Pedro ÁguedaJosé Precedo | El Diario | 26/09/2016

La renuncia de Luis Bárcenas el 13 de septiembre a ejercer la acusación particular en el caso del borrado de la información de sus ordenadores por parte del PP desató una ola de sospechas sobre qué escondía tan sorpresiva decisión. Ocho días después, la representación legal del partido firmó un escrito, al que ha tenido acceso eldiario.es, en el que pide a la jueza Rosa María Freire que no siga adelante con la causa que le ha convertido en la primera formación procesada en la historia de España. El argumento: sin acusación particular, ni de la Fiscalía puede haber caso. O lo que es lo mismo, el PP reclama que se le aplique la ‘doctrina Botín’.

“Resulta evidente que, si el supuesto perjudicado por el delito no tiene interés en continuar el proceso penal, y si tampoco concurre el interés general o público que ostenta el Ministerio Fiscal –quien en reiteradas ocasiones ha manifestado la ausencia de relevancia penal de los hechos que nos ocupan-, no es posible mantener la causa abierta únicamente a instancias de las acusaciones”, alega el PP en su escrito.

El Partido Popular está procesado por un delito de daños informáticos. Los otros tres imputados –su tesorera, el director del gabinete jurídico y el jefe de informática- lo están, además, por uno de encubrimiento. La ley impide atribuir a una persona jurídica, en este caso el PP, esta segunda figura delictiva. Ahora, la representación legal del partido, que también defiende a su tesorera, Carmen Navarro, pide para ambos la aplicación de la doctrina instaurada por el Tribunal Supremo el 17 de diciembre de 2007 y que salvó del banquillo al que fuera presidente del Banco de Santander, que terminó por darle nombre.

El PP recurre a la citada jurisprudencia para defender que sólo con la acusación popular no se puede sentar a alguien en el banquillo. Fue el mismo argumento de la defensa de la infanta Cristina en el caso Nóos y que, sin embargo, el tribunal rechazó aplicar. En aquel caso, la Audiencia de Palma entendió que el delito fiscal que se atribuye a Cristina de Borbón tiene como perjudicado a toda la sociedad y que, por tanto, no influye que ni el fiscal ni la Agencia Tributaria evitaran acusar a la hermana del rey.

Los abogados del Partido Popular defienden en su caso que el delito de daños informáticos tiene carácter privado, esto es, cuenta con un perjudicado. En este caso, sería Luis Bárcenas. Y éste ya no ejerce la acusación. Las organizaciones que integran la acusación popular recalcan que ese delito se cometió presuntamente en concurso medial, esto es, con el objeto de consumar otro delito, el de encubrimiento. Y según esta tesis, el encubrimiento se comete contra la Administración de Justicia, por lo que la acción popular está legitimada para dirigir en solitario una acusación contra el presunto autor.

El PP tiene a su disposición en esta causa varios abogados de prestigio que están inundando a la jueza Freire de recursos, incluidos los que tienen por objeto apartarla de la causa por una supuesta proximidad con el PSOE. La formación de Rajoy ya ha presentado dos recusaciones contra Freire. La primera fue inadmitida a trámite por la propia jueza, motivo de otro de los recursos presentados por el PP.

En un nuevo escrito intentan argumentar que Freire no tiene legitimidad para decidir sobre su propia recusación. “Los actos judiciales son nulos de pleno derecho cuando en ellos concurre un defecto insubsanable y comprendido en alguno de los supuesos contenidos en el artíuclo 238 LOPJ como es el caso de la resolución recurrida”, dice el texto.

Por otra parte, el PP aprovechó el auto en el que Freire negaba la admisión a trámite de su recusación para alegar ser víctima de una acusación de machismo que contra él habría proferido la jueza. Así, presentó una segunda recusación, todavía pendiente de resolver por la magistrada instructora. Asimismo, el PP se ha sumado a diferentes recursos del resto de imputados.

Todos los frentes del PP para salvarse

En el caso de que el PP lograra apartar a Freire recaerían importantes decisiones sobre su futuro judicial en otra magistrada, Carmen Valcarce, que mantiene empantanada desde hace siete años la causa del espionaje en el seno del partido en Madrid. Es la misma jueza que mostró en público en los pasillos del juzgado su devoción por el que fuera hombre fuerte del PP madrileño, hoy en prision, Francisco Granados.

A pesar de la amplia estrategia del PP, la jueza Freire sigue adelante. En un auto de cinco folios, al que ha tenido acceso eldiario.es, la titular del juzgado número 32 desestima los argumentos de la defensa en su recurso contra el auto de procesamiento y pide al PP que los exponga cuando llegue el juicio.

El Partido Popular había alegado en su recurso que el portátil con el que trabajaba Bárcenas “no contenía información” y que el pen drive que aportó al juzgado el extesorero podría estar manipulado. También defendió  que el borrado de los ordenadores forma parte de un procedimiento “normal y habitual en estos casos” dentro del partido.

La jueza admite en primer lugar que no puede procesar al Partido Popular, una persona jurídica, por la destrucción de pruebas, pero mantiene que debe ser juzgado por los daños informáticos. El auto recuerda que existen “indicios de un borrado a conciencia, con ánimo de destruir, no solo los archivos existentes, sino cualquier otra información que hubiera existido previamente en los discos duros y que pudiera revelarse tras los correspondientes trabajos técnicos a realizar por las unidades policiales especializadas, por cuanto todos los investigados eran conocedores de primera mano de las investigaciones que se estaban llevando a cabo en la Audiencia Nacional sobre la contabilidad paralela del Partido Popular y sobre su financiación ilegal , entre otros delitos”.

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