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Catalanes, ciudadanos europeos

catalonia-next-stateEn los últimos meses hemos visto como un torpe e irresponsable gobierno del Estado español comandado por el Partido Popular no ha sabido estar a la altura de los tiempos, ya no en materia económica, sino en lo que atañe al conjunto del Estado y en el respeto a todos sus ciudadanos. No sólo ha demostrado no tener mano izquierda en cuanto a las problemáticas territoriales, donde se le ha visto la herencia franquista de esa España única, sino que además ha alardeado de su total ignorancia de los derechos fundamentales de los ciudadanos que se aprecian en su tan sagrada e intocable Constitución Española de 1978 en la que, ahora, se blindan continuamente.

Por todos es conocida la negativa del gobierno del Partido Popular el delegar a Catalunya la competencia de realizar un referéndum sobre la posible relación de ésta con el Estado, un referéndum de carácter independentista pero de uso informativo. A esto, el gobierno se cerró en banda diciendo que dicho referéndum no se puede realizar, pero como ya le dijo el Tribunal Constitucional, la posibilidad de realizar dicho referéndum es de voluntad política, no jurídica, es decir, que el gobierno del Partido Popular podría haber delegado la competencia del referéndum a Catalunya si hubiera querido. Dicha posibilidad la respalda la misma Constitución Española de 1978, en la que podemos ver como el Artículo 149 señala que el Estado tiene competencia exclusiva sobre la autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum, pero a la vez el Artículo 150 nos indica que el Estado puede transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. En otras palabras, dicho referéndum podría haberse realizado tanto por la Generalitat bajo delegación de competencias, como por el Estado, así como podría haberse realizado sólo en Catalunya como en todo el Estado. El resultado es que el gobierno del Partido Popular nunca quiso, ni quiere, realizar dicho referéndum enrocándose en la mentira de la imposibilidad de su realización. No obstante, y viendo que la posibilidad de dicho referéndum es cuestión de voluntad política, la ciudadanía catalana quiso y quiere seguir conociendo, mediante voto referendario, su voluntad en relación al Estado español y de ahí estas elecciones autonómicas que, plebiscitarias o no, han puesto en jaque tanto al Estado español como a la Unión Europea.

El temor que generan estas elecciones es tan grande que los discursos del miedo proliferan con los días, tanto que lo que no se ha dicho en algo más de dos años se está diciendo en una semana. Estos discursos, que los podemos tachar de patrañeros por su imposibilidad de demostración, no sólo son ficticios sino que incluso algunos caen en el error más profundo. No me refiero a la banca que dice que se irá de Catalunya en el caso en que ésta se independice (como si existiera algún país sin bancos…), sino ya de aquella que, a pesar de estar escrita, pretenden falsear, incluso aquellos que tanto se aferran a ella. Los discursos del miedo ya no apelan a la economía, al miedo del progreso y el bienestar, sino al miedo de las personas, al miedo de dejarlas en un limbo sin leyes ni protección. Me refiero a las declaraciones de aquellos partidos que dicen que la independencia de Catalunya supondrá un cambio de nacionalidad pero, además, la pérdida del derecho de ser ciudadano europeo y, por lo tanto, la pérdida del derecho de la libre circulación y residencia en la UE, del sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo y en las elecciones municipales, de la protección de las autoridades diplomáticas y consulares de cualquier Estado miembro y de la presentación de una petición ante el Parlamento Europeo y una reclamación ante el Defensor del Pueblo Europeo, entre otros derechos.

La lógica silogística, que debe ser la que utilizan estos partidos y, sobre todo, el gobierno de España, nos dice que si una región se independiza sus ciudadanos dejan de ser miembros del Estado del que se separan. Pero la tan querida Constitución Española de 1978 de estos partidos que intentan atemorizar a la ciudadanía dice todo lo contrario. De entrada, en el Artículo 11 del Capítulo Primero de la Constitución Española de 1978 podemos leer que la nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley, que según veremos se refiere al Código Civil, en la que ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad y que el Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. En estos mismos países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen. Así mismo, y según el Código Civil, Libro I, Título I, podemos ver como el Artículo 17 dice que son españoles de origen aquellos nacidos de padre o madre españoles, los nacidos en España de padres extranjeros si, al menos, uno de ellos hubiera nacido también en España, los nacidos en España de padres extranjeros, si ambos carecieren de nacionalidad o si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad, los nacidos en España cuya filiación no resulte determinada, y aquellos cuya filiación o el nacimiento en España, se produzca después de los dieciocho años de edad, no son por sí solos causa de adquisición de la nacionalidad española. El interesado tiene entonces derecho a optar por la nacionalidad española de origen en el plazo de dos años a contar desde aquella determinación. Resumiendo: la nacionalidad española de los catalanes queda asegurada porque todos son hijos de padres españoles y todos los catalanes, hoy por hoy, son ciudadanos españoles. A aquellos que apelan al DNI como objeto identificatorio, éste mismo puede demostrar que los catalanes de una Catalunya independiente pueden tener doble nacionalidad.

Aun así, todavía seguirá habiendo quien piense que la independencia de Catalunya supondría la pérdida de la nacionalidad española, pero ésta sólo se pierde, según el Artículo 24 del Código Civil, cuando alguien está emancipado, reside en el extranjero y adquiere voluntariamente otra nacionalidad, o aquellos que estén emancipados residan en el extranjero y durante tres años utilicen exclusivamente la nacionalidad que tuvieran atribuida antes de la emancipación, o aquellos otros que tengan otra nacionalidad, residan habitualmente en el extranjero y renuncien voluntariamente a la nacionalidad española. En todos los casos se puede evitar la pérdida de la nacionalidad española si en el plazo de tres años declaran su voluntad de conservar su nacionalidad. Así pues, en una Catalunya independiente, será cosa de los catalanes que allí residan los que podrán, voluntariamente, decidir si quieren o no tener nacionalidad española, y no el Estado español. En otras palabras, será competencia de los ciudadanos catalanes, y no del Estado español, decidir si quieren o no seguir siendo españoles.

Algunos pensarán que todo esto es una tontería, porque si los catalanes quieren independizarse es porque quieren su propia nacionalidad catalana y dejar de ser españoles, y en cierta medida es así. De ahí que muchos de estos partidos que profieren el discurso del miedo se sustentan en las declaraciones del portavoz del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas, las cuales sentenciaban que si parte de un Estado miembro deviene independiente deja de ser parte de la UE, pasa a ser un tercer Estado, haciendo creer que, de facto, los catalanes perderían la ciudadanía europea. Estos partidos, incluido el gobierno de España vuelven, de nuevo, a caer en el error y a proferir discursos del miedo que surgen de la ignorancia o de la maldad por una cuestión muy simple: según el Artículo 20 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea será ciudadano de la Unión toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro. ¿Qué ha pasado? España pertenece a la UE y, por lo tanto, sus ciudadanos devienen, de facto, ciudadanos europeos. Si sosteníamos que los catalanes no perderían su nacionalidad española en una Catalunya independiente según la Constitución Española de 1978 y el Código Civil Español, entonces los catalanes en una Catalunya independiente tampoco perderían su ciudadanía europea y, por lo tanto, los derechos y deberes que dicha ciudadanía les confiere. En todo caso, sería competencia de los catalanes decidir si quieren o no seguir siendo ciudadanos europeos, y no competencia de la UE. Todo un burdo fracaso ideológico y burocrático de un gobierno chabacano que por no saber no sabe ni leer la Constitución que tanto defiende y que tan poco entiende, ni las leyes a las que tanto apelan. La pregunta es: ¿querremos los catalanes ser ciudadanos de una Unión que amedranta a sus ciudadanos en sus decisiones políticas y cierra la puerta a refugiados que huyen de la muerte?

3 Comments

  1. Juanma López
    Juanma López 22 septiembre, 2015

    Gran dilema entonces, una Catalunya independiente donde todos sus ciudadanos son de nacionalidad española y por ende, europeos. Nada como leer cuatro artículos de las leyes fundamentales y básicas pero conocer la realidad de las cosas, los derechos y deberes, más alla de las falacias urdidas interesadamente. Pero la patraña seguirá por ambas partes, sólo interesadas en perpetuar sus oligarquias. Bien dicho, no me duelen prendas.

  2. Jose A.
    Jose A. 22 septiembre, 2015

    La recopilación jurídica efectuada está muy bien, pero contiene un error de base que lo echa todo por tierra: y es que esa misma legislación que invoca el Sr. Gonzalez Caldito en su artículo, la Constitución de 1978 y el resto del ordenamiento jurídico español, prohíbe terminantemente la escisión de un territorio español. No contempla vía alguna hacia la independencia.

    En el momento en que Cataluña proclamase unilateralmente su independencia, estaría destruyendo el marco de la Constitución española, y una vez destruido sería imposible invocarlo. O dicho de otra manera, los catalanes tiene que elegir entre NO independizarse, y permanecer dentro de los límites constitucionales, o romper totalmente con la Constitución y declarase independientes. Pero lo de destruir la Constitución para luego intentar utilizarla es, no ya incoherente, sino imposible.

    Así que me temo que los «asustadores» tienen razón: los catalanes, en un supuesto de ruptura con la Constitución (eso es, de independencia), dejarían de ser ciudadanos españoles y de la UE. A no ser que se intente romper con la Constitución, y esta no se deje («…soldadito españoool… soldadito valienteeee….»), pero esperemos que eso no ocurra en ningún caso. Así pues, si Cataluña se independiza, es incontestable que dejan de ser ciudadanos de España y de la UE.

    Otra cosa es que nuestro estimado presidente sea tan retrasado que le entrevisten en Onda Cero, y el pobre no sepa ni lo que dice ni donde está. Recomiendo a todos la parodia que han hecho con Los Simpson. Es antológica.

  3. Carlos
    Carlos 23 septiembre, 2015

    Vamos a ver, vamos a ver…o sea, que los indepentistas quieren no ser españoles, sino ciudadanos de un Estado catalán, peeeero sin renunciar a sus derechos de ciudadano español. Esto es rizar el rizo y un triple salto mortal. Lo que no dices, es que la nacionalidad española se reconoce a las personas físicas. No a un nuevo Estado. O sea, que suponiendo un Estado Catalán, nadie viviría en él, pues sus ciudadanos de doble nacionalidad se irían a España para disfrutar de sus prebendas.
    Un nuevo Estado segregado de España es una cosa (no sería ni español, ni europeo ni nada) entonces: para qué tanta historieta??? Es que alucinamos algunos muchos. Jodo, vaya mentalidad!!!

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