Arturo Puente | El Diario | 02/10/2016

TMB, la empresa pública de transportes de Barcelona, continúa aplicando la política de opacidad total sobre los sueldos e identidades de sus directivos, incumpliendo  la Ley de Transparencia yla resolución que la Comisión de Garantía de Acceso a la Información Pública (GAIP) dictó a petición de Catalunya Plural, por la cual la empresa debía facilitar a este medio diversas informaciones internas antes del 1 de octubre.

El oscurantismo en la empresa está motivado, entre otras cosas, por la oposición frontal que han ejercido un grupo de 94 directivos, que se han personado para evitar que la empresa de acceso a sus identidades y sueldos. Entre el 7 de julio pasado, cuando la GAIP publicó la resolución, y este 1 de octubre, fecha en que acababa el plazo dado, 94 personas asesoradas por un gabinete de abogados contratado han interpuesto recursos contenciosos administrativos para tratar de que sus nombres no salgan a la luz. Además, 247 personas del mismo colectivo presentaron alegaciones a la GAIP, argumentando por qué sus nombres no debían ser divulgados.

Estos movimientos, sin embargo, no han prosperado. La GAIP desestimó, en primer lugar, el contencioso de los 94, mientras que de las alegaciones presentadas por los otros 247 sólo estimar 6, correspondientes al personal de seguridad. En una nueva resolución emitida el 28 de septiembre, la GAIP se reitera en la obligatoriedad de que la empresa facilite toda la información que Catalunya Plural requiere desde febrero pasado.

Por su parte, la empresa decidió el pasado 29 de septiembre no llevar la resolución de la GAIP al Tribunal Superior de Justicia. En la reunión del Consejo de Administración de la empresa, donde están representados los principales partidos con representación en los municipios del Área Metropolitana, el consejero delegado de la empresa de transportes presentó un informe que desaconsejaba la vía judicial y apostaba por cumplir la resolución haciendo la interpretación más laxa y fuera de plazo.

Sin embargo, fuentes de la empresa consideran probable que el grupo de los 94 directivos acudan al Tribunal Superior de forma particular, a recomendación del prestigioso gabinete de abogados externo que han contratado. Si llegaran a hacerlo y reclamaran medidas cautelares, la publicación de la información amparada por la ley de Transparencia podría quedar en suspenso durante todo el tiempo que dure el litigio judicial, meses o incluso años.

El convenio del metro, de fondo

La política de opacidad que está llevando a cabo la empresa, promovida por sus propios directivos, tiene como telón de fondo la negociación de los convenios colectivos en las dos divisiones de la compañía, metro y bus, aunque principalmente en la primera que está siendo más problemática. Según reconocen fuentes de la empresa, la salida a la luz de los sueldos de los directivos y personal fuera de convenio, y las enormes diferencias de salario para mismos puestos de trabajo, supondría un “incendio” entre los trabajadores.

La dirección de TMB teme que la publicación de las informaciones que está obligada a entregar a este medio le hagan más difícil la negociación con los trabajadores del metro, con quienes aseguran estar cerca de llegar a un acuerdo sobre el nuevo convenio. Por esto, su decisión es no recurrir el recurso, pero no cumplirlo en su literalidad hasta que no se haya cerrado el acuerdo laboral.

Para entender la dimensiones del escándalo que podría suponer la publicación de esta información solo hay que comparar con lo que supuso la publicación de un ínfimo porcentaje de esta en agosto pasado, cuando la empresa publicó el sueldo de sus 21 máximos directivos obligada por este medio. En aquel momento Catalunya Plural reveló que, de esos 21 directivos, 5 estaban directamente vinculados con PSC o ICV, las formaciones que han gobernado la empresa durante décadas.

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