Museos en huelga: esto sí que es arte

Las huelgas en varios museos han sido el acontecimiento cultural de 2016. Las protestas destapan las miserias del sector: externalizaciones, contratación irregular mediante falsos autónomos y degradación de las condiciones laborales.

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PRECARIEDAD EN LAS INSTITUCIONES CULTURALES 

Protesta durante una de las jornadas de huelga del servicio de atención al público del Museo de Bellas Artes de Bilbao.

Jose Durán Rodríguez | Diagonal | 23/09/16

Las 34 esculturas permanecieron expuestas en la sala BBK –como el banco, sí– sin que nadie las viera durante 41 días. En ese tiempo, ningún visitante contempló su convincente apariencia humana. Formaban la muestra “Escultura hiperrealista 1973-2016” que el museo de Bellas Artes de Bilbao pretendía inaugurar el 7 de junio. Pero la defensa de los derechos laborales de las 34 personas que trabajan en atención al público –auxiliares de sala, personal de tienda, taquilla, recepción y educación– se impuso al estreno previsto.

Ese día comenzó la huelga por unas mejores condiciones de trabajo que mantuvo cerradas las puertas del museo hasta el 18 de julio, cuando la representación sindical, la empresa que presta ese servicio (Manpower Group) y el patronato (Ayuntamiento de Bilbao, Diputación de Bizkaia y Gobierno vasco) sellaron un preacuerdo que recoge el aumento salarial –el sueldo bruto anual en el puesto de auxiliar de sala era de 10.500 euros–, el reconocimiento de la antigüedad y la subrogación en el caso de que cambie la empresa adjudicataria, tres de las principales reclamaciones de los trabajadores.

“El preacuerdo establece también las bases para la negociación de un convenio que regule las relaciones laborales en este centro de trabajo”, explica a Diagonal Betitxe Saitua, educadora del museo desde hace siete años. “Hemos blindado que ese convenio se respetará y aplicará, venga la empresa que venga”, añade.

Protesta durante la huelga en el Museo de Bellas Artes de Bilbao.

Sin salir de Bilbao, el verano en el Guggenheim ha resultado igualmente inusual. El 28 de julio se produjo el primer paro convocado por las 18 personas de los departamentos de educación y orientación del museo, al que seguirían otros durante todos los martes y jueves de agosto.

Sus motivos: exigir una mejora salarial, la compensación de festivos trabajadosy la subrogación a partir del 30 de septiembre cuando termine la licitación actual que ostenta, también aquí, Manpower.

La respuesta del museo llegó el 29 de agosto, cuando comunicó que no sacará a concurso los servicios que en los dos últimos años ha prestado esa empresa y que contratará directamente a tres educadores a tiempo completo, en una decisión consensuada con el Gobierno vasco, la Diputación y el Ayuntamiento. Es decir, el trabajo de 18 personas, que irán a la calle a finales de este mes, será suplido por el de tres.

“Lo que van a hacer es reducir servicios: donde antes había cinco franjas horarias para atender a las visitas escolares, habrá una como mucho”, vaticina una orientadora del Guggenheim

“Lo que van a hacer es reducir servicios: donde antes había cinco franjas horarias para atender a las visitas escolares, habrá una como mucho”, vaticina Maialen Gallego-Careaga, orientadora en el Guggenheim durante los últimos cinco años. Tras conocer la decisión, los trabajadores convocaron huelga indefinida hasta el 30 de septiembre, cuando serán despedidos.

En paralelo a las huelgas de Bilbao, en los museos de Barcelona también ha florecido un brote estival de reivindicaciones laborales sin precedentes en el sector.

La acumulación de servicios en manos de la misma empresa –Ciut’art– ha provocado que los paros –16 y 23 de junio; 15, 20 y 21 de julio– hayan sido simultáneos y consiguiesen la insólita imagen del cierre al público de los principales museos de la ciudad –MACBA, Fundación Miró, Museo del Diseño, Monasterio de Pedralbes, Museo de las Culturas del Mundo, Museo Etnológico, Fundación Tàpies, Archivo Histórico de Barcelona y Museo de la Música– en la misma jornada.

Lo que pedían era la regularización de los contratos en fraude de ley y el reconocimiento del carácter indefinido de las relaciones laborales; la correcta adjudicación de los días de vacaciones; el fin del trato discriminatorio a los ‘refuerzos’ y la compensación por festivos trabajados.

El 26 de julio, el sindicato Solidaridad y Unidad de los Trabajadores anunció la aprobación por parte de la asamblea de trabajadores de Ciut’art de un preacuerdo con la empresa que da respuesta a esas reclamaciones.

Humo y fuego en el museo

Son las tres erupciones más llamativas de conflictividad laboral en los museos pero no las únicas. La revolución vivida en el verano de 2016 comparte algunas causas –la externalización de servicios básicos a empresas ajenas, la contratación irregular y el empeoramiento creciente de las condiciones– que llevan presentes varios años en las instituciones culturales públicas.

En 2011, por ejemplo, la justicia declaró improcedentes los despidos de seis educadoras del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC) que habían denunciado su contratación fraudulenta. A principios de 2016, el Centro de Arte y Creación Industrial LABoral de Gijón prescindió de tres trabajadores a quienes había empleado durante años como falsos autónomos. Y el futuro del Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias en Orihuela (Alicante) ha zozobrado tras acumular en lo que llevamos de año cinco meses de nóminas impagadas a su plantilla.

Protesta de los trabajadores de Ciut’Art a la entrada de la Fundación Tàpies durante la jornada de huelga del 16 de junio.

El humo, por tanto, se olía. Y en esta ocasión sí había fuego. “Se ha llegado por la falta de previsión y de políticas culturales públicas que cuiden de los trabajadores de museos en particular, o de los trabajadores de instituciones culturales en general. ¿Que puede tener algunos beneficios la externalización de servicios? Quizá, puede ser, pero lo que nunca se debe fomentar desde la institución pública es el desinterés por unos trabajadores que, por muy subcontratados que estén, son la cara visible de la institución, que, recordemos, se gestiona con dinero público y alberga un patrimonio público también”, opina la historiadora del arte y museóloga Laura Cano.

“Se ha llegado a esto por la falta de previsión y de políticas culturales públicas que cuiden de los trabajadores de museos “, dice Laura Cano

Para Jesús Carrillo, director del departamento de programas culturales del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía entre 2008 y 2014, lo sucedido este verano “es un síntoma de lo límite que es la situación. No es una huelga tradicional de un sector sino la respuesta a un estado de cosas que no puede sostenerse. Es más bien una voz de alarma”.

La raíz del problema, considera la productora cultural Marta Álvarez, “es una mala comprensión de la función y el funcionamiento de los museos: la extensión del modelo empresarial de gestión propio de la industria cultural ha derivado en la búsqueda de rentabilidad que ha afectado de manera fundamental a los servicios de educación y mediación, imponiendo la precariedad para muchos trabajadores y la pérdida de sentido de estas instituciones para parte del público”.

Quienes diseñan las visitas escolares a museos y quienes atienden las dudas en las salas firman sus contratos con empresas de trabajo temporal o cotizan en el régimen de autónomos

En el origen se sitúa la subcontratación de los servicios de mediación y educación de los museos, aquellos que están en contacto directo con el público. Así, quienes diseñan las visitas escolares a museos y quienes atienden las dudas en las salas firman sus contratos con empresas de trabajo temporal o cotizan en el régimen de autónomos.

Carrillo traduce lo que significa la externalización: “He visto a informadores que cobraban 600 euros al mes diseñando los programas educativos de una institución enorme, y nadie lo controlaba ni les interesaba. Eran los últimos monos que, ante la tesitura de tener que recibir a colegios, lo hacían con profesionalidad, cualificación, voluntad e inteligencia”.

El proceso de desguace de los museos públicos, y de empobrecimiento de las condiciones de trabajo en ellos, se aceleró a partir de 2003, cuando empresas especializadas como Magma empezaron a encargarse de estos servicios.

Posteriormente serían ETT, empresas multiservicios como Eulen o entidades financieras como La Caixa las que han asumido la labor educativa y de mediación en los museos, en muchas ocasiones volviendo a subcontratar a terceras partes. Un auténtico sumidero por el que desaparecen los derechos laborales.

Las subcontrataciones se realizan a través de una redacción de pliegos que las instituciones sacan a concurso público. La empresa que, ajustándose a esas condiciones, pone un precio más bajo es la que se queda con el trofeo. Al ser licitaciones por dos o tres años, el tornillo sobre los trabajadores vuelve a apretarse cuando toca renovarlas.

“La lógica de contratación en las administraciones públicas ha asumido la de las privadas, acelerándose durante la crisis con la excusa de la austeridad. Esto implica que una de las misiones de la institución cultural no sea ofrecer un servicio sino ofrecerlo barato”, afirma Carrillo, quien cifra en un 80% la parte externalizada, “lo que dice hasta qué punto las propias instituciones carecen de capacidad de acción y control”.

Precisamente en la responsabilidad de las administraciones públicas se fija la comisaria y crítica de arte Diana Guijarro: “No ha habido un control sobre aquellos a quienes se les daba la concesión, la institución ha hecho oídos sordos y se ha lavado las manos ante una situación de discriminación continuada, olvidando que es la última responsable”.

“La lógica de contratación en las administraciones públicas ha asumido la de las privadas. Esto implica que una de las misiones de la institución cultural no sea ofrecer un servicio sino ofrecerlo barato”, afirma Jesús Carrillo

Para Álvarez, los tiempos en cultura “son largos y eso precisa plantillas cohesionadas y no temporales”. En su opinión, una institución pública de este tipo “no está sólo para realizar exposiciones fotogénicas y ofrecer visitas guiadas, sino para trabajar con el contexto y con las colecciones”.

Una tarea menos visible y a futuro que implica establecer diálogos con la ciudadanía “que permitan la participación en dichas instituciones de manera activa. Pero los tiempos lentos se dan de bruces con la rentabilidad y con el cortoplacismo político”, valora.

Carrillo coincide con ese diagnóstico y apunta a las ideas de cultura y ciudad que se manejan desde lo público: “Si concibes la cultura como algo que produce espectáculos, eventos, lo que necesitas son estructuras efectivas cortoplacistas. En ese mundo, la empresa privada funciona bien”.

“Si un museo pretende ser una puerta abierta a la comunidad, a las identidades, a la reflexión sobre la realidad, ‘un campo de batalla’ –sí, muchos se asombrarán, pero eso, exactamente eso, es lo que teóricamente debe ser un museo–, no tiene sentido que a los primeros a los que dé la espalda sean sus propios trabajadores. Un trabajador descontento es un mal trabajador en la mayoría de los casos, lógicamente. No se puede pedir compromiso si no ofreces exactamente lo mismo. Y esto es válido para cualquier sector”, reflexiona Cano.

Pagar para trabajar

Junto a la externalización de servicios, otra práctica laboral denunciada como recurrente en las instituciones culturales públicas es la de los falsos autónomos. Un fraude de ley consistente en obligar a quien trabaja a pagarse la cotización a la Seguridad Social, sin contrato laboral y sin figurar en plantilla.

En su oferta para cubrir ocho puestos de mediadores-investigadores en 2015, Medialab Prado exigía como condición facturar en el régimen de autónomos

En su oferta para cubrir ocho puestos de mediadores-investigadores en 2015, Medialab Prado exigía como condición facturar en el régimen de autónomos. En el Reina Sofía ya hay al menos una sentencia favorable a considerar como relación laboral aquello que a todos los efectos lo es. Carrillo asiente y alude a la escasez de plantilla y a la imposibilidad de contratarcomo motivos para la irregularidad: “Fundamos el departamento de actividades públicas en el Reina Sofía y no nos dotaron de personal. Teníamos un departamento de educación heredero de la estructura original del museo, de carácter casi funcionarial, que para ofrecer los servicios cotidianos subcontrataba de manera individual a educadores con los que existía una relación personal. Su situación no era ideal: cobraban según convenio pero eran autónomos”.

En su opinión, estas situaciones “terriblemente distorsionadas y diabólicas” eran la vía para poder sacar adelante el trabajo, mediante resquicios legales, excepciones, parches y siempre a costa de las condiciones de “un personal enormemente cualificado, con una gran capacidad de trabajo, que había hecho del museo su vida, pero al que la administración pública no permitía contratar de manera estable y del que ciertos elementos poco generosos dentro del museo pretendían deshacerse”, recuerda.

Un modelo insostenible en el tiempo –la beca de investigación por la que se ha ‘contratado’ a esa educadora termina, el orientador se harta y reclama un contrato– que condiciona el propio ser y estar de los museos: “Se estira todo lo que se puede al personal y cuando ya no se estira más, se deshacen de él. Esto provoca que la institución no aprenda: ese conocimiento y experiencia de los individuos adquiridos en su trabajo cotidiano no revierten en las estructuras de la institución”, asevera Carrillo.

Horizontes de cambio

En cuanto al futuro y la posibilidad de otras realidades, él entiende que este modelo es “perfectamente reversible”, para lo cual considera imprescindible una reforma del modo de contratación en las administraciones públicas y “un repensamiento de las estructuras y funcionamiento de los museos”.

Hasta entonces, Cano propone que los concursos sean ganados sólo por “empresas que traten a sus trabajadores de forma adecuada y honesta, y es la institución la que debe velar por los derechos de éstos. No puede mirar para otro lado”.

Guijarro, por su parte, apela a la importancia de marcos reguladores: “Son necesarios convenios colectivos en los que fijar parámetros como los sueldos, la estabilidad, los horarios y periodos vacacionales”.

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