Diez días en huelga de hambre por la renta básica andaluza

Daniel Raventós, experto y miembro de Red Renta Básica, apoya la protesta, pero insiste en que la renta básica debería ser incondicional: "Tiene muchas más ventajas que las rentas condicionadas".

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Francisco Vega, poco después de comenzar la huelga, frente a la Delegación del Gobierno en Málaga | N.C.
Francisco Vega, poco después de comenzar la huelga, frente a la Delegación del Gobierno en Málaga | N.C.

El artículo 23.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía dice: “Todos tienen derecho a una renta básica que garantice unas condiciones de vida digna y a recibirla, en caso de necesidad, de los poderes públicos con arreglo a lo dispuesto en la ley”. Francisco Vega, un malagueño de 64 años, lleva en huelga de hambre indefinida desde el 2 de noviembre para reivindicar el cumplimiento de este precepto. “No es una utopía, sino lo que dice el Estatuto, explica Vega, harto de que haya “gente rebuscando en los contenedores o haciendo cola en el comedor social”.

El de Francisco Vega es un caso de persistencia en el método. La actual es su tercera huelga de hambre, después de la que inició cuando fue encarcelado por “repartir octavillas” en 1976, y la que hizo por motivos laborales, hace 15 años. Vega, militante en los 70 del Partido de los Trabajadores y luego de Alternativa Socialista, es un activista conocido en Málaga que ahora milita en el colectivo por la renta básica. Cree que “sin acción de calle no se llega a ningún sitio”.

El hombre ha perdido cuatro de los 88 kilos que pesaba el 2 de noviembre, día que comenzó la huelga coincidiendo con el décimo aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía. Ha pasado los últimos diez días a base de zumos y agua, y alguna bebida isotónica cuando quiere darse un homenaje.

Vega llega cada mañana a las 10 y se instala en el estrecho pasillo entre las obras del Metro y la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga. Extiende una pequeña silla plegable y coloca una bandera andaluza con el lema “Renta Básica ¡Ya!”. Antes de comenzar, la huelga remitió sendos escritos a la Presidenta, Susana Díaz, y al Defensor del Pueblo Andaluz. Obtuvo respuesta de la Junta, que le informó de que está trabajando “hace ya algún tiempo” en la elaboración de un anteproyecto de ley que enviará al Parlamento “cuando corresponda”.

La Junta explica en su carta que el tiempo transcurrido “ha sido necesario para el trabajo riguroso que se ha hecho y se está haciendo”. En verano de 2015 el ejecutivo andaluz se comprometió a tener listo el proyecto durante el segundo semestre de este año. Francisco Vega insiste en que protesta por que se cumpla la ley. “La renta básica no es caridad, es un derecho recogido en nuestro Estatuto de Autonomía. Ya es hora de que se cumpla”, reclama.

Hasta ahora ningún intento por dotar de contenido al artículo 23.2 del Estatuto ha prosperado. No dio fruto alguno el grupo de trabajo constituido en el Parlamento Andaluz durante la pasada legislatura (cuando la cuestión formaba parte del pacto PSOE-IU), igual que se desechó la Iniciativa Legislativa presentada por organizaciones sociales y sindicatos y la Iniciativa Legislativa Municipal de doce ayuntamientos. Los dos intentos recibieron idéntico carpetazo sin que fueran sometidos a debate, “por implicar aumento de los créditos presupuestarios”. Lleva siendo así desde la aprobación del Estatuto: el anteproyecto de Ley de Inclusión Social, que contemplaba la renta básica, fue anunciado en 2009, para quedar arrinconado en un cajón cuando arreció la crisis económica.

La Junta de Andalucía aduce que es al Estado a quien corresponde la creación de un sistema de “garantía de ingresos y de inclusión social”. Sin embargo, en la respuesta con la que vetó la tramitación de las dos iniciativas reconoció que mientras no se apruebe una norma estatal, el Gobierno andaluz “debería presentar” una ley “que establezca como derecho la denominada renta básica social”, sustitutiva del actual salario social y de otras prestaciones asistenciales.

Renta básica o salario social

La cuestión de implantar una renta mínima remite siempre al cómo. Cómo financiar, cómo asegurar su buen funcionamiento. Sin embargo, ni siquiera parece haber acuerdo sobre qué es la renta básica. Ya en 2013 el economista de la Universidad de Sevilla Juan Torres alertaba, en un artículo en El País, de que el Estatuto de Autonomía no recogía el derecho a una renta básica, sino otra cosa. “Me temo que quienes redactaron ese artículo no se tomaron la molestia de informarse bien sobre el concepto de renta básica”, decía en aquel artículo.

Daniel Raventós, uno de los principales impulsores del debate sobre renta básica en el campo académico, lamenta la “confusión conceptual”. “Tenéis en el estatuto de autonomía una renta para pobres a la que se llama renta básica”, comenta. Para hablar de renta básica con propiedad, debería tratarse de un ingreso incondicional por el mero hecho de ostentar la ciudadanía o la residencia.

La renta básica permitiría, dicen sus defensores, evitar la “trampa de la pobreza” que desincentiva el trabajo cuando hay un subsidio condicionado al paro y supondría un enorme ahorro en costes administrativos porque, explica Raventós, “bastaría con un carné de identidad o un permiso de residencia”. Raventós y otros teóricos han formulado modelos con el que pretender demostrar que es posible, con una reforma del IRPF, financiar la renta básica universal. Con todo, para él las principales razones son de justicia: evitaría la estigmatización de quien recibe ayudas e incrementaría el poder negociador de los trabajadores minimizando el “poder disciplinador” de las altas tasas de paro. Según el economista, sólo el Estado, País Vasco o Navarra (por su particular régimen fiscal) podrían acometer algo así.

Esta concepción “auténtica” de la renta básica no tiene nada que ver con la ayuda a los que lo necesitan, a la que se obligaron los poderes públicos en el Estatuto y que Vega reclama. Raventós insiste: esta confusión conceptual no hace menos justa la causa. “Cualquier medida que beneficie un poquito a la gente nos parece fantástica. Pero la renta básica incondicional tiene muchas más ventajas que las rentas condicionadas”, explica.

El debate en torno a la renta básica se ha popularizado en los últimos dos años. Elon Musk, consejero delegado de Tesla, la propuso esta misma semana para compensar la previsible pérdida de empleos que provocará la robotización. En España, el debate se revitalizó a raíz de la propuesta de Podemos en las elecciones europeas de 2014, abandonada en citas posteriores. En Suiza se sometió a referéndum y fue rechazada, con el apoyo del 23% de los votantes. Un porcentaje notable, según Raventós: “Estaban en contra la banca, los medios, la patronal…”. La renta básica ha ganado espacio en el debate público, con artículos en los medios más influyentes, pero no ha generado aún el suficiente consenso político. El XVI Simposio de la Renta Básica se celebrará en la Universidad del País Vasco los próximos 18 y 19 de noviembre.

Francisco Vega acumula ya diez días en huelga de hambre, y dice estar dispuesto a resistir para que se cumpla el Estatuto: “Ellos tendrán que definir qué es digno. ¿De dónde se saca el dinero? Es su problema. Establezcan prioridades. Cuando en casa tienes lo justo no se te ocurre hacer anuncios de Andalucía imparable”.

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