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Hijos de cargos locales del PSOE, algunos menores, sí tienen piso en la cooperativa en quiebra

David Fernández | 20 minutos | 12/03/2015

Arturo Fays Moreno es dueño de uno de los 109 pisos protegidos que la cooperativa Progreso Arganda construyó en el número 12 del Paseo de la Estación del municipio madrileño de Arganda del Rey, la cooperativa promovida por el PSOE que ha dejado a 50 familias sin sus ahorros. Progreso Arganda, en concurso de acreedores desde febrero de 2014,debe 1,58 millones a estos afectados. Arturo Fays Moreno escrituró el piso, un ático, el 9 de febrero de 2012. Para financiar la compra, Caja Madrid le concedió una hipoteca de 158.944 euros. El joven escrituró dos semanas después de cumplir los 17 años. Es hijo de Victoria Moreno Sanfrutos, concejala en Arganda, actual diputada autonómica del Partido Socialista de Madrid y miembro de la gestora que dirige el partido tras la marcha de Tomás Gómez.

A pesar de su temprana edad, Arturo está entre los socios cooperativistas que sí lograron comprar la vivienda tras conseguir financiación bancaria. Como ya publicó 20minutos, la cooperativa ha construido 109 pisos (estaban previstos 125 inicialmente), pero la mitad están vacíos. Son los que correspondían a los socios que por circunstancias personales (perdieron el empleo, vieron reducidos sus ingresos, o no consiguieron el préstamo bancario) tuvieron que darse de baja en la cooperativa. Aunque exigieron la devolución de sus aportaciones (entre 20.000 y 55.000 euros por cabeza) antes de que la cooperativa entrara en concurso de acreedores en febrero de 2014, la quiebra de esta ha supuesto que su inversión esté ahora en manos de un administrador concursal.

De los tres cargos del PSOE que animaron por carta a participar en la cooperativa, dos tienen a sus hijos con pisoEntre los afortunados que sí lograron escriturar (porque sí consiguieron préstamos bancarios) están, al menos, siete hijos de cargos locales del PSOE de Arganda del Rey y de miembros de la Junta Gestora que dirigía la cooperativa, según ha podido constatar este diario. Entre estos dirigentes, el exsecretario de organización del PSOE de Arganda,  exconcejales del PSOE, candidatos municipales que han ido en las listas electorales del PSOE, y la propia Victoria Moreno, que ha llegado al Parlamento autonómico. Moreno fue uno de los tres miembros de la Ejecutiva Local del PSOE que en noviembre de 2006 firmaron la carta animando a militantes y simpatizantes a formar parte de la cooperativa. Los hijos de dos de estos tres dirigentes tienen un piso en la cooperativa, dos áticos.

Los cooperativistas afectados que se quedaron sin piso y sin sus ahorros les sorprende que «muchos de nosotros, con ingresos mensuales, no tuviéramos acceso a la financiación bancaria, y estos socios, hijos de quienes eran, algunos menores de edad, no tuvieran problemas en conseguirla«. También destacan como sorprendente que estos cooperativistas, «los hijos», tuvieran acceso a los mejores pisos de la promoción, los áticos, «cuando la adjudicación de los pisos se hizo por orden de llegada a la cooperativa».

La culpa, de los bancos

Por su parte, Victoria Moreno entiende por lo que están pasando los cooperativistas afectados, pero califica de «injusto» que carguen sus tintas contra los socios que sí pudieron optar a los pisos. Moreno reconoce que su hijo fue propietario siendo menor de edad, pero que cumplía los requisitos legales. «Le emancipé y le avalé para comprar el piso, por cierto, con unas condiciones leoninas que nos impuso el banco». Los requisitos para acceder a una VPPL en Madrid son no superar ciertos ingresos familiares y no tener en propiedad otro piso. «En el caso de mi familia, se cumplían todos los requisitos». Moreno asegura que tiene muchos amigos entre los afectados, que hubo otros casos de menores que se apuntaron a la cooperativa y que la culpa de que todo saliera mal la tienen las entidades financieras, que cortaron el grifo de los créditos.

Los terrenos sobre los que se levantaron los pisos pertenecen a la Unidad de Ejecución 124, una parcela de 158.000 metros cuadrados cuya adjudicación es una de las piezas principales de la trama ‘Gürtel’. El juez Ruz y la UDEF creen que Francisco Correa dio el gran pelotazo de su vida en esta parcela, que el Ayuntamiento gobernado por el PP vendió en noviembre de 2004 a la constructora Martinsa por 77 millones de euros, aunque Martinsa (hoy en quiebra) solo llegó a pagar 66,6 millones de euros. Las condiciones pactadas fueron tan ventajosas que, un par de años después, Martinsa recuperó 73 millones vendiendo solo una tercera parte del suelo. El exalcalde Ginés Lopez y el exdiputado autonómico Benjamín Martín Vasco están imputados en el caso.Correa se llevó una comisión de doce millones por intermediar.

En julio de 2006, el Pleno Municipal aprobó definitivamente el plan urbanístico de la UE124,que además incluía el aumento de edificabilidad a petición de Martinsa, que había comprado los terrenos dos años antes. El Ayuntamiento permitió así que el número de pisos que se podían construir subiera de 1.580 a 2.700, de los que unas 600 serían de protección pública. Este aumento de la edificabilidad suponía una beneficio para Martinsa de 200 millones de euros. Victoria Moreno estaba entre los concejales que en ese Pleno de julio de 2006 aprobaron el plan. Luego en junio de 2007, la cooperativa compraría 1.563 de los 158.000 metros cuadrados de la UE124 para construir sus 109 pisos.

Terrenos bajo sospecha

Los cooperativistas recelan ahora de la operación. «Es curioso que el PSOE, cuyos concejales aprobaron el plan parcial de este barrio en 2006, promovieran luego una cooperativa sobre parte de esos terrenos«, señala Juan Martínez, uno de los socios afectados. Victoria Moreno no acepta ninguna sospecha en esta operación urbanística. «Llevamos este tema a los tribunales. Y presentamos muchas alegaciones. Si en 2006 finalmente dimos nuestro voto a favor es que porque se aceptaron muchas de nuestras alegaciones«. Moreno se refiere a la construcción de una nueva carretera, al arreglo de una rotonda, a la construcción del intercambiador de transportes, a la construcción de un parking municipal, la rehabilitación de dos barrios y el realojo de las familias que habían sido expropiadas. «Lo único que hicimos fue promover una cooperativa porque creíamos en este sistema para conseguir viviendas asequibles para los ciudadanos de Arganda», concluye Moreno.

El plan urbanístico tuvo también, como era preceptivo, el visto bueno de la Comunidad de Madrid, que permitió el aumento de edificabilidad. Precisamente las acusaciones personadas en el caso del ático de Ignacio González, que ha supuesto que el todavía presidente madrileño no sea el candidato del PP a la Comunidad, creen que González recibió el ático como pago a que la Comunidad de Madrid diera el visto bueno a esta operación urbanística.

Fuente: http://www.20minutos.es/noticia/2395811/0/cooperativa-psoe/hijos-dirigentes/arganda-afectados/

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