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José Precedo | El Diario | 31/10/2016

El 27 de octubre, el pleno del Consejo General del Poder Judicial se reunió para elegir a la persona que ocupará el puesto de jefe de sección del Servicio de Formación Continua de la Escuela Judicial ubicada en Madrid. Se trata de un puesto remunerado con un sueldo de 50.000 euros brutos anuales al que pueden optar profesionales vinculados al mundo de la Justicia que deben presentar su currículum y someterse a una entrevista personal. Optaron 24 personas, entre los que había jueces, fiscales, secretarios judiciales, e incluso catedráticos de Derecho.

En el momento de la votación decisiva, uno de los 21 integrantes del Consejo decidió abstenerse: el  magistrado del Tribunal Supremo, Rafael Fernández Valverde, vinculado al grupo de los vocales conservadores. Se iba a decidir sobre su hijo, Rafael Fernández de Paiz, un fiscal de 35 años con plaza en Sabadell y sin apenas experiencia en el campo de la formación.

El puesto fue para él.  Doce de los integrantes del CGPJ de todas las corrientes, incluido su presidente, Carlos Lesmes, lo eligieron frente a los otros 23 candidatos. Por detrás, quedó con seis votos el magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, Pascual Fabia Mir, que ocupa el puesto 763º en el escalafón de la carrera. Agustín Pérez-Cruz, catedrático de Derecho Procesal en la Universidad de A Coruña, obtuvo dos votos.

El nombramiento que parte de la valoración subjetiva de los méritos y de entrevistas personales con todos los candidatos –a la que según confirman varias fuentes no acudieron todos los miembros del CGPJ, aunque sí tuvieron oportunidad de seguirlas en vídeo– ha generado cierta polémica interna. Uno de los vocales consultados sostiene que “la arbitrariedad en la elección fue superior al de otras veces, teniendo en cuenta los currículum” y duda de que se haya llevado a cabo “una adecuada valoración de los méritos”.

Al puesto optó sin éxito la letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Mariscal de Gante, hermana de Margarita Mariscal de Gante, ministra de Justicia en el primer Gobierno de Aznar y diputada en el Congreso por el PP hasta 2004, quien no obtuvo ningún voto.

A raíz de la designación, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha hecho público un comunicado para pedir que los nombramientos en la Administración de Justicia se atengan a los principios de mérito y capacidad. En la nota, la UPF recuerda “el informe sobre prevención de la corrupción en España del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (2014) que recomendaba a España que en relación con los nombramientos discrecionales se reforzara la transparencia, con el fin de garantizar que estos nombramientos no pusieran en tela de juicio la independencia, imparcialidad y transparencia de los procesos de nombramiento”.

Solo un par de semanas antes, el Boletín Oficial del Estado ratificaba la situación de “servicios especiales” para el fiscal de Ciudad Real Álvaro Mañas De Orduña, tras ser promocionado como letrado del Gabinete Técnico al servicio del Tribunal Supremo. Se trata de un fiscal joven destinado en Canarias, hijo de la actual pareja del anterior fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, que obtuvo el número 1 de su promoción en 2012 y recibió por ello la medalla de San Raimundo de Peñafort. Con menos de cinco años de carrera, ha sido elegido para incorporarse al Gabinete Técnico del Tribunal Supremo por el CGPJ. Su nombramiento lo comunicó el vicepresidente del Tribunal Supremo, Ángel Juanes.

El concurso de méritos pivotó también sobre el currículum y una entrevista personal. Las bases de la elección, publicadas en el BOE el 8 de junio, establecen que la propuesta de candidatos/as aprobada por la Sala de Gobierno será elevada por el presidente del Tribunal Supremo al pleno del CGPJ para que proceda al nombramiento de quienes vayan a ocupar las plazas de letrado del Gabinete Técnico al servicio del Alto Tribunal.

En el punto sexto de los requisitos del concurso se especifica que para los aspirantes al puesto de letrado del Tribunal Supremo en el ámbito Penal se premiará la “especial valoración de la experiencia en técnica casacional, así como en los aspectos propios de la jurisdicción penal desde una preceptiva práctica; profundo y actualizado conocimiento de la Jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea; actividades de investigación o docentes; conocimientos informáticos de bases de datos de jurisprudencia, legislación y bibliografía e idiomas”.

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