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Jueces Para la Democracia: «La idea de C’s dejaría la división de poderes como en Honduras o Guatemala»

YTM | 10/11/2015

Los portavoces de las cuatro asociaciones de jueces se han posicionado en contra -de forma frontal y directa-, a la propuesta de supresión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), desvelada Albert Rivera. “Es un gran error y muestra un desconocimiento preocupante sobre la materia”, coinciden.

Pablo Llarena, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Marcelino Sexmero, portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV) y Conrado Gallardo, presidente de la Gestora de Foro Judicial Independiente (FJI), coinciden en su oposición a la propuesta de Ciudadanos.

Los cuatro coinciden en que es necesaria una reforma del Consejo General del Poder Judicial, para que sea, de verdad, el órgano de autogobierno de los jueces, pero no su desaparición, como establece la propuesta de Ciudadanos.

“Me parece absurdo pensar que un presidente vaya a poder asumir todo aquello que la Constitución atribuye al Consejo para defender la independencia judicial. Es radicalmente imposible. Si eso es lo que se pretende hacer, es un error y un paso atrás de gigante”, afirma Llarena.

“Supone un retroceso muy importante. De aplicarse, nos equipararía a los países más atrasados, en el campo de la justicia, de Iberoamérica. Sería acabar con la independencia del poder judicial”, explica Bosch. Precisamente, el portavoz de Jueces Para la Democracia insistía ayer desde su cuenta de Twitter: “La idea de Ciudadanos de que los políticos nombren al presidente del Poder Judicial dejaría la división de poderes como en Honduras o Guatemala”.

“Pasaríamos de la mera politización”, dice Sexmero, “a la interferencia directa de los otros dos poderes del Estado, el legislativo y el ejecutivo, en el judicial. Rivera ha hecho una propuesta desde la ignorancia más absoluta”.

“Se han pasado por la piedra toda la doctrina del Consejo de Europa. Nuestra Constitución fue pionera en establecer un gobierno autónomo del poder judicial”, cuenta Gallardo. “Pero los políticos han degradado tanto al Consejo, le han reducido tanto sus funciones, hasta dejarlo en la categoría de dirección general, que ahora llega un grupo de administrativistas y dice: supresión”.

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