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El estado de un bipartidismo dinástico en descomposición

Antoni Domènech · G. Buster · Daniel Raventós | Sin Permiso | 25/02/2013

La crisis de la Eurozona, más allá de sus aspectos estrictamente económicos –ahora en una fase de calma engañosa—, sigue implacablemente su curso deconstituyente operando como una gran trituradora de la legitimidad y de la estabilidad de los regímenes políticos, particularmente aguda en el caso de la periferia meridional. Se polariza y agrava la situación de Grecia, en donde el gobierno de Samaras, con apenas unos meses de vida, es ya evidentemente incapaz de manejar la situación, y la República se halla en grave peligro. En Portugal, el gobierno conservador de Passos Coelho ha tenido que admitir el fracaso rotundo de unas políticas de consolidación fiscal y destrucción salarial que, lejos de reducir el déficit y la deuda pública, los han aumentado, como era de todo punto previsible: nada expresa mejor el proceso deconstituyente allí en curso que la patética y conmovedora escena –inmediatamente difundida por todo el mundo— de los palcos públicos del Parlamento cantando Grandola, la “marsellesa” del republicanismo revolucionario luso.

En las elecciones italianas que se están celebrando entre hoy y mañana, el menor de los males va a ser una abstención todavía mayor que hace cuatro años. En una República estragada, un centroizquierda ayuno de propuestas programáticas radicales (que ahora es ya como decir: creíbles), a la altura de la voraz radicalidad social y económica de la crisis, no ha sido capaz ni de frenar la reaparición de un Berlusconi obligado a competir de nuevo en las urnas con el único propósito, estrictamente particular, de escapar a los lazos de la justicia penal italiana, ni de amortiguar los efectos ácidamente disolventes del sarcasmo antipolítico de la candidatura del cómico Beppe Grillo. Por no ser, ni siquiera ha sido capaz el candidato Bersani de lograr la benevolente neutralidad de las pequeñas –pero poderosas— fuerzas tecnocráticas agrupadas en torno a Monti.

Peor aún, y con mayor aceleración, si cabe, se desarrolla la crisis de la Segunda Restauración borbónica española.

Si hay que creer a las encuestas, el debate del estado de la nación del pasado 21 de febrero sólo sirvió para confirmar los más lúgubres augurios y las peores expectativas de los ciudadanos sobre la “clase política” y la capacidad o la voluntad de ésta para sacarlos del marasmo económico, del infierno social y del lodazal político en que se halla sumido el Reino. En un clima de opinión que parece cada vez más afianzado, los datos resultan demoledores: el 70% está poco o nada de acuerdo con la intervención de Rajoy, y al 51% le pareció “mala o muy mala”. Y un 61,7% tiene esa misma apreciación de la de Rubalcaba, un veterano parlamentario otrora jaque y matachín estupefacientemente transmutado ahora, por la alquimia misma de una crisis que ni siquiera es capaz de entender, en un vulgar politicastro que, además del norte, ha perdido hasta el oficio.

El grueso de los ciudadanos considera que el debate fue inútil. E identifica claramente a los responsables de la angustiosa situación de crisis política, económica y social padecida. Puede que haya una evolución en el reparto de las responsabilidades entre el PP y el PSOE, según documenta José Pablo Ferrándiz, pero ninguno se salva. Con el debate todavía caliente (por decir algo…), decenas de miles de ciudadanos se manifestaban el 23Fante el Congreso para protestar contra el secuestro de lo que queda de democracia a menos de intereses, no por inconfesables, menos obvios. Tan obvios, que ya no los protege ni la mentira: tienen que actuar bajo la sordina de una gestión pública vaciada de política, buscando dirimir en unos tribunales sin medios y en huelga a quién de los suyos sacrifican las clases rectoras para ganar tiempo en la esperanza de que, mal que bien, todo siga sobre podo más o menos igual.

La ruina de una de las columnas básicas de la segunda restauración borbónica –el duopolio político— es patente, y diríase que irreversible: los dos partidos dinásticos, PP y PSOE,suman ya menos del 50% de la intención de voto; y siguen cayendo. Resulta, por otro lado, obvio que el actual Jefe del Estado, el Rey Juan Carlos I, no podrá mantenerse en el trono, si su yerno Urdangarín es condenado, como parece inevitable (y recuerda inoportunamente el dirigente del PSC Pere Navarro para, a su vez, desviar la atención de los graves escándalos de corrupción que afectan a su propio partido). El Comisario europeo Ollin Rehn no ha tardado ni 24 horas en desmentir, para empeorarlas, las ya malísimas cifras ofrecidas por Rajoy sobre el déficit público (más del 10% real, por encima del 7% sin contabilizar el rescate bancario), sobre el paro (27%) y sobre el horizonte recesivo (-1,4% del PIB). La trama de corrupción Bárcenas-Gürtel, lejos de ser un fenómeno contenido, según daba a entender Rajoy, amenaza todos los días con desparramarse y desvelar más y más ramificaciones, como podía esperar cualquiera que capaz de comprender que no estamos sino en presencia de un componente estructural del capitalismo oligopólico de amiguetes políticamente promiscuos, el corazón de la economía política de la transición. Todos esos elementos, a los que ya hemos tenido ocasión de referirnos con cierto detalle en anteriores notas, dibujaban con trazo sombrío y grotesco el escenario en que ha tenido lugar el debate del estado de la nación.

No ha faltado quien ha querido resumirlo así: “Canovas y Sagasta resucitan en el escenario de ´The Walking Dead´”. ¡Ya les gustaría a Rajoy y Rubalcaba pasar a los anales de esa guisa! La cruda realidad presente, puestos a buscar analogías históricas, los acerca mucho más a Dato y García Prieto inanemente esforzados en mantener a flote el caciquismo bipartidista que acabó siendo la plataforma de la “solución técnica” de Primo de Rivera.

Una misma política neoliberal, ¿dos “narrativas” de la crisis?

Aun si resuelto con nulos efectos en el ánimo de la opinión pública, vale seguramente la pena valorar el debate del estado de la nación (ver la transcripción 1 y 2) como ejercicio argumental de unas elites políticas dinásticas en vertiginoso proceso de degeneración. Para empezar, gran parte del debate gira en torno de la “narrativa” preferida del curso de la crisis y a las responsabilidades contraídas en la incompetente y errática gestión de la misma. Como antes apuntado, las encuestas permiten describir la evolución de los últimos ocho meses, mostrando que cerca de un 18% pasa de culpar al Gobierno Zapatero a responsabilizar al Gobierno Rajoy. Significativamente, la mayoría (37%) opina ahora que los dos gobiernos son culpables.

 

La “narrativa” abrazada por Rajoy parte de que Zapatero diagnosticó tarde y mal la crisis, aplicó derrochadoras medidas de estímulo, primero, y de austeridad insuficiente luego, para terminar dejando un abultado (y escondido) déficit público del 9%, en vez del 6% que imponía la UE. En esta situación, y para impedir la intervención de la Troika (como en Grecia, Portugal o Irlanda), Rajoy tuvo que “cumplir con su deber”, a costa de “no cumplir con su programa”. El evidente fraude electoral, pretendidamente obligado por el desconocimiento del déficit público real, llevó a un “cambio de rumbo”, gracias al cual, con todo y con eso, y aun a pesar de los angustiosos sacrificios, se habrían evitado males mayores. El “cambio de rumbo” se fecha en el Consejo de Ministros del 30 de diciembre de 2011: una subida del IRPF y del impuesto de sociedades, y posteriormente del IVA, que afectaría principalmente a los beneficios empresariales (50% del total de la recaudación) y al 20% del tramo superior de rentas. Eso sí, al mismo tiempo se habría amparado a pensionistas y desempleados.

Más aún: a pesar del déficit público inopinadamente heredado, el Estado central ha transferido a las Comunidades Autónomas 60.000 millones, 27.000 de ellos para hacer frente a impagos a pequeñas y medianas empresas; ha conseguido recaudar 11.500 millones en la lucha contra el fraude fiscal, también gracias a la amnistía fiscal, aflorando 91.470 empleos no declarados. Todo ello habría supuesto la reducción del déficit estructural en 3,5 puntos.

Parte de decisiva de esos esfuerzos del gobierno sería la reforma del sector financiero, con una ventajosa negociación con la UE que habría permitido un rescate (con condiciones “sólo al sector”) de 40.000 millones de euros al 0,5% y un período de carencia de 10 años. Ello habría permitido restablecer la credibilidad de la banca española, que ya ha conseguido colocar en los mercados privados 6.200 millones de euros en bonos y devolver al BCE 144.000 millones de euros de una deuda que llegó a alcanzar los 388.736 millones de euros.

Tendríamos, además, las “reformas” laboral y del sector eléctrico, a la espera del impulso definitivo de las de educación y administraciones públicas. “Si la crisis lo permite”, Rajoy anuncia, encima, una segunda oleada de “reformas estructurales” en 2014 tendentes a fortalecer la reactivación empresarial mediante la ampliación de las líneas de crédito del ICO, la reforma del régimen especial del IVA, subvenciones fiscales para i+d+i y ampliación de las funciones de las empresas de trabajo precario (ATT), que podrán hacer contratos de formación y aprendizaje.

Dado el carácter de la crisis, esta “narrativa” exige también otra paralela sobre las negociaciones del actual gobierno del PP con la UE. Rajoy se encontró con una UE que no sólo consideraba un rimero de errores la política de Zapatero, sino que estaba convencida de la falta de voluntad española para imponer la consolidación fiscal procíclica y hacer “reformas”. Rajoy, no sólo habría significado un cambio radical de actitud, sino que habría defendido desde el principio la perentoria necesidad de garantizar la irreversibilidad del euro, primero, y a partir del 20 de febrero, de combinar en Europa la austeridad con las políticas de estímulo. A pesar de sus denodados esfuerzos, la situación no permitió hasta el Consejo Europeo del pasado junio que fraguase un consenso comunitario suficiente, proceso en el cual se habría incrementado el protagonismo español y el peso del Reino en Europa, según habría podido constatarse en las negociaciones del presupuesto de la UE 2014-2020: España, a pesar de la reducción del mismo, será receptora neta (0,20% de su PIB).

La “narrativa” del gobierno no puede ser más triunfal. Y por si no bastaran los triunfos de la voluntad política, a mano queda, el fatum de la necesidad: lo hecho y andado, bien o mal hecho y bien o mal andado, ¡vaya por Dios!, era de todo punto “inevitable”. La narrativa ahora “ofrecida”, chapucera e increíble composición de libre astucia conativa e implacable destino ineluctable viene, con todo, a interrumpir el hilo (¿táctico?) de silencios, incomparecencias parlamentarias y mutismo mediático de Rajoy: en el mejor de los casos, y por la vía del rodeo tácito, fragmentarias y deslabazadas explicaciones del hacer (y el no hacer) del gobierno. A tenor de lo dicho por un recrecido Rajoy, diríase ahora, lo que es cuando menos digno de nota, que se despejan las dudas, se desvanecen las contradicciones más chocarreras y los repetidos fracasos trocan inopinadamente en otros tantos triunfos. ¡Hasta se avilantó a situar en 2014 el momento del inició de la recuperación!

El alcance del “derecho de rectificación” de Rubalcaba

Rubalcaba preparó su intervención consciente de las encuestas sobre la atribución de responsabilidades en la crisis. Intentó eludir el debate con la “narrativa” de Rajoy centrando su intervención en los efectos de la crisis y en los sufrimientos de los ciudadanos: “todo lo importante está peor”. Tan incomprensible como ridículamente, a pesar de haber exigido la dimisión de Rajoy unos pocos días antes, con ocasión del escándalo de los “sobres” de Bárcenas, se limitó ahora –tras el habitual rebencazo megalomaníaco arbitrariamente propinado por Felipe González— a un pellizco de monja: constató que Rajoy “ha destruido el capital político que le dieron las urnas” y declamó como en un suspiro que “los ciudadanos creen que su gobierno ya no es capaz de sacar al país adelante”.

En su turno de réplica, le resultó muy fácil a Rajoy desbaratar esta inconsistente retórica desde el primer arranque: “ya procuraré ordenar algunas de las cosas que usted ha dicho”, porque “el Sr. Pérez Rubalcaba tiene una historia”. Y esa historia es la de los errores del Gobierno Zapatero, el posterior –y obligado— “cambio de rumbo” de Rajoy y la falta de apoyo de la “oposición responsable” a los pactos de estado propuestos por el PP sobre pensiones, defensa, política exterior, Europa y educación: ni Rubalcaba ni el PSOE pueden aceptar “la rectificación total de sus políticas”. Y al final, el verduguillo del recochineo: “piden ustedes demasiadas dimisiones. Yo no pediré la suya: no me conviene”.

De un solo golpe Rajoy sometía la política de “emergencia nacional” de Rubalcaba a la aceptación de la “narrativa” gubernamental de la crisis y de la hegemonía del PP en el sistema bipartidista. El PSOE rubalcabista quedaba transterrado a la tierra de nadie: fuera del espacio de la protesta social en la calle y fuera del espacio de la gestión del poder; condenada, pues, la “oposición responsable” a una crisis interna sin cuento ni fin, que eso es, al fin y al cabo, como dice el mismo Rajoy, lo que conviene al gobierno.

Rubalcaba solo pudo ya balbucear calamitosamente su “derecho a rectificar”, y ante el humillante rechazo de su oferta de pacto nacional, amagar con un nuevo zig-zag para mitigar la crisis interna del PSOE: una reforma de la Constitución para defender los “derechos de los trabajadores”, ¡después de haberla contrarreformado él mismo hace poco más de un año para defender los privilegios de los especuladores financieros y de la banca privada extranjera!

Porqué no convencen Rajoy ni Rubalcaba

Huelga decirlo: la “narrativa” de Rajoy sobre la crisis es un cuento. Un cuento absurdo. Por lo pronto, las políticas procíclicas de ajuste, recortes y contrarreformas que ha aplicado no son sino la continuación de las iniciadas por el Gobierno Zapatero en mayo del 2010, al dictado de los ritmos impuestos por la Unión Europea. A estas alturas, además, nadie ignora ya que de haber ganado per impossibile las elecciones Rubalcaba, también a él le habría obligado “el deber” a ciscarse en su programa electoral y a poner por obra políticas muy similares a las de Rajoy. Nada aguza tanto el ejercicio de la memoria como las penas hijas del escarnio: los ciudadanos del Reino de España recuerdan perfectamente quién fue el primero en romper la baraja e iniciar el proceso político-social deconstituyente en curso, quién se saltó, el primero, todos los tabúes sociales del Régimen de 1978 con un tsunami de políticas neoliberales procíclicas culminadas con una contrarreforma constitucionalexpress que rompió irreversiblemente el arco constitucional dinástico originario, dejando fuera a CiU y a IU: un PSOE que se desplomó 14,5 puntos, humillantemente derrotado por un Rajoy vendedor, sobre todo, de ”credibilidad”. Un Rajoy, empero, que no tardó ni un padrenuestro en hacer lo contrario de lo que figuraba en su programa, para poder cumplir con “su deber” ante la UE; un Rajoy que, por lo mismo, se halla hoy también en caída libre en las encuestas sin que el PSOE vislumbre el menor indicio de recuperación.

En el cuento de Rajoy falta, por lo demás, el elemento central del desencadenante del rescate financiero y de la crisis más aguda de la deuda soberana: la quiebra de Bankia y de la mayoría de los bancos constituidos tras la reforma de las Cajas de Ahorro como consecuencia de los decretos del Ministerio de Economía de febrero y mayo de 2012. En cambio, la obvia responsabilidad de esta decisión político-económica del Gobierno Rajoy –hoy judicializada en el caso de estafa de Bankia— es esperpénticamente presentada como un “éxito” de la negociación en Europa del rescate bancario. La discreta verdad, para cualquiera que haya seguido la información públicamente disponible, es que el caso ha constituido un paradigma sin par de chapucería administrativa, incoherencia económica y deslealtad institucional. Lo que terminado, por ahora: con más de tres puntos del PIB de deuda pública (que no contabilizará la Comisión, pero sí los mercados financieros); con la venta por 1 euro de un Banco de Valencia saneado con 6.000 millones de dinero público; con pérdidas de 19.000 millones en Bankia; y por terminar en algún sitio, con la futura venta de NovaCaixaGalicia y otros bancos rescatados con dinero público a precios similares al del Banco de Valencia a la banca privada. Lo cierto es que no se puede entender la crisis en y del Reino de España sin abordar –y aún no se ha hecho cabalmente— la bancarrota de Bankia y sus múltiples consecuencias, que han venido a condicionar de manera determinante toda la gestión de la crisis hecha hasta ahora por el Gobierno Rajoy, así como su posición en Europa y la quiebra irreversible del consenso interno del bloque económico-político rector de la Segunda Restauración. Basta con observar esto: Rubalcaba ni mencionó Bankia. ¿Asombroso? De ningún modo. El jefe del otro partido dinástico, el líder de la “oposición responsable, no podía introducir Bankia en una posible “narrativa” alternativa de la crisis, siendo así que la gestión de Caja Madrid, primero, y de Bankia, después, es el más notable e ilustrativo ejemplo del tipo de gestión política clientelar, compartida por todas las instituciones del régimen, del modelo económico de la Transición? Repárese bien en el detalle: ni siquiera lo ha hecho el Presidente del Banco de España del PSOE, Miguel Ángel Fernández Ordóñez; por “responsabilidad”, claro, es decir, por las mismas razones declaradas por Rajoy y recatadas por Rubalcaba.

En cuanto al tercer elemento de la “narrativa” –la defensa de la posición española en la UE que tan triunfalmente se atribuye Rajoy—, basta con una revisión de hemeroteca de la prensa financiera extranjera para desmontarla: tras el rescate de la banca, la presión del gobierno Rajoy se ha volcado en conseguir una nueva intervención masiva del BCE en los mercados secundarios de deuda pública, habida cuenta de la advertencia de Merkel de que un segundo rescate no sería ya aprobado por su parlamento y del rechazo alemán de cualquier mutualización de la deuda. Yanis Varoufakis ha explicado recientemente las inestables y razones de la actual situación de engañosa calma registrada en los mercados de deuda soberana en euros, incluido el español. Por lo demás, la reducción del presupuesto europeo es otro jalón más en la cadena de humillaciones de una austeridad procíclica impuesta, frente a la cual nada significa una dádiva del 0,20% del PIB, como bien explica Javier Doz.

El problema de Rubalcaba no es, como pretende Rajoy, que tiene una historia distinta de la suya. Al contrario: sus historias, al menos en lo atinente a la gestión de la crisis, son tan parecidas, sus vidas tan paralelas, que bien podría pensarse, como parece que piensa ahora mismo el grueso de la población española, que toda la diferencia estriba en ser dos caras de la misma moneda fraudulenta. Y a fe que a eso es a lo más que parece aspirar el “derecho de rectificación” reivindicado por el triste sparring noqueado que es ahora Rubalcaba.

Corrupción, pactos de estado, reforma constitucional

El resto del debate puede resumirse brevemente.

La corrupción apareció en el debate como un invitado indeseado. Para el PP, PSOE y CIU, afectados gravemente por las denuncias en curso, se trata de un problema aislado de personas, no de un mecanismo estructural del funcionamiento del actual régimen económico y político: las referencias al fraude fiscal y a la economía sumergida se hacen puramente ad hoc. El caso es que ese problema de “personas” mantiene embargada toda la acción de gobierno, más pendiente ahora del capricho arbitrario y de los posibles “ataques de sinceridad” del Sr. Bárcenas en las próximas comparecencias ante el juez Ruz, que de ninguna otra cosa.  

La propuesta de un pacto de estado contra la corrupción, sustentado en el control individual de los políticos y de los tesoreros de las organizaciones no resuelve la financiación de los partidos políticos ni ataca el problema de fondo de las capas de redes caciquiles superpuestas. Sospechosos todos, ¿quién puede negarse a aceptar mayor transparencia? De momento, lo que se pretende es ganar tiempo, judicializar los escándalos y ofrecer reñidos concursos de fariseísmo: ¡y yo más! La quiebra del consenso básico del bloque rector dinástico promete un futuro inmediato con abundante y entretenido espectáculo: andan rotos o sueltos los puntos básicos de soldadura que permitían cierta unidad en la mediación de los conflictos de intereses. De momento, el futuro inmediato de Rajoy, como el del Rey, depende del capricho en sede judicial de un delincuente económico-político: tan es así, que no ha podido hasta ahora ni presentar una querella como Cospedal.

La común retórica de los pactos de estado ofrecidos por Rajoy y Rubalcaba responde a dos motivaciones muy distintas, como ya se ha dicho. Rajoy no tiene el menor interés real en el asunto, porque, como es suficientemente evidente, su verdadero activo político es la mayoría absoluta parlamentaria, cuya disciplina interna le ha reforzado en el debate. Rubalcaba carece de espacio de actuación propio, aislado institucionalmente y despreciado en las protestas sociales, a las que, sin la menor convicción, dice ahora querer representar. Una posibilidad real de pactos de estado sólo podría fraguar merced a la “emergencia nacional” que, precisamente, Rajoy declara ahora haber conseguido evitar posponiendo indefinidamente el segundo rescate, ratificándose en la “inevitabilidad” de sus políticas procíclicas de austeridad y gestionando la devastadora erosión de su legitimidad por los movimientos sociales o por el desafío soberanista catalán como problemas de ley y orden, faltos de cualquier alternativa política a lo “inevitable”.

Así las cosas, la crisis Segunda Restauración cobra la forma de una polarización respecto de una posible “reforma constitucional”. Conviene observar que, en el curso del debate, todos los partidos, salvo el PP y su marca blanca navarra, UPN, han defendido algún tipo de “reforma constitucional” más o menos drástica. Lo cierto es que cualquier vía abierta en ese sentido sería una vía de agua definitiva en la nave de un Reino ya en abierto proceso reconstituyente. Las fuerzas políticas y sociales que podrían preparar y dirigir un nuevo proceso constituyente rupturista de signo republicano y popular parecen todavía incipientes, desde luego políticamente. Para el viejo y descompuesto bloque político-económico dinástico cristalizado en la Transición no hay más alternativa que el empecinamiento en la catastrófica gestión de la crisis del régimen existente. Conviene no olvidar que en el claroscuro de ese triste equilibrio impotencias, como dejó dicho Gramsci hace muchos años, suelen crecer los monstruos

 Antoni Domènech es el editor de SinPermisoGustavo Buster Daniel Raventós son miembros del Comité de Redacción de SinPermiso.

Fuente: http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=5723

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