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Bruselas censura el trabajo de la Guardia Civil contra la tortura

Silvia Martínez | Noticias de Álava | 30/04/2013

BRUSELAS. A la Guardia Civil no le gusta lo más mínimo que los expertos del comité europeo para la prevención de la tortura del Consejo de Europa indaguen sobre cómo trabajan y las condiciones que existen en la unidad de detención del servicio de información de la Dirección General de la calle Guzmán el Bueno de Madrid. Un centro al que son trasladados prácticamente todos los detenidos en régimen de incomunicación, en su mayoría presos de ETA, y a cuyas dependencias siguen sin poder acceder con la facilidad que les gustaría. Así consta en un nuevo informe que publica hoy este organismo y al que ha tenido acceso este periódico. El documento constata también que siguen existiendo alegaciones «creíbles y consistentes» de malos tratos cometidos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.

No es la primera vez que media docena de expertos de este organismo tratan de visitar el citado centro. Ya lo hicieron en 2007 y la conclusión cuatro años después es calcada. «La delegación del CPT se encontró con las mismas trabas para acceder a estas dependencias y no se había hecho nada para que esta situación no volviera a repetirse», advierten sobre una visita realizada entre el 30 de mayo y el 13 de junio de 2011. «Durante algo más de una hora, oficiales de la Guardia Civil negaron a la delegación el acceso a la zona de detención, aduciendo que el edificio estaba fuera de uso. Otra traba fue el hecho de que las llaves de estas dependencias no estuvieran disponibles», señalan en un texto de un centenar de páginas en el que explican que si consiguieron entrar fue gracias a que encontraron una puerta trasera y a que un encargado de la limpieza les abrió desde el interior.

Los expertos también cuentan que entrevistaron a once de los 16 detenidos en dos operaciones efectuadas por la Guardia Civil en el primer trimestre de 2011 y que una decena de ellos realizaron «alegaciones creíbles y consistentes» de malos tratos. Desde patadas, bofetadas, golpes y puñetazos hasta el uso de la bolsa de plástico en la cabeza y amenazas de abusos sexuales realizadas durante el traslado o en los interrogatorios en Guzmán el Bueno. «El CPT ha estado llamando la atención de las autoridades españolas durante dos décadas sobre el problema de los malos tratos que infringe la Guardia Civil. Los problemas siguen sin resolver», advierten, instando a las autoridades españolas a realizar una «investigación rigurosa e independiente» en un plazo de tres meses.

ERTZAINTZA Entre la batería de recomendaciones del informe a España destacan la obligación de que un juez o fiscal registre las denuncias por escrito de inmediato y ordene un examen forense. Recuerdan que el régimen de incomunicación debe ser «excepcional y limitado» y que es necesario garantizar a los detenidos el derecho a comunicar a una persona de su elección el hecho de su detención y el lugar donde están detenidos, la elección de abogado, a entrevistarse sin testigos con el abogado de oficio designado e incluso a elegir el médico que quieren.

El informe también pide a las autoridades españolas una reforma de las celdas de detención de la calle Guzmán el Bueno y a la Ertzaintza que solucione «las deficiencias observadas en las celdas de detención en régimen de incomunicación en Arkaute» para equiparlas con «timbre e iluminación adecuada». La lista de peticiones incluye nuevas medidas contra la masificación en las cárceles -se menciona el caso de Catalunya y La Modelo de Barcelona- y mejoras en las condiciones y personal de los centros de internamiento de extranjeros.

Dos guardias civiles trasladan a un acusado de pertenecer a ETA.FOTO: EFE

El Consejo de Europa vuelve a señalar al cuartel de Madrid y a las fuerzas policiales por los malos tratos cometidos

Fuente: http://www.noticiasdealava.com/2013/04/30/politica/bruselas-censura-el-trabajo-de-la-guardia-civil-contra-la-tortura

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Dos denuncias cada día: ¿dónde y quién tortura en España?

Aída Sánchez | Canal Solidario | 21/06/2010

El próximo sábado 26 de junio se celebra el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura. Una media de dos denuncias diarias por tortura durante los últimos seis años muestran que la persistencia de la tortura es fruto de la impunidad que la ampara.

Informes anuales de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura y otras ONG, de los distintos Relatores de la ONU, del Comité para la Prevención de la Tortura y del Comité Contra la Tortura (CAT), además de las condenas de los Tribunales españoles y del Tribunal Europeo deDDHH, muestran que la tortura subsiste y crece en España.

Hemos hablado con Jorge del Cura, miembro de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, que nos ha hecho una radiografía de la tortura en el Estado español.

¿Dónde y quién tortura en el Estado español?
La denuncia por práctica de la tortura está generalizada en todos los cuerpos policiales y funcionarios encargados de la custodia de personas privadas de libertad. Existen denuncias, y condenas, contra agentes del cuerpo nacional de policía, guardia civil, policías locales, policías autonómicas (mossos d´esquadra, ertzaintza, policía foral de Navarra…), funcionarios de prisiones, personal de centros de menores y militares.

En cuanto al lugar donde se producen, hay denuncias y condenas en todas las comunidades autónomas del Estado, así como en todo tipo de dependencias donde existen personas privadas de libertad (cárceles, comisarías y cuartelillos, centros de menores….).

Igualmente existen numerosos casos de agresiones en el momento de la detención, en la calle, en descampados a los que se ha trasladado ilegalmente a algunas personas detenidas antes de ser llevadas a las comisarías, así como en los vehículos policiales durante los traslados de los detenidos.

¿Existen pruebas?
Existen pruebas de estas agresiones. No solo los testimonios de las personas agredidas, sino también los testimonios de testigos de las agresiones. Existen los partes médicos que acreditan la realidad de las lesiones sufridas… En ocasiones contamos con grabaciones de las agresiones, por cámaras de videovigilancia o grabaciones de particulares que han observado lo ocurrido,… y también, en ocasiones, muy pocas lamentablemente, existe el testimonio de funcionarios públicos que confirman la veracidad de la denuncia. No es la falta de pruebas el problema, sino la actitud de los jueces y fiscales ante las denuncias por tortura

¿Quién investiga estas torturas?
Los delitos de tortura deberían ser investigados por jueces y fiscales, quienes deben por imperativo legal actuar rápida y eficazmente ante cualquier indicio de tortura o maltrato. Por desgracia, como han denunciado reiteradamente los organismos internacionales de Derechos Humanos, por ejemplo el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura en el último informe publicado sobre el Estado español, la actuación de jueces y fiscales contra la tortura deja mucho que desear.

De hecho el Estado español ha sido condenado tanto por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo como por el Comité Contra la Tortura de la ONU y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por no investigar suficientemente las denuncias por tortura, o por retraso inaceptable en las investigaciones de estos delitos.

El Estado español ha sido condenado por el Tribunal de Estrasburgo, por el Comité Contra la Tortura de la ONU y por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por no investigar suficientemente las denuncias por tortura

En la práctica, son las asociaciones de Derechos Humanos y las personas agredidas quienes, en la mayoría de los casos, impulsan la investigación de las agresiones en los tribunales de Justicia.

También existe la posibilidad de que las agresiones por parte de los funcionarios sean investigadas por la propia administración (Ministerio del Interior, etc…). son muy pocas las investigaciones internas que han sido trasladadas a los Juzgados. En todo caso estas investigaciones internas están supeditadas, o deberían estarlo, a la investigación judicial de los hechos denunciados.

En las denuncias de las víctimas aparecen amenazas de muerte de los agentes con pistolas, cuchillos, azotes en las plantas de los pies con látigos, golpes en la cabeza, patadas, puñetazos e insultos, incluso estando esposadas, ¿es una tendencia que va a más o son “casos aislados”?
La Coordinadora para la Prevención hace público un informe anual en el que se da cuenta de entre 600 y 700 denuncias por tortura y/o malos tratos al año. Analizando estos casos (más de 7.000 en la última década) vemos que las agresiones o amenazas con cuchillos o los golpes con látigos son casos aislados y muy raros, al menos en cuanto a los casos conocidos por la Coordinadora para la Prevención y denuncia de la Tortura.

Sin embargo las otras formas de agresión son muy comunes, si bien la inmensa mayoría de las agresiones que se producen son golpes con las manos, puñetazos y patadas a los detenidos, incluso cuando ya están esposados y tumbados en el suelo. Igualmente son muy habituales los insultos de todo tipo y las amenazas. Las amenazas de muerte con pistolas o revólveres también se han dado, si bien en menor medida.

¿Por qué hay tan pocas penas condenatorias sobre los autores de las torturas?
Hay muchas razones, pero podemos resumirlas en la ‘utilidad’ de la tortura y los malos tratos para el Estado, tanto para las fuerzas de policía como para algunos jueces. A ello hay que sumar el corporativismo de los funcionarios policiales, o de instituciones penitenciarias, que dificulta, cuando no imposibilita, identificar a los responsables de la agresión; la actitud de los responsables políticos (tanto a nivel estatal como local) de apoyo a los funcionarios denunciados, y la política de ocultación por parte de los medios de comunicación.

El apoyo de los ciudadanos europeos a la tortura está aumentando de forma importante, son relativamente habituales manifestaciones de apoyo explícito a su práctica, incluso a su legalización para supuestos de terrorismo

Por otra parte, lamentablemente, el apoyo de los ciudadanos europeos a la tortura está aumentando de forma importante, siendo relativamente habituales manifestaciones de apoyo explicito a su práctica, incluso a su legalización para supuestos de terrorismo.

ONG como SOS Racismo, Médicos del Mundo y Ferrocarril Clandestino han denunciado reiteradamente la práctica de torturas en los CIE. ¿Sufre más torturas la población inmigrante?
Hay una gran dificultad en conocer la incidencia real de la tortura y/o los malos tratos a personas privadas de libertad. Sabemos que existen casos denunciados que nunca llegan a conocimiento de la Coordinadora. Hay que tener en cuenta que los casos que la Coordinadora conoce anualmente se acercan a los 1.000 casos, pero una tercera parte, o más, de estos no se recogen en los informes por falta de datos suficientes para contrastarlos debidamente o, en muchos casos, por petición expresa de la persona agredida que, por temor a represalias u otras causas, nos pide que no incluyamos ni hagamos referencia a su caso de ninguna forma o bajo ningún concepto.

Finalmente, sabemos que son muchas las agresiones policiales que no se denuncian, muchas veces por miedo a represalias, como ya se ha dicho. Esta situación afecta a los sectores sociales más desfavorecidos: presos, personas detenidas por pequeños delitos contra la propiedad o tráfico de drogas… pero también afecta y en gran medida a los migrantes, tengan o no sus situaciones administrativas reguladas.

Es habitual que una denuncia contra los agentes policiales se vuelva en contra del migrante agredido, que se verá contradenunciado por atentado, por resistencia, etc.. lo que derivará en la apertura de un expediente de expulsión (tenga o no regularizada su situación) por aplicación de la ley de Extranjería. Es por ello que son muchas las personas migrantes que optan por no denunciar y silenciar la agresión sufrida.

A pesar de estas dificultades, la coordinadora tiene conocimiento de que, al menos, una media de 100 personas migrantes denuncia anualmente haber sido agredidas por agentes policiales (como ya se dijo, todos los cuerpos policiales se han visto denunciados por estas prácticas, y existen sentencias condenatorias contra agentes de todos estos cuerpos policiales).

El pasado año el Estado pidió una prórroga a la ONU para la puesta en marcha del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura (MNPT), ¿se ha avanzado?, ¿sigue sin que haber legislación al respecto?
La situación actual supone un retroceso importante en la lucha contra la tortura en el Estado español. El Estado en contra del criterio de todas las asociaciones contra la tortura y de la sociedad civil que habían participado en el proceso iniciado en el año 2006, designó en octubre de 2009, a la Oficina del Defensor del Pueblo como mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, lo que, a nuestro criterio, supone desactivar de hecho las posibilidades de implementar en el Estado español un verdadero mecanismo de prevención de la tortura.

Por otra parte, casi un año después, no se ha desarrollado el reglamento interno del Mecanismo ni la constitución del que denominan “Consejo Asesor” del MNPT, sin embargo las manifestaciones de los responsables de la Oficina del defensor del Pueblo en el acto de presentación del MNPT, en mayo de 2010 en el Senado, no hace presagiar nada bueno al respecto.

¿Cambiaría la situación la instalación de cámaras de vigilancia en las zonas de detención y reclusión?
El problema no es tanto la instalación de cámaras de grabación en las zonas de reclusión, sino la gestión de las grabaciones.

Si son los mismos funcionarios encargados de la custodia de las personas privadas de libertad, o sus compañeros, los encargados de decidir si una actuación policial grabada debe o no enviarse a los Juzgados; si el plazo de conservación de las grabaciones no remitidas a los Juzgados es de uno o dos meses… de poco servirá la instalación de esta cámaras.

Por otra parte, sea cual sea la forma de instalarlas, siempre existirán zonas en las que no podrá instalarse una cámara, por respeto a la intimidad del detenido, servicios, etc…, y ‘zonas ciegas’, donde no alcanza la cámara, en las que puede continuarse la agresión. Son numerosos los testimonios de personas agredidas que narran como los funcionarios, antes de golpearles, les llevan a zonas donde o bien no hay cámaras, o bien son ‘puntos ciegos’.

¿Podemos hacer algo desde la sociedad civil para acabar con la tortura?
La labor de la sociedad civil es fundamental para erradicar la tortura. Tanto de las organizaciones de defensa de Derechos Humanos, como de los ciudadanos individualmente. La prevención y erradicación de la tortura es un problema de voluntad política y por eso es importante que nos unamos, por ejemplo, a campañas de presión.

http://www.canalsolidario.org/noticia/dos-denuncias-cada-dia-donde-y-quien-tortura-en-espana/24052

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