO LA HA TEMBLADO LA MANO, PARA FIRMAR SU DESTITUCIÓN. ¡¡Y TAN FRESCA!!LO CIERTO, ES QUE ENTRE UNOS Y OTROS, CON ALIMENTOS A PUNTO DE CADUCAR O DIRECTAMENTE DE LOS SUPERMERCADOS, ESTÁN QUITANDO HAMBRE A TODOS LOS QUE PUEDEN. MIENTRAS ELLOS PRIVATIZAN ROBAN , SE DAN LA GRAN VIDA, TIENEN DINERO AQUÍ Y FUERA DE AQUÍ, Y NOSOTROS, DE PAGANOS, MIENTRAS ELLOS VIVEN. ¡¡AY CECILIA; QUE RAZÓN TENÍAS CON TU CANCIÓN MI QUERIDA ESPAÑA, ESTA ESPAÑA MÍA, ESTA ESPAÑA MUERTA!! LA BUENA NOTICIA, ES LA SALIDA DE ALFON. ¿HASTA CUANDO ESTAREMOS GOBERNADOS, POR ESTOS BUCANEROS DISFRAZADOS, QUE NOS ROBAN A DIARIO TODO LO QUE HEMOS CONSEGUIDO, A BASE DE SANGRE, SUDOR Y LÁGRIMAS?

  2. cesar
    cesar 13 enero, 2013

    y algo como oque ocurrio en belgica ,dimision del gobierno.creo que fue un año sin crear leyes,por lo demas l pais funciono igual sin gobierno porque no son funcionarios que esten atendiendo a los ciudadanos .cosa que ese es su trabajo,o lo era

  3. Indignado
    Indignado 13 enero, 2013

    Menudo bordajo el Gallar sin don. Pone tasas judiciales para hacer la justicia gratuita, es como subir el precio del pan para que todos puedan comer pan. Si los partidos políticos son los representantes del pueblo, ¿como es que no pueden ejercer como defensores del mismo?. Podía a ver sido más concreto y decir que ningún español puede denunciar a ningún partido político ni a político alguno, ni alcaldes, ni senadores, ni familiares de la monarquía, ni a curas, sacerdotes, obispos, monaguillos, cardenales, monjas, embajadores, ministros, ect. ect. aunque ya no estén en el cargo. O directamente prohibir denunciar a nadie, y que los jueces pasen a ser como el monarca, meros floreros, y los abogados meros peones.
    Mejor cambiar, y que creen una nueva institución que sustituya a la de Justicia por el nuevo Ministerio de injusticia, y que se dejen de rodeos. Eso sí, cárceles a saco, pero que se llamen ahora Viviendas Sociales, con la obligación de trabajar para su mantenimiento, el que no trabaje que lo deriven a la alambrada exterior, y de paso que deriven allí a los que por su vejez no puedan aportar nada, y también a los enfermos que los pongan al aire fresco que eso es muy sano.
    Que se obligue a los ciudadanos que no pertenecen a las “casta”, a llevar el Documento Nacional de Identidad junto a los grilletes de muñecas y tobillos que llevaran grabado el número correspondiente, ademas de grabarlo a fuego en la frente, para ahorrar papeleos al estado. Se dejara elegir libremente la manera de morir, cuando el ciudadano no se puede mantener así mismo, siempre que haya ahorrado para el coste de su ejecución, para los más pobres se le concede el derecho a morir de hambre. Si decide tirarse desde una altura deberá tener cubierto el gasto de limpieza del asfalto, si quiere colaborar podrá servir de distracción para dejar que se lo coman los cocodrilos del zoo, o para aliviar el hambre de tigres, leones o de los diferentes fieras que posean los “ciudadanos casta”.
    Todo por la austeridad necesaria para el derroche de los “casta ciudadanos”.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *