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Sí: 2.403; No: 30. Alcázar vota a favor de la gestión pública del agua

LAURA RIVAS Alcázar de San Juan ⎮El País⎮21 marzo 2014

Vecinos de Alcazar de San Juan durante la votación. / BERNARDO PÉREZ

Desde las 8.30 de la mañana de este viernes, un goteo constante de vecinos de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) ha acudido a votar sobre la privatización del agua del pueblo. Al finalizar el recuento de la mañana, sobre las 15.30, los organizadores han contado 2.438 papeletas totales: 2.403 con la casilla del «sí» marcada, 30 «no», dos votos nulos y tres en blanco. La consulta durará cuatro días, hasta el lunes, y fue convocada hace dos semanas  por la Plataforma Contra la Privatización del Agua de Alcázar.

La pregunta de las papeletas es: «¿Quiere usted que Aguas de Alcázar siga teniendo una gestión 100% pública?», a la que se puede responder «Sí» o «No». El objetivo es manifestar “la oposición” del pueblo a la venta, según los organizadores, que no han aclarado si utilizarán estas firmas para presentarlas en el Congreso u otra institución.

“Votamos para que el agua sea pública”, afirma Julia, una ciudadana que se ha acercado a la mesa instalada delante del colegio Los Arces, en plena calle. Tanto ella como sus tres amigos, con los que se ha encontrado allí por casualidad, creen que la empresa Aqualia (elegida por concurso para la concesión) y el Ayuntamiento (gobernado en coalición por el Partido Popular y Ciudadanos por Alcázar, fundado por un exmiembro del PSOE) “quieren hacer negocio”. El plan, escenificado el jueves por la tarde con una firma (simbólica, según la oposición) entre las partes, es privatizar el 52% de la empresa municipal Aguas de Alcázar. Según la memoria histórica de la entidad pública, el acuerdo aportará 1.141.922 euros de capital al Ayuntamiento y otros 6,5 millones en forma de préstamo, con un interés del 4% a devolver en los próximos 25 años.

Fuentes de Aqualia mantienen que la firma del contrato del pasado jueves tiene “carácter vinculante”, aunque el documento todavía no ha pasado por la notaría. El acuerdo consistió en la conversión de Aguas de Alcázar de una empresa pública a una de titularidad mixta. Aqualia ha formado para este acuerdo una sociedad específica llamada Aqualcazar. Una vez el contrato sea certificado por un notario, la nueva entidad privatizada será inscrita en el registro mercantil.

Tanto el Ayuntamiento como la empresa privada insisten en que la “titularidad” de la nueva entidad pertenecerá al Consistorio, el 52% de la nueva Aguas de Alcázar pertenecerá a Aqualia mientras que el resto seguirá siendo público. Los beneficios se repartirán con esta misma proporción, según el alcalde Diego Ortega.

Votamos para que el agua sea pública”, afirma Julia

La privatización “hipotecará a los ciudadanos durante 25 años”, ha declarado Cayo Lara, coordinador general de Izquierda Unida, que se ha acercado al pueblo para expresar su apoyo a la Plataforma. Lara opina que la privatización se traducirá en una subida de precios. Aqualia ha asegurado con anterioridad que los ciudadanos no pagarán más que ahora por el servicio, salvo los incrementos derivados de la inflación. La empresa también se ha comprometido a no despedir trabajadores.

A unos metros de Julia, cinco estudiantes de instituto cargados con mochilas comentan que también tienen intención de votar. Uno de ellos es de Pedro Muñoz, una localidad cercana donde la gestión del agua es privada.

El sistema es sofisticado: A través de un programa informático, los 100 voluntarios repartidos en 11 mesas introducen cada voto con el DNI correspondiente. Si se repite un votante, la papeleta es declarada nula, explica el informático Alberto Hernández, que ha creado el sistema. Los voluntarios, registrados como usuarios del programa, inician sesión y pueden apretar el botón de actualizar al minuto para ver el número de votos en tiempo real. A las 14.30 de cada día que dure la consulta se hará el recuento de votos y se levantará un acta, ha explicado el portavoz de la Plataforma Juan Barrilero. La voluntad de demostrar la transparencia del proceso es una reacción a las declaraciones de la Alcaldía, que en las últimas semanas insistió en que la votación no puede considerarse un referéndum (que solo puede convocar el Presidente del Gobierno) ni una consulta popular (que deben convocar las autoridades municipales).

El Ayuntamiento argumenta que la privatización es necesaria porque la empresa pública tiene una deuda de 8 millones de euros. El mes pasado Diego Ortega, el alcalde, calificó la deuda de “tropelía” y culpó a la anterior alcaldía (del PSOE). La Plataforma mantiene que la deuda era sostenible, porque el Ayuntamiento tenía una de tamaño similar con Aguas de Alcázar, y ninguna de las dos entidades exigía a la otra que la saldara.

Este viernes por la tarde hay convocada una concentración contra el acuerdo en la plaza del Ayuntamiento. Los activistas se han manifestado cada viernes durante los últimos dos meses. El sábado, que coincidirá con el Día Mundial del Agua, organizarán una fiesta en el mismo lugar para para celebrar “el triunfo del Estado de Derecho”, en palabras de Barrilero, en referencia a la consulta.

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Fuente:  http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/03/21/actualidad/1395405873_222520.html

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