Un derecho como una casa

"La política de garantía de derechos sociales debe estar alineada con la de turismo, urbanismo, movilidad, economía... Porque son todas las políticas las que inciden en las condiciones de vida de la gente, como el precio de los alquileres", explican la teniente de alcaldía de Derechos Sociales de Barcelona en Comú, Laia Ortiz, y el concejal de Vivienda, Josep Maria Montaner.

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Laia OrtizJosep Maria Montaner | El Diario | 02/10/2016

Tradicionalmente, en España, el derecho a la vivienda ha sido considerado, con honrosas excepciones como la Ley por el Derecho a la Vivienda de 2007 del Gobierno del tripartito, o la legislación del País Vasco, como un derecho de segunda categoría. Se le consideraba sólo un factor de enriquecimiento económico, y no un derecho esencial que había que preservar de la vorágine especulativa.

El resultado es bastante conocido y sufrido: la pervivencia dramática de los desahucios, unos 50 a la semana en Barcelona; de personas sin hogar, unas 3.000 según el último recuento; y un número cada vez mayor de personas que ven casi imposible poder acceder a una vivienda por el aumento desorbitado de los alquileres. Jóvenes y personas mayores se ven forzadas a abandonar los pisos de toda la vida por el aumento de la presión del mercado. En Barcelona, la vivienda se ha convertido en una mercancía especialmente atractiva para los inversores, que acaparan un 40% de las compras, ejerciendo una fuerte presión en las áreas de alta atracción turística.

El panorama de la herencia de burbuja inmobiliaria, denunciada por V de Vivienda; la emergencia habitacional afrontada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH); la expulsión de vecinos y vecinas con motivo de la proliferación de pisos turísticos ilegales denunciada por las asociaciones vecinales son algunos de los retos a afrontar desde el Gobierno municipal.

En este contexto tan difícil, con un Gobierno catalán a medio gas y un Gobierno estatal en funciones del PP que directamente forma parte del problema, como demostró recorriendo la ley de emergencia habitacional, el Ayuntamiento está actuando decididamente en cuatro ejes.

En primer lugar, previniendo y atendiendo la emergencia habitacional. Para luchar contra los desahucios, para prevenirlos y pararlos, se creó en enero de 2016 la Unidad contra la Exclusión Residencial (UCER), con 1.515 casos atendidos en siete meses. Al mismo tiempo, se han reforzado las ayudas de urgencia al pago de alquiler, y en 2015 se han otorgado a casi 3.000 familias.

En segundo lugar, estamos afrontando el uso antisocial de la vivienda: pisos vacíos, en mal estado, ocupados en precario o infravivienda. Esto implica un régimen disciplinario de sanciones que nos ha ayudado a conseguir 550 pisos de los bancos, respecto a los 19 de todo el mandato pasado. Está claro que el diálogo debe combinarse con la mano dura. Por eso no nos ha temblado el pulso a la hora de multar bancos por especular con pisos vacíos, ni de sancionar apartamentos turísticos ilegales o los propietarios que practican la usura alquilando espacios sin las condiciones más básicas de salubridad.

En tercer lugar, es clave el incremento del parque de vivienda pública. Durante este mandato pondremos en marcha la construcción de 3.500 nuevos pisos, de los cuales el 80% serán de alquiler público, cuando el parque de vivienda pública de la ciudad es sólo de 6.500 y el de vivienda accesible de 10.500. Para ello, el Patronato Municipal de la Vivienda se ha reforzado y activado.

Por último, destinaremos 80 millones de euros en los próximos 4 años a la rehabilitación proactiva de edificios y pisos, generando empleo digno y mejorando la funcionalidad y accesibilidad de las viviendas y su eficiencia energética.

Somos conscientes de que las herramientas con las que cuenta un ayuntamiento, a pesar de ser grande como el de Barcelona, son limitadas. Y, sin embargo, la principal conclusión es que hemos colocado las políticas de vivienda en el centro de la acción municipal. Sin negar los obstáculos, consideramos que la resignación no es una buena estrategia y que hay que actuar sobre las estructuras de mercado. Esto quiere decir que la política de garantía de derechos sociales debe estar alineada con la de turismo, urbanismo, movilidad, economía… Porque son todas las políticas las que inciden en las condiciones de vida de la gente, como el precio de los alquileres.

Se trata, también, de abrir nuevos caminos, innovando ante la complejidad y las múltiples necesidades. Algunos datos para la reflexión: AirBnB ofrece en su web casi 21.000 alquileres y sólo hay 9.000 pisos turísticos legales en la ciudad; hay 125.000 pisos en la ciudad que tienen 4 habitaciones más de las que necesitan las familias que viven; o el creciente envejecimiento de la población, que hará que el 2050 el 30% de la población sea mayor de 65 años, y los retos que ello supone en términos habitacionales.

Para llevar a cabo nuestra labor hay que abrir los debates, cambiar las políticas y las prioridades, pero también la legislación autonómica y estatal. Por eso estamos trabajando en una nueva Ley de Arrendamientos Urbanos que regule el mercado de alquiler impidiendo incrementos desmesurados o abusivos.

Pero si realmente queremos que la vivienda se considere para siempre un derecho de primera, hay también promover un cambio en la concepción misma de la vivienda como bien de inversión. Por ello, en el Día Mundial del Hábitat, reiteramos que la vivienda es un derecho como una casa, y recordamos que hemos creado un nuevo y único portal que aglutina todas las informaciones sobre vivienda: www.habitatge.barcelona. Porque la vivienda no es un negocio; es un derecho como una casa.

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