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Un juzgado admite a trámite una querella criminal contra los exconsellers Català y Císcar

  • El juzgado de Instrucción número 2 de Valencia considera que “existe una conducta de dos miembros del Gobierno Valenciano referida a la denegación de información y documentación a determinados diputados de la oposición».
  • Esquerra Unida denunció también a Máximo Buch, Isabel Bonig y Serafín Castellano por «violar el derecho fundamental a la participación política y ocultar documentación y datos públicos».

eldiariocv.es|17/09/2015

María José Catalá i José Císcar

Los exconsellers de Alberto Fabra María José Catalá y José Císcar

La coordinadora de Esquerra Unida, Marga Sanz, ha mostrado su satisfacción por el hecho de que el Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia haya admitido a trámite una querella criminal presentada el pasado 24 de julio por la formación de izquierdas contra los diputados del PP, María José Catalá, José Ciscar, Máximo Buch, Isabel Bonig y Serafín Castellano por violar el derecho fundamental a la participación política y ocultar documentación y datos públicos.

La querella fue presentada por los que fueron diputados de EU en Les Corts Valencianes durante la pasada legislatura, Marga Sanz, Ignacio Blanco, Marina Albiol, Lluís Torró y Esther López Barceló por la denegación por parte de los exmiembros del Consell de información que se solicitaba al amparo de lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento de Les Corts Valencianas.

La propia juez de instrucción concluye en su escrito que cabría entender que “existe una conducta de dos miembros del Gobierno Valenciano referida a la denegación de información y documentación a determinados diputados de la oposición en Les Corts Valencianas que expresamente habían efectuado solicitudes de información sobre actividades del Consell y que podrían ser constitutivas de delito alegado”.

Asimismo, el texto añade que, según expone el Ministerio Fiscal, los delitos vendrían cometidos por María José Catalá y José Ciscar de acuerdo con el artículo 23.3 del Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, correspondiendo decidir en todo caso sobre su inculpación, prisión, procesamiento, en su caso, y juicio al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV)”.

Información denegada

Entre la documentación incluida en la querella criminal por EU y que fue denegada por la diputada del PP, María José Catalá, se encuentra el Plan para el diagnóstico y la revisión técnica de centros escolares públicos de la Comunitat Valenciana y el listado de centros incluido en el mismo, el informe de la Inspección Técnica del CEIP Hispanitat de Santa Pola; documentación relativa a la aprobación del gasto del contrato menor con la empresa DV-Cuatro S.L. y de la factura correspondiente; el informe de la Inspección Técnica de edificios del CEIP Rafael Altamira del Campello; relación de los centros educativos que tengan instalaciones con fibrocemento similar a los del CEIP Ciudad de Bolonia; la documentación relativa a la constitución de la Universidad Internacional Mare Nostrum y el informe sobre la creación de educación infantil y primaria en El Campello.

En cuanto a la referida a aquella que fue denegada por José Ciscar destacan los informes trimestrales de opinión pública en el ámbito de la Comunitat Valenciana realizados por las empresas Sigma Dos S.A. y KMC Asesores, así como el contrato celebrado con la empresa GFK-Emer ad Hoc-Research S.L. con relación a estudios trimestrales de opinión pública; documentación relacionada con los cuestionarios de dichos estudios de opinión pública realizados por la empresa Simple Lógica Investigación SA; y el contrato laboral o de alta dirección entre RTVV y Ernesto Moreno, el que fuera nombrado en noviembre de 2013 como director general del ente público.

«Muy buena noticia»

Para la coordinadora de EU, Marga Sanz, “se trata de una muy buena noticia ya que es la primera vez que se da la presentación de una querella criminal de este tipo y que, además, es admitida a trámite”. Es más, ha continuado, “el hecho de que incluso dé a entender que, tras lo alegado por Esquerra Unida, existe una conducta por parte de los diputados del PP que podrían ser constitutivas de delito, es una muestra más que el anterior Consell ha estado ocultando información pública de manera consciente y mintiendo a todos los valencianos durante años”.

En este mismo sentido, Sanz ha mostrado su esperanza en que el TSJCV no demore en el tiempo su pronunciamiento, “ya que estamos convencidos de que no sólo se ha vulnerado el Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana sino también la propia Constitución Española”, ha concluido.

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