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La prescripción, esa gran desconocida

 

Teniente Kaffe / eldiario.es

Es la palabra comodín en prensa cuando se trata de los delitos “de cuello blanco”, o de aquellos cometidos por nuestros mandatarios políticos, cuando aprovechan el cargo para llevárselo crudo. Pero, ¿sabemos realmente lo que es la prescripción de un delito? La gente parece entender que es una fecha que, una vez llegada, deja los delitos impunes. Y, en pocas palabras, es así. Sólo que, si todo fuese tan sencillo, los abogados no tendrían trabajo.

Comencemos por el aspecto filosófico de la cosa. En teoría jurídica, se considera que el Estado no puede perseguir perpetuamente a sus ciudadanos. A ello se opone un principio básico recogido en nuestra Constitución: la seguridad jurídica, que no es, ni más ni menos, que el derecho a que el Estado sea predecible, que no salga por peteneras de repente, como un villano psicópata de película. Además, las “acciones”, que así se llaman los resortes a través de los cuales se hacen valer los derechos, no son eternos. Ninguno lo es. No existe el alquiler perpetuo, ni el contrato de trabajo interminable (aunque sea indefinido, y si no, recuerden la edad de jubilación forzosa). Por ello, el “ius puniendi”, el derecho que el Estado se atribuye para castigar la comisión de delitos, también tiene fecha límite.

Así que nuestro Código Penal recoge el asunto en en el artículo 130 y los que le siguen, junto a otros supuestos de extinción de la acción penal. Algunos de esos supuestos son de sentido común, como la muerte del delincuente, aunque pueden causar dolor añadido a la víctima, como ha sucedido con los padres de niños robados por la trama en la que, supuestamente, participaba la finada Sor María. Desaparecido el clavo sobre el que golpear, el martillo del Derecho Penal debe volver a la caja de herramientas. A menos, claro está, que aparezca otro clavo.

Junto al fallecimiento del culpable, está la prescripción. El artículo 131 establece una serie de plazos, según la gravedad del delito: cinco años para delitos menos graves, diez años para delitos graves castigados con menos de diez años de cárcel, y así vamos subiendo. Hasta que llegamos a los veinte años, fecha en la que prescriben hasta los delitos más graves. ¿Todos? No, en un rincón del Código, un pequeño grupo de tipos penales resiste ahora y siempre a la prescripción. Son algunos de los crímenes más horrendos, los de genocidio, los de lesa humanidad, los crímenes de guerra, o los asesinatos terroristas. Esto supone una disfunción, porque si las leyes penales españolas no contemplan la cadena perpetua, ¿cómo es que hay delitos que nunca dejan de ser perseguidos? Cosas que tiene el firmar determinados tratados internacionales, que te obliga a meter estas cuñas.

El caso es que, existiendo un plazo límite de prescripción, una vez cometido el delito se pone en marcha el contador y ya, ¿no? Pues no. El artículo 132, en su párrafo segundo, establece que la prescripción se interrumpe desde que el procedimiento se dirige contra el responsable. Es decir, si alguien comete un asesinato, la prescripción comienza a correr desde su comisión. Pero si, a los diez años, aparece una prueba de ADN que identifica a un sospechoso, el tiempo de prescripción se borra, desaparece, y se comienza a contar desde cero. Por eso, a veces, los no expertos en Derecho cuentan mal los plazos de prescripción, y dan por transcurrido el plazo, cuando hubo actuaciones judiciales que lo interrumpieron. Como ejemplo, hay quien da por prescritos hechos de los que se imputan a Iñaki Urdangarin, que todavía no lo están. Para que no haya dudas, la última redacción del Código introduce instrucciones precisas de cuándo se considera una causa dirigida contra su responsable.

El plazo no vuelve a arrancar hasta que no se paraliza la causa en el Juzgado. ¿Cuándo sucede eso? Cuando no se llevan a cabo actuaciones relevantes, que hagan avanzar la causa. En la segunda mitad de la década pasada, hubo bastantes delitos de difusión de pornografía infantil que prescribieron porque el material informático quedaba atascado en los laboratorios de policía científica. Imaginen el panorama: un grupo de menos de quince técnicos, para toda España, tenían que realizar análisis forenses a los centenares de discos duros incautados en cada operación policial del territorio nacional, de esas de las que explotaba una prácticamente cada semana. Se generó un cuello de botella que llevó a tiempos de espera de dos, tres y hasta cuatro años para obtener una prueba pericial en regla. Los delitos de ese tipo, cometidos antes de 2004, prescribían a los tres años.

Eso me lleva a los delitos tributarios y de corrupción. Así como nadie sabe cómo suena un árbol al caer en el bosque, si no hay nadie allí para oírlo, nadie sabe cómo suena el dinero público al esfumarse, porque no suele haber allí nadie más que el que lo trinca. En consecuencia, el agujero suele descubrirse años después. Encima, se trata de delitos que conllevan penas de prisión relativamente cortas para lo que la sociedad demanda (aunque colgar a los culpables por sus gónadas es una pena que no puede entrar en nuestro Código, así que me temo que esa demanda quedará mucho tiempo insatisfecha), por lo que el descubrimiento de los hechos suele producirse peligrosamente cerca del final del plazo de prescripción, o directamente transcurrido el mismo, como sucedió con el famoso caso Fundescam.

¿Solución? Hay quien propone la imprescriptibilidad de esos delitos, lo que, directamente, me parece una barbaridad. Puede que sea una solución subir la pena que conllevan, como se ha hecho recientemente con el fraude fiscal, lo que hace subir correlativamente el plazo de prescripción, aunque con ello corremos el riesgo de cargarnos todo el principio de proporcionalidad.

Otra solución, con todos los matices que se quiera, consistiría en que el plazo de cómputo comience en el momento en que aparezcan indicios de la comisión del delito. O que la aparición de esos indicios actúe como causa de interrupción del plazo. Al fin y al cabo, un delito de homicidio se conoce porque suele aparecer un cadáver (aunque no siempre), y un robo con fuerza deja tras de sí una puerta forzada, o una caja de caudales reventada. Quizás el comienzo del plazo de prescripción debería contemplar la dificultad de afloramiento del delito, y adecuarse a él.

¿Imposible? Miren, los juicios de Nuremberg fueron una barbaridad en términos de Derecho Penal contemporáneo: tribunales constituidos ad hoc (los que formaron los aliados), para condenar por tipos penales que no existían, porque no había leyes que los contemplasen (ni había ni hay nada parecido a un Código Penal internacional). Simplemente, era algo tan terrible que sus culpables no podían irse de rositas. Sin más.

http://www.eldiario.es/protesto-senoria/prescripcion-gran-desconocida_6_99100106.html

Foto: Google Images

3 Comments

  1. Indignado
    Indignado 9 febrero, 2013

    Me aclaro con el concepto y su aplicación, pero hay una cosa que sí se debe tener en cuenta, las prescripción MORAL, el que un personaje público haya cometido un delito y esté haya prescrito puede que se libre de la acción penal pero no de la moral, por mucho que se acoja a tal legalidad no deja de ser un o una persona corrupta y deja de ser una persona en la que se pueda confiar. Por eso pienso que por mucho que el delito haya prescrito, el personaje debe dimitir, y devolver todo lo robado.
    Por cierto acabo de oír que la ministra de educación de Alemania ha dimitido por haber plagiado su doctorado, aquí no dimite nadie, por eso de que dimitir es un nombre ruso no!.
    Por otro lado se debe adecuar las leyes a la realidad y para ciertos casos, como son los de los representantes de los ciudadanos, osea sé políticos, cuando traicionan o mienten deben dejar de serlo.

  2. WalkiriaSUMIONDA
    WalkiriaSUMIONDA 9 febrero, 2013

    La prescripción de un delito además de contemplar plazos debería contemplar otros dos factores: el de reparación por parte del criminal de los daños causados y el de garantías de que no repita algo semejante; de otro modo, la prescripción de un delito va en contra de la sociedad misma al exonerar a alguien con un potencial delictivo no concluido. Completamente de acuerdo con que la seguridad jurídica de la ciudadanía pasa por estar a salvo de los ataques fuera de ley de las prerrogativas del estado pero empíricamente es una constante sus transgresiones contra el derecho tanto en la represión en la calle como en la modificación de artículos exprés a su conveniencia. Cualesquiera que sean los términos que se establezcan, el excriminal no puede recuperar la confianza social hasta que queda demostrada su desvinculación de la praxis delictiva. Eso significa que hay gente que muere sin reconocer sus delitos antisocial por lo que perdonarla seria un ultraje a la memoria colectiva.

  3. Indignado
    Indignado 1 marzo, 2013

    El miércoles 20 de febrero, tras el gran éxito de la huelga de Jueces y Fiscales, el Ministro Gallardón intentaba dar un golpe de efecto sobre la opinión pública indicando que procedía a revisar la Ley de Tasas Judiciales, indicando que su cuantía se reduciría en un 80%. Muchos se han creído el titular pero no se han leído la letra pequeña. Es rotundamente falso que las tasas judiciales se hayan reducido en un 80%. Es una total y absoluta manipulación.

    Lo que Gallardón no ha explicado a los ciudadanos es que en la tasa judicial existe una parte fija y otra variable. La cuantía fija se establece en función del tipo de recurso presentado y la variable es un porcentaje del 0,5% sobre la cantidad reclamada. La suma de ambas es la tasa que el ciudadano tiene que pagar.

    Pongamos que yo presento un recurso de apelación alegando una responsabilidad patrimonial por negligencia médica y que reclamo 40.000 €. Con las tasas anteriores un ciudadano tendría que pagar 800 € de tasa fija y 200 de tasa variable, es decir, en total 1.000 €. Lo que ha prometido Gallardón, y aquí viene el gran engaño, es que se reducirá un 80% de la parte variable de la tasa, pero no de la parte fija, es decir, la reducción solo se aplica a uno de los dos aspectos que suman la tasa. Poniendo el mismo ejemplo con las nuevas tasas, ese ciudadano tendría que pagar 800 € de tasa fija y 40 € de variable, lo cual suma 840 €. Como se observa, la reducción no es del 80%, sino de un mísero 16%. ¿Se cree Gallardón que la clase media puede pagar a día de hoy 800 € por un recurso?

    Lo peor no es aprobar una Ley de Tasas injusta, lo peor es que encima se rían de los ciudadanos haciéndoles creer que se rectifica cuando en el fondo todo sigue igual. No podemos tolerar que nos dejen sin Justicia y mucho menos que encima nos tomen el pelo.

    Sigue difundiendo esta petición entre tus contactos para reclamar que dejen de tomarnos el pelo!

    Fabián
    Este es un mensaje de Fabián Valero que creó la petición “Alberto Ruiz-Gallardón: Derogación de la Ley 10/2012 de Tasas Judiciales,” que tú has firmado en Change.org

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