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El depósito legal de las publicaciones electrónicas y el derecho de pernada

Paco Bello | Iniciativa Debate | 26/11/2013

Parece que como ha ocurrido con tantas otras aberraciones en forma de Ley, este borrador de Real Decreto podría pasar desapercibido hasta ser definitivamente aprobado. Pero como hoy se inicia el periodo informativo que concluirá el próximo 21 de diciembre, vamos a echar una mano a nuestro prolífico y laborioso Gobierno (al menos a nivel legislativo, normativo y reglamentario), y vamos a informar sobre esta basura que pretende que les demos las llaves del castillo para meterse hasta en la cocina de nuestros sitios web cuando les plazca, controlar lo que publicamos, forzarnos a cumplir nuevos requisitos legales, y poner los cimientos para otras restricciones de futura aplicación. Aunque lo fundamental y más obvio es que huele a ataque a la libertad de expresión.

Hay que decir aunque resulte evidente, que la aprobación de una Ley no significa necesariamente que se pongan todos los medios para hacerla cumplir, o que desde la Administración responsable se sea excesivamente celoso con su cumplimiento. Y añadiría más, porque lo anterior en lugar de ser tranquilizador sugiere un tipo de arbitrariedades represivas de ley ad hoc que ponen los pelos de punta. Lo que diría es que más que poder poner medios o no, o tener interés o no en aplicarla o hacerla cumplir, lo que va a ocurrir a poco que los responsables de medios y dominios hagamos lo mismo, es que va a ser imposible que la cumplan o que sirva de lo más mínimo, al menos con el actual articulado. Habrá que verlo y hablarlo.

Vamos al grano.

El resumen oficial del texto normativo habla de la defensa de la cultura y no se sabe cuántas demagogias más. Ni caso, porque el articulado dice cosas muy diferentes.

Para empezar, lo que dispone esta regulación, por supuesto, no hace distinción entre empresas o particulares. Aquí tampoco hay altruistas o egoístas. Todos al mismo saco.

El artículo 3 dice lo siguiente (el destacado en negrita es nuestro):

Artículo 3. Publicaciones en línea objeto de depósito legal.

1. Son objeto de depósito legal todo tipo de sitios web y las publicaciones en ellos contenidas, así como cualquier otra forma presente o futura de contenido electrónico difundido a través de redes de comunicación, producidas o editadas por cualquier persona o entidad que tenga su domicilio, residencia o establecimiento permanente en España realizadas por cualquier procedimiento de producción, edición o difusión, distribuidas o comunicadas en cualquier soporte o por cualquier medio no tangible, que el estado de la técnica permita en cada momento, cualquiera que sea la localización física del servidor o servidores a partir de los cuales se difunden a las redes electrónicas y cualquiera que sea el dominio que albergue la publicación.

Muy bien, además de destacar que es para «cualquier persona o entidad», ya nos están diciendo que nada de rollitos de que mi servidor está en Krakufistán, ni de que mi dominio es .onion, o que ni tan siquiera eres español. Si resides normalmente aquí, a cumplir.

En el siguiente punto de este artículo 3 se habla de los tipos de contenidos y publicaciones «en línea» que deberán someterse a esta nueva Ley. Resumamos: todos y todas, absolutamente todos y todas. Por privados que sean.

El artículo 4 habla de excepciones. Resumiendo: aparte del correo electrónico (eso ya lo revisa el CNI), todo lo que tengas en tu casa o empresa sin conectar a internet. O lo que es lo mismo, lo que no pueden saber que tienes (sin un registro físico) y que saben que no les dirías.

El artículo 5 habla del «pringao»: editor o productor.

El artículo 6 nos dice quién será el que recopile los datos (los centros de conservación).

El punto 2 dice entre otras cosas:

Los centros de conservación determinarán qué sitios web y qué recursos son los que se capturarán o depositarán para ser conservados y poder así facilitar su consulta (…)

Dicho de otra forma, todos tendremos la obligación de abrir las puertas de nuestros sitios web a esas entidades, pero ellos escogerán en base a no se sabe qué criterios (aunque dicen algo muy ambiguo sobre el asunto) a los «elegidos».  Lo que sí harán, como se nos explica en el punto 3, es comunicarnos la imposibilidad de haber accedido a las tripas de nuestro site y sancionarnos cuando corresponda.

3. Los centros de conservación comunicarán al centro depositario en el que tenga su domicilio, residencia o establecimiento permanente el editor o productor el incumplimiento de las obligaciones de depósito de publicaciones en línea por parte de los sujetos obligados, a los efectos de que dicho centro depositario emprenda las acciones de control y verificación del cumplimiento de las obligaciones en materia de depósito legal que procedan y se ejerza, en su caso, la potestad sancionadora de acuerdo con lo establecido en el capítulo V de la Ley 23/2011, de 29 de julio, así como en la normativa autonómica que sea de aplicación.

El artículo 7 habla de ropa interior y vaselina.

El artículo 8 nos vuelve a recordar que tienen derecho a meter un rastreador en nuestra web y capturar todo el contenido que les apetezca. Pero lo más cachondo es esto (que tiene relación con el artículo 7):

El editor o productor de contenidos en línea y de sitios web de acceso restringido estará obligado a proporcionar a los centros de conservación las claves que permitan el acceso y reproducción de la totalidad de los contenidos o sitios web.

Yo ya les adelanto que se las daré cuando las ranas críen pelo. Esto es como la de la LOPD, y es que en muchos casos habría que decirles… ¡no oiga no, si de mí sí se fían, del que no se fían es de Ud! ¿A qué santo le voy a facilitar esos datos?

El caso es que no se conforman con las claves, porque a partir del primer acceso quieren un túnel directo y sin barreras. Y por si tienen problemas, se arrogan la potestad de exigirnos el contenido por otros medios.

El artículo 9 habla de todo lo que podrá hacer y hacerse desde la Biblioteca Nacional con lo capturado, que es justamente la antítesis de lo que se nos prohíbe al resto. Podrán acceder, copiar, transferir, reproducir, reformatear y lo que les salga del… entendimiento.

El artículo 10 habla de negocios. ¿O pensábamos que iban a desperdiciar la oportunidad para devolver favores y reforzar ese control?

El artículo 11 nos dice (aunque no lo diga): «ni se os ocurra contratar con ninguna empresa española o establecida en territorio español».

Y poco más, porque de aquí se pasa a las disposiciones finales y porque ya es suficiente, ¿no?

España, cada día más Libre (y más Una y Grande, como en los tiempos de Paca la Culona, pero con bits).

Por si alguien quiere leer el proyecto original: http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/participacion-publica/dl-publicaciones-electronicas/dl-publicaciones-electronicas-v1.pdf

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