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Penas de cárcel por tuitear manifestaciones

María Cappa | La Marea | 15/10/2013

Al leer determinados artículos da la sensación de que el Ministerio de Justicia se ha dedicado a recopilar las nuevas formas de protesta ciudadana del último año para después convertirlas en delito”. Esta es una de las críticas que Silvia Yáñez, integrante de la plataforma No Somos Delito, ha querido destacar en referencia a la reforma del Código Penal que actualmente se está debatiendo en las Cortes.

Esta plataforma, impulsada por las organizaciones Brigadas Vecinales de Observación Derechos HumanosComisión Legal SolAsociación Libre de Abogados (ALA), Asociación Sin Papeles Madrid (ASPM) y SOS Racismo Madrid, tiene como objetivo evitar que las modificaciones propuestas por el ministerio de Ruiz Gallardón se aprueben y entren en vigor. “No estamos hablando de que hayan endurecido unas penas concretas”, explica Yáñez: “El núcleo de la reforma consiste en un cambio de filosofía basada en castigar a un ciudadano por quién es en lugar de por lo que hace“. Incluso, se podrá llegar a sancionar con penas de cárcel convocar por redes sociales una manifestación si esta acaba con altercados.

Criminalizar las protestas

En los últimos meses se ha hablado mucho sobre grupos de preferentistas o una persona a punto de ser desahuciada que, acompañada por la PAH, entraba en una sucursal bancaria para tratar de presionar a la entidad financiera. En el primer caso, para que le devolvieran el dinero que, por ejemplo, un jubilado había invertido en preferentes en condiciones susceptibles de considerarse engañosas. En el segundo, para tratar de renegociar el pago de una hipoteca con el objetivo de que una familia no se quedara sin casa.

Una de las reformas que se quieren introducir en el nuevo Código Penal atañe precisamente a estas acciones, ahora integradas en el grupo de delitos contra el orden público. Según explican desde No Somos Delito, “bajo este nombre se engloban los delitos de atentado contra la autoridad, desórdenes públicos, invasión u ocupación de locales, oficinas o establecimientos públicos o privados, sabotajes y las conductas de quienes intentan impedir a otros el ejercicio de sus derechos cívicos”.

Esto significa que un grupo o un individuo “amparado por un grupo” puede ser condenado por desórdenes públicos o por ocupar un local en horario de atención al cliente. “¿Qué significa que una persona esté amparada por un grupo? ¿Qué lleva una camiseta que pone Stop Desahucios?”, cuestiona Yañez. “La definición de delito no es nada concreta, por lo que dependerá de la subjetividad de un juez que una persona que reclame que se respeten sus derechos termine o no en la cárcel”.

Las manifestaciones tampoco se han librado de la criminalización. Por un lado, en el nuevo código se elimina el concepto de resistencia activa de manera que ahora permanecer sentado en el suelo puede ser considerado un atentado contra la autoridad. Antes, sólo si se ejercía resistencia activa se entendía que podías cometer un atentado contra la autoridad.

Además, algunos hechos se consideran más graves si se llevan a cabo “en una manifestación o reunión numerosa”. En estos delitos de atentado, resistencia y desobediencia, además, se extiende la protección “al personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.

También “la distribución o difusión pública, a través de cualquier medio, de mensajes o consignas que inciten a la comisión de un delito de alteración del orden público o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo” pasa a considerarse un delito. Esto significa que, si por ejemplo, una persona que está en Murcia difunde por Twitter que en Gijón va a haber una manifestación a favor de los mineros y, por lo que fuera, hay disturbios, la persona de Murcia puede ser imputada por un delito de alteración del orden público.

La plataforma denuncia “la arbitrariedad de esta modificación, ya que implica que puede ser delito manifestar una opinión por un medio de difusión pública, si se considera que refuerza la decisión de alguien de asistir a una manifestación donde posteriormente se produce una alteración del orden público”. Y se pregunta: “¿Cuándo puede decirse que se ha reforzado la decisión de alguien? Por otro lado, ¿la decisión de quién?”

Para No Somos Delito, “la reforma responde a la voluntad del legislador de incluir en el Código Penal todas aquellas acciones que se han plasmado en la protesta ciudadana en los últimos tiempos, para poder castigar todas ellas, incluso las pacíficas y meramente reivindicativas”.

Esta modificación, afirma la plataforma, constituye una “intromisión ilegítima de los poderes públicos en las comunicaciones de los ciudadanos, que puede vulnerar el secreto de las comunicaciones en el caso de mensajes de móvil y correos electrónicos y que castiga las simples opiniones. Todas estas conductas rompen con un principio básico en todo Estado democrático, el de que la opinión no delinque“.

Se eliminan las faltas

Otra de las reformas más llamativas pasa por la eliminación de las faltas (de menor gravedad que los delitos) y se distribuyen los castigos entre las sanciones administrativas y los delitos leves. “No sé qué es peor”, lamenta Yáñez. Según la plataforma No Somos Delito, “la consideración como delito leve y no como falta supone un mayor incremento de pena sin fundamentarse por qué tiene lugar. Además, acciones que hasta ahora no tenían tanta importancia (como hacer un graffiti) desde ahora darán lugar a antecedentes penales“. Más allá del hecho de que las faltas se tramitaban con una cierta agilidad pero los delitos, que tienen otro procedimiento, alargan el tiempo que pasa hasta conocer la sentencia.

Por otro lado están las faltas que pasan a ser sanciones administrativas, es decir, las multas. Este tipo de sanciones tienen que recurrirse ante el organismo que las ha impuesto y, en caso de que no modifiquen su valoración, acudir a un tribunal para que sea una persona objetiva la que determine si está bien impuesta.

Silvia Yáñez explica que, según su experiencia, “a ninguna de las personas a las que han multado en una manifestación les han perdonado la multa en primera instancia”. Es necesario, por tanto, ir a juicio que, desde que entró en vigor la Ley 10/2012 de 20 de noviembre, implica un pago de tasas judiciales. “Es decir, que quien tenga dinero podrá recurrir una multa y quien no se lo pueda permitir, tendrá que pagarla sin poder protestar”, concluye Silvia Yáñez.

Pinta de delincuente

Otra de las reformas más llamativas tiene que ver con las medidas de seguridad, que son sanciones que complementan o sustituyen una pena y cuyo objetivo es prevenir la comisión de nuevos delitos. No Somos Delito pone como ejemplo un toxicómano que atraca una tienda para conseguir dinero. En caso de que la pena impuesta fuera inferior a dos años de cárcel, podría acordarse como medida de seguridad que se le tratara en un centro de desintoxicación.

En las reformas propuestas se introducen nuevos criterios para determinar si un sujeto merece o no conmutar la pena de cárcel por una medida preventiva. Entre ellos, la probabilidad de que vaya a cometer nuevos delitos. “Esto implica que no se está juzgado un hecho concreto (como se hacía hasta ahora), sino que el juez o tribunal tienen que adivinar cuál va a ser el desarrollo de esa persona en el futuro”, explican desde la plataforma.

Además, cuando se adopta esta medida de seguridad, no solo deberá ser proporcional al delito cometido, sino también a los posibles delitos que el juez prevea que el sujeto va a cometer, condición ésta que lesiona la presunción de inocencia contenida en la Constitución Española, según la plataforma.

Para luchar contra el fraude

Yáñez ha querido desmentir uno de los argumentos más recurrentes del Gobierno para defender la introducción de reformas en el Código Penal, y que pasa por endurecer la lucha contra el fraude. “No hay más que fijarse en los artículos que se refieren a esto en el proyecto para darse cuenta de que es falso”, reprocha la letrada, que recuerda que, ya en diciembre del año pasado, se aprobó la Ley Orgánica 7/2012 que separaba los delitos de fraude a la Seguridad Social y fraude a la Hacienda Pública.

Por un lado, para que el fraude fiscal (Hacienda) se considere delito es necesario que la cifra defraudada supere los 120.000 euros. “Está claro que una persona con pocos recursos no se puede permitir estafar tal cantidad. Ni siquiera una Pyme puede hacerlo”, aclara Yáñez. De la otra parte están los delitos contra la Seguridad Social, que pueden ser cometidos por empresas (fraude en el pago de cuotas) o por ciudadanos individuales (fraude por apropiación indebida de prestaciones).

En el caso del fraude en el pago de cuotas, la empresa tiene que dejar de pagar, al menos, 50.000 euros para que pueda ser perseguible. Sin embargo, si una persona que cobra una pensión no contributiva de 400 euros realiza trabajos que se cobran en negro para poder llegar a fin de mes, solo será necesario defraudar un euro para que su comportamiento se considere delito. Yáñez añade que “las penas por cometer delitos de cohecho, malversación y administración desleal o se han mantenido o se han rebajado”.

Estas modificaciones, entre otras, son las que han llevado a la plataforma a denunciar que se trata de una reforma que criminaliza en función del autor, que atenta contra los derechos de la ciudadanía al limitar su libertad de expresión, asociación y reunión (derechos fundamentales y recogidos en la Constitución como tales) y que pretende castigar la pobreza.

“Hemos lanzado ahora esta campaña porque el texto aún se está debatiendo y estamos a tiempo de frenar su aprobación”, cuenta Yáñez. “Cuanta más gente se rebele contra esta filosofía penal injusta, más presión ejerceremos y más probabilidades habrá de evitar volver a un estado represivo más propio del franquismo que de una democracia“.

Fuente: http://www.lamarea.com/2013/10/15/reforma-codigo-penal/

9 Comments

  1. Mandarina
    Mandarina 16 octubre, 2013

    Dentro de poco no podremos ni llamarnos por teléfono…!

  2. FERNANDO
    FERNANDO 16 octubre, 2013

    Lamentablemente cada día recuerdo más aquello que, en su día, decía Rousseau: «CUANDO UN PUEBLO PIERDE SU LIBERTAD, ES QUE NO FUE DIGNO DE ELLA».
    Este pueblo está jodido…y no reaccionamos.

  3. BRAULIO
    BRAULIO 16 octubre, 2013

    Está claro que viviremos en un Estado de Excepción P E R M A N E N T E si se llega a aprobar esa reforma del Código Penal en los términos que expone la Sra. Yánez

    El Estado de Excepción previsto por la Costitución es T E M P O R A L (esa es la diferencia) y según la Wikipedia quedan suspendidos los siguientes artículos:

    Art. 17.2 Detención preventiva.
    Art. 18.2 Inviolabilidad del domicilio.
    Art. 18.3 Secreto de las comunicaciones.
    Art. 19 Libertad de elección de residencia y libre circulación por el territorio nacional.
    Art. 20.1.a) Libertad de expresar el pensamiento.
    Art. 20.1.d) Derecho a comunicar o recibir información veraz por cualquier medio de difusión.
    Art. 20.5 Prohibición de secuestrar publicaciones y otros medios de información sin resolución judicial.
    Art. 21.2 Derecho de reunión en lugares de tránsito público y manifestaciones.
    Art. 28.2 Derecho de huelga.
    Art. 37.2 Derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo.

    ¿Qué pretende esta gente del PP? Está más que claro: amordazar a la gente. No sé si en China lo tienen peor que nosotros.

  4. indignado
    indignado 16 octubre, 2013

    Mientras tanto:
    El senador del PP detenido en Gibraltar asegura que toma cocaína por orden médica
    Enrique Bolín llevaba en su yate droga y vídeos pornográficos.
    El senador, al que se acusa de posesión e importación de cocaína y cannabis para su posterior comercio y de tenencia de vídeos pornográficos -que es delito en el Peñón-, fue detenido el lunes después de que su barco, el Enrique III, hubiese chocado con el transbordador Gibline One. El inspector jefe de la Policía gibraltareña, Jim McKay, señaló ayer a este periódico que un agente investigó la causa de la colisión, lo que condujo al registro del barco durante el cual se localizó la droga y los vídeos. Parte de la cocaína estaba escondida en una caja fuerte en el dormitorio del senador.Bolín, que se había desplazado en su yate al Peñón desde Benalmádena, de donde partió en la tarde del domingo, viajaba acompañado por cuatro muchachos de edades comprendidas entre los 16 y los 21 años, quienes, tras prestar declaración a la Policía, fueron puestos en libertad sin cargos, según informó McKay.
    El senador del Partido Popular (PP) por Málaga Enrique Bolín Pérez-Argemí, detenido en Gibraltar el lunes por supuesto tráfico de drogas, aseguró ayer al juez Félix Pizzarello que nueve médicos le han autorizado el consumo de cocaína para combatir la ansiedad. El senador, que ayer ingresó en la cárcel del Peñón, fue arrestado por policías ingleses en un barco de su propiedad en el que los agentes encontraron 28 gramos de cocaína, una pequeña cantidad no especificada de resina de cannabis y 12 vídeos pornográficos. Y con la compañia de cuatro mozos de 16 a 21 años? Lo raro es que no hundiéra el yate, estando tan ocupado con tanto «navo» que manipular.JEJEJEJEJEJEJE.
    Fuentes de la dirección del Grupo Parlamentario Popular citadas por la agencia Efe afirmaron ayer que Bolín «ha aparecido poco por el Senado; ha sido uno de los hombres del grupo con más inasistencia, tanto al Pleno como a las comisiones, especialmente en el último año». Estas fuentes agregaron que, por el momento, ni el Partido Popular ni el Grupo Parlamentario tomarán ninguna medida ya que Bolín «es inocente mientras no se demuestre lo contrario».

    Osea que el tío ni aparece, ¿entonces porque tanta ansiedad? ¿no será el mono de coca lo que se la produce? Menudo tunante peperro, encima tiene a ¡NUEVE! medicos que le recetan el «caviar», que tanto les gusta a los afeminados puertas para adentro, peperros como el de Ricardo Costa, que le pedía 100 gramos de «caviar» dese que él bigotes solo podía conseguir, ¿para una cena de ¿Navidad? con su familia?
    Aquí en España los únicos que no trabajan son los políticos, solo saben subir impuestos, a los más débiles claro. De momento 601 inspectores de hacienda se jubilan y no van a ser reemplazados, y eso que nos dice la trotona del Rajao que están ejem. ¿trabajando? en la lucha contra el fraude, ¿desde donde? desde los yates y hoteles para «enamorados» jajajajjajajajjajaj En eso están, en pecar y echar la culpa a los parados…

    • indignado
      indignado 16 octubre, 2013

      Bolín bolorado, con el culo lleno de carne, este cuento se acabado….jajajajajja España va como un pedo…

      • indignado
        indignado 16 octubre, 2013

        MIÉRCOLES, 30 de agosto de 1989 En el País, joer es de la hemeroteca, pero da igual, como los sueldos han caído hacia los de esa época, podemos decir que es de actualidad. Nada a cambiado para los herederos de la dictadura dura.

  5. Serafín Iglesias Morcillo
    Serafín Iglesias Morcillo 17 octubre, 2013

    Parece que se nos hace duro de entender, que este es un gobierno fascistas, no es que los anteriores fueran mucho mejor, pero trataban de disimularlo. El actual Gobierno pasa totalmente que el pueblo interprete lo que es y además, es que hay un número muy importante de personas que se regocijan con ello y lo más lamentable es que muchas de esas personas por su posición social son victimas de ese tipo de Gobierno, pero como decía un articulo de Javier Gallego, hay gente para sufrir. En cuanto al Ministro de Justicia, solo hace falta indagar un poco y se puede asegurar que podía haber estado en ese puesto en las primeras décadas después de la guerra de una manera la mar de honorable.

  6. Aurora Figuero Yustas
    Aurora Figuero Yustas 21 octubre, 2013

    YO, NO SÉ QUE DECIR. JAMÁS HE VISTO UNA NACIÓN, QUE DÉ LA IMPRESIÓN DE ALEGRÍA FIESTAS LIBERTAD, Y DIVERSIÓN; PLAYAS LLENAS, FIESTAN PUEBLERINAS EN TODO SU ESPLENDOR, GENTE QUE VIENE DE FUERA, Y SE DIVIERTE. AHORA MISMO, YA ESTÁN PREPARANDO HALLOWEEN, POR TODO LO ALTO, SENSACIÓN DE LIBERTAD, QUE QUIEN VENGA, DIRÁ; ¿QUE QUIEREN ESTOS CHALADOS, SI VIVEN CÓMO DIOS?¡¡NO SÉ QUÉ QUIEREN. FÍJATE. LOS ESTADIOS, DE FÚTBOL, HASTA LA BANDERA!! ¿Y LOS SANFERMINES, Y LA TOMATINA? ¡¡SE DIVIERTEN CÓMO ENANOS!!.
    ¡¡ESTOS ESPAÑOLES!!! Y ASÍ VAN PASANDO LOS DÍAS LOS MESES, Y NADIE VE, QUE HAY 6.000.000 DE PARADOS, COMIENDO DE LAS SOBRAS Y LOS CONTENEDORES, O DE LO QUE LAS GENTES DE BIEN, Y LAS TELEVISIONES, APORTAN PARA AYUDAR, PORQUE LO CURIOSO, ES QUE SABEN LO QUE ESTÁ PASANDO. LOS ÚNICOS QUE LO IGNORAN ADREDE, CON LA RAZÓN DE LA FUERZA Y EL ENGAÑO. SON LOS QUE NOS GOBIERNAN, Y LAS NACIOES QUE TIENEN CONOCIMIENTO, Y ESTÁN INTENTANDO DESDE ESTRASBURGO,FRENAR LOS DESAHUCIOS.MIENTRAS TANTO, LOS «BUENOS DE LA PELÍCULA», O SEA, NUESTROS GOBERNANTES, SE ENRIQUECEN, ROBÁNDONOS A MANOS LLENAS, CON IMPUESTOS, MULTAS, Y AMENAZAS DE CÁRCEL A LO MÁS MÍNIMO. NOS HAN ATADO DE PIES Y MANOS, A ESTE INFIERNO, ARROGÁNDOSE EL DERECHO DE JUZGARNOS, ROBARNOS PRIVATIZARNOS, FREÍRNOS A IMPUESTOS, Y RECORTES, MIENTRAS ÉLLOS VIVEN HACIENDO Y COBRANDO LO QUE QUIEREN. Y EN PLENA DEMOCRACIA,PERMITIENDO, QUE SE ENSALCEN LOS SÍMBOLOS, QUE NOS HICIERON LA VIDA IMPOSIBLE, HACE TRES CUARTOS DE SIGLO.Y QUE LO QUE SE JURÓ, AL CREAR LA CONSTITUCIÓN, AHORA, SE PISOTEA.ESTAN VULNERANDO TODO LO SAGRADO.Y EN ELLO, ESTÁN IMPLICADOS TODOS LOS QUE DEBERÍAN VELAR POR QUE SE CUMPLIESE.PERO LO QUE MÁS ME DUELE, ES QUE ESPAÑA ENTERA, ESTÉ QUIETA, Y AGUANTE TODO ESTO SIN MOVER UN DEDO. SI LEVANTASEN LA CABEZA LOS QUE LUCHARON Y MURIERON, EN EL EMPEÑO DE DEFENDER, LO QUE LAS URNAS, SIN ENGAÑOS HABÍAN DICTADO, SE REVOLVERÁN EN SUS FOSAS O TUMBAS. ¡¡CON RAZÓN DECÍA EL DICTADOR, QUE LO HABÍA DEJADO TODO, ATADO, Y BIEN ATADO!!!!

  7. Antinazis
    Antinazis 1 noviembre, 2013

    La coordinadora Paremos la Criminalización de la Protesta Social de la que forman parte orgacizaciones como Jueces para la Democracia, la Unión Progresista de Fiscales, el Foro de Abogados, la Plataforma en Defensa de las Libertades Democráticas (PDLD) e Intersindical Madrid han convocado una concentración el próximo día 6 de noviembre a las siete y media de la tarde frente al Ministerio de Justicia para evidenciar su rechazo a la modificación del Código Penal.

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