Francisco Correa se la juega al Ibex

La medida declaración del cabecilla de la trama Gürtel apunta a la relación directa entre el pago de comisiones y la concesión de obras públicas.

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Pablo Elorduy | Diagonal | 24/10/16

Un cuarto de hora antes del mediodía del viernes 14 de octubre, Francisco Correa cantaba bingo. Su declaración en la pieza que se juzga en la Audiencia Nacional del caso Gürtel –compuesta de otros seis procedimientos– deparaba una sorpresa inesperada: el empresario aseguraba que había mediado entre Dragados, OHL y ACS, y el Partido Popular para obtener concesiones de obra pública.

Saltaba la sorpresa con la inclusión de ACS, la empresa de Florentino Pérez. Hasta ahora, la multinacional del presidente del Real Madrid –y decimotercera fortuna de España– había quedado fuera de los casos Gürtel y de los papeles de Bárcenas, pese a que las siglas aparecían en un escrito entregado posteriormente que ha tenido poco recorrido en la causa. Correa no dudaba en señalarla, junto la OHL –del marqués de Villar Mir–, como una de las compañías por las que, presuntamente, intercedía en dos ministerios concretos del PP de Aznar: Medio Ambiente y Fomento.

OHL y ACS respondían con sendos comunicados en los que anunciaban querellas criminales contra Correa. En el caso de la empresa de Pérez se reconocía que “hasta estas sorprendentes declaraciones del señor Correa, nadie, ya sea verbalmente o por escrito, ha comprometido el nombre de ACS, o sociedades de su grupo, en relación con el caso Gürtel”.

En una entrevista en Onda Cero, el abogado de Correa, Juan Carlos Navarro, aseguraba que eran querellas “de cara a la opinión pública” y que, en todo caso, no van a ser juzgadas en este proceso, que se ocupa de campañas electorales de 2007 y 2008. Con la cautela inherente a su posición, el abogado del cerebro de la trama Gürtel indicaba que las declaraciones de su cliente sobrepasan el alcance del procedimiento que tiene lugar en una de las macrosalas de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares.

El 17 de octubre, primero la fiscalía y luego la presidencia rechazaban llamar como testigos a los exministros del PP de aquellas carteras Jaume Matas, Elvira Rodríguez y Rafael Arias Salgado, y a los presidentes de ACS y OHL, Florentino Pérez y Juan Miguel Villar Mir. “Aquí no pintan nada”, sentenciaba Ángel Hurtado, presidente del Tribunal.

En todo caso, la noticia estaba hecha, y otros procedimientos pueden añadir más argumentos para que se investiguen las conexiones del caso. Las organizaciones y abogados dentro del Caso Bárcenas consideran que el testimonio de Francisco Correa permitirá reabrir las investigaciones sobre determinados empresarios que el juez Pablo Ruz decidió enviar al dique seco.

El cierre de la instrucción por parte de Ruz, en marzo de 2015, dejaba fuera de la siguiente fase 30 de los 36 casos que implicaban a empresarios al no quedar probada, según la Audiencia Nacional, la correlación entre las (presuntas) donaciones a la caja B del partido y la adjudicación de obra pública a determinadas empresas.

Leer más: Cierre en falso de los papeles de Bárcenas

En las prisas para tomar esta decisión influyó la presión política del Partido Popular, según Paco Segura, coordinador de Ecologistas en Acción, colectivo presente en la Querella Bárcenas, quien anuncia que las palabras de Francisco Correa en el juicio van a llevar a esta querella ciudadana a pedir que se reabran todas estas investigaciones “porque ahora hay gente que asegura que pagaron ese dinero ligado a las adjudicaciones”.

A Segura no le llama la atención que Correa haya implicado a ACS en sus declaraciones: “No es demasiado sorpresa. Es, de las seis grandes constructoras, la mayor, y una de las que más contratos se ha llevado de obras”. Pese a que no se han hecho preguntas en el juicio acerca de la relación entre la empresa de Correa y la empresa de Florentino Pérez, el abogado de la defensa mencionaba entre otras actividades de su cliente labores de representación en la construcción de gaseoductos, en el AVE a La Meca –donde actualmente trabaja una unión temporal de empresas formada, entre otras, por OHL y Cobra, una filial de ACS– y del metro de Bogotá, cuya licitación está prevista para el primer trimestre del año 2017.

“Por la forma de hacer contratos, por cómo se presentan los contratos”, la construcción, señala Paco Segura, “es un nicho idóneo para este tipo de prácticas corruptas”. Las que se juzgan en San Fernando de Henares, concretamente, son la adjudicación a Sufi –desde 2005 parte del grupo Sacyr– de contratos de limpieza en Moratalaz (Madrid), y algunas concesiones de obras en Castilla y León a empresas como Teconsa y Constructora Hispánica.

A diferencia del tesorero del PP, Luis Bárcenas, el acusado Francisco Correa dice que apenas apuntaba para quién hizo los trabajos de intermediación y que su agenda está en su cabeza. El interlocutor con las grandes empresas, abundó Correa, no era él, sino su exsocio Plácido Vázquez. Eso sí, el viernes, el jefe de la trama dejaba otro titular: “Intervine en la concesión de muchas obras. Ni 10, ni 20: muchísimas obras”, dijo Correa pasadas las 10.30h del primer día de su juicio.

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