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Raúl Rejón | El Diario | 29/09/2016

La Agencia Tributaria lleva ocho meses haciéndose la sorda: ignora al juzgado de Instrucción Nº 48 de Madrid y no designa a dos funcionarios de la Oficina Antifraude como peritos en la investigación de la venta de viviendas protegidas de la Comunidad de Madrid a Goldman Sachs. Consecuencia: la causa todavía no cuenta con el informe sobre las relaciones económicas del entramado de sociedades presentes en la adjudicación de  2.395 VPO que realizó el Gobierno de Ignacio González a una media de poco más de 63.000 euros por casa en 2013.

La magistrada ahora al cargo, Concepción Jerez, firmó el 22 septiembre pasado una providencia en la que indicaba que “por parte de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia y de forma urgente se designen dichos funcionarios”.

La jueza abunda en que “hasta el día de la fecha no han sido designados por la ONIF a pesar de haber sido reiterada la petición”. La solicitud viene del 26 de enero de 2016 cuando el juzgado pidió ese misión de “auxilio judicial” al caso. Ambos inspectores “son requeridos específicamente a dicha unidad dada la trascendencia, gravedad y cuantía económica de los delitos investigados”.

La Agencia Tributaria ha contestado que la petición de auxilio “era para un informe muy concreto que ya se le remitió en marzo. Si el juzgado quisiera algo más tendría que especificarlo para que la Agencia lo estudiara”. Considera que no es que tuviera que nombrar a dos miembros para asistir a la investigación sino remitir un análisis.

Esos delitos son malversación y prevaricación cuando el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) se deshizo en bloque de miles de casas protegidas para ingresar de golpe 200 millones de euros en 2013. Fueron un total de 32 promociones por las que la auditoría de la Cámara de Cuentas regional calculó que el  Ivima tuvo una pérdida patrimonial de 98 millones de euros. 

En enero de este año, el instructor entonces, Ignacio Bigeriego, decretó que se volvieran a valorar todas las casas y que se escudriñaran “las relaciones” entre las sociedades implicadas en la compra-venta. Nada de eso se ha hecho todavía. Y por parte de Antifraude no se ha designado a los expertos que deben “proceder al análisis de toda la documentación de contenido económico-financiera objeto de investigación”, como detalla el escrito judicial. Ocho meses ya acumulados de parón.

La tasación de los pisos, también pendiente

El parón está siendo también utilizado por, al menos, uno de  los políticos implicados en el caso para afear la conducta del juzgado. El exdirector de la Vivienda de Madrid al comienzo del proceso de venta, Juan Van Halen, ha recriminado que no se tomen decisiones sobre su situación de investigado. Van Halen tuvo que abandonar su último empleo público de alto cargo en el Ministerio de Fomento al ser citado para declarar por esta causa.

También ha intentado su defensa impedir que un profesional neutral tase todas las casas que terminaron por pasar a manos de En Casa Cibeles (es decir, Goldman Sachs). Sin embargo, también este mes de septiembre, el fiscal ha frenado esta maniobra ya que “ofreciendo dudas la tasación realizada (…) por parte de TINSA, lo lógico es que se lleve a cabo esta valoración de los pisos que se vendieron” (en este caso lo hará una arquitecta del Ministerio de Hacienda). Esa tasación bajo sospecha fue la que permitió al Ivima asignar un precio muy ventajoso para el fondo.

Además de Van Halen, también está implicada en la investigación su sucesora como máxima responsable del Instituto, Ana Gomendio. Gomendio ha considerado que la operación fue un éxito y le achaca un precio “un 20% superior” a lo que ofrecía el mercado en el momento de traspasar las VPO al fondo.  “Cuando yo tomé posesión del cargo como gerente del Ivima existían ya decisiones tomadas”, se ha escudado Gomendio para desmarcarse de la operación.

Tanto la Asociación de Afectados como la de lucha contra la corrupción Corruptil, que están personadas en la causa, coinciden en que todo el proceso está sufriendo trompicones y retrasos, a veces de difícil “justificación procesal”.

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