La sanidad pública pagó 464 millones entre 2004 y 2011 por tratar los cánceres del amianto

El informe completo será publicado a finales de año en una revista científica japonesa y solo contabiliza los costes directos en atención médica y farmacia, no las horas de trabajo perdidas ni las indemnizaciones.  Otra investigación calcula que hasta 2020 más de 1.300 personas morirán en España por cánceres ocasionados por el contacto con el asbesto.

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La Confederación Hidrográfica del Tajo retira ya los restos de amianto
Trabajadores de la Confederación Hidrográfica del Tajo retiran restos de amianto. CHT/TWITTER

José Precedo | El Diario | 11/10/2016

Lo primero, está claro, son las vidas humanas que se ha llevado por delante el uso incontrolado del amianto como aislante en fábricas y construcciones durante las últimas décadas del siglo XX en que en España no estaba prohibido. Y son muchas. Solo en cinco años, los que transcurrieron entre 2007 y 2011, el Ministerio de Sanidad ha registrado en España 1.297 muertes producidas por mesotelioma pleural, un tumor letal que según la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC por sus siglas en inglés) está causado en el 98% de los casos por la exposición al asbesto, como se denomina también a este material aislante que no se prohibió en España hasta el año 2002. La IARC también ha determinado que entre el 80 y el 85% de esos tumores malignos tienen su origen en el puesto de trabajo. El resto de los mesoteliomas surgen, según este organismo internacional, por la denominada “exposición ambiental”: son vecinos que viven cerca de instalaciones en las que se manejó este material o familiares de trabajadores que tuvieron contacto con las partículas de asbesto a través del vestuario o los materiales utilizados en las fábricas.

Pero además están las consecuencias económicas, que alertan de que el problema es también muy grave para las arcas públicas. Un estudio inédito y recién acabado que coordinó la responsable de Salud Laboral del Ministerio de Sanidad, Montserrat García Gómez, y en el que participó también el propio científico de la Universidad de Granada, pone ahora los números sobre la mesa. El trabajo suma el coste hospitalario y de farmacia que supuso atender a todas esas víctimas del amianto no reconocidas en la Seguridad Social como pacientes con enfermedades profesionales y concluye, según adelanta el catedrático de Historia de la Ciencia de la Universidad de Granada, experto además en enfermedades relacionadas con el amianto, Alfredo Menéndez a eldiario.es, que las arcas públicas sufragaron entre 2004 y 2011 464 millones de euros para tratar tumores relacionados con el amianto.”Ese cómputo solo incorpora los gastos directos, la asistencia hospitalaria, el coste de la especialidad médica y la factura farmacéutica, no computa el gasto en horas de abandono del trabajo o la dedicación de los cuidadores”, subraya este experto. Las conclusiones completas del estudio se publicarán en las próximas semanas en una revista especializada japonesa llamada Industrial Health.

La factura que paga el Estado por este tipo de cáncer seguirá engordando durante el próximo lustro. Porque otra investigación adelantada por la publicación científica OMC Cáncer pronostica que entre 2016 y 2020 fallecerán en España 1.319 personas por mesoteliomas pleurales, a un ritmo de 264 personas al año. El trabajo lo firman  investigadores del Instituto de Salud Carlos III, el Consorcio de Investigación Biomédica de Epidemiología y Salud Pública y el Ministerio de Sanidad. 

Pese a la contundencia de las conclusiones de la comunidad científica, la Seguridad Social española solo reconoció entre 2007 y 2011 la enfermedad laboral -y por tanto la indemnización- a 50 (49 hombres y una mujer) de esos 1.297 fallecidos por mesoteliomas pleurales. Es decir, solo se reconoce la enfermedad profesional a cinco de cada cien víctimas.

José Luis Tortuero, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Universidad Complutense de Madrid, llama la atención sobre la diferencia que hay entre que esos cánceres se traten como enfermedades comunes o que sean declaradas enfermedades profesionales. “Cuando una empresa tiene riesgo de enfermedad profesional acumula toda una serie de obligaciones legales, reconocimientos médicos previo a la contratación de los trabajadores, reconocimientos periódico a cargo de la empresa y mutua, cambio a puesto de trabajo exento …todo ello sin perjuicio del abanico de responsabilidades,  ante los incumplimientos en materia de salud laboral , tanto en el orden administrativo, civil y  sancionador , tanto penal como en materia de recargos de todos las prestaciones de la seguridad social (entre un 30 y 50%) que asume el empresario y benefician a los trabajadores o derechohabientes . A todo ello habría que añadir que el nivel de protección económica (las prestaciones) es mucho más elevado cuando la incapacidad o la muerte derivan de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, que cuando derivan de enfermedad común. Otra consecuencia adicional es que cuando las incapacidades y muertes  se tratan como la consecuencia de enfermedades comunes, las empresas se libran de todo ese sistema coercitivo y las victimas tienen que acudir a otras vías más complejas para buscar indemnizaciones. En todo caso, es inexplicable e injustificable el tratamiento recibido por los afectados, que deberían actuar ante los tribunales”, asegura este experto en derecho del trabajo.

Aparte de la tragedias familiares de quienes sufrieron las consecuencias de trabajar entre el amianto durante las últimas décadas del siglo XX, pese a que ya una ordenanza franquista de 1947 establecía medidas de prevención, este “subregistro” de enfermedades profesionales constituye un grave perjuicio para que el drama del amianto “pueda visibilizarse”.

Un tercer informe realizado por el departamento de Salud Laboral de Comisiones Obreras calcula que entre 2000 y 2030 morirán en España 50.000 personas por tumores relacionados con la exposición al amianto.

En las últimas semanas la Justicia ha impuesto duras indemnizaciones a empresas por no haber prevenido durante las décadas de los setenta y ochenta del siglo pasado los riesgos del contacto con el asbesto. La lupa está puesta sobre Renfe y sobre un modelo de trenes, la serie 8.000, que hasta mediados de los 80 estaban recubiertos por amianto. La operadora de transporte acumula cuatro condenas por la muerte de otros tantos empleados suyos que trabajaron durante décadas con este material sin ninguna protección. Familiares de otros cuatro fallecidos preparan nuevas demandas en Málaga y Madrid. Uralita, que importó toneladas de amianto durante el siglo pasado, también ha encadenado en los últimos años numerosas sentencias en su contra.

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