La quiebra de una inmobiliaria que gestionaba vivienda pública deja sin luz a 1.000 vecinos en Parla

270 familias, con bebés y personas dependientes, viven sin suministro desde el lunes por una deuda de 500.000 euros de la que nadie quiere hacerse cargo.  La Fundación Todo Ayuda, encargada de la gestión del edificio y a quien los vecinos pagaban la luz y el alquiler, cerró las cuentas bancarias.

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Los vecinos de la calle Toledo, 15 en una protesta frente al Ayuntamiento de Parla. / R.
Los vecinos de la calle Toledo, 15 en una protesta frente al Ayuntamiento de Parla. / R.

Sofía Pérez Mendoza | El Diario | 29/09/2016

Ángel y su esposa tienen desde hace cuatro días aún más dificultades para cuidar a su cuñada dependiente. No pueden mover el respaldo de su cama, que permite moverla e incorporarla cada tanto, porque funciona con electricidad y su bloque de pisos está sin luz. Iberdrola la cortó el lunes.

Esta familia y otras 269 más viven sin suministro desde entonces en la calle Toledo, 15, de la localidad madrileña de Parla. La mayor parte de los vecinos asegura haber pagado las facturas hasta junio, cuando la fundación encargada de la gestión del edificio, Todo Ayuda, cerró las cuentas en las que ingresaban el alquiler y los recibos.

Los inquilinos dejaron de poder abonar el dinero después de que la fundación rescindiera el convenio que firmó con el Ayuntamiento de Parla para regularizar la situación de algunas de las familias que habitan en el inmueble. Muchas entraron irregularmente a viviendas que estaban vacías –no es el caso de Ángel–, pero pagaban mes a mes entre 52 y 62 euros de alquiler y entre 75 y 90 de luz desde que Todo Ayuda se encargaba de la gestión.

La fundación recibió una subvención de 130.000 euros en 2013 y la misma cuantía en 2014 para ocuparse de gestionar y de subsanar los problemas de impago de la luz. Pero en junio de 2015, la deuda con Iberdrola ascendía a 500.000 euros, según el Ayuntamiento de Parla. Y el pasado lunes, después de varias amenazas, la compañía cortó el suministro. El edificio, parte del Plan de Vivienda de 2004 del antiguo alcalde socialista Tomás Gómez, tiene un único contador, así que todos los vecinos –paguen o no– se han quedado sin luz.ºº

La necesita Rocío para bañar a su bebé de seis meses con agua caliente; la necesita una madre que carga a su hijo con discapacidad por las escaleras porque el ascensor no funciona; la necesita la cuñada de Ángel para poder cambiar de postura en la cama abatible y que no le salgan escaras; y la necesita también Leila, que hizo la compra del mes con esfuerzo y ahora, con el frigoríºfico inútil, ha tenido que tirar mucha comida. Detrás de cada una de las 270 puertas hay una historia.

El fin del convenio entre la fundación Todo Ayuda y el Ayuntamiento de Parla se produjo después de que el nuevo equipo municipal del PP detectara irregularidades en la actuación de la fundación. Según fuentes municipales, Todo Ayuda no remitía los contratos de alquiler como debía como adjudicatario y el inmueble no cumple con las garantías de seguridad. “Ahora los vecinos, aunque quieran, no tienen cauce para pagar”, explica las mismas fuentes a eldiario.es. Este medio ha intentado ponerse en contacto con Todo Ayuda, pero no ha recibido respuesta.

Vista exterior del bloque de la calle Toledo, 15. / R.
Vista exterior del bloque de la calle Toledo, 15. / R.

La gestión del inmueble de viviendas protegidas acabó en manos de la fundación tras la quiebra en 2011 de la empresa a la que el equipo municipal dirigido por Tomás Gómez cedió el derecho de superficie, inicialmente suelo municipal. En enero de 2013, la titularidad de la deuda por la construcción del inmueble –procedente de un préstamo concedido por Bankia– fue transferida a la Sareb. El “banco malo” no contempla, según ha explicado a este medio, ejecutar el préstamo de momento. Si lo hacen, aseguran, pasarían a ser titulares del edificio.

El Ayuntamiento de Parla, por su parte, asegura que no va a pagar la luz porque el inmueble “no es propiedad municipal”. Fuentes municipales justifican que tampoco podrían hacerlo si quisieran porque “sería nulo de pleno derecho”, según un informe “vinculante” del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid fechado en abril del año pasado al que aluden para respaldar su actuación.

“Se trata de un conflicto entre una empresa privada, como es Iberdrola, y un edificio que no es de titularidad municipal. […] Es una situación altamente compleja para todos, porque algunos inquilinos están ahí legalmente. Por eso, hemos hablado de forma constante con todas las instancias superiores, tanto de Comunidad de Madrid como del Gobierno de España, para que se tomen las medidas oportunas”, dijo el alcalde, Luis Martínez Hervás (PP), en rueda de prensa el lunes.

Muchos involucrados, ninguna responsabilidad

El resultado de esta cadena de cesiones y transferencias es que ninguno de los actores involucrados se hace cargo de la deuda con Iberdrola. Y mientras se aclara quién debe asumir responsabilidad, los vecinos y vecinas pasan los días sin luz, sin agua caliente y sin frigorífico. Muchos de ellos, en paro, llevan varios días pateándose el municipio: ahora a hacer ruido al Ayuntamiento, ahora reuniones, ahora a casa de algún amigo o familiar a ducharse, a cargar el móvil, a cocinar…

Según el Ayuntamiento, quedan solo 25 familias de las que originariamente fueron adjudicatarias de las viviendas públicas, pensadas para jóvenes y mujeres con cargas familiares. Ángel y su esposa es uno de los casos: están en la casa desde 2010 y han vivido en primera persona la maraña de cesiones de la que ha sido objeto el edificio. “Cuando Unifo quebró, hubo unos meses que pagábamos al juzgado, otros a la Comunidad de Madrid… Era un lío. Después empezamos a abonar el alquiler a la Fundación Todo Ayuda”, explica.

“Todo esto nos hace sentir muy mal. No veo salida, no veo, no veo. Nadie se responsabiliza de lo que ha pasado”, musita Ángel. La familia vive con los 700 euros de pensión que cobra él y otros 300 de su esposa. Asegura que nunca han faltado a ningún pago: ni con Unifo, ni con los cobradores aleatorios posteriores. Hasta que Todo Ayuda cerró la cuenta, Ángel ingresaba en ella 127 euros mensuales.

“Nos han estafado, ¿ahora qué hacemos?”, dice Leila, otra vecina. Hizo la compra del mes con los últimos 300 euros que le pagó la empresa para la que trabajaba antes de su despido. Leila dice que también está al corriente de los pagos: 62 por la vivienda y 95 por el agua, lo establecido para las viviendas de dos habitaciones. Vive con su hijo de 15 años.

Rocío, con un hijo de seis meses y otro de nueve años, no sabe “qué hacer ni adónde ir”. Cuando cae la noche, enciende una linterna y utiliza el portátil para conseguir la iluminación mínima para poder ver algo dentro de su casa. “Y a dormir pronto, no podemos hacer nada más”, dice. Los baños de los niños, en casa de una amiga; y los biberones, al microondas del bar. Algunos vecinos llevan cuatro días a base de latas de atún y mejillones.

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