Violencia y rebelión desde el Gobierno de España

Víctor Alonso Rocafort / Eldiario.es

El padre del pensamiento liberal, John Locke, en su Segundo ensayo sobre el gobierno civil especifica que cuando un gobierno usurpa las libertades, entrega el gobierno a la sujeción de un poder extranjero, se corrompe, o conduce la sociedad de un modo distinto al que esta ha prescrito, el derecho de resistencia ciudadana está más que justificado. Para el inglés los auténticos rebeldes en este caso son los gobernantes. Locke, basándose en la raíz latina re-bellare , indica que en cualquiera de estos supuestos el gobierno está protagonizando una vuelta al estado de guerra. Ante el desprecio gubernamental por la política, la ciudadanía debe defenderse para reinstaurarla.

Parece que las acciones del gobierno español casan a la perfección con la descripción lockeana en los cuatro casos mencionados. Pero además de rebelde, el gobierno es violento. ¿Qué significa esto?

Los vínculos del gobierno se han establecido con la oligarquía; a ella favorecen sus decisiones y hasta las leyes. Basta con repasar el relato de la acción gubernamental — socialista y popular — durante la crisis, echar un vistazo a los indicadores de desigualdad, a los de concentración de poder, al fenómeno de las puertas giratorias o recordar su desprecio por el programa electoral. Cuando el gobierno ordena a la policía echar a la gente de sus casas, golpear y detener a quienes solidaria y pacíficamente tratan de impedirlo, está defendiendo una vez más los intereses de unos pocos. En este caso los de los propietarios de los bancos.

Se supone que la policía es una institución pública, pagada por todos y que nos debe obediencia a través del poder político. Si este no nos representa democráticamente, la policía pierde también el vínculo ciudadano. En realidad aceptamos que el monopolio de la violencia reside en el Estado porque el gobierno que lo dirige es democrático. Si hay dudas sobre esto, se quiebra algo imprescindible: la confianza. Dejamos de imaginar “protección” al ver a gente vestida de azul, para sentir inquietud e incluso miedo.

El gobierno de España utiliza así, pervirtiéndola, una fuerza que no es suya — ¡es nuestra! — al servicio de intereses espurios. A la vez limita derechos fundamentales como los de reunión o manifestación para contener la protesta. Por todo ello, en lugar de pensar que el gobierno vela por nuestra seguridad a la hora de hacer cumplir las leyes, decimos que es violento.

Si esto es así, ¿cómo hacer frente a la violencia del gobierno, que ya no creemos legítima, cuando se presenta armada en la puerta de tu casa? ¿Qué hacer cuando jóvenes, parados, mayores y niños se ven en la calle, soportando además una deuda impagable?

Hannah Arendt apostaba por distinguir claramente las reglas que rigen política y violencia. En la primera reina la palabra y la escucha a la hora de lidiar con los inherentes conflictos de la ciudad. En la segunda solo hay espacio para el silencio forzado, el grito o los lamentos; domina el rugido de los instrumentos que dañan. En la política las decisiones se toman deliberando entre todos, sin exclusiones, con un poder de decisión equitativamente repartido. Se cuida de lo público desde lo público. Cuando domina la violencia se impone la disciplina jerárquica, la obediencia sin discusión y la construcción del enemigo ante cualquier disidencia. Mientras, la política cultiva la amistad con el diferente, que puede y debe expresarse. Hay libertad de movimiento al pensar, al transitar por el mundo y en las diversas alianzas que se trencen. No hay bandos. La violencia en cambio son hermandades cerradas al combate; es destrucción, aunque su fin declarado sea otro más excelso.

El sentido de la política, lo que la hace marchar, es a cada instante la libertad.

A pesar de la defensa que toda su vida mantuvo por la política, Arendt había escrito a comienzos de los años cuarenta, en la revista neoyorquina Aufbau , una serie de artículos animando la conformación de un ejército judío. Entonces sostuvo que era imprescindible tomar la iniciativa en la autodefensa frente al nazismo, así como erigirse en sujetos de cara a la negociación de una futura paz. Es más, en su polémico libro sobre Adolf Eichmann, había criticado la pasividad de los judíos que eran conducidos a los guetos, a los campos, a las cámaras de gas. Arendt sabía lo que pedía en estos escritos. Reconocía que una vez el ciudadano se torna soldado, cuando posteriormente regresa a la ciudad tras las experiencias sufridas en el frente, se ha convertido en un ciudadano “herido”. La opción por la violencia es trágica. Te introduces en un terreno enfangado de graves renuncias; sobrevienen las jefaturas, el miedo, los enemigos y en última instancia los asesinatos. De racionalizarse, ya solo cabe esperar el Terror. Sus fantasmas te acompañarán de por vida.

¿Qué hacer entonces en la España de 2013? Es un contexto muy distinto, pero ¿nos sirven estas reflexiones?

De las múltiples iniciativas ciudadanas contra este gobierno, ninguna aboga por la violencia. Al contrario, están suponiendo una extraordinaria apuesta por el tipo de política que describió Arendt. El gobierno, medios afines y un partido como UPyD han empleado sin embargo palabras muy gruesas en sentido contrario. Han acusado a familias y ciudadanos agrupados en las Plataformas de Afectados por la Hipoteca de ejercer la violencia al modo de los terroristas, e incluso de apoyar a ETA.

El gobierno está construyendo un enemigo, no está dialogando. El fin es ejercer la represión más cómodamente, como acaba de demostrar la orden del Ministerio del Interior sobre los escraches. No resulta así casual que quien se haya expresado de forma más contundente estos días haya sido quien manda sobre la policía en Madrid, Cristina Cifuentes. Con esta criminalización tratan asimismo de justificar el rechazo a la propuesta de la PAH en el Parlamento.

Los escraches sobre representantes del partido en el gobierno son un brusco recordatorio a la olvidada responsabilidad de quien gobierna. “Tú me has ignorado, pero estoy aquí”. “Tus firmas burocráticas, tu gesto al apretar un botón, tienen consecuencias sobre personas como yo”. Estas afirmaciones surgen contra la ceguera moral del gobernante, y son el último recurso ante la quiebra de la representación democrática. Armados con silbatos y pegatinas, los desahuciados y quienes con ellos se solidarizan llevan la protesta hasta los espacios privados. Aparece también la persecución. No golpean, y expresamente se identifican como pacíficos.

El riesgo de violencia está presente, qué duda cabe. Cuando los absolutos se introducen en la escena, cuando la rabia ofende tanto el sentido de la justicia que explota y cuando se señala al otro como enemigo para (con)vencerlo sin escucharlo, se renuncia a la construcción democrática de otra política. De ahí que cada paso deba pensarse y toda crítica que no desea marcarte como objetivo deba atenderse. Pues nadie quiere parecerse a aquel frente al que se resiste. Y a la vez nadie quiere que lo echen de su casa. Ni que le dejen sin sanidad pública. Ni que lo golpeen impunemente o le obliguen a pagar una deuda que no es suya. Ahí está la tensión.

Pero no nos equivoquemos. Si alguien se ha comportado como una organización violenta ha sido el gobierno. Es él quien ha apostado por salirse de la política. Se ha rebelado contra la democracia, dejando sin apenas opciones a mucha gente. Las víctimas de los desahucios tan solo renuncian a seguir el camino de las expulsiones con la cabeza gacha. Se erigen como sujetos activos que toman decisiones propias, que apuestan por una resistencia en las lindes de la acción política en defensa de sus derechos y de los nuestros. De ahí que merezcan el apoyo del resto de ciudadanos, lo que tampoco supone un cheque en blanco.

El problema es que el gobierno no desea retornar a la política. Se resiste a dejar de jugar en un campo donde cree tener las de ganar. Ha demostrado además en múltiples ocasiones su torpeza en esta crisis y, si puede, incendiará. Antes de lamentar cualquier punto violento de no retorno es preciso que el poder de los muchos, pacíficamente y en las calles, haga caer a este gobierno rebelde. Si esto no sucede pronto, la responsabilidad de lo que pueda pasar en estadios posteriores también será nuestra. Así que démonos también por enterados.

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Un comentario sobre “Violencia y rebelión desde el Gobierno de España

  1. Eso ocurre cuando las instituciones están al servicio de unos pocos escogidos.
    En este caso, el gobierno con su mayoría crea leyes que abiertamente protege los intereses de esas minorías de quien dependen.
    Por ello, proclama con la boca llena que está para defender la legalidad. Y se atreve, incluso, a poner en movimiento toda la fuerza represiva que de es capaz para garantizar este “orden” establecido que, siendo legal ¿?, es manifiestamente inmoral e injusta.
    El ciudadano de la calle se siente desprotegido frente a un gobierno partidista, que se declara árbitro supremo para sancionar solo las faltas de una parte; la otra, puede cometer todos los atropellos imaginables que contará siempre con la protección institucional.
    Así, podemos ver cómo son reprimidos con toda contundencia grupos de manifestantes que protestan por las injusticias de que son objeto, mientras el verdadero agresor y delincuente cuenta con un cordón policial que vigila su integridad.
    Y lo que es peor aún, los medios, la gran mayoría, se han apostado del lado del delincuente denunciando la presión que tienen que soportar de las hordas “antisistema”.

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