Giorgio Agamben: «Del Estado de derecho al Estado de seguridad»

252

Para el filósofo italiano Giorgio Agamben, el estado de urgencia no es un escudo que protege la democracia. Al contrario, según el filósofo ha acompañado siempre las dictaduras.

No se comprende el verdadero desafío de la prolongación del estado de urgencia [desde el fin de febrero] en Francia, si no se lo sitúa en el contexto de una transformación radical del modelo de estado que nos es familiar. Es necesario, antes de nada, desmentir el propósito de mujeres y hombres políticos irresponsables, según los cuales el estado de urgencia sería un escudo para la democracia.

Los historiadores saben perfectamente que la verdad es totalmente contraria. El estado de urgencia es justamente un dispositivo por el cual los poderes totalitarios se han instalado en Europa. Así, en los años que precedieron la toma de poder de Hitler, los gobiernos social-demócratas de Weimar habían recurrido tan a menudo al estado de urgencia (estado de excepción, como se dice en alemán), que se puede decir que Alemania había cesado de ser, antes de 1933, una democracia parlamentaria.

El primer acto de Hitler, después de su nominación, fue proclamar un estado de urgencia que no habría sido revocado nunca. Cuando nos sorprendemos de los crímenes que pudieron ser cometidos impunemente en Alemania por los nazis, olvidamos que estos actos eran perfectamente legales, pues los países estaban sometidos al estado de excepción y las libertades individuales estaban suspendidas.

No vemos porqué un escenario parecido no podría repetirse en Francia: imaginamos sin dificultad un gobierno de extrema derecha que se servirse para sus fines de un estado de urgencia al que los gobiernos socialistas han acostumbrado a los ciudadanos. En un país que vive en un estado de urgencia prolongado, y en el cual las operaciones policiales substituyen progresivamente al poder judicial, es necesario esperar una rápida e irreversible degradación de las instituciones públicas.

Mantener el miedo

Esto es tanto aún más cierto cuando el estado de urgencia se inscribe, hoy en día, en el proceso que está en vías de hacer evolucionar las democracias occidentales hacia alguna cosa que es ya necesario llamar Estado de seguridad («Security State» como dicen los politólogos americanos). La palabra «seguridad» ha entrado de tal manera en el discurso político que podemos decir, sin temor alguno a equivocarnos, que las «razones de seguridad» han ocupado el lugar de aquello que llamábamos, en otro tiempo, la «razón de Estado». Un análisis de esta nueva forma de gobierno hace, sin embargo, fallida. Como el Estado de seguridad no libera ni del Estado de derecho ni de aquello que Michel Foucault llamaba las «sociedades disciplinarias», conviene sentar algunas bases en vistas de una posible definición.

En el modelo del británico Thomas Hobbes, el cual ha influenciado profundamente nuestra filosofía política, el contrato que transfiere los poderes al soberano presupone el miedo reciproco y la guerra de todos contra todos: el Estado es quien viene justamente va poner fin al miedo. En el Estado de seguridad, este esquema se invierte: el Estado se fundamenta de forma duradera sobre el miedo y debe mantenerlo como sea, pues de él deriva su función esencial y su legitimidad.

Foucault ya había demostrado que, cuando la palabra «seguridad» aparecía por primera vez en Francia en el discurso político con los gobiernos de los fisiócratas antes de la República, no se trataba de prevenir las catástrofes y las hambrunas, sino de dejarlas realizarse para poder gobernar inmediatamente y orientarlas en una dirección que estimaran aprovechable.

Ningún sentido jurídico

Igualmente, la seguridad de la cual hablamos hoy no mira de prevenir los actos terroristas (lo cual seria extremadamente difícil, sino imposible, puesto que las medidas de seguridad no son eficaces más que después del acto, y que el terrorismo es, por definición, una serie de primeros actos), sino de establecer un nueva relación con los hombres, la cual consiste en un control generalizado y sin límites – en la que la insistencia particular sobre los dispositivos es la que permite el control total de los datos informáticos y comunicacionales de los ciudadanos, incluyendo la retirada del contenido de ordenadores.

El primer riesgo que revelamos es la deriva hacia la dirección de una relación sistemática entre terrorismo y Estado de seguridad: si el Estado necesita del miedo para legitimarse, entonces necesita producir el terror, o al menos no impedir que se produzca. Vemos como los países persiguen una política extranjera que alimenta el terrorismo que debemos combatir en el interior y mantiene relaciones cordiales e incluso vende armas a los Estados de los cuales sabemos que financian a las organizaciones terroristas.

Un segundo punto, que no es menos importante de tratar, es el cambio de estatus político de los ciudadanos y del pueblo, que se suponía el titular de la soberanía. En el Estado de seguridad vemos producirse una tendencia irreprimible hacia aquello que es necesario llamar la despolitización progresiva de los ciudadanos, del que la participación en la vida política se ha reducido a los sondeos electorales. Esta tendencia es más inquietante que aquella que fue teorizada por los juristas nazis, que definían el pueblo como un elemento esencialmente impolítico, cuyo Estado debe asegurar la protección y el crecimiento.

Según los juristas, solo hay una manera de volver político este elemento impolítico: por la igualdad de origen y de raza, que va a diferenciarlo del extranjero y del enemigo. No se trata de confundir el Estado nazi y el Estado de seguridad contemporáneo: lo que hay que entender es que si se despolitiza a los ciudadanos, éstos no pueden salir de su pasividad más que si se los moviliza por el miedo contra un enemigo extranjero que no les sea sólo exterior (eran los judíos en Alemania, hoy son los musulmanes en Francia).

Incertitud y terror

Este es el marco en el que hay que considerar el siniestro proyecto de disminución de la nacionalidad para los ciudadanos binacionales, que recuerda a la ley fascista de 1926 sobre la desnacionalización de los «ciudadanos indignos de la ciudadanía italiana» y las leyes nazis sobre la desnacionalización de los judíos.

Un tercer punto, del cual no hay que menospreciar su importancia, es la transformación radical de los criterios que establecen la verdad y la certitud en la esfera pública. Lo que sorprende a cualquier observador atento en los informes de crímenes terroristas es la renuncia integral al establecimiento de la certitud judicial.

Mientras que en un Estado de derecho un crimen no puede ser certificado más que por una investigación judicial, bajo el paradigma de la seguridad nos debemos contentar con aquello que la policía y los medios de comunicación nos dicen – dos instancias que siempre han estado consideradas poco fiables. Su incredibilidad y las contradicciones patentes en las reconstrucciones apresuradas de los acontecimientos eluden a sabiendas toda posibilidad de verificación y de falsificación, siendo lo más parecido a cuentos que ha investigaciones. Esto significa que el Estado de seguridad tiene interés en que los ciudadanos – de los cuales tiene que asegurar la protección – se queden en la incertitud sobre aquello que los amenaza, pues la incertitud y el terror van de la mano.

Es la misma incertitud que encontramos en los textos de la ley del 20 de noviembre sobre el estado de urgencia, los cuales se refieren a «toda persona al respecto de la cual existan serias razones de pensar que su comportamiento constituye una amenaza para el orden público y la seguridad». Es bastante evidente que la fórmula «seria razón de pensar» no tiene ningún sentido jurídico y que, en tanto que esta fórmula renvía a la arbitrariedad a aquel que «piensa», puede aplicarse en todo momento a cualquier persona. Así, en el Estado de seguridad, estas fórmulas indeterminadas, que siempre han estado consideradas por los juristas como contrarias al principio de certitud del derecho, devienen la norma.

Despolitización de los ciudadanos

La misma imprecisión y los mismos errores se repiten en las declaraciones de mujeres y hombres políticos, según los cuales Francia estaría en guerra contra el terrorismo. Una guerra contra el terrorismo es una contradicción en los términos, pues el estado de guerra se define precisamente por la posibilidad de identificar de manera certera el enemigo al que se debe combatir. En la perspectiva de la seguridad, el enemigo debe – al contrario – mantenerse en la vaguedad, para que cualquiera – en el interior, pero también en el exterior – pueda ser identificado como tal.

Mantener un estado de miedo generalizado, despolitización de los ciudadanos, renuncia a toda certitud del derecho: estos son las tres características del Estado de seguridad, suficiente para perturbar a los espíritus.  Esto significa, de una parte, que el Estado de seguridad en el cual estamos en vías de introducirnos acomete lo contrario de aquello que promete, puesto que – si seguridad quiere decir ausencia de preocupación (sine cura) – mantiene, al contrario, el miedo y el terror. El Estado de seguridad es, por otra parte, un Estado policial pues, eclipsado el poder judicial, generaliza la discrecionalidad policial actuando cada vez más como soberano,  cosa que en un estado de urgencia es normal.

Por la despolitización progresiva del ciudadano, convertido en una especie de terrorista en potencia, el Estado de seguridad sale finalmente del dominio conocido de la política, para dirigirse hacia una zona incierta, donde lo público y lo privado se confunden y de la que no se sabe definir los límites.

Giorgio Agamben

Giorgio Agamben nació en Roma  (Italia) en 1942. Filósofo, autor de una obra teórica reconocida y traducida en el mundo entero.

Texto original publicado en Le Monde el 23/12/2015 (http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/12/23/de-l-etat-de-droit-a-l-etat-de-securite_4836816_3232.html)

Traducido por Juan Carlos González Caldito

 

Comentar con Facebook ()

Comentar (0)

DEJA UNA RESPUESTA