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La ILP catalana de vivienda entra en vigor pero no se aplica

  • Desde septiembre, y pesar de la entrada en vigor de la ley, se han tenido que parar desahucios a última hora en la calle. Los grupos promotores de la ILP han convocado concentraciones en los juzgados de cada localidad hoy a las 11h para exigir su aplicación.

Gemma García, La Directa|Diagonal|16/09/15

Un grupo de vecinas y activistas de la PAH en uno de los cuatro desahucios que se detuvieron en el distrito barcelonés de Nou Barris pasado lunes. / ENRIC CATALÁ

Hoy mismo una familia de Sabadell podría ser desahuciada. Al menos así lo certifica la notificación judicial. La Plataforma de Afectadas por la Hipoteca y la Crisis (PAHC) de la ciudad vallesana ha convocado en la calle Isla Aurea a las 9 de la mañana para evitarlo. Se trata de una familia afectada por una hipoteca con la empresa financiera Paratus AMC. Y no es una excepción. Pasada la tregua de agosto, por inactividad de los juzgados, las fechas de lanzamientos son un goteo constante, a pesar de la entrada en vigor el 6 de agosto de la Ley 24/2015, conocida como la ILP de vivienda contra los desahucios y la pobreza energética. Asimismo, el lunes pasado estaban previstos cuatro desahucios en Nou Barris, el distrito con la renta per cápita más baja de Barcelona, ​​y otro en Santa Coloma de Gramenet. Ante este panorama, los promotores de la ILP se encuentran concentrados desde las 11h de esta mañana ante los juzgados de varias localidades catalanas para interpelar las juezas decanas y exigir su aplicación. También está previsto que se entreguen documentos de casos individuales para hacer efectiva la paralización de desahucios.

En todos los procedimientos que estén en trámite, «el demandante o el ejecutante tiene la obligación de ofrecer un alquiler social»

Aunque, por el momento, todos los casos de los que el diario La Directa ha tenido conocimiento se han conseguido frenar, el portavoz de la PAH Carlos Macías matiza que una cosa es conseguir que se apruebe la ILP y otra que se aplique: «Hay presión social». Por ahora, a la PAH de Barcelona sólo le consta un caso en que se ha aplicado la normativa, después de presentar una serie de documentos en los juzgados. Con la ley en la mano, en todos los procedimientos de ejecución hipotecaria o desahucios por impago de alquiler que estén en trámite, «el demandante o el ejecutante tiene la obligación de ofrecer, antes de adquirir el dominio de la vivienda, un alquiler social». En caso de que el demandante no sea una entidad financiera o un gran propietario, son las administraciones públicas las que tendrán que velar por el realojamiento.

Incertidumbres en la práctica

«La ILP, de momento, no ha cambiado nada«, así de contundente es Puri Obregón de al PAHV de Santa Coloma de Gramenet. El unes consiguieron parar un desahucio de una familia que tiene una deuda hipotecaria de 105.000 euros con Bankia y prácticamente no dispone de ingresos. Obregón lamenta que ni Bankia, que está obligada por ley, ni servicios sociales les han facilitado una alternativa habitacional. Por ahora, los juzgados han aplazado el desahucio hasta dentro de un mes. Nou Barris convive con otras casuísticas: muchos casos de alquiler y también pisos propiedad de la banca ocupados. Desde el distrito barcelonés, la mediadora Carmen Puerta asegura que hay un enorme desconocimiento de la ley y que «la mayor dificultad para aplicarla es la banca». A pesar de los obstáculos, espera que la guía de aplicación para los Ayuntamientos que el Departamento de Vivienda está elaborando con la misma PAH de Barcelona facilite su implementación.

Activistas de la PAH en la tribuna del Parlamento el día que se aprobó la ILP, el pasado julio / Enric Català

La ley no recoge los casos de los pisos ocupados por familias sin ingresos, pero Carlos Macías (PAH) entiende que implícitamente están incluidos

La ley también debería resolver casos como el de la familia de Fátima Osiris, que iba a ser desahuciada el lunes pasado de un piso vacío del BBVA que ocupa con su marido y dos niños menores de edad. De momento, sólo le han ofrecido un aplazamiento de un mes. Julio Moya, de la PAHC de Sabadell, critica que la ley no recoja los casos de ocupación. En la ciudad vallesana, como tantos otros municipios y barrios, hay numerosos pisos ocupados por familias que han sido desahuciadas o que no tienen ingresos para poder seguir pagando un alquiler. Macías, sin embargo, asegura que, implícitamente, estos casos están incluidos, ya que la norma responsabiliza la administración de garantizar el realojamiento a todas «las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencia».

Antes de interponer una demanda judicial o adquirir una vivienda fruto de un lanzamiento por impago de hipoteca, la ley especifica que «el adquirente debe ofrecer a los afectados una propuesta de alquiler social», siempre y cuando las personas afectadas no tengan alternativa de vivienda propia y se encuentren dentro de los parámetros de riesgo de exclusión residencial (recogidos en la misma ley). Pero además, es el mismo adquirente quien debe comprobar las circunstancias. Salva Torres, de la asociación vecinal 500×20 de Nou Barris, se pregunta quién controlará que las entidades financieras cumplan: «Aunque la ley supone un avance en el reconocimiento del derecho a la vivienda, hay dudas de cómo llevarla en la práctica». Por su parte, piden al Ayuntamiento que haga una declaración institucional «para exigir a las entidades financieras la entrega de las viviendas vacías de la ciudad».

En cualquier caso, si se aplica la ley, artículo por artículo, Cataluña podría dejar de liderar el ranking de desahucios, 98.040 procedimientos de ejecución hipotecaria iniciados entre 2008 y 2013, según el Consejo General del Poder Judicial, y muchos otros casos relacionados con el impago de alquiler. Asimismo, estarían garantizados los suministros de agua, gas y luz para todos antes de que aterrice el invierno.

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