Miles de escuelas y más de 152 universidades se encierran contra la ley de austeridad brasileña

Después de la llegada al poder de Michel Temer, la doctrina del shock se abre paso en el país, a través de una ley que pretende congelar el gasto social en Brasil durante las próximas dos décadas.

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GIRO A LA DERECHA EN LATINOAMÉRICA

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Ocupación de la UFRJ, de Río de Janeiro, la mayor del país. / BRUNO BOU

Diagonal | 07/11/16

El rechazo a la Propuesta de Emmienda Constitucional 55 (PEC 55) ha generado el rechazo de buena parte de la sociedad brasileña y los encierros de al menos 152 universidades brasileñas. La PEC 55 es el nuevo nombre de la Propuesta 241, de “techo de gasto”, con la que el Gobierno de Michel Temer quiere establecer un mandato constitucional que, según los críticos, puede suponer la congelación de partidas en Educación y Sanidad, además de otros gastos sociales, para los próximos 20 años.

Los encierros en las facultades suponen la mayor movilización estudiantil en la historia de Brasil. Las asambleas de estudiantes consideran que la protesta es necesaria para la defensa de una educación pública, de calidad e inclusiva. Junto a la ocupación de facultades, se han producido también encierros en más de mil escuelas de secundaria, según datos de la União Nacional dos Estudantes y União Brasileira dos Estudantes Secundaristas.

El camino de esta ley del “shock” para Brasil está marcado por las protestas estudiantiles y por el dictamen negativo, emitido el 7 de octubre, de la Procuradoria Geral da República, órgano del Ministerio de política federal, que considera “inconstitucional” la norma por vulnerar la separación de poderes. La puesta en marcha de esta ley, de momento, está prevista únicamente para los gastos de los tres poderes federales (ejecutivo, legislativo y judicial) pero el Gobierno tiene previsto trasladarla asimismo a los Gobiernos de los distintos Estados que componen el país.

La Sociedade Brasileira de Economia Política es uno de los actores que se han opuesto a la polémica PEC 241 –hoy 55– al considerar que perjudicará a las clases populares e incrementará la secular desigualdad en Brasil. La Associação Brasileira de Saúde Pública y el Conselho Nacional de Saúde también han publicado cartas críticas con la ley, afirmando que el mayor efecto será entre la población más pobre, usuaria del Sistema Único de Saúde, que se verá afectado por los recortes.

En la actualidad, esta ley de austeridad brasileña se discute en el Senado, después de que el Congreso siguiese con su tramitación a mediados de octubre. De aprobarse el texto, el presupuesto para 2017 sería el mismo de 2016 –corregida la inflación– y esta congelación se extendería durante diez años, cuando se revisaría el efecto del plan de austeridad.

Junto a los recortes en esas partidas, la congelación propuesta por el Ejecutivo puede suponer, asimismo, la congelación real del salario mínimo, que sólo avanzarían parejos a la inflación.

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