Sofía Pérez Mendoza | El Diario | 23/10/2016

El Ministerio de Educación va a poner en marcha el 1 de noviembre el teléfono contra el acoso escolar (900 018 018), su “medida estrella” para atender a los menores que sufren la violencia de otros compañeros y compañeras. Fue la más anunciada en la presentación en enero del borrador del Plan Estatal de Convivencia Escolar del Gobierno, que incluye una batería amplia de hasta 70 medidas poco concretadas.

De ellas se destacaban 16, de las cuales existían ya cuatro: la  web sobre convivencia escolar, el Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos, el convenio con la Agencia Española de Protección de Datos para formar en redes sociales y el registro de delincuentes sexuales. De las restantes, solo dos se han hecho realidad: el teléfono y la emisión de un sello de Correos específico para “concienciar en la lucha contra el acoso escolar”.

La otra decena, el grueso, están estancadas: un protocolo y un registro a nivel nacional de convivencia, una guía para familias, la reactivación del Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar, un manual de apoyo a las víctimas, una red de escuelas “tolerancia cero”, un Congreso Estatal… El Ministerio de Educación se escuda para explicar la demora en que “un Gobierno en funciones tiene competencias muy limitadas” y asegura que les gustaría que las medidas echaran a andar “con la mayor velocidad posible”.

Mientras, los centros escolares siguen bandeando día a día con casos de acoso escolar con las herramientas que disponen. Por un lado, guías y protocolos autonómicos específicos (las que los tienen) contra la violencia en las aulas. Algunas regiones cuentan con directrices más concretas y desarrolladas: por ejemplo, la Junta de Andalucía pone en manos del director o directora la posibilidad de  informar a otras instancias externas al centro “si lo estima oportuno” y “en función de la valoración inicial”. Eso incluye la inspección educativa, y también la justicia.

Estos protocolos autonómicos se complementan con los planes de convivencia propios de cada centro escolar, cuya implementación es obligatoria. Estos documentos de régimen interior sirven para orientar ante conflictos en las aulas de tipologías muy variadas. “Son planes muy normativos, en general, con cosas básicas –típico trámite de avisar al tutor y luego al equipo directivo– pero con pocas pautas educativas”, explica Carlos Andreu, orientador itinerante en varios colegios públicos de la Comunidad de Madrid.

Por iniciativa propia, algunos centros cuentan con una guía del profesor. “Es bastante clarificadora sobre lo que hay que evitar: quitar importancia a los hechos, romper la confidencialidad, citar a los acosadores y la víctima y contraponer sus versiones… Esos son errores gordos”, dice José Manuel (nombre ficticio), profesor de Lengua y Literatura de Madrid cuyo instituto cuenta con una guía de este tipo.

Las agresiones, recuerdan los expertos, son “la punta del iceberg” del hostigamiento en el colegio por parte de personas a priori iguales. ¿Es fácil ver los síntomas antes de que se produzcan? ¿Cómo actúan los docentes? ¿Los compañeros y compañeras que son testigos lo comunican? ¿Y cómo intermedia el equipo directivo con las familias? Hablamos con orientadores y docentes que han vivido el problema en sus aulas.

Los tres docentes entrevistados por eldiario.es aseguran que nunca han recibido formación contra el acoso escolar en sus centros escolares. “Nunca nos han dicho: vamos a formaros para aprender a detectar y tratar casos de acoso”, admite Ana Ojea, profesora Cultura Audiovisual en un instituto de Vigo.

Tanto ella como el docente de Lengua en Madrid aseguran que, pese a la falta de preparación, hay profesionales más sensibilizados que otros. “Hay gente que entra a clase y está ciega, o se hace la ciega. Si, por ejemplo, vas por un pasillo y escuchas “maricón” tienes dos opciones: pasar de largo como si nada o pararte a ver qué ocurre”, ejemplifica Ojea.

“Cortar” la conducta irrespetuosa

La primera “clave” es “cortar esas conductas en público”, coinciden los tres profesores entrevistados. Y después hablar con las partes, por separado. Nunca juntarlos. “De la víctima somos los confidentes, muchas veces no lo cuentan en casa”, dice Ana Ojea, que asegura que siempre pregunta a los chicos y las chicas si quieren “hablar con el tutor, intentar resolverlo juntos”. Ojea piensa cuando habla de los estudiantes LGTB acosados.

“A los acosadores hay que intentar hacerles conscientes del daño que hacen”, completa José Manuel, que prefiere comunicarlo siempre al equipo directivo “garantizando la confidencialidad, por supuesto”. “Pero que lo sepan”, remata.

El problema, matiza, “es que en ocasiones el acoso se produce fuera de horas lectivas: en los descansos, en el recreo, en la ida o la vuelta al centro… El acosador tiene cuidado de que no le pillen haciendo lo que hace”. Y con el ciberacoso, aseguran los docentes, se complica aún mucho más la detección.

Lo más visible, como en otros tipos de violencia, es siempre la agresión. “Es cuando lo ves, cuando se produce, pero antes puede hacer un acoso sostenido”, cuenta Inés Andrés, profesora de Lengua en un centro de Burgos. “Después de tantos años he visto de todo, conflictos graves en ocasiones y sobre todo un acoso silencioso de baja intensidad y diario. Pasa todos los días en todas partes”, apunta José Manuel.

¿Justifican entonces a los compañeros y compañeras que no identifican los casos a tiempo? “Creo que no hay mala voluntad, sino una carga de trabajo que te obliga a estar pendiente de muchas cosas a la vez”, defiende José Manuel. Carlos Andreu, orientador en centros de primaria de Madrid, sostiene el mismo argumento: “Sin horas de tutoría y con tantos alumnos y horas lectivas, ¿cuándo hablas con los chicos y chicas?”.

La clave: la reacción del grupo de iguales

Por eso, es fundamental la “reacción del grupo”. “De eso depende el éxito o el fracaso del acosador. El grupo tiene que trabajar para paralizar al acosador, que se dará por rendido si nadie le ríe las gracias, si le aíslan. Al final lo que busca es éxito social”, argumenta José Manuel.  “Los que lo ven –explica Ojea– se callan por miedo a ser a pasar a ser el objetivo. Y en los casos de LGTBfobia además se suma el miedo a ser acusados de lo mismo”.

En algunos centros –de momento bastante pocos– se trabaja con alumnos mediadores para que sean los iguales los que intenten ayudar a resolver el conflicto “Esto favorece que se acaben las actitudes de pasividad, tener otros modelos en el aula”, afirma el orientador Carlos Andreu.

Cómo comunicarlo a las familias

Cuando el problema pasa a instancias superiores, es decir, al conocimiento de jefatura de estudios, dirección y orientación, suele procederse a reunir a las familias de la víctima y del acosador. “Con los primeros hay que tener especial cuidado. Nunca se debe restar importancia a lo que está pasando ni dar a entender que son cosas de niños. Lo mejor es hacerles saber que estamos trabajando sobre ello, que nos estamos ocupando. Sienten mucha impotencia y la sensación de que han perdido la capacidad de proteger a sus hijos”, explica Andreu.

El orientador admite que, en el caso de las familias de los acosadores, la actuación es más compleja. “Detrás de un acosador normalmente hay disfunciones y les cuesta aceptar que, en cierto modo, su hijo o hija no es quien ellos creen”. En ocasiones, añade José Manuel, “los padres y las madres justifican y respaldan así esas conductas”.

La sanción: ¿expulsar sirve de algo?

Tras las interlocuciones oportunas, hay que tomar decisiones, habitualmente marcadas por el plan de convivencia del centro escolar. La más común y utilizada es la expulsión por unos días, o definitivamente en casos muy graves, del colegio o instituto.

“Hay centros en los que se expulsa mucho y en otros nada o muy poco. En el mío, por ejemplo, tienen la teoría de que expulsar es contraproducente y a mí me parece que no se les puede justificar todo ni de desreponsabilizar a los acosadores de sus acciones. Se sienten impunes”, sentencia José Manuel. En su instituto, no obstante, las expulsiones se acompañan de unas tareas obligatorias para que no se queden en casa sin hacer nada, pero eso no ocurre en todos sitios.

Para Carlos Andreu, muchos centros tienen como costumbre “sancionar de entrada”. “Todo está supernormativizado y notificado, pero nos quedamos ahí, no hay una intervención educativa”, critica. Ana Ojea comparte va incluso más allá: “Si los expulsas un par de días incluso se lo pueden llegar a tomar como un premio y presumen de que se han pasado dos días en casa rascándose la barriga. Si no va acompañado de medidas educativas enfocadas a trabajar y reflexionar sobre lo que han hecho no sirve de nada”.

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