El sector alimentario podrá parar la difusión de estudios que le dañen

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Pol Pareja | El País | 07/06/2013

A pesar de que nunca se ha demostrado su falta de veracidad, el PP ha puesto en el punto de mira los informes que realizan las organizaciones de consumidores para denunciar las irregularidades que cometen las empresas de alimentos en sus productos. Una enmienda introducida a última hora por el grupo popular en el Congreso —justo antes de que el proyecto de ley pase al Senado— permite que las compañías que no estén de acuerdo con las conclusiones paralicen su publicación mientras presentan un estudio alternativo. En caso de discrepancia entre ambos informes, se elaborará un tercero que será el definitivo.

Las principales asociaciones de consumidores se han rebelado contra una norma que consideran antidemocrática y limitadora de su libertad de expresión. En su opinión, los nuevos requisitos dilatarán en exceso la publicación de sus estudios. “¿De qué sirve informar de que una empresa puso en riesgo su salud dos años atrás?”, se pregunta Rubén Sánchez, portavoz de FACUA.

“No sirve de nada informar de un fraude de hace dos años”, dice FACUA

Una información como la que trascendió en enero, cuando laOrganización de Consumidores y Usuarios (OCU) reveló que las hamburguesas de vacuno contenían carne de caballo, podría demorarse mucho más tiempo en publicarse en el caso de que la ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria se apruebe con el texto actual.

El Ejecutivo ha escuchado una demanda que vienen haciendo desde hace tiempo los grandes grupos alimentarios, que consideran que los estudios de asociaciones como OCU o FACUA perjudican en exceso su imagen. La presión de la patronal de la industria alimentaria (FIAB) y de las grandes marcas que comercializan alimentos (Promarca) ha conseguido inclinar al PP a su favor, según fuentes cercanas a la tramitación de las enmiendas. Las mismas fuentes aseguran que fueron estos dos grupos, junto a los principales sindicatos agrarios y la federación de cooperativas agrarias, quienes propusieron la medida. Los populares no quisieron hacer declaraciones a este periódico y se remitieron a una nota de prensa en la que aseguran que el proyecto de ley “respeta todas las garantías de la normativa nacional y comunitaria”. El Ministerio de Agricultura y Alimentación, por su parte, respondió con un correo electrónico en el que recuerda que las enmiendas “las presentan los grupos políticos, no el Ministerio”. Promarca y FIAB tampoco quisieron responder a ninguna pregunta.

“Ya existen los tribunales para controlar nuestra actividad”, explica Ileana Izverniceanu, portavoz de OCU, a la vez que recuerda que, en las tres ocasiones en las que su asociación ha sido denunciada por sus informes, la Justicia les ha dado la razón. La primera vez fue a principios de los noventa, cuando la cadena de hamburgueserías Wendy’s presentó una querella criminal por supuestas calumnias en un informe en el que se cuestionaba la calidad de su carne. La compañía solicitó, además, una indemnización de 500 millones de pesetas (3 millones de euros), pero el caso se sobreseyó. La segunda denuncia a la que se enfrentó la OCU fue de la aceitera Aceites del Sur a raíz de una informe sobre la adulteración del aceite de oliva con otras grasas y aceites. El Tribunal Supremo también les dio la razón en 2010. El último caso, todavía sin sentencia firme, fue la demanda de la patronal lechera por un estudio de la calidad de la leche. El juzgado de Primera Instancia nº 2 de Madrid desestimó la demanda en abril de 2012, si bien la sentencia ha sido recurrida por la patronal.

Hasta la fecha, ningún tribunal ha desautorizado estos trabajos

Las asociaciones también reprochan al PP que, después de haberles consultado varios asuntos del proyecto de ley, hayan presentado esta enmienda en el último momento y sin haber tratado este aspecto con ellos. “Creemos que ha habido muy mala fe”, se lamenta la portavoz de OCU. También consideran que el objeto principal de la norma —regular las relaciones entre operadores económicos que intervienen en la cadena alimentaria—, no tiene nada que ver con la enmienda introducida. “La norma se plantea para establecer relaciones comerciales, en principio, no debería afectar al consumidor ni a nuestras actividades”, explica Yolanda Quintana, portavoz de CEACCU.

El proyecto de ley se ha remitido al Senado y hasta el 18 de este mes se podrán presentar enmiendas al texto en la Cámara Alta.

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/06/05/actualidad/1370458076_975120.html

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2 Comentarios

  1. ¿Del lado de quién están estos señores del PP y del gobierno?
    ¿Se nota?
    ¿La tiendita del barrio que prepara comidas para llevar, podrán “parar” la publicación, si estas organizaciones detectan alguna irregularidad?
    Evidentemente, ni las grandes empresas ni las pequeñas deben impedir que se conozcan esas irregularidades.

    Los ciudadanos de a pie les importan un carajo. Demostrado sobradamente.
    ¿Lo seguimos permitiendo?

  2. O sea, que con la reforma de la ley, una enmienda permite que las compañías a las que le reporte una perdida económica, paralicen el informe que denuncia las irregularidades en los productos que se van a consumir, mientras presentan un estudio alternativo y si no hay concordancia entre los dos informes, se realizara un tercero que será definitivo –lo que no explica el articulo, es quien realizara el tercer informe– y mientras no se realiza, este proceso, que será largo teniendo en cuenta la celeridad de nuestra administración, el consumidor, seguirá consumiendo estos productos en entredicho, que si es carne de caballo en la carne de vaca, sus consecuencias no serán de mayor gravedad, pero si lo que se da le caso, es, que un alimento lleva un exceso de arsénico o otra sustancia peligrosa, para cuando se definan los recursos habrá que contar los cadaveres.

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