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Arturo Puente | Catalunyaplural.cat | 23/10/2016

La convivencia en gobierno de dos partidos que se deben a –y aspiran a crecer en– electorados divergentes en el eje izquierda-derecha a menudo suscita roces, que pueden acabar en grietas cuando no en abismos. Esto es lo que está ocurriendo en el Govern catalán a cuenta de la actuación del conseller de Salud, el republicano Toni Comín, para sacar a los centros con ánimo de lucro de la red sanitaria pública.

El plan inicial, consistente en dejar de derivar actividad pública hacia las privadas clínica del Vallés, Hospital General de Catalunya y Sagrat Cor, generó roces. El anuncio del ahorro para las arcas públicas que se conseguiría con la salida de la clínica del Vallés, ya realizada, fue el origen de las grietas. Ahora, cuando el conseller ha planteado la compra directa del Hospital General por 55 millones de euros, la posición entre los socios amenaza a ser abismal.

Desde ERC recuerdan que la operación sanitaria se encuentra en el plan de Govern acordado entre ambos, y no están dispuestos a ceder en lo que consideran una actuación de mínimos para asegurar el servicio público, beneficiando para al paciente y ahorrando dinero. Además, sacan pecho respecto a su modelo, asegurando que demuestra que el modelo público es superior en cuanto a calidad y a eficiencia.

Mientras, desde el PDECat afirman que el problema es nominal, ya que no se pueden considerar “desprivatizaciones” a lo que son derivaciones de un servicio que se seguía prestando de forma universal. Entienden que la forma de venderlo por parte del departamento de Comín enmienda la plana a la gestión del anterior conseller, Boi Ruiz, y apuntala el discurso de la izquierda que les acusa de haber dejado la sanidad en manos privadas.

Pero el problema para la antigua Convergència va más allá de lo discursivo. Diversos sectores del partido, entre ellos el más cercano al expresident Artur Mas, advierten sobre la pérdida de apoyos del partido por la franja de la derecha moderada, lo que achacan al giro independentista y a una cierta preeminencia izquierdista dentro del soberanismo.

Es por esto que ven el plan “desprivatizador” de Comín como una fuente de enfrentamientos con las empresas beneficiadas por la externalización sanitaria y la construcción de nuevos centros, que no harían falta si se llevase a cabo la compra del Hospital General. El PDECat tiene la lupa sobre la pérdida de apoyos en estos sectores económicos y su área de influencia social entre las clases medias y altas catalanas, un puntal histórico de los nacionalistas pero que en las últimas elecciones ya ha comenzado a mirar hacia otros partidos, como Ciutadans.

Polémica en el Parlament, oposición en Sant Cugat

La brecha abierta entre ambos partidos a cuenta de la gestión sanitaria del conseller republicano, Toni Comín, saltó a los medios la semana pasada en forma de polémica entre el propio conseller y la portavoz de JxSí en la comisión de salud, la convergente Montserrat Candini. La portavoz cargó en una entrevista en Redacción Médica contra el discurso de la desprivatización sanitaria, del que Comín ha hecho bandera, asegurando que “la privatización de la sanidad catalana no es real” y asegurando que se trata de una gestión más centrada en “contentar a la izquierda que al paciente”.

Comín salió en tromba a reclamar una rectificación a la portavoz de su grupo, mientras desde el Govern se optó por quitar hierro al asunto con un respaldo cerrado al conseller. Pero para el de ERC, esto no es suficiente. El propio Comín reabrió la polémica al final de la semana, reclamando lealtad a todos los miembros del grupo que sostiene al Ejecutivo.

Ninguno de los dos partidos quiere llevar estas diferencias al Consell Executiu, pero ambos son conscientes de que las tiranteces entre ambos seguirán aumentando a medida que ERC avance en el plan sanitario. Hasta ahora, Comín ha sido cuidadoso en no lanzar ninguna crítica a la gestión del anterior conseller, lo que le ha imposibilitado vender su actuación como de cambio de modelo. Pero la idea de comprar el General no solo encuentra oposición en el PDECat del Ejecutivo sino, sobre todo, en el mundo local convergente. La poderosa alcaldesa de Sant Cugat, Mercè Conesa, es una de las voces más activas contra la actuación del conseller, a la que además se suman otros líderes del PSC del Vallès.

Diferencias sobre la fiscalidad

Aunque la sanitaria es la más visible, no es esa la única área donde ERC y PDECat tienen diferencias sobre la labor de gobierno. En plenas negociaciones de los presupuestos, que se están llevando a cabo entre el departament de Economía y la CUP pero seguidas muy de cerca por Presidència, los anticapitalistas mantienen la pretensión de aumentar los impuestos a las rentas altas. Este propósito es una línea roja para el PDECat, que ya lo vetó en las malogradas negociaciones para las cuentas de 2016, cuyo rechazo desembocó en la cuestión de confianza de Carles Puigdemont.

Los de Junqueras evitan hacer de esto un casus belli, y se decantan por acomodar las preferencias de ambos con fórmulas intermedias, como el impuesto a las grandes fortunas que el Govern anunció. Pero, por otro lado, tampoco están dispuestos a volver a quedarse sin cuentas por una oposición férrea a tocar la fiscalidad. Economía propone pactar algunas nuevas figuras para que el proyecto presupuestario pase a trámite con los votos de la CUP y, ahí, continuar tanteando a los grupos. De hecho, los republicanos presionan a Ada Colau en el ayuntamiento de Barcelona para conseguir ablandar a CSQEP en el Parlament.

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