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Reino de España: entre el 14 de abril y el 26 de junio

Expresionismo cc

Antoni DomènechG. BusterDaniel Raventós | Sin Permiso | 17/04/2016

“Mientras que la aristocracia financiera dictaba las leyes, dirigía la gestión del Estado, disponía de todos los poderes públicos constituidos, dominaba la opinión pública por la fuerza de los hechos y por la prensa, en todas las esferas, desde la Corte hasta el café malfamado, se reproducía la misma prostitución, la misma mendacidad desfachatada, la misma sed de enriquecimiento: y no mediante la producción, sino mediante el saqueo de la riqueza ajena ya existente. Especialmente en sus cumbres rebosa la sociedad civil burguesa de insania y desorden concupiscente. Allí se desenfrena y entra repetidamente en conflicto con las propias leyes civiles burguesas. Porque es allí donde la fruición gozosa se hace crapuleuse; allí, donde el oro, el lodo y la sangre se amalgaman; allí, donde con toda naturalidad busca satisfacción la riqueza ludópata. La aristocracia financiera, en su forma de obtener ganancias, no menos que en su forma de gozar, viene a resucitar al lumpenproletariado en las cumbres mismas de la sociedad civil burguesa.” Karl Marx, Las luchas de clases en Francia [Trad. SinPermiso]

 

Cuando Mariano Rajoy ganó las elecciones en noviembre de 2011, hacía más de cuatro años que la Fiscalía anticorrupción había abierto la investigación del caso Gürtel  sobre la financiación ilegal del PP y tres que la Audiencia Nacional había aceptado la acusación de la Fiscalía. Desde el primer momento, la explicación de Rajoy y del PP fue que se trataba de casos de corrupción individual. Libido lucrandi: serían las personas quienes se quiebran moralmente por la codicia, no quedándole al sistema político sino defenderse persiguiéndolas con la autoridad político-moral del estado de derecho.

Esta explicación liberal-pseudoagustiana de la corrupción, que tan bien se condice, dicho sea de paso, con la noción de “pecado” del nacional-catolicismo, se ha mantenido ridículamente inalterable a pesar de la epidémica proliferación de casos –ninguna epidemia se reduce a sus manifestaciones individuales— y a pesar de ramificaciones institucionales tan evidentes, que hasta la apariencia de autoridad político-moral del estado de derecho ha quedado en público entredicho. Que tantos y tan significativos personajes de la vida pública –intelectuales orgánicos en la elite de poder incluidos— se hayan pasado años confundiendo neciamente la presunción de inocencia penal del estado de derecho con una pretendida presunción de inocencia del representante político en ese mismo estado es uno de los indicios más importantes de la degeneración de nuestra vida pública: ¿habrá que recordar a estas alturas el clásico principio “populista” lockeano y kantiano de que el pueblo soberano (comitente) es siempre “bueno” –por la sencilla razón de que es el mandante—, mientras que sus distintos representantes políticos (los comisos, mandatarios o trustees) son corruptibles, y por lo mismo que corruptibles, destituibles a voluntad por el pueblo soberano sin más trámite que el de manifestar que ha perdido su confianza en ellos?

Figurémonos: tras el caso Bárcenas y el mensajito de Rajoy en persona (“Luis, sé fuerte”); tras la espectacular detención televisada de Rato, el todopoderosos ministro de economía y vicepresidente de los gobiernos Aznar; tras la revelación de la contabilidad B del PP; tras las reformas de su sede de la calle Génova, acreditadamente pagadas con dinero negro; tras saberse de la financiación delictiva de un sinnúmero de actos políticos del partido en Valencia y Madrid; o –por terminar en algún sitio— tras la evidencia de los sobresueldos pagados con sobres llenos de dinero negro a sus dirigentespolíticos; tras todo eso, Rajoy seguía con la idea fija de la libido lucrandi de algunos. A lo más que llegó fue a conceder (el pasado 26 de marzo) que: “Sería responsable por un caso de corrupción si lo hubiera cometido yo o alguien nombrado por mí” (Mariano Rajoy entrevistado por el incisivo periodista Jordi Évole). Por lo mismo, pues, que no se trataría de una epidemia, el médico en jefe seguiría sin ser responsable, salvo en el caso de que un médico nombrado por él –o él mismo— contrajera la enfermedad.

La administración de la justicia tiene sus propios ritmos, no digamos en nuestro país. A lo que estábamos asistiendo en los últimos meses era a la paulatina pero inexorable revelación por parte de los jueces de un fondo acumulado de corrupción inveterada que rebasaba las imaginaciones más fértiles. Pero la espectacular gravedad de los escándalos de corrupción revelados a la opinión pública en los últimos diez días –desde la filtración de los Papeles de Panamá al nuevo caso Mario Conde, pasando por el alcalde de Granada y el entramado de extorsiones de Manos Limpias y Ausbanc— ha hecho literalmente imposible seguir negando responsabilidades, aun agarrados a la negación de la evidencia de epidemia: porque al cesado ministro “panameño” Soria sí lo había nombrado el propio Rajoy.

En una entrevista concedida a El País tras una destitución fulminante –horas después de defender su “presunción de inocencia”— que le ahorró explicaciones y  bochorno parlamentarios, el ya exministro de industria José Manuel Soria insiste ahora en que “es todo legal”. Es decir, que es legal ser el administrador de una empresa registrada en un paraíso fiscal como Jersey para realizar pagos en el mercado internacional. Por su parte, el ministro de hacienda Montoro asegura que “no se puede estar en el gobierno y haber operado en paraísos fiscales”. Probablemente, ambos tienen razón.

El Reino de España ha firmado Convenios de doble imposición con 87 de los 193 estados miembros de Naciones Unidas. Con Panamá, en 2011, como condición implícita para la concesión de las obras de reforma del Canal a la empresa inmobiliaria y constructora SACYR (uno de los pilares del capitalismo oligopólico de amiguetes políticamente promiscuos generado por la economía política de la Segunda Restauración). Y ha otorgado cuatro amnistías fiscales en 1977 (UCD), 1984 (PSOE), 1991 (PSOE) y 2012 (PP). Por otra parte, elcuadro siguiente da una idea sencilla y precisa de la evolución del crucial impuesto de sociedades en comparación con otros países. Como bien demostró Manuel Lagos, en un estudio de CCOO, la regulación de ese impuesto es la principal responsable de una crisis fiscal española generada a golpe de exenciones y legalizaciones de las evasiones fiscales. Precisamente, el entramado empresarial de la familia Soria fue creado y desarrollado en este contexto.

Según los Papeles de Panamá, mas de una treintena de primeros ministros, jefes de estado o sus familiares (en nuestro caso una hermana –y verosímil testaferro-  del monarca emérito, sin olvidar el caso Puyol) han sido titulares de empresas en paraísos fiscales. Lo que parece desmentir a Montoro más allá de nuestras fronteras, y malamente otorga un halo virtuoso a lo que resta del gobierno Rajoy tras las dimisiones de Ana Matos y José Manuel Soria.

La crisis de la Segunda Restauración, en la raíz

Extraordinarios como aparecen, los acontecimientos de los últimos días no son excepcionales. Si su trama es el neoliberalismo –el imperio urbi et orbe del saqueo rentista, particularmente inmobiliario y financiero, de la vida económica y el secuestro de la soberanía popular—, su urdimbre ha sido el particular sistema de poder político-económico configurado bajo la Segunda Restauración borbónica. Responden, así pues, esos acontecimientos a la crisis del régimen del 78, cuya implosión a cámara cada vez menos lenta –incluida la del bipartidismo dinástico— se ve agravada por una competencia descarnada entre encontrados intereses burocrático-rentistas para determinar la gestión de la Gran Recesión en el marco de las restricciones austeritarias de la UE y contra las necesidades de la gran mayoría de los ciudadanos.

En los últimos días se han cristalizado también dos posiciones –a derecha e izquierda—, cuyo punto de partida común es o ignorar o negar o minimizar el calado de la crisis del régimen de la Segunda Restauración, así como ignorar o negar o minimizar la radicalidad de las restricciones austeritarias repetidamente exigidas por la Comisión Europea.

Parten ambas de afirmar que las elecciones del próximo 26 de junio producirán un resultado muy parecido a las del 20 de diciembre pasado. El PP, a pesar del torrente de corrupción que arrastra, tendría un suelo electoral rayano en el 30%. Y contaría, además, con una capacidad de movilización clientelar, desde las instituciones y los medios de comunicación, de la que carecerían las izquierdas. No resultaría, pues, posible, en la “segunda vuelta” en que se han convertido las elecciones del 26 J, romper por la izquierda el “empate estratégico” del 20 D.

La conclusión en la versión de derecha es que la táctica de don Tancredo de Rajoy de exigir un gobierno de Gran Coalición, que solo podría presidir él, estaría más que justificada. Que después del 26 J el PSOE, bajo la presión de los poderes fácticos internos y externos, se vería obligado a substituir a Pedro Sánchez como secretario general, consecuencia inevitable de unos resultados peores que los del 20 D. Habría, además,  un plan B, en caso de que la caída del PSOE fuera de tal envergadura, que, al tiempo que posibilitara una mayoría absoluta PP-Ciudadanos, generara tamaña crisis interna del PSOE que lo descartara para su incorporación a la Gran Coalición.

La conclusión de la versión de izquierda es que la desmovilización de las distintas izquierdas, afectando especialmente a Podemos, podría dar una mayoría absoluta al PP con Ciudadanos. Que la caída de votos del PSOE no sería tan dramática gracias a la iniciativa de Pedro Sánchez de formar gobierno, pero que no se debe correr el peligro de unas nuevas elecciones. El “cambio” consistiría en desplazar al gobierno del PP, y resultaría posible ya con sólo que  Podemos se allanara con su abstención a la formación de un gobierno de coalición PSOE/Ciudadanos. El “programa” a poner por obra no sería sino el de un principio de limpia y “regeneración” del régimen del 78, además de la inconcreta promesa de una negociación con la UE para atenuar los ritmos de las políticas de ajuste. El indicio más claro del carácter utópico-retórico de esa “regeneración” es el rechazo frontal y sin matices del derecho de autodeterminación de una Cataluña masiva y persistentemente movilizada en la que cerca de un 80% de la población lo exige: una crisis “territorial” sin precedentes, y, hoy por hoy, la manifestación más aguda y de mayor calado de la crisis de la Segunda Restauración borbónica.

Ambas versiones, huelga decir que interesadas, chocan con lo que estos días se ha llamado sin demasiada originalidad “la realidad”, y es a saber: que desde la aritmética parlamentaria y el bloqueo del bipartidismo, hasta la crisis fiscal de las comunidades autónomas, pasando por el aumento de una deuda pública  ya en el 100% del PIB, el incumplimiento en más de un punto del déficit público, el desmoronamiento del estado de bienestar y las terribles consecuencias sociales que todo ello conlleva no son sino el resultado directo de la incapacidad del bipartidismo dinástico, técnica o pericial y política, para gestionar la Gran Recesión y hacer mínimamente frente a las suicidas políticas procíclicas austeritarias impuestas desde Bruselas, Francfort y Berlín.

¿Cómo es posible mantener que el suelo electoral del PP es inamovible cuando al mismo tiempo se produce un traslado claro de votos hacia Ciudadanos y aumenta la abstención? ¿Cómo se puede defender que el fracaso patente de la política de austeridad aplicada por Rajoy y Montoro y los escándalos continuos de corrupción no afectan substancialmente a la orientación del sufragio, cuando el paro y la corrupción son los dos problemas que obsesionan a los ciudadanos en todas las encuestas?

La “realidad” es que el aislamiento político del PP ha sido el resultado de su propio fracaso en la gestión de la crisis económica, así como de las movilizaciones sociales de 2012-13, del ascenso de los movimientos soberanistas y del auge de Podemos y las confluencias, no menos que de su propia corrupción institucional. Y que lo que viene no son cuatro años más de Rajoy como presidente, sino su sustitución al frente del PP después del 26 J, como vienen anunciando todas las maniobras y maniobrillas internas, que si no han cuajado ya es también por la gangrena de la corrupción. Rajoy es desde hace ya tiempo un zombie político, inmóvil en una inercia que ha resultado peor que patética en el penúltimo episodio de la saga Soria: “Lo que hagas, estará bien hecho”.

La “realidad” es también que las “líneas rojas” con las que los barones territoriales del comité federal del PSOE querían enmascarar sus propias responsabilidades en la crisis de la Segunda Restauración –“ni el PP, ni Podemos”— están consiguiendo trasladar esa crisis a su interior. Desvanecido el espejismo del Gran Centro –que nunca fue, ni pretendió ser, un gobierno del cambio, como prueba por lo magnífico su posición ante las contrarreformas laborales de Zapatero y Rajoy—, el PSOE, con o sin Pedro Sánchez, no podrá escapar del verdadero dilema que plantearán de forma descarnada las elecciones del 26 J: o un gobierno allanado a la Comisión Europea para seguir aplicando la austeridad o un gobierno totalmente otro. Un gobierno dispuesto a luchar, también a escala europea, contra la austeridad. Un gobierno capaz de enfrentarse lúcidamente al problema “territorial” de las Españas por la única democráticamente posible: la del referéndum de autodeterminación de Cataluña. Es decir, un gobierno necesariamente de izquierdas y plurinacional, porque todo eso entraña inevitablemente la construcción de un horizonte de alternativa al régimen del 78.

Los fríos datos de la realidad

En nuestro último artículo editorial apuntamos a tres aspectos particularmente graves de la crisis de la economía española que exigirán respuestas inmediatas de un gobierno de izquierdas después del 26 J. Todos ellos se han agudizado en las últimas semanas.

1- La crisis industrial.— Si la situación de Abengoa, nuestro ejemplo concreto, se ha situado en una moratoria de tres meses, que no conlleva una solución, el anuncio del cierre de la planta siderúrgica de Arcelor-Mittal en Zumárraga, después de la de Sestao (y con la espada de Damocles sobre las de Bergara y Olaberria), amenaza con extender al País Vasco el desierto industrial en el que quedó Villaverde en Madrid. La producción industrial, de la que dependen una parte importante del empleo y de la capacidad de negociación colectiva en el sector privado, sigue sin recuperar, ni de lejos, los niveles previos a la Gran Recesión y ha sufrido una significativa caída (que no atribuimos –a diferencia de la situación en el sector energético– a la gestión del exministro Soria). Valgan estos dos preocupantes cuadros:

2- La  caída de beneficios y la restructuración de la gran banca española.—Para hacer frente a las caídas de beneficios, a las que se suman ahora las de sus filiales en América Latina, BBVA ha anunciado el cierre de 2.800 oficinas y  el Santander, otras 450. Por su parte, Caixabank ha informado que “incentivará 500 prejubilaciones”. Se trata de la segunda oleada de reestructuración, después de la de 2013-14, que supuso la pérdida de más de5.000 puestos de trabajo (el 23% de las plantillas en relación con 2008). Ahora, junto con otros bancos menores como Ceiss, puede suponer la pérdida de entre 3.000 y 4.000 puestos de trabajo.

2015 no fue un buen año para la banca en España. Sus activos se redujeron un 4,8% y los beneficios cayeron un 18%. Se cerraron 896 oficinas. Los créditos al sector privado se contrajeron un 4% y al sector público, un 9,5%. Aunque redujo los créditos morosos, hasta situarlos en el 10,2% (solo por detrás de Italia), el beneficio de sus accionistas (ROE) cayó casi un punto, hasta el 4,3%, perdiendo su ventaja histórica en relación con los bancos europeos. Aunque las pruebas de stress no se conocerán sino después del verano, la nueva oleada de reestructuraciones del sector ha comenzado ya a sotavento de la situación política general y de la parálisis de los sindicatos del sector.

¿Qué ocurre, mientras tanto, con la banca nacionalizada tras el memorándum de rescate de 2012? A finales de 2017 termina el plazo de devolución de los créditos contraídos por Bankia vía FROB, garantizados por el estado. Para evitar unas pérdidas rayanas en los 40.000 millones de euros adeudados, las acciones de Bankia deberían cotizarse a 3 euros por acción. Su precio actual en el mercado es de 0,80 céntimos de euro (a pesar de su reparto de dividendos en 2015 y la propuesta de aumentar un 50% en 2016). En el caso del BMN (Mare Nostrum), la diferencia es entre los 0,30 céntimos de euro actuales y un umbral de 1 euro por acción. Las pretensiones de privatización de la UE, del PP y de sus actuales equipos directivos empiezan a no tener el menor sentido económico y podrían terminar representando un grave quebranto fiscal para el estado. Es fundamental una estrategia de desarrollo de una banca pública a partir de Bankia y BMN, que solo un gobierno de izquierdas puede acometer.

3- La crisis fiscal del estado de las autonomías y el déficit público.— Tras unanueva reducción por parte del FMI de las expectativas de crecimiento de la economía española (al 2,6% del PIB para 2016 y al 2,3% para 2017), la Comisión europea ha exigido un recorte inmediato de 2.000 millones de euros (0,2% del PIB) y la congelación del gasto de las Comunidades Autónomas para negociar la extensión por un año, hasta 2017, del ajuste fiscal al 3% del PIB.

La reducción de dos puntos del PIB en el déficit fiscal (desde el 5,2% inicial, jibarizado por Montoro al 5%), supone un recorte del gasto público central de unos 24.000 millones de euros. De ellos, unos 9.000 millones son resultado de la pérdida de recaudación fiscal provocada por la última reforma tributaria del PP, según el sindicato de técnicos de Hacienda, GESTHA. Por su parte, la Seguridad Social, a pesar de haber utilizado el 60% de los 70.000 millones del fondo de reserva de las pensiones, ha tenido un déficit del -1,3%. Porque otra “realidad” es que el gobierno Rajoy solo ha reducido el déficit fiscal en un 0,3% en 2015.

Las Comunidades Autónomas han superado en un 1% el déficit previsto del 0,7% para 2015. La ley de financiación de las CC AA (LOFCA) es simplemente incapaz de sostener el gasto social necesario para evitar el desmoronamiento del estado del bienestar en Cataluña (-2,7% del PIB), Extremadura (-2,64%), Murcia (-2,52%), Valencia (-2,51%) y Aragón (-2,13%). La reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado viernes, 15 de abril, ha servido para que el ministro de Hacienda en funciones anuncie el congelamiento del gasto y la intervención de sus ingresos como condición para negociar con la UE un aplazamiento del ajuste un año. Pero para la mayoría de las Autonomías la situación es simplemente “inasumible”, como respondió Oriol Junqueras. O precisa, como observó Valencia, de una inmediata reforma del sistema de financiación autonómica que ningún gobierno en funciones puede acometer. Más creativa, Andalucía sugirió que, como el rescate bancario, el gasto social no compute en el déficit.

Solo cabe concluir lo evidente: el alardeado crecimiento económico de la economía española, además de a factores exógenos sobradamente conocidos (intereses negativos del BCE, caída de los precios de los hidrocarburos…), se ha debido al aumento de ese 1% del PIB del gasto público. Sin él, el crecimiento del PIB se hubiera quedado en un 1-1,3% del PIB, es decir, en la banda inferior de crecimiento de los estados miembros de la UE.

En resolución: sin un aumento substancial del gasto público, una reforma fiscal progresiva y un cambio radical del sistema de financiación autonómico (que en buena parte es el del estado del bienestar) es imposible escapar de las fuerzas gravitatorias cíclicas de la Gran Recesión, unas fuerzas que nos atraen inexorablemente, a través de la austeridad procíclica, hacia el agujero negro de una nueva recesión, antes de haber recuperado siquiera los niveles de 2007 y 2010. También para eso es condición necesaria, aunque no suficiente, un gobierno de las izquierdas.

26 J: ¿bajo qué condiciones sería posible un gobierno de las izquierdas?

Lo fundamental, por tanto, en los casi dos meses que quedan hasta las elecciones del 26 J es una removilización social y electoral de las izquierdas. Y ello es necesario –y acaso no imposible— en numerosos frentes:

En el social.— Con la resistencia sindical contra los EREs, contra los cierres de empresas, por la reactivación de la negociación colectiva y por la remunicipalización de los servicios públicos. Tras el punto de inflexión que ha supuesto la readmisión de los trabajadores de Coca-cola en Fuenlabrada, la firma del I Convenio estatal del Metal, las huelgas del metro de Barcelona y los autobuses de Zaragoza, así como las movilizaciones contra el cierre de Arcelor de Zumárraga, los sindicatos de clase tienen que hacer valer en los hechos las orientaciones discutidas en el 42 Congreso de UGT, en  la reunión del activo sindical de CC OO y el Congreso Extraordinario de la CGT.  La huelga contra la LOMCE del 13 y 14 de abril, convocada por el Sindicato de Estudiantes y otras organizaciones en la enseñanza ha tenido un seguimiento importante en la enseñanza secundaria y en Universidades como la Complutense, Andalucía, Asturias y Galicia.

En la organización política de las izquierdas.— Las elecciones del 20 D permitieron un primer proceso de confluencia de las Mareas gallegas, En Comú y Compromís con Podemos. La frustración en la formación de una red de grupos parlamentarios que reflejasen la pluralidad nacional en el Congreso de los Diputados, el balance de los partidos instrumentales en los ayuntamientos del cambio y las crisis organizativas en Podemos e Izquierda Unida vuelven a plantear la necesidad de un salto adelante organizativo de las izquierdas. Una política de unidad de acción desde la diferencia, que permita la máxima rentabilidad de los votos de las izquierdas. Esos procesos de reestructuración están ya abiertos en Galicia y Cataluña. Y debería ser posible la configuración de nuevas confluencias en el resto del Reino. La incorporación de Izquierda Unida-Unidad Popular en este proceso catapultaría con toda probabilidad a la izquierda comunera y favorable al derecho de autodeterminación a convertirse en la segunda fuerza más votada, holgadamente por encima del 20%, lo que le permitiría una alianza con las fuerzas soberanistas periféricas, particularmente con las orientadas a la izquierda.

En la preparación de una coalición de izquierdas con el PSOE.— Un cambio hacia la izquierda el 26 J requiere un aumento del voto de las confluencias de las izquierdas comuneras y una reorientación significativa de un PSOE, cuyo potencial de atractivo electoral ha experimentado una nueva y visible merma por causa de la necia escenificación de su pacto de centro-derecha con Ciudadanos. Huelga decir que la presión de CC OO y UGT, así como la de los movimientos sociales, resultarían aquí imprescindibles. Pero también la configuración de un ala izquierda socialista capaz de superar los vetos de los barones territoriales y abrir la posibilidad de cambios de alianzas en Comunidades clave como Andalucía hacía formulas de gobierno “a la valenciana”.

En el programa: Los acontecimientos de los últimos días han vuelto a demostrar de manera palpable la prioridad urgente de una reforma fiscal progresiva, imprescindible no solo sostener las medidas de emergencia social, sino para bloquear y revertir también los perversos mecanismos de rapiña tributaria y saqueo presupuestario de las patrióticas oligarquías hispanas. Con toda razón, Getsha ha denunciado las propuestas en este sentido del programa PSOE-Ciudadanos. Es a partir de esta prioridad programática como se podrá abordar desde bases sólidas el cambio de modelo de financiación del estado del bienestar, cuyo gasto social está transferido a las Comunidades autónomas, y apuntalar la sostenibilidad de la Seguridad Social. Nada será más revelador del carácter de clase de los programas, junto con el desmantelamiento de las contrarreformas laborales de Rajoy y Zapatero y el blindaje de la negociación colectiva, que las propuestas de reforma fiscal y de la seguridad social. Y solo sobre esta base será posible una negociación firme con la UE para revertir las políticas de austeridad.

El 14 de abril en la Barcelona soberanista de Colau, capital republicana de España

Se engañará a estas alturas quien (se) de a entender que un posible gobierno de izquierdas en la actual coyuntura española y europea lo tendrá fácil. Qué podrá desarrollar las políticas urgentes de las que acabamos de hacer un resumen sumario, sin necesidad de intentar alterar drásticamente el statu quo presente. Uno de los determinantes capitales del statu quo, ya va dicho, es el de la correlación de fuerzas políticas a escala europea: la trágica capitulación del gobierno griego de Tsipras el pasado julio es una lección que ninguna fuerza europea de izquierda que acceda al gobierno de cualquier Estado miembro de la UE puede permitirse ignorar u ocultar, y aun menos tomar frívolamente a la ligera. El otro determinante es la llamada “crisis territorial” de un Reino de España más vivamente plurinacional que nunca. Esa crisis enfrenta ahora a las distintas “fuerzas políticas de cambio” (sea lo que fuere lo que ello significa) con un dilema nada sencillo. La única posibilidad de resolver democráticamente esa crisis pasa a corto plazo por reconocimiento del derecho de autodeterminación a una Cataluña masiva y persistentemente movilizada a favor del mismo: ese el claro e inequívoco reconocimiento de ese derecho lo que hizo ganar brillantemente las elecciones del pasado 20D en Cataluña a En Comú Podem (y cosechar más que excelentes resultados en el País Vasco, Navarra, Galicia, Valencia y Baleares, lugares todos ellos en los que las confluencias de izquierda adelantaron claramente al PSOE). Pero España no es el Reino Unido: por motivos muchas veces explicados por nosotros desde estas páginas, no sólo el reconocimiento de ese derecho es incompatible con una Segunda Restauración borbónica, cuyo pecado de nacimiento fue precisamente la negación del derecho de autodeterminación de todos los pueblos de España, sino que su posible ejercicio práctico con referéndum a la escocesa pondría en riesgo inminente a la continuidad de la Monarquía del 78. Figurémonos: en un posible debate democrático sobre la independencia de Cataluña, no sería una cuestión precisamente menor, para el SÍ o para el NO de los catalanes, si España entrase o no en debate constituyente de ruptura del “candado del 78” y pusiera una República Federal en el horizonte.

Por eso la celebración por todo lo alto del 85 aniversario de la II República española por parte del consistorio barcelonés el pasado 14 de abril fue mucho más que una anécdota. Venía a añadir un hito más a una política municipal que –también, pero no sólo simbólicamente— en muy poco tiempo ha convertido a la Barcelona soberanista de Ada Colau en la capital republicana de España. Y tal vez ha llegado la hora de decir que, en el preocupantemente tacticista panorama político imperante entre las nuevas izquierdas del cambio –y muy particularmente en la Villa y Corte—, la carismática alcaldesa de Barcelona y su equipo son de los pocos que no viven peligrosamente solo del hoy y, a lo sumo, del mañana, sino que son capaces también de pensar y actuar políticamente como si fuera a haber un pasado mañana.


Antoni Domènech.   Editor general de Sin Permiso.

G. Buster.  Comité de redacción de Sin Permiso.

Daniel Raventós.  Comité de redacción de Sin Permiso.

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